Inconstitucionalidad Caso Concreto_820-2015 -Otras disposiciones

Pagina No. 1 Expediente 820-2015

INCONSTITUCIONALIDAD EN CASO CONCRETO

EXPEDIENTE 820-2015

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD : Guatemala, veintitrés de septiembre de dos mil quince.

En apelación, se examina el auto de dos de febrero de dos mil quince , dictado por la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en carácter de Tribunal Constitucional, en la acción de inconstitucionalidad de ley en caso concreto promovida por Distribuidora de Electricidad de Occidente, Sociedad Anónima, por medio de su Mandatario Especial Judicial y A dministrativo con Representación, Rafael Briz Méndez, objetando los artículos: 54, específicamente la frase “…toda falta de servicio de energía eléctrica en el punto de entrega…” ; 57, puntualmente el apartado: “Se continuará el cálculo de los índices o indicadores globales”; y 58, de las Normas Técnicas del Servicio de DistribuciónNTSD-, emitidas por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en Resolución CNEEcero nueve – noventa y nueve (CNEE-09-99), de siete de abril de mil novecientos noventa y nueve . La entidad soli citante actuó con el auxilio de las abogadas Norka Ivette Aragón García y María de la Concepción Villeda Wohlers . Es ponente en e ste caso el Magistrado Vocal III , Héctor Hugo Pérez Aguilera , quien expresa el parecer del Tribunal.

ANTECEDENTES

I. LA INCONSTITUCIONALIDAD A) Caso concreto en que se plantea: expediente contencioso administrativo

quien expresa el parecer del Tribunal.

ANTECEDENTES

I. LA INCONSTITUCIONALIDAD A) Caso concreto en que se plantea: expediente contencioso administrativo 1190-2015-00014 de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo,

promovido por la accionante contra la resolución 3650, dictada por el Ministerio dePagina No. 2 Expediente 820-2015 Energía y Minas , el diez de noviembre de dos mil catorce . B) Ley que se impugna de inconstitucional: los artículos 54, específicamente la frase “…toda falta de servicio de energía eléctrica en el punto de entrega…” ; 57, puntualmente el apartado: “Se continuará el cálculo de los índices o indicadores globales”; y 58, de las Normas Técnicas del Servicio de Distribución -NTSD-, emitidas por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en Resolución CNEE -09-99, de siete de abril de mil novecientos n oventa y nueve . C) Normas constitucionales que se estiman violadas: artículos 2º, 5º, 12, 43, 171, literal a), 175, primer párrafo, de la Constitución Política de la República de Guatemala . D) Fundamento jurídico invocado como base de la inconstitucionalid ad: de lo expuesto por la solicitante en el planteamiento de la acción y lo consignado en el auto apelado se resume: D.1) Del caso concreto en que se plantea : a) en cumplimiento de la Ley General de Electricidad, su reglamento y las Normas Técnicas del Servicio de Distribución, la entidad accionante reportó a la Comisión Nacional de Energía

resume: D.1) Del caso concreto en que se plantea : a) en cumplimiento de la Ley General de Electricidad, su reglamento y las Normas Técnicas del Servicio de Distribución, la entidad accionante reportó a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica que durante el segundo semestre del dos mil doce habían ocurrido doscientos ochenta y un casos de interrupciones de energía eléctrica y procedió, conforme al p rocedimiento establecido, a solicitar a la mencionada Comisión, su calificación como causas de fuerza mayor; b) el veintitrés de enero de dos mil trece, la Comisión aludid a, por medio de providencia GJ-Provi 2013-119, efectuó la calificación solicitada, co ncluyendo que , del total de casos reportados, ciento dieciocho no cumplían con los plazos de ley o con los requisitos para ser considerados como de fuerza mayor o se refieren a desconexiones o interrupciones programadas; c) el ocho de marzo de dos mil trec e, la Comisión dictó la resolución GJ-ResolFin2013-285 en la que declaró responsable a Distribuidora de Electricidad de O ccidente, Sociedad Anónima, de superar losPagina No. 3 Expediente 820-2015 límites a las tolerancias establecidas para los indicadores individuales y globales de servicio técnico en el período de control que corresponde al segundo semestre de dos mil doce y, como consecuencia, le impuso la obligación de indemnizar a los usuarios afectados; d) contra esa decisión la entidad mercantil aludida interpuso recurso de revocato ria, el cual fue declarado sin lugar por el Ministerio de Energía y Minas, en resolución tres mil seiscientos cincuenta (3650) de diez de

los usuarios afectados; d) contra esa decisión la entidad mercantil aludida interpuso recurso de revocato ria, el cual fue declarado sin lugar por el Ministerio de Energía y Minas, en resolución tres mil seiscientos cincuenta (3650) de diez de noviembre de dos mil catorce. D.2) Motivos jurídicos en los que se fundamenta la impugnación: la entidad solicitante expuso lo siguiente: A) el apartado: “…toda falta de servicio de energía eléctrica en el punto de entrega” , contenido en el artículo 54 de las Normas citadas, vulnera: a) los artículos 171, literal a) y 175 primer párrafo, de la Constitución Política de la República de Guatemala, en virtud que: i) el Reglamento de la Ley General de Electricidad contiene una definición específica de “fallas de corta duración” y “fallas de larga duración”; en ellos el término “interrupción” se utiliza como un sinónimo que sir ve para englobar ambos conceptos a efecto de fijar las indemnizaciones que se deban pagar a los usuarios y no como en este caso, en que se le ha dado una connotación distinta , más amplia y apartada del concepto “falla”. La disposición impugnada pretende contradecir las normas jerárquicamente superiores, al crear una definición de “interrupciones” que es totalmente distinta de aquellos términos; ii) no distingue el origen de la interrupción y permite que los cálculos de las tolerancias se hagan tanto cuando la interrupción proviene de “fallas” ya sea de corta o de larga duración o bien, cuando se trata de otras causas, como lo son las interrupciones programadas. Es decir, la norma va mucho más allá de lo que la L ey General de

tanto cuando la interrupción proviene de “fallas” ya sea de corta o de larga duración o bien, cuando se trata de otras causas, como lo son las interrupciones programadas. Es decir, la norma va mucho más allá de lo que la L ey General de Electricidad y su Reglamento le permite, porque de esa forma pretende establecer la metodología de control de la calidad del servicio técnico, con base en laPagina No. 4 Expediente 820-2015 totalidad de las interrupciones al servicio, sin importar si las mismas fueron por falta de calidad del servicio (que es lo que por ley debió regular), en otras palabras, por fallas atribuibles a los distribuidores o terceros, o si las mismas provienen de otras causas, contempladas legalmente y que se deben a cortes de energía previamente programados y sobre las que incluso existen r egulaciones para su realización y que no fueron consideradas por la ley y el reglamento para la aplicación de indemnizaciones a los usuarios ; iii) la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, en forma ilegal y contraria al principio constitucional de jerarquía normativa, contenido en los artículos 171 , literal a) , y 175 , primer párrafo, sustituye el término “fallas de corta duración” y crea una nueva forma de medición a través del concepto de “interrupciones” ; iv) en las normas no aparece regulado el término “ fallas de corta duración”, ni se estableció ninguna metodología para medir la calidad del servicio técnico en el que sólo se tomen en cuenta estas, como lo mandan los artículos 53 de la Ley de la materia y 1, 103 y 105 de su r eglamento; v) la diferencia es amplia y perjudicial para las

metodología para medir la calidad del servicio técnico en el que sólo se tomen en cuenta estas, como lo mandan los artículos 53 de la Ley de la materia y 1, 103 y 105 de su r eglamento; v) la diferencia es amplia y perjudicial para las distribuidoras, porque de esta forma la Comisión Nacional de Energía Eléctrica no sólo las obliga a indemnizar en aquellos casos en que se dan fallas por responsabilidad de las distribuidoras o de terceros, sino además cuando se d é “toda falta de servicio de energía eléctrica” que es como define a la “interrupción” y que engloba a todo tipo de interrupción del servicio, incluso aquellas que no son resultado de fallas sino que devienen de actos que fueron previamente planificados, programados y puestos en conocimiento de la propia Comisión y que tienen por finalidad cumplir con los requerimientos de un servicio de calidad regulados en las propias normas técnicas; vi) la contradicción de la norma impugnada con las normas de jerar quía superior que debió desarrollar y noPagina No. 5 Expediente 820-2015 rebatir, se da en dos sentidos: el primero, porque se opone a los artículos 53 de la ley ibídem y 1, 103 y 105 de su reglamento, al sustituir el concepto de “fallas de corta duración” por un término más amplio de “interrupciones”, que incluye cortes de suministro que no tienen como origen una falla en los sistemas de las distribuidoras o de generadores o transportistas de energía eléctrica; y el segundo, porque se opone al espíritu de las normas de jerarquía superior , que lo que buscaban era garantizar al usuario un servicio de calidad; vii) las fallas de

distribuidoras o de generadores o transportistas de energía eléctrica; y el segundo, porque se opone al espíritu de las normas de jerarquía superior , que lo que buscaban era garantizar al usuario un servicio de calidad; vii) las fallas de corta duración son definidas como “fallas intempestivas” en el artículo 1 del reglamento de la ley de la materia, de donde se evidencia la diferencia entre este concepto y el de una interrupción programada; esta, tiene una regulación específica, contenida en la resolución CNEE sesenta y ocho – dos mil uno y es un requerimiento necesario para cumplir con obligaciones para prestar un servicio de calidad a los usuarios , por lo que se pretende sancionar por acatar un procedimiento legalmente establecido ; viii) es un error que la Comisión haya sustituido el concepto de fallas de corta duración por un término más ampliointerrupciones-, porque de esta forma está dejando de medir la calidad del servicio al usuario y obliga injustamente a las distribuidoras a pagar indemnizaciones por actos permitidos por la ley (como las interrupciones programadas) y que no implican una falta a los parámetros de calidad del servicio previstos en los artículos antes citados de la ley y el reglamento; ix) es evidente que la Comisión ha alterado el espíritu de la ley y el reglamento, que ordenan la indemnización al usuario por incumplimientos en la calidad del servicio y sólo en casos de fallas d e corta y larga duración, al sustituir ilegalmente el primero de esos conceptos por uno más amplio, que incluye no sólo los cortes de energía por fallas atribuibles a los distribuidores o demás participantes, sino además pretendePagina No. 6 Expediente 820-2015

esos conceptos por uno más amplio, que incluye no sólo los cortes de energía por fallas atribuibles a los distribuidores o demás participantes, sino además pretendePagina No. 6 Expediente 820-2015 abarcar interrupciones pro gramadas y que tienen una regulación legal, cuyo incumplimiento también se encuentra sujeto a indemnizaciones ; b) transgrede el principio de li bertad de acción, contenido en el artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala, porque: i) pretende imponer la obligación de pago de indemnizaciones por actos que la propia ley permite realizar a las distribuidoras, tal como son las interrupciones programadas, que tienen una regulación, metodología y planificación específica, con el fin de que dichas distribuidoras cumplan con otras obligaciones legales, tales como realizar nuevas conexiones y ampliaciones de potencia contratada que, por necesitar de modificaciones en la red, implican necesariamente la obligación de realizar esos cortes programa dos; ii) permite que las distribuidoras sean perseguidas y molestadas por actos que no constituyen ninguna violación a la ley, ya que de esta forma se faculta a la Comisión para imponer la obligación de pagar indemnizaciones a usuarios con base a las inter rupciones programadas; iii) “no tiene pies ni cabeza tal pretensión”, porque intenta sancionar a las distribuidoras por cumplir con sus obligaciones, de esa cuenta, n o puede ser constitucional imponer una indemnización por actos que están debidamente regul ados en la ley y que no implican una infracción a esta; c) viola el artículo 12 del Texto Fundamental, toda vez que: i) no se garantiza el derecho de las partes a no ser sometidas a más de un proceso por una misma causa, porque se pretende

y que no implican una infracción a esta; c) viola el artículo 12 del Texto Fundamental, toda vez que: i) no se garantiza el derecho de las partes a no ser sometidas a más de un proceso por una misma causa, porque se pretende sancionar a las distribuidoras por realizar interrupciones programadas del servicio. Las normas técnicas también establecen sanciones en caso de que no cumplan con realizar esas interrupciones programadas en los plazos fijados; ii) se coloca a las distribuidoras sujetas a múltiples indemnizaciones y sanciones por una misma causa; d) es contrario al princi pio de seguridad jurídica en virtud que: i) altera lasPagina No. 7 Expediente 820-2015 reglas sobre la obligación de prestar un servicio de calidad a los usuarios ; ii) el artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Electricidad mandó a la Comisión a emitir las Normas Técnicas del Servicio de Distribución atendiendo a las disposiciones de la ley y dicho reglamento, pero esa entidad, al dictar la norma impugnada, no se atuvo a esos mandatos y pretende s ujetar el control de medición de la calidad del servicio técnico no sólo a las interrupciones ocasionadas por fallas -y por ende, atribuible a las distribuidoras y demás participantes-, sino también establecer la obligación de pagar indemnización por cualquier falta de servicio de energía eléctrica en el punto de entrega, sin importar si esto es debido a fallas o a interrupciones programadas debidamente reguladas en la ley y sujetas a una programación y planes que se hacen del conocimiento previo de la refe rida Comisión; iii) las distribuidoras están ante un plano de inseguridad jurídica, toda vez que no existe certeza alguna de a qué norma

en la ley y sujetas a una programación y planes que se hacen del conocimiento previo de la refe rida Comisión; iii) las distribuidoras están ante un plano de inseguridad jurídica, toda vez que no existe certeza alguna de a qué norma atenerse. Por un lado, deben atender a sus obligaciones con sus usuarios en cuanto a realizar nuevas conexiones y ampli aciones de potencia contratada que requieren modificación de red, pues de lo contrario estaría n sujetas al pago de indemnizaciones por no cumplirlas dentro del plazo legal; pero a su vez, corren el riesgo de que, en caso de hacer esas interrupciones progra madas, se les obligue a pagar indemnización a sus usuarios por incumplir con los índices de tolerancia por interrupciones; iv) no puede pretenderse establecer un marco de regulación de la calidad del servicio, en el que una misma acción puede ser sancionada tanto por no hacerla, como por hacerla. B) la frase: “Se continuará el cálculo de los índices o indicadores globales” , contenida en el artículo 57 de las Normas aludidas, lesiona: a) los artículos 171, literal a), y 175 , primer párrafo, de la Ley Suprema, en virtud que: i) contrario a lo indicado en las e tapas de transición yPagina No. 8 Expediente 820-2015 régimen -doce meses inicialesno se indica a quiénes se debe aplicar la medición de los índices o indicadores globales, porque la propia norma ordena que ya sean identificados todos los usuarios y que se les mida la calidad del servicio técnico en forma individual; ii) no tiene ningún fundamento legal ni técnico el haber mantenido la medición de indicadores globales y permitir que se paguen

identificados todos los usuarios y que se les mida la calidad del servicio técnico en forma individual; ii) no tiene ningún fundamento legal ni técnico el haber mantenido la medición de indicadores globales y permitir que se paguen indemnizaciones con base en estos, porque e n esta etapa ya se cumple a cabalidad con el mandato legal y reglamentario de medir la calidad del servicio a todos los usuarios y de pagarles la indemnización a aquellos afectados por fallas de corta y larga duración que rebasen los límites de tolerancia de un servicio de calidad; iii) es una disposición arbitraria y contradictoria de las normas de mayor jerarquía -53 de la ley de la materia y 1, 78, 103 y 105 de su reglamentó; b) es contrario al principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 2 constitucional, dado que ordena mantener el cálculo de indicadores globales, sin especificar la finalidad de esa disposición, ni a los usuarios que se verían incluidos en esos cálculos, cuando de hecho ya esa misma norma había ordenado identificarlos registrar todas las fallas en forma individualizada, de donde tal disposición carece de razonabilidad que dé certeza sobre su finalidad y, por el contrario, permite que luego se establezca una improcedente metodología para sancionar a las distribuidoras dos vece s por las mismas interrupciones, medidas por indicadores individuales y globales. C) El artículo 58 objetado es violatorio de: a) los artículos 171, literal a) y 175, primer párrafo, de la Constitución, que regulan el principio de jerarquía normativa, en virtud que: i) se obliga a las distribuidoras a calcular los cuatro índices establecidos en las normas (globales: TTIK y FMIK; individuales:

jerarquía normativa, en virtud que: i) se obliga a las distribuidoras a calcular los cuatro índices establecidos en las normas (globales: TTIK y FMIK; individuales: TIU y FIU), y determinar los montos de las indemnizaciones por esos cuatro índices, con base en las cuatro fórmulas allí establecidas, debiendo aplicar el quePagina No. 9 Expediente 820-2015 resulte mayor para cada uno de ellos, de tal forma que se obliga a pagar dos indemnizaciones: una global que debería ser repartida globalmente a cada usuario, en forma proporcional al consumo semestral con respect o al consumo total de todos los usuarios del distribuidor , y otra individual , a pagar a cada usuario que resulte afectado; ii) excluye de la indemnización global a todos aquellos que reciban una individual; eso es un desatino pues son estos últimos los únicos que conforme a la ley y el reglamento tienen derecho a una indemnización por fallas de corta duración. Además, en las f órmulas de cálculo contenidas en la norma impugnada no se incluyen reglas para excluir de cada indicador las interrupciones que han s ido tomadas en cuenta para evaluar los indicadores globales o los individuales, simplemente se evalúan todas las interrupciones en todos los índices, con lo que se establece un régimen en que se duplican las indemnizaciones; iii) establece dentro de la fór mula para pagar indemnizaciones el concepto “CENS” que supuestamente significa “costo de la energía no suministrada”, pero que de forma anti técnica y arbitraria se determina, no como un costo de energía , sino como diez veces el valor del cargo unitario po r energía de la tarifa simple para usuarios conectados en baja tensión, sin cargo por

suministrada”, pero que de forma anti técnica y arbitraria se determina, no como un costo de energía , sino como diez veces el valor del cargo unitario po r energía de la tarifa simple para usuarios conectados en baja tensión, sin cargo por demanda de la ciudad de Guatemala, para el primer día y primer mes del periodo de control evaluado. Eso no es un costo de energía, sino un monto inventado en forma anti t écnica y arbitraria que de hecho es del todo lesivo para las distribuidoras, a las que se les pretende obligar a pagar un monto diez veces mayor al costo real de la energía no suministrada a sus usuarios, que es lo que la ley y su reglamento ordenan que se indemnice a los usuarios afectados por fallas de corta y larga duración; iv) el artículo 55 de las Normas Técnicas del Servicio de Distribución regula los índices con base en los cuales será evaluada la calidad delPagina No. 10 Expediente 820-2015 servicio técnico. Los indicadores global es no distinguen a qué usuarios afectó la interrupción, simplemente miden la cantidad de veces que el kVA promedio de distribución sufrió una interrupción del servicio y el tiempo total, en horas, en que cada kVA promedio estuvo fuera de servicio, sin aten der a quienes perjudicó o no tales interrupciones. Por el contrario, los indicadores individuales determinan el número y tiempo de cada interrupción por cada usuario; v) el artículo 56 de las Normas referidas fija las tolerancias establecidas para cada gru po de índices, es decir la cantidad de “interrupciones” y/o tiempo de duración de estas (globales e individuales), que se consideran tolerables y que de ser superadas obligarían al

Normas referidas fija las tolerancias establecidas para cada gru po de índices, es decir la cantidad de “interrupciones” y/o tiempo de duración de estas (globales e individuales), que se consideran tolerables y que de ser superadas obligarían al pago de indemnizaciones; vi) el artículo 57 de las mismas normas estableció que a partir del décimo tercer mes de iniciada la Etapa de Régimen (en la que se exige a las distribuidoras cumplir con todos los requerimientos de calidad contenidos en dichas normas), se controlarán todas las interrupciones mediante los índices o indicadores individuales para el cien por ciento de los usuarios, pero también ordenó mantener el cálculo de los índices o indicadores globales. Ahora es posible determinar para cada usuario si se le incumplió o no con la prestación de un servicio técnico de cal idad y de esa forma, determinar en forma individualizada si es procedente o no y en su caso el monto de las indemnizaciones que les corresponde a cada usuario; vii) el artículo 105 del reglamento aludido contemplaba la posibilidad de atender a una indemniz ación global cuando no era posible la identificación individual del usuario; sin embargo, tal requerimiento ha sido superado por la legislación actual, en la que es obligatoria la medición de interrupciones mediante indicadores individuales para el cien por ciento de los usuarios; viii) pese a que ahora es posible determinar en forma individual el cumplimiento de la calidad del servicio técnico por cada usuarioPagina No. 11 Expediente 820-2015 de las distribuidoras, en un cien por ciento, la disposición cuestionada mantiene la obligación d e efectuar indemnizaciones por interrupciones por superar las

Expediente 820-2015 de las distribuidoras, en un cien por ciento, la disposición cuestionada mantiene la obligación d e efectuar indemnizaciones por interrupciones por superar las tolerancias de los índices globales, que no distinguen a los usuarios afectados, sino se evalúan sólo en atención a la sumatoria de todas las interrupciones y el tiempo total de su duración, cua ndo a su vez obliga a pagar indemnizaciones individuales a los usuarios; ix) obliga a pagar a la vez indemnizaciones individuales y globales y estas últimas a usuarios que al verificar los índices individuales se comprobó que no se les superó en los límite s de tolerancia de lo que se considera un servicio técnico de calidad , debiéndoseles pagar una indemnización pese a no ser las personas abastecidas en todos los puntos donde se produjeron las fallas que se están indemnizando, en clara violación a los artículos 53 de la ley ibídem y 105 de su reglamento , por lo que es contradictorio con esas normas jerárquicamente superiores ; x) mantiene las indemnizaciones por rebasar las tolerancias a los indicadores globales, de donde resulta que las distribuidoras se ven obligadas a indemnizar a la totalidad de sus usuarios, lo cual es contrario a lo regulado en el referido artículo 53 de la ley, que ordena el pago de indemnización sólo a los afectados por las fallas de corta duración; xi) los indicadores globales no distinguen a los usuarios afectados por las interrupciones, ni dónde se produjeron, sino que se hace una sumatoria de todas las interrupciones y de la totalidad del tiempo que duran las interrupciones por kVA y tan sólo se distinguen las interrupciones que se dan en el servicio urbano o rural,

ni dónde se produjeron, sino que se hace una sumatoria de todas las interrupciones y de la totalidad del tiempo que duran las interrupciones por kVA y tan sólo se distinguen las interrupciones que se dan en el servicio urbano o rural, pero no el lugar exacto donde se produjo la falla o interrupción programada. De esta forma, pese a que es posible identificar a cada usuario afectado, los índices globales permiten hacer una sumatoria indiscriminada de in terrupciones por la totalidad del territorio cubierto por las distribuidoras y por todo el per íodo dePagina No. 12 Expediente 820-2015 medición que es de seis meses; xii) el mismo artículo impugnado prohíbe pagarle la indemnización global a los usuarios que han recibido una indemnización individual. El resultado de esta ilógica y contradictoria metodología es que las personas que resultan tener derecho a recibir una indemnización global son los usuarios que, conforme a los indicadores individuales, se determinó que no fueron afectados directamente por las fallas producidas en el perí odo medido, ya que no se rebasaron los límites de las tolerancias establecidas en las propias normas técnicas y que conforme al artículo 105 del reglamento no tienen derecho a indemnización, toda vez que no fueron abastecidos por las instalaciones donde se produjeron las fallas. El resultado es que las personas que no sufrieron un daño son las que perciben una mayor indemnización que los que sí fueron afectados (porque reciben una indemnización que no atiende a l as fallas directas que les pudieron perjudicar, sino por la totalidad de las interrupciones evaluadas en su categoría y porque resultan ser siempre un menor número que los indemnizados individualmente); xiii) son incompatibles ambos indicadores , lo que causa un

pudieron perjudicar, sino por la totalidad de las interrupciones evaluadas en su categoría y porque resultan ser siempre un menor número que los indemnizados individualmente); xiii) son incompatibles ambos indicadores , lo que causa un grave perjuicio económico a las distribuidoras que se ven obligadas a pagar indemnizaciones altísimas por una metodología contraria a los artículos mencionados de la ley y del reglamento ; xiv) la otra enorme contradicción contenida en la norma impugnada se refiere al término CENS allí regulado, el cual resulta inconstitucional porque a través de la definición de “interrupciones” se está tratando de sustituir ilegalmente el término “costo de falla” que es el que fue regulado en los artículos 1 y 105 de l reglamento, para la determinación del valor de la energía no suministrada por las fallas de corta o larga duración. En todo el articulado de las normas técnicas se omitió la regulación de la denominación “costo de falla” y se ha sustituido por el término CENS lo cual es contrario alPagina No. 13 Expediente 820-2015 principio de jerarquía normativa; xv) además, el término CENS es contradictorio con el espíritu de los artículos 56 de la ley de la materia, 1, 103 y 105 de su reglamento, toda vez que en estas normas se estableció la obligaci ón de pagar una indemnización por incumplimiento en la calidad del servicio técnico por fallas de corta o larga duración, determinando que el costo de falla es el “costo” de la energía no suministrada por las interrupciones. En ese sentido el artículo 105 del reglamento señala que el descuento “será proporcional a las horas de falla

de corta o larga duración, determinando que el costo de falla es el “costo” de la energía no suministrada por las interrupciones. En ese sentido el artículo 105 del reglamento señala que el descuento “será proporcional a las horas de falla respecto al número total de horas del mes” , lo que evidencia que lo que se pretendía era ordenar descontar el valor (o costo) de la energía no suministrada durante las fallas, e s decir que se debía atender al valor de la energía no suministrada por las distribuidoras; xvi) el CENS tiene una regulación diametralmente distinta, porque considera como costo de la energía no suministrada el valor del cargo unitario por energía de la t arifa simple para usuarios conectados en baja tensión sin cargo de demanda de la ciudad de Guatemala, multiplicado por diez. Esta disposición es arbitraria porque no atiende al valor o costo de la energía no suministrada por cada distribuidora sino que incrementa ese valor en diez veces; xvii) no existe ninguna justificación técnica, legal o de la teoría del daño que explique la intención de imponer una supuesta indemnización que no atiende al daño supuestamente causado (el costo de la energía no suministra da) sino que inexplicablemente y sin ningún fundamento decide determinarse en una suma exagerada, al fijarla en diez veces el valor de un cargo, que además no corresponde necesariamente al valor de la energía no suministrada por cada distribuidor y a cada rango de usuario, ya que cada distribuidor tiene una tarifa distinta, según el usuario; xviii) no tiene ningún sentido incluir montos arbitrarios en unas normas técnicas y eso es contradictorio con elPagina No. 14 Expediente 820-2015

distribuidor tiene una tarifa distinta, según el usuario; xviii) no tiene ningún sentido incluir montos arbitrarios en unas normas técnicas y eso es contradictorio con elPagina No. 14 Expediente 820-2015 principio constitucional de jerarquía normat iva, ya que el artículo 78 del reglamento le dio facultades a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica para dictar normas técnicas