INVIAS - Resolución 3497 del 29 de agosto de 2025

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RESOLUCIÓN NÚMERO DEL

Por la cual se DECLARA LA PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD de la Resolución No. 10733 del 25 noviembre de 1986, causada por construcción y pavimentación de la carretera Pasto-Tumaco sector TUQUERRES LA VERBENA , Ruta 10 Tramo 02, en el Departamento de Nariño.

EL DIRECTOR GENERAL (E) DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

En uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 7 numeral 7.4. del Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, el artículo 2.5.6.4 del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, el Decreto 0258 del 5 de marzo de 2025 y,

C O N S I D E R A N D O

· En relación con la contribución:

Que mediante Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, en su artículo 4.1.1.1.1 fue reglam entada la Contribución Nacional de Valorización del sector transporte, como gravamen al beneficio adquirido por las propiedades y muebles, como mecanismo de recuperación de los costos o participación de los beneficios generados por proyectos de infraestructura de transporte.

Que conforme a lo anterior, mediante Resolución No. 10733 del 25 noviembre de 1986, expedida por el Subdirector de Valorización del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, por la cual se di stribuyó la contribución de valorización causada por la construcción y pavimentación de la carretera Pasto -Tumaco sector TUQUERRES LA VERBENA , en la suma de OCHENA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS

contribución de valorización causada por la construcción y pavimentación de la carretera Pasto -Tumaco sector TUQUERRES LA VERBENA , en la suma de OCHENA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE($ 84.825.490), entre los propietarios, usufructuarios o poseedores de los predios beneficiados con el citado proyecto.

Que, en cumplimiento de lo anterior la Subdirección de Valorización del Mi nisterio de Obras Públicas y Transporte de la época, solicitó la inscripción de la referida contribución de valorización, an te las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos respectivas de los municipios que conforman la zona de influencia de valorización de este proyecto, por constituir un gravamen real sobre la propiedad del inmueble.

· En relación con la competencia del Instituto Nacional de Vías.

Que mediante Decreto 2171 de 1992 “ Por el cual se reestructura el Ministerio de Obras Públicas y Transporte como Ministerio de Transporte y se suprimen, fusionan y reestructuran entidades de la rama ejecutiva del orden nacional.” , de acuerdo con lo contenido en los artículos  52 y siguientes, se reestructuró el FONDO VI AL NACIONAL como el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, establecimiento públ ico del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio y adscrito al Ministerio de Transporte.

Que en virtud de lo establecido en el numeral 3.8 del Artículo 3 del Decreto 1292 de 2021: “Conforman el patrimonio del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, los siguientes bienes: (…) Los ingresos provenientes del

Que en virtud de lo establecido en el numeral 3.8 del Artículo 3 del Decreto 1292 de 2021: “Conforman el patrimonio del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, los siguientes bienes: (…) Los ingresos provenientes del recaudo de la contribución nacional de val orización”. Así mismo, en el numeral 2.11 del artículo 2 ibidem, se le asigna al Instituto Nacional de Vías la función de “Dirigir y supervisar la elaboración de los proyectos para el análisis, liquidación, distribución y cobro de la contribución nacional de valoriz ación, causada por la construcción y mejoramiento de la infraestructura de transporte de su competencia” , asumiendo la competencia para el cobro de la contribución Nacional de Valorización y demás gestiones relacionadas con la materia.

Que mediante el Decreto 1292 de fecha 14 de octubre de 2021, a través del cual se modificó la estructura del Instituto Nacional de VíasInvias, en el artículo 2, numeral 2.10. se establ ece como una de sus funciones, "Llevar a cabo todas las acciones relacionadas con la contribución nacional de valorización, obras por impuestos, regalías, cooperación, de conformidad con la normatividad vige nte y/o los lineamientos del Ministerio de Transporte ”, y en el Numeral 2.12 “ Adelantar los conceptos, estudios técnicos y jurídicos de viabilidad del cobro de contribución nacional de valorización en relación con la infraestructura del sector transporte de conformidad con la ley ”.

Que de conformidad por lo ordenado en el numeral 7.4 del artículo 7 del Decreto 1292 de 2021, el despacho del Director General del Instituto Nacional de Vías ejerce la función de: “(…) Distribuir mediante resolución

ley ”.

Que de conformidad por lo ordenado en el numeral 7.4 del artículo 7 del Decreto 1292 de 2021, el despacho del Director General del Instituto Nacional de Vías ejerce la función de: “(…) Distribuir mediante resolución la contribución nacional de valorización y dictar en general, las resoluciones y actos necesa rios relacionados con este proceso”.

· En relación con la movilización de la cartera – cartera de imposible recaudo.

RESOLUCIÓN NÚMERO 3497 DEL 29 DE AGOSTO 2025Página 2 de 9

Que las entidades públicas, respecto a su cartera con más de 180 días deben dar apli cación a lo previsto en el artículo 66 de la Ley 1955 de 2019, que a su tenor literal dispone:

“ARTÍCULO 66. MOVILIZACIÓN DE CARTERA.

A partir de la expedición de la presente Ley, las entidades estatales o públicas del orden nacional con excepción de las entidades financieras de carácter estatal, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta y las entidades en liquidación, deberán vender la cartera con más de ciento ochenta (180) días de vencida al colector de activos de la Nación, Central de Inversiones (CISA), para que este las gestione. Respecto de la cartera de naturaleza coactiva, las entidades de que trata este artículo, al igual que las de orden territorial, podrán enajenarla a CISA, quien para su recuperación podrá aplicar sus políticas de descuento y podrá dar aplicación al mecanismo de notificación electrónica de que trata el artículo 566-1 del Estatuto Tributario, que también a plicará para

podrán enajenarla a CISA, quien para su recuperación podrá aplicar sus políticas de descuento y podrá dar aplicación al mecanismo de notificación electrónica de que trata el artículo 566-1 del Estatuto Tributario, que también a plicará para cualquier acto derivado del procedimiento establecido en el artículo 823 del referido Estatuto y demás normas que l o complementen o modifiquen. Se entenderá que los titulares de datos personales autorizan expresamente la notifi cación a través de este medio, de conformidad con lo previsto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

CISA en su condición de colector de activos públicos de la Nación, tendrá acceso a las bases del Registro Único Tributario (RUT) y el Registro Único Nacional de Transito (RUNT) para obtener la información de correo electrónico de los deudores.

En los eventos en que la cartera sea de imposible recudo por la prescripción o caducidad de la acción, por la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo que le dio origen o por la inexistencia probada del deudor o s u insolvencia demostrada y por tanto no sea posible ejercer los derechos de cobro o bien porque la relación costo-beneficio al realizar su cobro no resulta eficiente; las entidades estatales o públicas del orden nacional, podrán realizar la dep uración definitiva de estos saldos contables, realizando un informe detallado de las causales por las cuales se depura y las excluirá de la gestión. El Gobierno nacional reglamentará la materia. Los recursos obtenidos por esta venta serán girados por los p lazos fijados por CISA atendiendo sus disponibilidades de caja así: i) Al Tesoro Nacional en el caso de las entidades que hacen parte del

El Gobierno nacional reglamentará la materia. Los recursos obtenidos por esta venta serán girados por los p lazos fijados por CISA atendiendo sus disponibilidades de caja así: i) Al Tesoro Nacional en el caso de las entidades que hacen parte del presupuesto nacional; y ii) directamente a los patrimonios autónomos de remanentes y a las entidade s pertenecientes al sector descentralizado del nivel nacional, cobijados por lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 1450 de 2011, así como los fondos especiales cuya ley de creación incluya ingresos de capital por venta de bienes propios de las entidades a las que están adscritos como fuentes de recursos.

CISA causará para efectos fiscales los ingresos que genere el cobro de cartera, solamente cuando se produzca el recaudo efectivo o se produzca su enajenación.

Las entidades territoriales y las Empresas Sociales del Estado -ESEpodrán enajenar o entregar en administración a CISA la cartera corriente y de naturaleza coactiva, incluida aquella por concepto de impuestos y servicios de salud. Este servicio no tendrá costo para los municipios de categoría 4, 5 y 6.

PARÁGRAFO. Se exceptúa del presente artículo la cartera proveniente de las operaciones de crédito público celebradas por la Nación ”.

Que, las Entidades deben efectuar la depuración definitiva de los saldos contables, realizando un informe detallado de las causales por las cuales se depura y las excluirá de la gestión, en los eventos en que la cartera sea de imposible recaudo por la prescripción o caducidad de la acción, por la pérdida de fuerza de ejecutoria del acto administrativo que le dio origen o por la inexistencia probada del deudor o su insolvencia

cartera sea de imposible recaudo por la prescripción o caducidad de la acción, por la pérdida de fuerza de ejecutoria del acto administrativo que le dio origen o por la inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada y por tanto no sea posible ejercer los derechos de cobro o bien por que la relación costobeneficio al realizar su cobro no resulta eficiente.

Que en virtud de lo anterior y en cumplimiento del deber legal consignado en el artículo 2.5.6.6. del Decreto 1068 de 2015, en cabeza de los representantes legales de las entidades públicas, de depurar la cartera a su favor cuando sea de imposible recaudo, con el propósito de que los estados financieros revelen en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial:

“ARTÍCULO 2.5.6.6. Competencia y responsabilidadLa responsabilidad y competencia para realizar la depurac ión, el castigo de los valores y la exclusión de la gestión de los valores contables de cartera rec ae en el representante legal de cada entidad, quien para tal fin proferirá el acto administrativo que corresponda, previa recomendación del Comité de Cartera”.

Que mediante Resolución No. 005471 del 8 de octubre de 2019, el Instituto Nacional de Vías crea el Comité de Cartera, la cual en la parte resolutiva señala:

“(…) ARTICULO TERCERO: FUNCIONES DEL COMITÉ . El Comité de Cartera tendrá las siguientes.

1. Estudiar y evaluar si se cumple alguna de las causales señaladas en el artículo 2.5.6.3 del Decreto 445 de 2017, para considerar que una acreencia a favor de la entidad constituye cartera de imp osible recaudo, de todo lo

1. Estudiar y evaluar si se cumple alguna de las causales señaladas en el artículo 2.5.6.3 del Decreto 445 de 2017, para considerar que una acreencia a favor de la entidad constituye cartera de imp osible recaudo, de todo lo cual se dejara constancia en acta

2. Recomendar al representante legal que declare mediante acto administrativo una acreencia como cartera de imposible recaudo, el cual será el fundamento para castigar la cartera de la contabilidad y para dar por terminado los procesos de cobro de cartera que se hubieren iniciadoPágina 3 de 9

(…)”.

Que mediante Resolución No. 772 del 07 de marzo de 2022, se modifica la Resolución No. 05471 del 08 de octubre de 2019, así:

“(…) ARTICULO SEGUNDO: CONFORMACION: El Comité de Cartera El Comité de Cartera d el Instituto Nacional de Vías-INVIAS, estará integrado por:

a. El Secretario (a) General, o su delegado, quien lo presidirá b. Director (a) Jurídico c. El Subdirector (a) de Defensa Jurídica, quien actuara como secretario del Comité d. El Subdirector (a) Financiero e. El Jefe Oficina Asesora de Planeación

PARAGRAFO PRIMERO: El Subdirector de Defensa Jurídica DEL Instituto Nacional de Vas-INVIAS, por tener la función de cobro de cartera, actuara como Secretario del Comité y convocara a las reuniones. En todo caso el Comité siempre estará conformado por un numero impar de miembros (…)”.

· Sobre la pérdida de fuerza ejecutoria

Que el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administr ativo y de lo Contencioso

siempre estará conformado por un numero impar de miembros (…)”.

· Sobre la pérdida de fuerza ejecutoria

Que el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administr ativo y de lo Contencioso Administrativo, establece:

“ARTÍCULO 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma e xpresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ej ecutados en los siguientes casos:

1-Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Conten cioso Administrativo.

2-Cuando desaparezcan los fundamentos de hecho o derecho.

3-Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le corresponden para ejecutarlos .

4-Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.

5-Cuando pierdan su vigencia”. (Subrayado fuera de texto).

Que, frente al particular, se pronunció la Sección primera del Consejo de Estado, en sentencia con radicado 2005-00166-01 del 3 de abril de 2014 1, en la que señala que este fenómeno “es una situación jurídica que se da de pleno derecho y que en principio se ha de hacer efectiva en sede administr ativa por vía de excepción” , indicando expresamente:

“Según el criterio de la Sala, el fenómeno del decaimiento de un acto administr ativo se produce ope legis, es decir,

excepción” , indicando expresamente:

“Según el criterio de la Sala, el fenómeno del decaimiento de un acto administr ativo se produce ope legis, es decir, por ministerio de la ley. Por lo anterior, no es preciso adelantar ningún trámite para que opere dicho fenómeno, más, sin embargo, nada impide que en sede administrativa la autoridad competente haga una declaración sobre su ocurrencia, sin que tal manifestación constituya en sí misma una nueva manifestaci ón de la voluntad de la Administración, pues se trata simplemente de un acto de simple constatación de un evento sobreviniente cuyos efectos están previamente determinados por el legislador”. Que, la consecuencia de la declaratoria del decaimiento del acto administrativo afecta la ejecutoriedad de este, razón por la cual no puede hacerse exigible, perdiendo así su obligatoriedad. De conformidad con lo anterior, la administración no podría dar inicio o continuar con la acción de cobro coactivo, toda vez que se estaría en presencia de una ausencia total del título ejecutivo base para el recaudo.

Que, en relación con lo señalado, debe mencionarse que de conformidad con el concepto emiti do por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 2, los servidores públicos encargados de las funciones de cobro coactivo al estar en presencia de obligaciones cuya fuente sea un acto administrativo, están en el deber legal de analizar si ese acto ha perdido su fuerza ejecutoria, en tanto que uno de los presupuestos básicos del proceso de cobro coactivo es la exigibilidad del acto administrativo.

1 Consejo de Estado. 11001-03-25-000-2005-00166-01. Sección primera del 3 de abril de 2014.

presupuestos básicos del proceso de cobro coactivo es la exigibilidad del acto administrativo.

1 Consejo de Estado. 11001-03-25-000-2005-00166-01. Sección primera del 3 de abril de 2014.

2 Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, radicado 1904 del 19 de junio de 2008 MP Gustavo Aponte Santos.Página 4 de 9

Que, en este sentido, cuando el funcionario competente advierta que el acto admi nistrativo que pretende hacer cumplir ha perdido fuerza ejecutoria, está en el deber legal de declarar el decaim iento del acto administrativo que opera por ministerio de la ley, so pena que, de iniciar la acción de cobro, se generen perjuicios al demandado y eventuales condenas a la administración, con la consecuent e acción de repetición contra su patrimonio.

Que igualmente, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en providencia Rad.: 1.552 de 2004 refirió decisiones de la misma Corporación 3 en donde se señaló:

“El mandamiento de pago impugnado, de fecha 26 de mayo de 2000, fue notific ado el 11 de julio del mismo año. De manera que para entonces habían transcurrido efectivamente más de cinco años desde que las resoluciones (...) se hallaban en firme (...) Así las citadas resoluciones perdieron fuerza ejecutoria, no constituyen título ejecutivo, con base en ellas no podía librarse dicha orden de pago, por ser inexigible la obligación.

Habrá condena en costas contra la entidad ejecutante, porque su falta de advertencia en la consignación previa de la multa y en el transcurso del tiempo ocasionó el decaimiento del acto administrativo, han dado

Habrá condena en costas contra la entidad ejecutante, porque su falta de advertencia en la consignación previa de la multa y en el transcurso del tiempo ocasionó el decaimiento del acto administrativo, han dado lugar a una excesiva tramitación del asunto”.

Que así mismo, la Sección Primera de la misma Corporación en relación con el tema de la exigibilidad ha señalado:

“(…) Lo contrario, es decir, iniciar el trámite de los procesos de cobro coactivo, dictar mandamiento de pago e incluso ordenar medidas cautelares, o continuar con las diligencias de notificación del mandamiento de pago, sin tener en cuenta la exigibilidad del título ejecutivo podría generar perjuicios al de mandado y condena en costas a la administración, con las consecuencias que se puedan derivar de la correspond iente acción de repetición contra el funcionario responsable de los procesos tramitados e impulsados en estas c ondiciones; así como también, podrían derivarse acciones para recuperar los costos y gastos que la administraci ón asumió con ocasión de un proceso que no ha debido iniciarse por carencia de los presupuestos legales básicos, ev aluación que le corresponderá en cada caso asumir y decidir a los organismos de control respectivos y que involucr a temas tan controversiales como el de la responsabilidad por error judicial.(…)” 4

Que acorde con lo expuesto, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-666 de 2006, definió el cobro coactivo como: “un privilegio exorbitante de la administración que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la prevalencia del interés general, en cuanto dichos recursos se necesitan con

directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la prevalencia del interés general, en cuanto dichos recursos se necesitan con urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales ”.

Que el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1066 de 2006 dispone que, cada una de las ent idades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de actividades y funciones administra tivas o la prestación de servicios del Estado, y que dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos deberán, entre otras responsabilidades: “Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima autoridad o representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago”.

Que conforme lo establece la misma Ley en su artículo 1, “los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez”.

Que, en línea con lo anterior el artículo 2 del Decreto 4473 de 2006 “Por el cual se reglamenta la Ley 1066 de 2006” establece que el Reglamento Interno de Cartera deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: “(…) 1. Funcionario competente para adelantar el trámite de recaudo de cartera en la etapa persuasiva y coactiva, de acuerdo con la estructura funcional interna de la entidad. 2. Establecimient o de las etapas del recaudo

aspectos: “(…) 1. Funcionario competente para adelantar el trámite de recaudo de cartera en la etapa persuasiva y coactiva, de acuerdo con la estructura funcional interna de la entidad. 2. Establecimient o de las etapas del recaudo de cartera, persuasiva y coactiva. 3. Determinación de los criterios para la clasifi cación de la cartera sujeta al procedimiento de cobro coactivo, en términos relativos a la cuantía, antigüedad, natura leza de la obligación y condiciones particulares del deudor entre otras”.

Que el numeral 11 del artículo 57 de la Ley 1952 de 2019, en relación a las faltas relacionadas con la Hacienda Pública, señala que constituye una falta gravísima: “11. No dar cumplimiento injustificadamente a la exigencia de adoptar el Sistema Nacional de Contabilidad Pública de acuerdo c on las disposiciones emitidas por la Contaduría General de la Nación y no observar las políticas, principios y plazos que en materia de contabilidad pública se expidan con el fin de producir información confiable, oportuna y veraz”.

3 Consejo de Estado. Sección Quinta. Providencia del 8 de marzo de 2001. Expediente 1512 4 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil - Rad.: 1.552 de 2004Página 5 de 9

Que el artículo 2.5.6.6 del Decreto 1068 de 2015, estipula que la responsabilidad y competencia para realizar la depuración, el castigo de los valores y la exclusión de la gestión de los valores conta bles de cartera recae en el representante legal de cada entidad, quien para tal fin pro ferirá el acto administrativo que corresponda, previa recomendación del Comité de Cartera.

cartera recae en el representante legal de cada entidad, quien para tal fin pro ferirá el acto administrativo que corresponda, previa recomendación del Comité de Cartera.

Que mediante el Decreto 445 de 2017, se adicionó el Título 6 a la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público y se reglamenta el parágrafo 4° del artículo 163 de la Ley 1753 de 2015 , prevé como causales para depurar y castigar la cartera de imposible recaudo, entre otras, la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo qu e le dio origen; y, sobre la depuración definitiva de la cartera de imposible recaudo de las entidades públicas del orden nacional”, en el artículo 2.5.6.3. señala:

“(…) Cartera de imposible recaudo y causales para la depuración de cartera. - No obstante, las gestiones efectuadas para el cobro, se considera que existe cartera de imposible recaudo p ara efectos del presente Título, la cual podrá ser depurada y castigada siempre que se cumpla alguna de las siguientes causales:

a. Prescripción. b. Caducidad de la acción. c. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo que le dio origen. d. Inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada, que impida ejercer o continuar ejerciendo los derechos de cobro. e. Cuando la relación costo-beneficio al realizar su cobro no resulta eficiente.” (Subrayado fuera del texto original)”.

· Sobre la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 10733 del 25 noviembr e de 1986, de la

e. Cuando la relación costo-beneficio al realizar su cobro no resulta eficiente.” (Subrayado fuera del texto original)”.

· Sobre la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 10733 del 25 noviembr e de 1986, de la carretera Pasto-Tumaco sector TUQUERRES LA VERBENA, en el Departamento de Nariño

Que la Resolución No. 10733 del 25 noviembre de 1986, expedida por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, para el recaudo de la contribución nacional de valorización causada por la cons trucción y pavimentación de la carretera Pasto-Tumaco sector TUQUERRES LA VERBENA , han perdido fuerza ejecutoria, pues desde el año 1986 a la fecha, han transcurrido más de 37 años y pese a las gestiones de cobro desplegadas, no se logró el pago total de la cartera.

Que el Grupo Gerencia de Fuentes de Financiación, mediante memorandos 2 025I-VBOG-041711 del 17 de junio de 2025, 2025I-VBOG-048424 del 9 de julio de 2025 y 2025I-VBO G-059124 del 11 de agosto de 2025, CERTIFICÓ la cantidad de predios y valores que se deben castigar en cada vía, en virtud del comité de cartera del 20 de agosto de 2024.

Que a través del Sistema de Recaudo de Valorización - SIREV, conforme quedó incor porado en la ficha técnica No. 20 de valorización para castigo de cartera presentada para el Comité de Cartera celebr ado el 20 de agosto de 2024, se identificaron 40 predios sobre los cuales no se acreditó el pago correspondiente.

No ORDEN PROPIETARIO CATASTRO MI CONT.

20 de agosto de 2024, se identificaron 40 predios sobre los cuales no se acreditó el pago correspondiente.

No ORDEN PROPIETARIO CATASTRO MI CONT. 1 2,220 INCODER 10150067 0 306,400 2 3,300 CHAMORRO ESCOBAR JOSE MARIA 20040002 254-17061 56,272 3 8,130 CAYCEDO MARTINEZ LUZ AMERICA 30097 0 150,640 4 20 AGUIRRE CAICEDO GONZALO 10030028 0 13,220 5 230 BRAVO EUDORO 20070212 0 99,260 6 1,382 LEON MONTILLA ANGEL SUCESORES 10010083 0 666,560 7 1,384 PAREDES PONCE CARLOS E 10010214 0 283,400 8 1,740 NINO CLEMENCIA 10150059 0 90,816 9 1,810 ORTIZ ARCENIO 10280072 0 73,900 10 1,860 PARROQUIA GUACHUCAL 10030013 0 20,740 11 1,880 PORTILLA DE MONTENEGRO LILIA Z 10150082 0 155,980 12 1,900 PORTILLA UNIGARRO ESTHER 10150068 0 223,740 13 2,050 RIVERA JOSE MARIA 10030125 0 18,400 14 2,070 RODRIGUEZ DE BENAVIDES TULIA 20070213 0 33,572 15 2,160 RUALES ORTIZ MANUEL 10150058 0 107,440

14 2,070 RODRIGUEZ DE BENAVIDES TULIA 20070213 0 33,572 15 2,160 RUALES ORTIZ MANUEL 10150058 0 107,440 16 2,170 RUALES ORTIZ MANUEL 10150070 0 134,300 17 2,620 WOODCOK ALFONSO 20070203 0 750,200 18 2,630 ZARAMA ZARAMA RAFAEL 10010196 0 12,508Página 6 de 9

No ORDEN PROPIETARIO CATASTRO MI CONT. 19 3,019 ORDONEZ CERON EDUARDO ALBERTO 20020204 0 176,730 20 3,490 ERAZO IMELDA 20030025 0 126,580

21 3,820 GUERRERO MORENO CESAR GUILLERMO 20020057 0 12,740 22 4,700 MONCAYO ERASO LIBORIO 20030022 0 100,200 23 5,161 BENAVIDES DE OLIVA ISMENIA 20010008 0 90,552 24 5,290 ORDONEZ CERON EDUARDO ALBERTO 20020178 0 314,280 25 6,100 VILLOTA DE OLIVA MARCELA 20030101 0 17,685 26 6,390 ZARAMA ZARAMA RAFAEL 20020015 0 45,078 27 7,080 BASTIDAS CAYCEDO EDGAR 10005 0 173,719 28 7,100 BASTIDAS ZAMBRANO BOLIVAR 10003 0 82,800

27 7,080 BASTIDAS CAYCEDO EDGAR 10005 0 173,719 28 7,100 BASTIDAS ZAMBRANO BOLIVAR 10003 0 82,800 29 7,400 BOLANOS SERGIO SUC 30312 0 31,540 30 9,700 FLOREZ LOPEZ SALVADOR 90124 0 20,560 31 10,060 GUERRERO ROSAS MIGUEL 60045 0 42,615 32 10,900 MARTINEZ AURELIANO 70111 0 66,500 33 11,070 MENESES ANTONIO SUC 10002 0 76,240 34 11,080 MENESES ANTONIO SUC 10008 0 70,480 35 11,090 MENESES ANTONIO SUC 10008 0 635,640 36 12,190 ORTEGA RIASCOS JOSE 30115 0 42,980 37 12,300 ORTEGA VDA DE VILLOTA MARTHA 10011 0 15,724 38 13,030 RAMIREZ DE O ISOLINA 60041 0 52,200 39 13,960 SOLARTE PANTOJA DANIEL 50006 0 133,980 40 14,470 ORTEGA CORAL JESUS HECTOR 09109 254-10293 500

Que a través de memorando No. 2024I-VBOG-045745 del 10 de julio de 2024 dirigido a la Subdirección de Defensa Jurídica, la Gerencia del Grupo Fuentes de Financiación, remitió los es tudios actualizados para

Que a través de memorando No. 2024I-VBOG-045745 del 10 de julio de 2024 dirigido a la Subdirección de Defensa Jurídica, la Gerencia del Grupo Fuentes de Financiación, remitió los es tudios actualizados para los proyectos de valorización de imposible recaudo para análisis y evaluación el Comité de Cartera , entre ellos el de la carretera Pasto-Tumaco sector TUQUERRES LA VERBENA ”.

Que, según se plasma en la solicitud anterior, el proyecto vial “ TUQUERRES LA VERBENA”, hace parte de las 37 vías trasladadas al INVÍAS, desde la liquidación del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, con una antigüedad de 37 años en gestión de cobro por concepto de contribución Nacional de Valorización.

Que, del total de los 40 predios, 38 figuran sin información jurídica, es decir no registran el folio de matrícula inmobiliaria. La mayoría de los predios, presentan mutaciones: englobes, des englobes, cambio de áreas y propietarios, dificultando las actividades de recaudo y cobro de la contribuci ón de valorización de los predios que conforman este proyecto y que a la fecha registran mora, únicamente se adelantó el cobr o jurídico a 03 predios, sin embargo, realizado el análisis de las partidas, se observa que el valor esperado de recaudo es inferior al costo que generaría su cobro, tales consideraciones figuran en la ficha 20 de la carretera por valorización analizada por el comité el 20 de agosto de 2024.

Que, con el propósito de someter a consideración el estudio de la depuración de la cartera por con cepto de Contribución Nacional de Valorización del Proyecto Vial sector TUQUERRES LA VERBENA se

Que, con el propósito de someter a consideración el estudio de la depuración de la cartera por con cepto de Contribución Nacional de Valorización del Proyecto Vial sector TUQUERRES LA VERBENA se presentó la ficha técnica a Comité de Cartera en la entidad, en la cual se plasmó el concepto jurídico frente al análisis y evaluación de las causales señaladas en el artículo 2.5.6.3 del Decreto 1068 de 201