ICBF - Concepto 000085a de 2014

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Inicio Documento Concepto 85A de 2014 ICBF Ocultar anotaciones   Buscar 

Índice CONCEPTO 85A DE 2014

(julio 10) <Fuente: Archivo interno entidad emisora>

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF

10400/12241

MEMORANDO PARA: Jefe Oficina de Aseguramiento a la Calidad ASUNTO: Aclaración a la Consulta con radicado No. 2014-011400-0101 del 19 de junio de 2014 respecto a si se puede celebrar contratos de aporte con entidades sin ánimo de lucro que cuentan con inscripción en Cámara y Comercio.

De manera atenta, en relación con el asunto de la referencia, en los términos previstos en los artículos 26 del Código Civil, 13 y ss. del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 6o,

numeral 4, del Decreto 987 de 2012, se da línea por parte de la Oficina Asesora Jurídica sobre el caso en cuestión, en los términos que siguen: Sea lo primero aclarar que la consulta elevada por la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, estaba encaminada a preguntar únicamente si se pueden celebrar contratos de aporte con entidades sin ánimo de lucro que cuentan con inscripción en Cámara y Comercio, y de acuerdo a ello se dio respuesta expresa a lo consultado. Ahora bien, en la aclaración, solicitan se indique que existen otras excepciones para contratar con instituciones sin ánimo de lucro, esto es, las personerías jurídicas que fueron otorgadas o reconocidas por los Ministerios y Entes Territoriales facultados para tal fin. Al respecto, es importante indicar que para realizar contratos de aporte con las instituciones de utilidad común que prestan servicios de bienestar familiar, como las Fundaciones, Asociaciones o Entidades de Utilidad Común e iniciativa privada que desarrollen actividades, relacionadas con la protección integral de los niños, niñas, adolescentes y la familia, se requiere el otorgamiento o reconocimiento de la personería jurídica por parte del ICBF. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen excepciones a ésta regla. La primera de ellas tiene que ver con el hecho que mediante la Ley 20 de 1974, se aprobó el concordato suscrito entre Colombia y la Santa Sede, el cual señala que las actuaciones que hayan realizado las autoridades canónicas se vinculan a los derecho civiles en Colombia, razón por la cual las Personerías Jurídicas otorgadas por la autoridad católica competente,

son plenamente válidas para nosotros y no se requeriría un otorgamiento o reconocimiento de Personería Jurídica para las instituciones de este régimen especial. Así las cosas, en este caso, independientemente que no se requiera reconocimiento de Personería Jurídica para estas instituciones, si debe verificarse que los estatutos se encuentren conformes a lo que señala el numeral 2 del artículo 7 de la Resolución 3899 de 2010, expedida por el ICBF. Otra excepción consiste que dentro de la transición de la derogatoria del Decreto 427 y la vigencia del Decreto 1422, durante el periodo del 5 de marzo de 1996 al 14 de agosto de 1996, se registraron en las cámaras de comercio instituciones de utilidad común o sin ánimo de lucro, sin que existiera de por medio técnicamente el otorgamiento o reconocimiento de personería jurídica, motivo por el cual a estas instituciones no se les exige este requisito para contratar. Finalmente, las Instituciones a las cuales les fueron reconocidas personerías, jurídicas por Ministerios y entes territoriales con anterioridad al Decreto 2150 de 1995 son jurídicamente válidas y por ello se pueden celebrar contratos de aporte con ellas. Por último es preciso indicar que el presente concepto no es de obligatorio cumplimiento o ejecución para [1] particulares o agentes externos, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la ley 1447 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. No obstante lo anterior, tiene carácter vinculante para las dependencias internas del Instituto y terceros que colaboren en la prestación del servicio público o en el desarrollo de la función administrativa de competencia del ICBF, en virtud de la función

asignada a la Oficina Asesora Jurídica de mantener la unidad doctrinaria e impartir las directrices jurídicas necesarias para el desarrollo de las funciones del Instituto, de conformidad con los numerales 8 y 15 del Decreto 987 de 2012. Cordialmente,

LUISA MARINA BALLESTEROS ARISTIZABAL

Jefe Oficina Asesora Jurídica

1. Como al realizar las referidas intervenciones la Administración debe aplicar el derecho, no siempre a través de funcionarios con conocimientos jurídicos, o cuando la debida ejecución de la ley requiere precisiones de orden técnico, se hace necesario que aquélla haga uso del poder de instrucción, a través de las llamadas circulares del servicio, o de conceptos u opiniones, y determine el modo o la forma como debe aplicarse la ley en los distintos niveles decisorios. Con ello se busca, la unidad de la acción administrativa, la coordinación de las actividades que desarrollan los funcionarios pertenecientes a un conjunto administrativo, la uniformidad de las decisiones administrativas e igualmente, la unidad en el desarrollo de las políticas y directrices generales trabadas por los órganos superiores de la Administración, con lo cual se cumple el mandato del Constituyente contenido en el art. 209 de la Constitución, en el sentido de que la función administrativa se desarrolle con fundamentos en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad.(...) cuando el concepto tiene un carácter autorregulador de la actividad administrativa y se impone su exigencia a terceros, bien puede considerarse como un acto decisorio de la Administración, con las consecuencias jurídicas que ello apareja. En tal virtud, deja de ser un concepto y se convierte en un acto administrativo, de una naturaleza igual o similar a las llamadas circulares o

instrucciones de servicio.” Corte Constitucional. Sentencia C - 877 de 2000 M.P. Antonio Barrera Carbonel. Ir al inicio Derecho del Bienestar Familiar La publicación "Derecho del Bienestar Familiar" ”, es responsabilidad de Avance Jurídico Casa Editorial S.A.S, de acuerdo con el contrato No. 01017062023.

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