Inconstitucionalidad Caso Concreto_2075-2017 -Otras disposiciones

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CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.

INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY EN CASO CONCRETO

EXPEDIENTE 2075-2017

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD : Guatemala, doce de marzo de dos mil dieciocho.

En apelación, se examina el auto de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, dictado por la Sala Quinta del Tr ibunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal Constitucional, en la acción de inconstitucionalidad parcial en caso concreto promovida por Distribuidora de Electricidad de Oriente, Sociedad Anónima, por medio de su Mandatario Especial Judicial y Administrativo con Representación, Rafael Briz Méndez , objetando los artículos: 54, específicamente la frase “…toda falta de servicio de energía eléctrica en el punto de entrega…” ; 57, puntualmente el apartado: “Se continuará el cálculo de los índices o indicadores globales” y 58, de las Normas Técnicas del Servicio de Distribución -NTSD-, emitidas por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en Resolución CNEEcero nueve – noventa y nueve ( CNEE-09-99), de siete de abril de mil novecientos noventa y nueve. La entidad solicitante actuó con el auxilio del abogado José Manuel Ramos Martínez. Es ponente en este caso la Magistrada vocal I , Dina Josefina Ochoa Escribá, quien expresa el parecer del Tribunal.

ANTECEDENTES

I. LA INCONSTITUCIONALIDAD A) Caso concreto en el que se plantea: expediente contencioso administrativo

parecer del Tribunal.

ANTECEDENTES

I. LA INCONSTITUCIONALIDAD A) Caso concreto en el que se plantea: expediente contencioso administrativo 1145-2017-52, de la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, promovido por la accionante contra la resolución MEM-RESOLdos milExpediente 2075-2017

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diecisiete-ciento setenta y seis (MEM-RESOL-2017-176), dictada por el Ministerio de Energía y Minas el diez de enero de dos mil diecisiete, dentro del expediente DRS-diez-dos mil trece (DRS-10-2013). B) Normas que se impugna n de inconstitucionalidad: los artículos: 54, específicamente la frase “…toda falta de servicio de energía eléctrica en el punto de entrega…” ; 57, puntualmente el apartado: “Se continuará el cálculo de los índices o indicadores globales” y 58, todos de las Normas Técnicas del Servicio de Distribución -NTSD-, emitidas por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en Resolución CNEE-cero nuevenoventa y nueve (CNEE-09-99), de siete de abril de mil novecientos noventa y nueve. C) Normas constitucionales que se estima n violadas: artículos 2, 5 , 12, 43, 171, literal a) y 175, pri mer párrafo, de la Constitución Política de la República de Guatemala. D) Fundamento jurídico que se invoca como base

12, 43, 171, literal a) y 175, pri mer párrafo, de la Constitución Política de la República de Guatemala. D) Fundamento jurídico que se invoca como base en la inconstitucionalidad: de lo expuesto por la solicitante en el planteamiento de la acción y lo consignado en el auto apelado se resum e: D.1) Del caso concreto en que se plantea la inconstitucionalidad: a) en cumplimiento de la Ley General de Electricidad, su reglamento y las Normas Técnicas del Servicio de Distribución, la entidad accionante reportó a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica que durante el primer semestre del año dos mil trece habían ocurrido cuatrocientos cuarenta y dos casos de interrupciones de energía eléctrica y procedió, conforme al procedimiento establecido, a solicitar a la mencionada Comisión, su calificación como causas de fuerza mayor; b) el veintiuno de febrero de dos mil catorce , la Comisión aludida, por medio de providencia GJ-Provi dos mil catorce – cuatrocientos sesenta y seis ( GJ-Provi2014-466), efectuó la calificación solicitada, concluyendo que del tot al de casos reportados, ciento veintitrés no cumplían con los requisitos para ser considerados como de fuerzaExpediente 2075-2017 Página 3 de 28

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mayor, por lo que sobre estos procedió a elaborar el cálculo de indemnización a pagar a los usuarios afectados por incumplimiento en la calidad de l servicio técnico que se les debe prestar; c) el veinte de mayo de dos mil catorce , la

mayor, por lo que sobre estos procedió a elaborar el cálculo de indemnización a pagar a los usuarios afectados por incumplimiento en la calidad de l servicio técnico que se les debe prestar; c) el veinte de mayo de dos mil catorce , la Comisión dictó la resolución GJ-ResolFin dos mil dieciséis – ciento setenta y seis (GJ-ResolFin2016-176) en la que declaró responsable a Distribuidora de Electricidad d e Oriente, Sociedad Anónima, de superar los límites a las tolerancias establecidas para los indicadores individuales y globales de Ser vicio Técnico en el per íodo de control correspondiente al primer semestre de dos mil trece, y como consecuencia, le impuso la obligación de indemnizar a los usuarios afectados por un monto total de veintiún millones trescientos cincuenta y un mil quinientos setenta y cuatro quetzales con cuarenta y ocho centavos (Q.21,351,574.48); d) contra esa decisión la entidad mercantil a ludida interpuso recurso de revocatoria, el cual fue declarado sin lugar por el Ministerio de Energía y Minas, en resolución MEM-RESOLdos mil diecisiete – ciento setenta y seis (MEM-RESOL-2017-176) el diez de enero de dos mil diecisiete. D.2) Motivo s jurídicos en los que se fundamenta la impugnación: la entidad solicitante expuso lo siguiente: A) el apartado: “…toda falta de servicio de energía eléctrica en el punto de entrega” , contenido en el Artículo 54 de las Normas citadas, vulnera: a) los Artículos 171, literal a) y 175 primer párrafo, de la Constitución Política de la República de Guatemala, en virtud que: i) el Reglamento de la Ley

vulnera: a) los Artículos 171, literal a) y 175 primer párrafo, de la Constitución Política de la República de Guatemala, en virtud que: i) el Reglamento de la Ley General de Electricidad contiene una definición específica de “fallas de corta duración” y “fallas de larga duración” ; en ellos el término “interrupción” se utiliza como un sinónimo que sirve para englobar ambos conceptos a efecto de fijar las indemnizaciones que se deban pagar a los usuarios y no como en este caso, en que se le ha dado una connotación distinta, más ampl ia y apartada del conceptoExpediente 2075-2017 Página 4 de 28

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“falla”. La disposición impugnada pretende contradecir las normas jerárquicamente superiores, al crear una definición de “interrupciones” que es totalmente distinta de aquellos términos; ii) no distingue el origen de la interrupción y permite que los cálculos de las tolerancias se hagan tanto cuando la interrupción proviene de “fallas” ya sea de corta o de larga duración o bien, cuando se trata de otras causas, como lo son las interrupciones programadas. Es decir, la norma va much o más allá de lo que la Ley General de Electricidad y su Reglamento le permite, porque de esa forma pretende establecer la metodología de control de la calidad del servicio técnico, con base en la totalidad de las interrupciones al servicio, sin importar s i las mismas fueron por falta de calidad del servicio (que es lo que por ley debió regular), en otras palabras, por fallas atribuibles a los distribuidores o terceros, o si las mismas provienen de otras

interrupciones al servicio, sin importar s i las mismas fueron por falta de calidad del servicio (que es lo que por ley debió regular), en otras palabras, por fallas atribuibles a los distribuidores o terceros, o si las mismas provienen de otras causas, contempladas legalmente y que se deben a cort es de energía previamente programados y sobre las que incluso existen regulaciones para su realización y que no fueron consideradas por la ley y el reglamento para la aplicación de indemnizaciones a los usuarios; iii) la Comisión Nacional de Energía Eléctr ica, en forma ilegal y contraria al principio constitucional de jerarquía normativa, contenido en los Artículos 171, literal a), y 175, primer párrafo, sustituye el término “fallas de corta duración” y crea una nueva forma de medición a través del concepto de “interrupciones”; iv) en las normas no aparece regulado el término “fallas de corta duración”, ni se estableció ninguna metodología para medir la calidad del servicio técnico en el que sólo se tomen en cuenta estas, como lo mandan los Artículos 53 de l a Ley de la materia y 105 de su reglamento; v) la diferencia es amplia y perjudicial para las distribuidoras, porque de esta forma la Comisión Nacional de Energía Eléctrica no sólo lasExpediente 2075-2017 Página 5 de 28

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obliga a indemnizar en aquellos casos en que se dan fallas por responsa bilidad de las distribuidoras o de terceros, sino además cuando se dé “ toda falta de servicio de energía eléctrica” que es como define a la “interrupción” y que

obliga a indemnizar en aquellos casos en que se dan fallas por responsa bilidad de las distribuidoras o de terceros, sino además cuando se dé “ toda falta de servicio de energía eléctrica” que es como define a la “interrupción” y que engloba a todo tipo de interrupción del servicio, incluso aquellas que no son resultado de fall as sino que devienen de actos que fueron previamente planificados, programados y puestos en conocimiento de la propia Comisión y que tienen por finalidad cumplir con los requerimientos de un servicio de calidad regulados en las propias normas técnicas; vi) la contradicción de la norma impugnada con las normas de jerarquía superior que debió desarrollar y no rebatir, se da en dos sentidos: el primero, porque se opone a los Artículos 53 de la ley ibídem y 1, 103 y 105 de su reglamento, al sustituir el concept o de “fallas de corta duración” por un término más amplio de “interrupciones”, que incluye cortes de suministro que no tienen como origen una falla en los sistemas de las distribuidoras o de generadores o transportistas de energía eléctrica; y el segundo, porque se opone al espíritu de las normas de jerarquía superior, que lo que buscaban era garantizar al usuario un servicio de calidad; vii) las fallas de corta duración son definidas como “fallas intempestivas” en el Artículo 1 del reglamento de la ley de la materia, de donde se evidencia la diferencia entre este concepto y el de una interrupción programada; esta, tiene una regulación específica, contenida en la resolución CNEE sesenta y ocho – dos mil uno, situación que es sancionada a su vez por la norma impugnada; viii) es un error

concepto y el de una interrupción programada; esta, tiene una regulación específica, contenida en la resolución CNEE sesenta y ocho – dos mil uno, situación que es sancionada a su vez por la norma impugnada; viii) es un error que la Comisión haya sustituido el concepto de fallas de corta duración por un término más amplio -interrupciones-, porque de esta forma está dejando de medir la calidad del servicio al usuario y obliga injustamente a las distr ibuidoras a pagar indemnizaciones por actos permitidos por la ley (como las interrupcionesExpediente 2075-2017 Página 6 de 28

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programadas) y que no implican una falta a los parámetros de calidad del servicio previstos en los Artículos antes citados de la ley y el reglamento; ix) es evidente que la Comisión ha alterado el espíritu de la ley y el reglamento, que ordenan la indemnización al usuario por incumplimientos en la calidad del servicio y sólo en casos de fallas de corta y larga duración, al sustituir ilegalmente el primero de esos conceptos por uno más amplio, que incluye no sólo los cortes de energía por fallas atribuibles a los distribuidores o demás participantes, sino además pretende abarcar interrupciones programadas y que tienen una regulación legal, cuyo incumplimiento también se encuentra sujeto a indemnizaciones; b) transgrede el principio de libertad de acción, contenido en el Artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala, porque: i) pretende imponer la obligación de pago de indemnizaciones por actos que l a propia ley permite

transgrede el principio de libertad de acción, contenido en el Artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala, porque: i) pretende imponer la obligación de pago de indemnizaciones por actos que l a propia ley permite realizar a las distribuidoras, tal como son las interrupciones programadas, que tienen una regulación, metodología y planificación específica, con el fin de que dichas distribuidoras cumplan con otras obligaciones legales, tales como r ealizar nuevas conexiones y ampliaciones de potencia contratada que, por necesitar de modificaciones en la red, implican necesariamente la obligación de realizar esos cortes programados; ii) permite que las distribuidoras sean perseguidas y molestadas por actos que no constituyen ninguna violación a la ley, ya que de esta forma se faculta a la Comisión para imponer la obligación de pagar indemnizaciones a usuarios en base a las interrupciones programadas; iii) “no tiene pies ni cabeza tal pretensión”, porqu e intenta sancionar a las distribuidoras por cumplir con sus obligaciones, de esa cuenta, no puede ser constitucional imponer una indemnización por actos que están debidamente regulados en la ley y que no implican una infracción a la misma; c) viola el Artículo 12 del TextoExpediente 2075-2017 Página 7 de 28

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Fundamental, toda vez que: i) no se garantiza el derecho de las partes a no ser sometidas a más de un proceso por una misma causa, porque se pretende sancionar a las distribuidoras por realizar interrupciones programadas del servicio. Las normas técnicas también establecen sanciones en caso de que no

sometidas a más de un proceso por una misma causa, porque se pretende sancionar a las distribuidoras por realizar interrupciones programadas del servicio. Las normas técnicas también establecen sanciones en caso de que no cumplan con realizar esas interrupciones programadas en los plazos fijados; ii) se coloca a las distribuidoras sujetas a múltiples indemnizaciones y sanciones por una misma causa; d) es contrario al principio de seguridad jurídica en virtud que: i) altera las reglas sobre la obligación de prestar un servicio de calidad a los usuarios; ii) el Artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Electricidad mandó a la Comisión a emitir las Normas Té cnicas del Servicio de Distribución atendiendo a las disposiciones de la ley y dicho reglamento, pero esa entidad, al dictar la norma impugnada, no se atuvo a esos mandatos y pretende sujetar el control de medición de la calidad del servicio técnico no sól o a las interrupciones ocasionadas por fallas -y por ende, atribuible a las distribuidoras y demás participantes-, sino también establecer la obligación de pagar indemnización por cualquier falta de servicio de energía eléctrica en el punto de entrega, sin importar si esto es debido a fallas o a interrupciones programadas debidamente reguladas en la ley y sujetas a una programación y planes que se hacen del conocimiento previo de la referida Comisión; iii) las distribuidoras están ante un plano de insegurid ad jurídica, toda vez que no existe certeza alguna “de a qué norma atenerse”. Por un lado, deben atender a sus obligaciones con sus usuarios en cuanto a realizar nuevas conexiones y ampliaciones de potencia contratada que requieren modificación de red, pue s de lo contrario estarían sujetas al pago

norma atenerse”. Por un lado, deben atender a sus obligaciones con sus usuarios en cuanto a realizar nuevas conexiones y ampliaciones de potencia contratada que requieren modificación de red, pue s de lo contrario estarían sujetas al pago de indemnizaciones por no cumplirlas dentro del plazo legal; pero a su vez, corren el riesgo de que, en caso de hacer esas interrupciones programadas, seExpediente 2075-2017 Página 8 de 28

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les obligue a pagar indemnización a sus usuarios por incump lir con los índices de tolerancia por interrupciones; iv) no puede pretenderse establecer un marco de regulación de la calidad del servicio, en el que una misma acción puede ser sancionada tanto por no hacerla, como por hacerla. B) la frase: “Se continuará el cálculo de los índices o indicadores globales” , contenida en el Artículo 57 de las Normas aludidas, lesiona: a) los Artículos 171, literal a), y 175, primer párrafo, de la Ley Suprema, en virtud que: i) contrario a lo indicado en las etapas de transición y régimen -doce meses iniciales - no se indica a quiénes se debe aplicar la medición de los índices o indicadores globales, porque la propia norma ordena que ya sean identificados todos los usuarios y que se les mida la calidad del servicio técnico en fo rma individual; ii) no tiene ningún fundamento legal ni técnico el haber mantenido la medición de indicadores globales y permitir que se paguen indemnizaciones con base en los mismos, porque en esta etapa ya se cumple a cabalidad con el mandato legal y reg lamentario de medir la calidad del

técnico el haber mantenido la medición de indicadores globales y permitir que se paguen indemnizaciones con base en los mismos, porque en esta etapa ya se cumple a cabalidad con el mandato legal y reg lamentario de medir la calidad del servicio a todos los usuarios y de pagarles la indemnización a aquellos afectados por fallas de corta y larga duración que rebasen los límites de tolerancia de un servicio de calidad; iii) es una disposición arbitraria y contradictoria de las normas de mayor jerarquía -53 de la ley de la materia y 1, 78, 103 y 105 de su reglamento; b) es contrario al principio de seguridad jurídica contenido en el Artículo 2 constitucional, dado que ordena mantener el cálculo de indicador es globales, sin especificar la finalidad de esa disposición, ni a los usuarios que se verían incluidos en esos cálculos, cuando de hecho ya esa misma norma había ordenado identificarlos registrar todas las fallas en forma individualizada, de donde tal disposición carece de razonabilidad que dé certeza sobre su finalidad y, por el contrario, permite que luego se establezca una improcedente metodologíaExpediente 2075-2017 Página 9 de 28

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para sancionar a las distribuidoras dos veces por las mismas interrupciones, medidas por indicadores indivi duales y globales. C) El Artículo 58 objetado, es violatorio de: a) los Artículos 171, literal a) y 175, primer párrafo, de la Constitución, que regulan el principio de jerarquía normativa, en virtud que: i) se obliga a las distribuidoras a calcular los cuatro índices establecidos en las normas

Constitución, que regulan el principio de jerarquía normativa, en virtud que: i) se obliga a las distribuidoras a calcular los cuatro índices establecidos en las normas (globales: TTIK y FMIK; individuales: TIU y FIU), y determinar los montos de las indemnizaciones por esos cuatro índices, con base en las cuatro fórmulas allí establecidas, debiendo aplicar el que resulte mayor para cada uno de ellos, de tal forma que se obliga a pagar dos indemnizaciones: una global que debería ser repartida globalmente a cada usuario, en forma proporcional al consumo semestral con respecto al consumo total de todos los usuarios del distribuidor y otra individual, a pagar a cada usuario que resulte afectado; ii) excluye de la indemnización global a todos aquellos que reciban una individual; eso es un desatino pues son estos últimos los únicos que conforme a la ley y el reglamento tienen derecho a una indemnización por fallas de corta duración. Además, en las fórmulas de cálculo contenidas en la norma impugnada no se incluyen reglas para excluir de cada indicador las interrupciones que han sido tomadas en cuenta para evaluar los indicadores globales o l os individuales, simplemente se evalúan todas las interrupciones en todos los índices, con lo que se establece un régimen en que se duplican las indemnizaciones; iii) establece dentro de la fórmula para pagar indemnizaciones el concepto “CENS” que supuesta mente significa “costo de la energía no suministrada”, pero que de forma anti técnica y arbitraria se determina, no como un costo de energía, sino como diez veces el valor del cargo unitario por energía de la tarifa simple para usuarios conectados en baja tensión,

de la energía no suministrada”, pero que de forma anti técnica y arbitraria se determina, no como un costo de energía, sino como diez veces el valor del cargo unitario por energía de la tarifa simple para usuarios conectados en baja tensión, sin cargo por demanda de la ciudad de Guatemala, para el primer día y primerExpediente 2075-2017 Página 10 de 28

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mes del periodo de control evaluado. Eso no es un costo de energía, sino un monto inventado en forma anti técnica y arbitraria que de hecho es del todo lesivo para las di stribuidoras, a las que se les pretende obligar a pagar un monto diez veces mayor al costo real de la energía no suministrada a sus usuarios, que es lo que la ley y su reglamento ordenan que se indemnice a los usuarios afectados por fallas de corta y larga duración; iv) el Artículo 55 de las Normas Técnicas del Servicio de Distribución regula los índices con base en los cuales será evaluada la calidad del servicio técnico. Los indicadores globales no distinguen a qué usuarios afectó la interrupción, simplem ente miden la cantidad de veces que el kVA promedio de distribución sufrió una interrupción del servicio y el tiempo total, en horas, en que cada kVA promedio estuvo fuera de servicio, sin atender a quienes perjudicó o no tales interrupciones. Por el contr ario, los indicadores individuales determinan el número y tiempo de cada interrupción por cada usuario; v) el Artículo 56 de las Normas referidas fija las tolerancias establecidas para cada grupo de índices, es decir la cantidad de “interrupciones” o tiemp o de

individuales determinan el número y tiempo de cada interrupción por cada usuario; v) el Artículo 56 de las Normas referidas fija las tolerancias establecidas para cada grupo de índices, es decir la cantidad de “interrupciones” o tiemp o de duración de estas (globales e individuales), que se consideran tolerables y que de ser superadas obligarían al pago de indemnizaciones; vi) el Artículo 57 de las mismas normas estableció que a partir del décimo tercer mes de iniciada la Etapa de Régim en (en la que se exige a las distribuidoras cumplir con todos los requerimientos de calidad contenidos en dichas normas), se controlarán todas las interrupciones mediante los índices o indicadores individuales para el cien por ciento de los usuarios, pero también ordenó mantener el cálculo de los índices o indicadores globales. Ahora es posible determinar para cada usuario si se le incumplió o no con la prestación de un servicio técnico de calidad y de esa forma, determinar en forma individualizada si es pr ocedente o no y en su caso el montoExpediente 2075-2017 Página 11 de 28

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de las indemnizaciones que les corresponde a cada usuario; vii) el Artículo 105 del reglamento aludido contemplaba la posibilidad de atender a una indemnización global cuando no era posible la identificación individual d el usuario; sin embargo, tal requerimiento ha sido superado por la legislación actual, en la que es obligatoria la medición de interrupciones mediante indicadores individuales para el cien por ciento de los usuarios; viii) pese a que ahora es posible determinar en forma individual el cumplimiento de la calidad del servicio

en la que es obligatoria la medición de interrupciones mediante indicadores individuales para el cien por ciento de los usuarios; viii) pese a que ahora es posible determinar en forma individual el cumplimiento de la calidad del servicio técnico por cada usuario de las distribuidoras, en un cien por ciento, la disposición cuestionada mantiene la obligación de efectuar indemnizaciones por interrupciones por superar las tol erancias de los índices globales, que no distinguen a los usuarios afectados, sino se evalúan sólo en atención a la sumatoria de todas las interrupciones y el tiempo total de duración de las mismas, cuando a su vez obliga a pagar indemnizaciones individual es a los usuarios; ix) obliga a pagar a la vez indemnizaciones individuales y globales y estas últimas a usuarios que al verificar los índices individuales se comprobó que no se les superó en los límites de tolerancia de lo que se considera un servicio técnico de calidad, debiéndoseles pagar una indemnización pese a no ser las personas abastecidas en todos los puntos donde se produjeron las fallas que se están indemnizando, en clara violación a los Artículos 53 de la ley ibídem y 105 de su reglamento, por l o que es contradictorio con esas normas jerárquicamente superiores; x) mantiene las indemnizaciones por rebasar las tolerancias a los indicadores globales, de donde resulta que las distribuidoras se ven obligadas a indemnizar a la totalidad de sus usuarios , lo cual es contrario a lo regulado en el referido Artículo 53 de la ley, que ordena el pago de indemnización sólo a los afectados por las fallas de corta duración; xi) los indicadores globales noExpediente 2075-2017 Página 12 de 28

referido Artículo 53 de la ley, que ordena el pago de indemnización sólo a los afectados por las fallas de corta duración; xi) los indicadores globales noExpediente 2075-2017 Página 12 de 28

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distinguen a los usuarios afectados por las interrupciones , ni dónde se produjeron, sino que se hace una sumatoria de todas las interrupciones y de la totalidad del tiempo que duran las interrupciones por kVA y tan sólo se distinguen las interrupciones que se dan en el servicio urbano o rural, pero no el lugar exacto donde se produjo la falla o interrupción programada. De esta forma, pese a que es posible identificar a cada usuario afectado, los índices globales permiten hacer una sumatoria indiscriminada de interrupciones por la totalidad del territorio cubierto por las distribuidoras y por todo el periodo de medición que es de seis meses; xii) el mismo Artículo impugnado prohíbe pagarle la indemnización global a los usuarios que han recibido una indemnización individual. El resultado de esta ilógica y contradicto ria metodología es que las personas que resultan tener derecho a recibir una indemnización global son los usuarios que, conforme a los indicadores individuales, se determinó que no fueron afectados directamente por las fallas producidas en el periodo medid o, ya que no se rebasaron los límites de las tolerancias establecidas en las propias normas técnicas y que conforme al Artículo 105 del reglamento no tienen derecho a indemnización, toda vez que no fueron abastecidos por las instalaciones donde se produjer on las fallas. El resultado es que las personas que no sufrieron un daño son las que perciben una

Artículo 105 del reglamento no tienen derecho a indemnización, toda vez que no fueron abastecidos por las instalaciones donde se produjer on las fallas. El resultado es que las personas que no sufrieron un daño son las que perciben una mayor indemnización que los que sí fueron afectados (porque reciben una indemnización que no atiende a las fallas directas que les pudieron perjudicar, sino p or la totalidad de las interrupciones evaluadas en su categoría y porque resultan ser siempre un menor número que los indemnizados individualmente); xiii) son incompatibles ambos indicadores, lo que causa un grave perjuicio económico a las distribuidoras q ue se ven obligadas a pagar indemnizaciones altísimas por una metodología contraria a los Artículos mencionados de la ley yExpediente 2075-2017 Página 13 de 28

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del reglamento; ix) la otra enorme contradicción contenida en la norma impugnada se refiere al término CENS allí regulado, el cual r esulta inconstitucional porque a través de la definición de “interrupciones” se está tratando de sustituir ilegalmente el término “costo de falla” que es el que fue regulado en los Artículos 1 y 105 del reglamento, para la determinación del valor de la energía no suministrada por las fallas de corta o larga duración. En todo el articulado de las normas técnicas se omitió la regulación de la denominación “costo de falla” y se ha sustituido por el término CENS lo cual es contrario al principio de jerarquía no rmativa; xv) además, el término CENS es contradictorio

articulado de las normas técnicas se omitió la regulación de la denominación “costo de falla” y se ha sustituido por el término CENS lo cual es contrario al principio de jerarquía no rmativa; xv) además, el término CENS es contradictorio con el espíritu de los Artículos 53 de la ley de la materia, 1, 103 y 105 de su reglamento, toda vez que en estas normas se estableció la obligación de pagar una indemnización por incumplimiento en la calidad del servicio técnico por fallas de corta o larga duración, determinando que el costo de falla es el “costo” de la energía no suministrada por las interrupciones. En ese sentido el Artículo 105 del reglamento señala que el descuento “será proporcion al a las horas de falla respecto al número total de horas del mes” , lo que evidencia que lo que se pretendía era ordenar descontar el valor (o costo) de la energía no suministrada durante las fallas, es decir que se debía atender al valor de la energía no suministrada por las distribuidoras; xvi) el CENS tiene una regulación diametralmente distinta, porque considera como costo de la energía no suministrada el valor del cargo unitario por energía de la tarifa simple para usuarios cone