Inconstitucionalidad General_281-2003

EXPEDIENTE 281-2003

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, INTEGRADA POR LOS MAGISTRADOS MARIO GUILLERMO RUIZ WONG, QUIEN LA PRESIDE, CIPRIANO FRANCISCO SOTO TOBAR, JUAN FRANCISCO FLORES JUÁREZ, RODOLFO ROHRMOSER VALDEAVELLANO, SAÚL DIGHERO HERRERA , FRANCISCO JOSÉ PALOMO TEJEDA Y GLORIA MELGAR DE AGUILAR: Guatemala, diez de septiembre de dos mil tres. Se tiene a la vista para dictar sentencia, la acción de inconstitucionalidad de los artículos 12 de la Ley de Propiedad Industrial -Decreto 57-2000 del Congreso de la Repúblicay 3 inciso a), 5, 8, 9, 10, 14, 16, 22, 23, 31, 33, 38, 39, 40, 41, 43, 61, 63, 78 y 85 del Acuerdo Gubernativo 89-2002 del Presidente de la RepúblicaReglamento de la Ley de Propiedad Industrial-, promovida por Ernesto Ricardo Viteri Echeverr ía, en quien se unificó personería, Roberto Colmenares Arandi, Eduardo Mayora Dawe, Juan Ruiz Skinner Klee, Guillermo López Davis, Ana Ximena Murillo Azurdia, Sylvia Ruiz Hochstetter, Ovidio David Parra Vela, Carlos Waldemar Melini Salguero, Edwin Otoniel Melini Salguero y Oscar Roberto Hidalgo Ríos, quienes actúan con su propio auxilio.

ANTECEDENTES

I. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA IMPUGNACIÓN Lo expuesto por los accionantes se resume: estiman que los artículos 12 de la Ley de Propiedad

auxilio.

ANTECEDENTES

I. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA IMPUGNACIÓN Lo expuesto por los accionantes se resume: estiman que los artículos 12 de la Ley de Propiedad Industrial -Decreto 57-2000 del Congreso de la República - y 3, 5, 8, 9, 10, 14, 16, 22, 23, 31, 33, 38, 39, 40, 41, 43, 61, 63, 78 y 85 d el Acuerdo Gubernativo 89-2002 del Presidente de la República -Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial -, transgreden los artículos 5, 12 y 183 inciso e) de la Constitución Política de la República de Guatemala, porque: a) el artículo 12 de la Ley de Propiedad Industrial restringe el derecho de defensa, violando el artículo 12 constitucional, al establecer que “sin necesidad de declaració n alguna” se puede tener por abandonada una gestión, causando la pérdida de la prelación, sin notificarle ni darle audiencia al solicitante, vedándole la oportunidad de defenderse; b) además, conforme los artículos 24 y 106 de esa misma ley, el derecho de prelación lo otorga la presentación de la solicitud, la que se puede hacer valer frente a terceros, por lo que, al perderla por el abandono de la gestión, se causa un daño irreparable; c) por otra parte, el inciso a) del artículo 3 del reglamento analizado, vulnera el artículo 183 inciso e) de la Ley Suprema, al adicionar a los requisitos de la solicitud de registro de marca, la dirección del solicitante si fuera una persona jurídica, lo q ue no se exige en el artículo 22 de la ley; d) asimismo, el artículo 5 del reglamento

Suprema, al adicionar a los requisitos de la solicitud de registro de marca, la dirección del solicitante si fuera una persona jurídica, lo q ue no se exige en el artículo 22 de la ley; d) asimismo, el artículo 5 del reglamento regula que se deben acompañar copias adicionales de las solicitudes y documentos que se presenten al Registro de la Propiedad Intelectual, las que, a excepción de las sol icitudes de patentes, no exige la ley; e) el artículo 8 impugnado, vulnera el principio de jerarquía de las normas y el derecho defensa, al fijar un plazo al interesado para ratificar lo efectuado por el abogado que actúa en calidad de gestor oficioso, lo que no exige la ley, y al tener, en caso de incumplimiento, por no presentada la solicitud y perdido el derecho de prelación, ya que conforme el artículo 7 de la ley, la única consecuencia en el caso de la no ratificación, es la obligación de prestar una garantía por parte del gestor, para responder de las resultas de su actuación; f) de igual forma, la última parte del primer párrafo del artículo 9 del reglamento, al fijar el plazo de un mes para que el gestor oficioso presente la fianza a que se refiere el artículo 7 de la ley, está reduciendo el plazo que, por no estar taxativamente fijado por la ley se interpreta que es de seis meses, y transgrediendo el espíritu de los artículos 7 y 12 de la ley; g) por su parte, el artículo 10 impugnado, exige que al entregar la certificación de la copia de la solicitud prioritaria a que se refieren los artículos 18 y 104 de ley, se debe acreditar haberla presentado ante la oficina o autoridad competente, agregando un requisito que no está contemplado en los artículos 18 y 104

la solicitud prioritaria a que se refieren los artículos 18 y 104 de ley, se debe acreditar haberla presentado ante la oficina o autoridad competente, agregando un requisito que no está contemplado en los artículos 18 y 104 de la ley y que contradice lo regulado en el artículo 4 incisos 2 y 3 del Convenio de París; h) el artículo 14 delreglamento, al igual que el artículo 12 de la ley aludida, transgrede el artículo 12 constitucional, al privar del derecho de prelación, adquirido por el solicitante, sin notificarle, darle audiencia ni oportunidad de defensa, por lo automático del abandono y la circunstancia de que no se emite resolución ni declaración alguna por parte del Registro de la Propiedad Intelectual; i) del mismo modo, los artículos 16, 22, 31, 33, 38 y 61 del reglamento de mérito son inconstitucionales, al establecer requisitos y formalidades que supuestamente tienden al estricto cumplimiento de la ley que desarrollan, y que, en realidad, alteran su texto y espíritu, puesto que principian con el adverbio “además”, adicionando formalidades que no requieren las normas legales así, el artículo 16 exige incluir en la solicitud de inscripción de marcas otras indicaciones; el artículo 22 establece que el edicto a que se refiere el artículo 26 de la ley, además debe contener nuevos datos; el artículo 31 exige más requisitos en la solicitud de registro de una marca colectiva; el artículo 33 agrega información y datos que debe contener la solicitud de registro de una m arca; j) por su parte, el artículo 38 exige nuevos requisitos para la solicitud de registro de un nombre comercial o de un emblema, y vulnera el principio constitucional de

debe contener la solicitud de registro de una m arca; j) por su parte, el artículo 38 exige nuevos requisitos para la solicitud de registro de un nombre comercial o de un emblema, y vulnera el principio constitucional de libertad de acción, consagrado en el artículo 5 de la Constitución Política de la R epública de Guatemala, pues su inciso e) lleva implícita una orden que obliga al solicitante a divulgar información que la propia ley protege como confidencial; k) en cuanto al artículo 61 citado, requiere datos en la solicitud de patente que no exige la ley, efectuando, al igual que los demás artículos analizados, una modificación por adición a la Ley de Propiedad Industrial, en franco abuso de la facultad reglamentaria que tiene el Ejecutivo de acuerdo con el artículo 183, inciso e) de la Carta Magna; l) por otra parte, el artículo 23 del reglamento aludido detalla los requisitos que el escrito de oposición debe contener, agregando nuevos que no están contemplados, ni siquiera indirectamente, en el texto ni en el espíritu del artículo 27 de la Ley; m) asimismo, el artículo 25 del reglamento, otorga al Registro de la Propiedad Intelectual la facultad discrecional de admitir o no los medios de prueba ofrecidos por las partes, lo que es limitativo y, por lo tanto, violatorio al derecho de defensa y al principio del debido proceso, ya que la admisión es diferente a la calificación y valoración de dichas pruebas en la resolución que se emita; n) el artículo 39 analizado, requiere que se acompañe documentación a la solicitud de registro, que la ley no incluye; ade más, si la exigencia de requisitos adicionales en la solicitud de inscripción de un nombre comercial o emblema es inconstitucional, igualmente debe ser inconstitucional el

solicitud de registro, que la ley no incluye; ade más, si la exigencia de requisitos adicionales en la solicitud de inscripción de un nombre comercial o emblema es inconstitucional, igualmente debe ser inconstitucional el exigir al solicitante que documentalmente compruebe que ha satisfecho dichos requisi tos; ñ) en relación a los artículos 40 y 41 del reglamento citado, los mismos son inconstitucionales al regular que “El Registro examinará si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en este Reglamento...”, ya que de conformidad con la ley, el examen de forma y de fondo de la solicitud de registro de un nombre comercial o emblema, debe limitarse a determinar si se ajustan a lo dispuesto en el capítulo VI del título II de la Ley de Propiedad Industrial; o) asimismo, el artículo 43 impugnado, modifica el artículo 27 de la ley, al establecer otros requisitos no contemplados en dicha norma, para el escrito de oposición, conteniendo además, una orden que obliga al opositor a divulgar información que la propia ley protege, violando el principio constitucional de libertad de acción; p) por otra parte, el a rtículo 63 objetado, aclara y desarrolla correctamente el concepto legal de "Unidad de la Invención" que contiene el artículo 107 de la ley, sin embargo, contradice, restri nge y tergiversa dicho concepto legal, al anteponer “un” o “una” en los caos en los que existe unidad de la invención, ya que de acuerdo al artículo 107 de la ley, una invención puede consistir en un grupo de invenciones si las mismas están vinculadas entre sí; q) el artículo 78 analizado, al establecer que contra las resoluciones que el Registro de la Propiedad Intelectual dicte en asuntos relacionados con licencias obligatorias de patentes,

mismas están vinculadas entre sí; q) el artículo 78 analizado, al establecer que contra las resoluciones que el Registro de la Propiedad Intelectual dicte en asuntos relacionados con licencias obligatorias de patentes, únicamente cabe el recurso de revocatoria, priva a los interesado s del derecho de plantear demanda en la vía contencioso administrativa, en contra de la resolución ministerial que resuelva el recurso de revocatoria,violando los artículos 12 y 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala; r) en relación al artículo 85 del reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual, restringe la existencia de secretos empresariales a los productos o servicios, a los métodos o procesos de producción o a los medios o formas de distribución o comercialización de los produc tos o la prestación de servicios, desnaturalizando el concepto de "secreto empresarial" contenido en el artículo 174 de la ley y limitando indebidamente la protección que, por disposición de la misma, (artículos 173, inciso g), 175 y 176) debe otorgarse al titular del mismo, contra los actos de competencia desleal, lo que evidencia un abuso de la facultad reglamentaria del Ejecutivo, establecida en el artículo 183, inciso e) de la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que es claramente inconstitucional. Solicitaron que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad planteada.

II. TRÁMITE DE LA INCONSTITUCIONALIDAD.

Se decretó la suspensión provisional de los artículos 12 de la Ley de Propiedad Industrial -Decreto 57II. TRÁMITE DE LA INCONSTITUCIONALIDAD. Se decretó la suspensión provisional de los artículos 12 de la Ley de Propiedad Industrial -Decreto 572000 del Congreso de la Repúblicay 3, 5, 8, 9, 10, 14, 16, 22, 23, 31, 33, 38, 39, 40, 41, 43, 61, 63, 78 y 85 del Acuerdo Gubernativo 89-2002 del Presidente de la República -Reglamento de la Ley de Propiedad Industrialla que fue publicada en el Diario Oficial e l veinticinco de marzo de dos mil tres . Se dio audiencia por quince días al Congreso de la República, al Presidente de la República, al Ministerio de Economía, al Registro de la Propiedad Intelectual y al Ministerio Público. Se señaló día y hora para la vista.

III. RESUMEN DE LAS ALEGACIONES A) El Presidente de la República expresó: a) en materia constitucional prevalece de manera estricta el principio dispositivo, por el cual únicamente la parte interesada en promoverla enmarca la materia de conocimiento del Tribunal, ya que así se respeta y observa la debida imparcialidad de los magistrados, en tanto ellos no pueden sustituir ni suplantar la intención del accionante al formular la pretensión; b) en el presente caso, los accionantes, no son concretos en su exposición y petición de trámite y de fondo, en cuanto si pretendían la inconstitucionalidad total o parcial de la ley y reglamento que objetan, como lo exige el artículo 133 de la Ley de Amparo , Exhibición Personal y de Constitucionalidad; c) por otra parte, el artículo 12 de la

si pretendían la inconstitucionalidad total o parcial de la ley y reglamento que objetan, como lo exige el artículo 133 de la Ley de Amparo , Exhibición Personal y de Constitucionalidad; c) por otra parte, el artículo 12 de la Ley de Propiedad Industrial, no es inconstitucional, ya que el abandono de la solicitud por el interesado, es la consecuencia inmediata de la inactividad o gestión, que por haber transcurrido seis meses se ordena con el fin de evitar que se acumulen miles de expedientes cuyos solicitantes ya no tienen interés en su prosecución, lo que indudablemente afecta el principio de primero en tiempo primero en derecho, sin violar e l debido proceso; d) en relación al artículo 3 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, el hecho de solicitar que se consigne la dirección del interesado, no altera el espíritu de la Ley de Propiedad Industrial, únicamente se pretende tener la certeza en cuanto al lugar o dirección en donde se le pueda hacer saber al interesado las resoluciones que emita el Registrador de la Propiedad Intelectual; e) por otra parte, en el artículo 5 objetado, se exigen las copias respectivas, con base en el artículo 215 de la Ley de Propiedad Industrial, que determina que las disposiciones de la Ley del Organismo Judicial, del Código Procesal Civil y Mercantil y de la Ley de lo Contencioso Administrativo, se aplicará supletoriamente en todo lo que no esté expresame nte regulado por la ley, y el artículo 62 del Código Procesal Civil y Mercantil, exige a las partes adjuntar el número de copias necesarias para la reposición del expediente y para notificar a las parte; f) en cuanto al artículo 8 analizado, los mismos int erponentes expresan que sí debe existir un plazo, para lo cual refieren el artículo 12 de la ley

necesarias para la reposición del expediente y para notificar a las parte; f) en cuanto al artículo 8 analizado, los mismos int erponentes expresan que sí debe existir un plazo, para lo cual refieren el artículo 12 de la ley que también impugnan; g) tampoco existe inconstitucionalidad en el artículo 9 del reglamento aludido, puesto que únicamente se están desarrollando los precepto s contenidos en los párrafos congruentes con el artículo 4.a3. del Convenio de Paris; h) el artículo 14 objetado es válido y se relaciona con el articulo 12 de da Ley de Propiedad Industrial; i) en el artículo 16 del reglamento, lo que el órgano administra tivo centralizado estárequiriendo, es para efectos estrictamente de registros estadísticos que obligadamente debe llevar el Registro de la Propiedad Intelectual, para que exista certeza legal y física en relación a los expedientes que allí se tramitan, sin que eso implique alteración al espíritu de la ley; j) asimismo, el artículo 22 del reglamento citado, se concreta a desarrollar lo que ordena el artículo 22 de la Ley de la materia, sin incluir requisitos adicionales; k) en cuanto al trámite de las oposi ciones, desarrollado en el a rtículo 23 del reglamento, únicamente se está limitando a transparentar la actividad que la ley de la materia le impone al Registro de la Propiedad Intelectual; l) de igual forma, los artículos 31, 33, 38, 39, 40, 41, 43, 61, 63 , 78 y 85, se limitan a desarrollar los preceptos contenidos en la Ley de Propiedad Industrial, sin alterar su espíritu, porque simplemente se contrae a exigir los requisitos congruentes con los previstos en la ley, con la finalidad de aclarar debidamente diferentes

contenidos en la Ley de Propiedad Industrial, sin alterar su espíritu, porque simplemente se contrae a exigir los requisitos congruentes con los previstos en la ley, con la finalidad de aclarar debidamente diferentes situaciones que surjan en la tramitación de las patentes de inversión, para favorecer a los usuarios y facilitarles la presentación de sus respectivas solicitudes y tramitación de las mismas. Solicitó que se declare sin lugar la presente acción. B) El Ministerio de Economía, manifestó: a) el artículo 12 de la Ley de Propiedad Industrial, no es inconstitucional, puesto que el abandono de la solicitud es la consecuencia de la inactividad del interesado durante el período de seis meses que manda la ley, habiéndole sido previamente notificado el requerimiento en cuestión, lo que obliga al ente administrativo a ordenar el archivo, sin violar el derecho de defensa del solicitante, siendo innecesario declarar dicho abandono a través de una resolución; b) por otra parte, se incluyó en el artículo 3 del reglamento, un requisito que no contempla el artículo 22 de la ley, con el fin de resguardar el derecho de defensa de los solicitantes, para que exista un lugar en donde poderles notificar de cualquier diligencia pendiente, providencia de trámite o re solución de fondo sobre su solicitud; c) asimismo, el artículo 5 del reglamento, tampoco es inconstitucional al incluir como requisito las copias respectivas de las solicitudes presentadas al Registro, ya que se está limitando a reglar el procedimiento que la ley no incluyó y aplicando supletoriamente el artículo 63 del Código Procesal Civil y Mercantil; d) en relación al artículo 8 objetado, los propios interponentes señalan que debe existir un plazo para la ratificación de lo

la ley no incluyó y aplicando supletoriamente el artículo 63 del Código Procesal Civil y Mercantil; d) en relación al artículo 8 objetado, los propios interponentes señalan que debe existir un plazo para la ratificación de lo actuado por los gestores, hac iendo referencia al artículo 12 de la Ley de Propiedad Industrial, que también están impugnando, lo cual demuestra inconsistencia en sus argumentos; e) el a rtículo 9 del reglamento objetado, señala el plazo de un mes contado a partir de la notificación, pa ra que el gestor presente la fianza, pero el interesado y la autoridad administrativa no saben con exactitud en qué mes, dentro del plazo de seis meses, se le hará dicha solicitud, por lo que no existe la inconstitucionalidad señalada; f) por otra parte, e l artículo 10 del reglamento aludido, se limita a desarrollar los preceptos contenidos en los artículos 18 y 104 de la ley, lo que es congruente con el artículo 4 a.3) del Convenio de París, al requerir que la solicitud de prioridad, haya sido presentada a nte la autoridad competente de conformidad con la legislación aplicable, lo cual por simple lógica es equivalente a que “sea presentada en regla en algún Estado" , lo cual regulan los artículos 18 y 104 indicados; g) en relación a los artículos 16, 22, 31, 33, 38 y 61 del Reglamento, se debe tener presente que un reglamento puede desarrollar las normas sustantivas, con la facultad de incorporar los aspectos que se omitió regular en la ley y que sean necesarios para el diligenciamiento del procedimiento administrativo, sin que por ello, se incurra en inconstitucionalidad, en igual circunstancia se encuentran los

aspectos que se omitió regular en la ley y que sean necesarios para el diligenciamiento del procedimiento administrativo, sin que por ello, se incurra en inconstitucionalidad, en igual circunstancia se encuentran los artículos 23, 25, 40, 41 y 43 de dicho reglamento; h) por otra parte, el artículo 78 reclamado, no veda el derecho de los solicitantes de acudir a lo Contencioso Administrativo, sino que únicamente se establece un recurso previo dentro de la administración pública; i) asimismo, el artículo 85 del reglamento analizado, tampoco adolece de inconstitucionalidad, puesto que al contener el vocablo “podrá”, se deja a la discreción del interesado solicitar que se tenga como información no divulgada, lo que señala la propia ley sustantiva . Solicitó que se declare sin lugar la presente acción. C) El Congreso de la Repúblic a, señaló: a) losinterponentes no especifican concretamente en que consiste la vulneración que denuncian del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, el que no adolece de inconstitucionalidad, puesto que el hecho de que no se ajuste a lo que consider en, no es un fundamento para determinar la vulneración del orden constitucional; b) además, para que una disposición legal pueda calificarse de inconstitucional, debe colisionar, contradecir, violar, infringir, disminuir, restringir o tergiversar alguna no rma o disposición de rango constitucional, lo que no sucede en el presente caso, ya que las normas impugnadas determinan un procedimiento administrativo que se realizará en el Registro de Propiedad Industrial. Solicitó que se declare sin lugar la inconstit ucionalidad planteada. D) El Registro de la Propiedad Intelectual, expuso que: a) el artículo 12 objetado establece una

se realizará en el Registro de Propiedad Industrial. Solicitó que se declare sin lugar la inconstit ucionalidad planteada. D) El Registro de la Propiedad Intelectual, expuso que: a) el artículo 12 objetado establece una consecuencia jurídica a la inactividad de quien ha formulado una solicitud ante ese Registro, equivalente a la regulada en el artículo 5 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, con la que no se viola el artículo 12 constitucional, ya que el solicitante no puede argumentar ignorancia de los efectos en los que incurre al no atender lo requerido por el Registro o al no accionar su expediente durante seis meses; b) lo anterior se reguló con el fin de evitar que queden i ndefinidamente sin resolver expedientes, acumulándose en sus oficinas, en detrimento de los principios de seguridad y certeza jurídica; además, la figura del abandono y sus efectos, no son regulados exclusivamente en el artículo 12 impugnado, sino que también se encuentran establecidos en normas específicas que los accionantes no cuestionan, reconociendo su validez; c) tampoco es inconstitucional el artículo 14 del reglamento objetado, el que se limita a establecer que al ocurrir lo regulado en el artículo 12 de la ley, dicha circunstancia debe hacerse constar en el expediente, con el fin de asegurar la consignación de la razón de su archivo y llevar un control interno que no tiene efectos para el solicitante; d) en cuanto al artículo 3 inciso a) del reglamento cuestionado, los accionantes se equivocan al examinar dicha norma a la luz de artículo 22 de la Ley de Propiedad Industrial, cuando lo correcto es hacerlo desde la perspectiva del artículo 5 ibid, el

inciso a) del reglamento cuestionado, los accionantes se equivocan al examinar dicha norma a la luz de artículo 22 de la Ley de Propiedad Industrial, cuando lo correcto es hacerlo desde la perspectiva del artículo 5 ibid, el que establece los requisitos generales que debe cump lir toda solicitud dirigida al Registro, con la intención de permitir al solicitante brindar toda la información que facilite ser contactado; e) por otra parte, el artículo 5 del reglamento analizado, no es inconstitucional, ya que se fundamenta en los artículos 215 de la ley y 63 del Código Procesal Civil y Mercantil, y se complementa con el artículo 100 del mismo reglamento, el que no fue cuestionado por los accionantes; f) por su parte, los artículos 8 y 9 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial desarrollan lo relativo a la actuación de abogados como gestores oficiosos, estableciendo los plazos omitidos por la ley en su artículo 7, lo que no implica alteración de su espíritu o violación a su artículo 12, el que no es aplicable; g) asimismo, el a rtículo 10 del reglamento cuestionado, no contradice lo dispuesto en el Convenio de Paris ni en los artículos 18 y 104 de la Ley citada, ya que dichos artículos permiten que el solicitante de un registro de marca, diseño industrial o patente de invención, pueda invocar la prioridad de su solicitud con la presentación en regla en algún Estado parte de un tratado o convenio al que Guatemala estuviere vinculada, esta peculiar institución evita que personas que no son los titulares originales se apropien indebidamente de los derechos sobre tales creaciones, por lo que es importante que se acredite debidamente que dicha solicitud fue

esta peculiar institución evita que personas que no son los titulares originales se apropien indebidamente de los derechos sobre tales creaciones, por lo que es importante que se acredite debidamente que dicha solicitud fue efectivamente presentada ante la oficina o autoridad competente y la fecha de su presentación; h) los accionantes argumentan que lo s artículos 16, 22 y 25 del reglamento aludido, son inconstitucionales al establecer requisitos o formalidades adicionales a los legalmente requeridos, sin considerar que un reglamento puede regular y desarrollar detalles omitidos por la ley, con el fin de hacer posible y más conveniente su estricto cumplimiento, como sucede en el presente caso, con lo que no se altera su espíritu, ya que no conducen a un fin distinto del que propone la ley; i) de igual forma, los artículos 31 y 33 del reglamento impugnado, no adolecen de la inconstitucionalidad denunciada, en virtud que en ambos se requiere la misma información que la ley exige se incluya en los reglamentos de uso de la marca colectiva y de la marca de certificación, por lo que únicamentereafirman el contenido de los artículos 4, 22 inciso c), 55 y 57 de la ley; j) en cuanto a los artículos 38, 39, 40 y 41 cuestionados, los accionantes omiten analizar que la figura del nombre comercial difiere en cuanto a su sistema de registro y protección del establecido en la ley para las marcas y otros signos distintivos, ya que el nombre comercial que reconoce la Ley de Propiedad Industrial no opera en el futuro, sino que reconoce derechos exclusivos sobre un nombre comercial que se encuentre en uso público, por lo que debe basarse en un uso efectivo realizado con anterioridad, ya que no puede haber un registro con efectos declarativos de algo que aún

exclusivos sobre un nombre comercial que se encuentre en uso público, por lo que debe basarse en un uso efectivo realizado con anterioridad, ya que no puede haber un registro con efectos declarativos de algo que aún no existe; k) las normas relativas a marcas no son aplicables tal y como se encuentran consignadas en la ley, sino que se debe hacer su adecuación e interpretación para adaptarlas al caso del nombre comercial y los emblemas que se rigen por la misma, lo que se efectuó por medio de las normas reglamentarias que ahora se cuestionan de inconstitucionales; l) por su parte, los a rtículos 23 y 43 del reglamento analizado, únicamente desarrollan la norma general contenida en el artículo 27 de la ley, constituyendo una guía útil para quien formula una oposición frente a una solicitud de registro de marca o de nombre comercial, pues d esglosan de mejor manera la estructura de una oposición en cada caso en particular; m) por otra parte, los vocablos “un” y “una” contenidos en los artículos 61 y 63 objetados, no se utilizan en su sentido gramatical de número, sino gramaticalmente como artículos indeterminados, es decir, que preceden a los nombres de cosas tomados en sentido vago y para designar un objeto conocido por aquel a quien se dirige la expresión, por lo que no existe la inconstitucionalidad señalada; n) asimismo, los artículos 78 y 85 no vulneran la Constitución, puesto que el primero únicamente establece un recurso previo para acudir a la vía contencioso administrativa, y el segundo al incluir el término “podrá”, le deja al interesado la libertad de indicar lo que convenga a sus intereses. Solicita que se declare sin lugar la presente inconstitucionalidad. E) El Ministerio Público indicó: a) al analizar el contenido

incluir el término “podrá”, le deja al interesado la libertad de indicar lo que convenga a sus intereses. Solicita que se declare sin lugar la presente inconstitucionalidad. E) El Ministerio Público indicó: a) al analizar el contenido y espíritu del artículo 12 de la Ley de Propiedad Industrial, se establece que no se da la inconstitucionalidad denunciada, en virtud que el derecho de audiencia y la obligación de notificar, van implícitos en dicha norma, ya que el requirente, al presentar su solicitud, se da por enterado de las sanciones en que recae si no lleva a cabo su petitorio en la forma y tiempo establecido, tomándose en cuenta el grado de interés que se tiene, lo que no implica violación al debido proceso ni al derecho de audiencia; b) por otra parte, el artículo 3 inciso a) del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, no se ajusta a la disposición del artículo 183 inciso a) de la Constitución Política de la República de Guatemala, pues en lugar de regular lo señalado en el artícul o 22 de dicha ley, adiciona a la información que legalmente se requiere que contenga una solicitud de registro de marca, un requisito que no está contenido en la norma; c) lo establecido en el artículo 5 del Reglamento evidencia en sí mismo su inconstituci onalidad, pues si bien reconoce validez al artículo 105 de la Ley, en lo que se refiere a patentes, altera los artículos 5, 7, 23, 32, 42, 45, 46, 49 y 75 de la Ley, al adicionar un requisito que no está previsto en dichos artículos; d) por su parte, el artículo 8 objetado adolece de vicio, al establecer una sanción y la privación de derechos del interesado sin darle audiencia, lo que constituye una

requisito que no está previsto en dichos artículos; d) por su parte, el artículo 8 objetado adolece de vicio, al establecer una sanción y la privación de derechos del interesado sin darle audiencia, lo que constituye una clara violación al der