JCIR ANT - Sentencia 05000312100120250002900-24-09-2025

RESTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS FORZOSAMENTE.

Radicado: 05000 31 21 001 2025 00029 00

Solicitantes: MARIA LUZDARY GALLEGO AGUDELO y LUIS ARGEMIRO MORALES GIRALDO.

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JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO

ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE ANTIOQUIA

Medellín, veinticuatro de septiembre de dos mil veinticinco

PROCESO: Solicitud de Restitución y Formalización de Tierras SOLICITANTES: María Luzdary Gallego Agudelo RADICADO: 05000 31 21 001 2025 00029 00

SENTENCIA No. 040 (024)

INSTANCIA Única

DECISIÓN Protege el derecho fundamental a la restitución de tierras de la señora María Luzdary Gallego Agudelo y del señor Luis Argemiro Morales Giraldo , en relación con la superficie de terreno ubicada en la vereda La Merced del Municipio de Granada (Antioquia). Se reúnen los elementos exigidos en la Ley 160 de 1994 y Decreto 902 de 2017, para ordenar la adjudicación del predio solicitado a favor de l os accionantes. Se dictan a las entidades las medidas tendientes a proteger el derecho fundamental invocado.

1. OBJETO POR DECIDIR

Procede el Despacho a proferir decisión de fondo dentro de la solicitud de Restitución y Formalización de Tierras, instaurada por la señora MARÍA LUZDARY GALLEGO

1. OBJETO POR DECIDIR

Procede el Despacho a proferir decisión de fondo dentro de la solicitud de Restitución y Formalización de Tierras, instaurada por la señora MARÍA LUZDARY GALLEGO AGUDELO (C.C. 43476385) y el señor LUIS ARGEMIRO MORALES GIRALDO (C.C. 70.828.031), quien actúa en el presente trámite a través de apoderad o judicial adscrito a la UAEGRTD, Dr. Hernán Darío Betancur López 1.

2. ANTECEDENTES

2.1. Fundamentos fácticos.

2.1.1. Solicitud.

La reclamante encamina sus pretensiones a la protección del derecho fundamental a la restitución y a la formalización de tierras despojadas y abandonadas, frente a un lote de terreno rural de naturaleza jurídica baldía -según los estudios de la informa ción cartográfica institucional y jurídica, adelantados por la UAEGRTD -, ubicado en el

1 Consecutivos 1 y 2.RESTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS FORZOSAMENTE.

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municipio de Granada (Antioquia). El lote de terreno , en específico se individualiza a continuación:

NATURALEZA: Baldía

VEREDA: La Merced

MUNICIPIO: Granada

DEPARTAMENTO: Antioquia

municipio de Granada (Antioquia). El lote de terreno , en específico se individualiza a continuación:

NATURALEZA: Baldía

VEREDA: La Merced

MUNICIPIO: Granada DEPARTAMENTO: Antioquia CÉDULA CATASTRAL: 05 313 00 02 00 00 0024 0029 0 00 00 0000.

FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA: 018-190259 de la ORIP de Marinilla ÁREA SOLICITADA: 1 hectáreas + 0262 metros cuadrados

2.1.2. Hechos.

La legitimación en la causa de la petente deviene de los siguientes hechos narrados por su apoderada judicial en la presentación de la solicitud:

2.1.2.1. La señora María Luzdary Gallego Agudelo , identificada con cédula de ciudadanía No. 43476385, expone que el predio fue adquirido por sus padres los señores María Alejandrina Agudelo de Gallego y Mario de Jesús Gallego García . Desde que nació ha vivido en el predio ; posteriormente, su mamá le dejo la mayor parte al hijo mayor Samuel Gallego, con el fin que los siguiera manteniendo, pero una vez fallecido el señor Mario de Jesús Gallego García, se realizó la respectiva repartición del predio.

Posterior los hermanos Fermín de Jesús Gallego Agudelo y Mauricio Antonio Gallego Agudelo, le venden su parte a la solicitante. El predio era utilizado para la vivienda familiar y todos sus habitantes desempeñaban labores de campo para la producción de caña, plátano y café

Agudelo, le venden su parte a la solicitante. El predio era utilizado para la vivienda familiar y todos sus habitantes desempeñaban labores de campo para la producción de caña, plátano y café

2.1.2.2. Manifestó la accionante que constantemente recibían amenazas del ejército, recibían insultos, entraban a la casa y se quedaban a dormir. En el territorio hacia presencia la guerrilla y los paramilitares. En el año 2002 , se encontraba con su esposo el señor Luis Argemiro Morales en la ramada, moliendo caña, cuando a las 5:30 a.m. ingresaron unos paramilitares, los sacaron del lugar y los acorralaron pensando que ellos eran guerrilleros, al señor Luis Argemiro Morales lo llevaron a una esquina contra unos palos de café y le colocaron un arma ; a l a señora María Luz Dary Gallego, la acostaron contra una pilastra, la insultaban y le decían que estaba buena para matarla.

La solicitante les manifestó a sus agresores, que se aprovechaban que tenían armas, le pegaron un golpe y en ese momento reconoció uno de los hombres y este manifestó que ellos no eran los guerrilleros. Los soltaron, terminaron de moler, y se desplazaron para Granada con sus hijos Eidy Yuliana Morales Gallego, Edilson Morales Gallego, Maryori Morales Gallego y Yuleny Andrea Morales Gallego, dejando todos los animales y los cultivos.RESTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS FORZOSAMENTE.

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2.1.2.3. Entre el año 2009 y 2010, el esposo de la solicitante, el Señor Luis Argemiro Morales retorn ó al predio, actualmente trabaja la tierra, con la producción de caña y café. La casa se encuentra en mal estado, con fallas estructurales.

3. SÍNTESIS DE LAS PRETENSIONES

La UAEGTRD, actuando en nombre de los solicitantes, indicó en el escrito petitorio que se accediera a las pretensiones que se sintetizan a continuación:

3.1. Con fundamento en la situación fáctica narrada, se pidió el amparo al derecho fundamental a la restitución y a la formalización de tierras, a favor de la solicitante María Luzdary Gallego Agudelo y del señor Luis Argemiro Morales Giraldo.

3.2. Como medida de formalización, se solicitó la adjudicación, por parte de la Agencia Nacional de Tierras, de la superficie de terreno identificada con FMI No. 018-190259 de la ORIP de Marinilla, y cuya titularidad del derecho de dominio radica en La Nación (de allí su naturaleza jurídica baldía), a favor de la accionante.

3.3. Asimismo, se instó por las demás medidas de atención, asistencia y repara ción integral, previstas en la ley de víctimas y restitución de t ierras, para el goce material y jurídico efectivo del derecho fundamental a la restitución y a la formalización de tierras.

4. ACTUACIÓN PROCESAL

integral, previstas en la ley de víctimas y restitución de t ierras, para el goce material y jurídico efectivo del derecho fundamental a la restitución y a la formalización de tierras.

4. ACTUACIÓN PROCESAL

4.1. Del trámite administrativo.

Para el caso de la señora María Luzdary Gallego Agudelo y el señor Luis Argemiro Morales Giraldo , luego de la recopilación y práctica de los elementos probatorios; las diligencias administrativas concluyeron con la expedición del acto administrativo RA 00301 de 3 de julio de 202 5, por medio del cual se accedió a la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, de los solicitantes y la superficie de terreno identificada e individualizad a en el numeral 2.1 de la presente providencia. Hecho que materializa el requisito de procedibilidad exigido en el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, para adelantar el proceso judicial2.

Acreditado lo anterior, l os reclamantes, amparad os bajo los postulados del canon normativo 81 de la Ley 1448 de 2011, otorgan poder para su representación en la etapa judicial, a la UAEGRTD, la cual designó para el efecto a un abogado adscrito a esa entidad, Dr. Hernán Darío Betancur López.

4.2. Del trámite judicial.

Con la presentación de la solicitud de restitución y formalización de tierras, el día 11 de julio de 2025, a través del aplicativo Cero Papel del Portal de Restitución de Tierras de

4.2. Del trámite judicial.

Con la presentación de la solicitud de restitución y formalización de tierras, el día 11 de julio de 2025, a través del aplicativo Cero Papel del Portal de Restitución de Tierras de

2 Consecutivo 1.RESTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS FORZOSAMENTE.

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la Rama Judicial, se dio inicio al trámite jurisdiccional; correspondiéndole por reparto el conocimiento de aquella a esta judicatura3.

Del subsecuente estudio de admisibilidad de la solicitud, a la luz de las disposiciones legales y constitucionales, esta Judicatura, mediante providencia s interlocutorias No. 441 del 14 de julio de 2025 (C. 2) y de No. 470 del 24 de julio de 2025 (C. 5), inadmitió la acción en tanto adolecía de defectos relacionados con lo literales a. y e. del artículo 84 de la Ley 1448 de 2011; por lo que una vez subsanados los mismos por parte del representante judicial de los accionantes como lo denotan los consecutivos 4 y 7, se admitió la solicitud mediante auto interlocutorio No. 488 del 4 de agosto de 2025 (C. 10), ordenándose, entre otros, surtir la notificación del inicio de la etapa jurisdiccio nal a la vocera judicial de la petente, al Ministerio Público, al Representante Legal del Municipio

ordenándose, entre otros, surtir la notificación del inicio de la etapa jurisdiccio nal a la vocera judicial de la petente, al Ministerio Público, al Representante Legal del Municipio de Granada (Antioquia)4 y a quien es obran como administradores de los predios baldíos o representante de la Nación : Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras (C. 11).

Ahora bien, la publicación de la admisión de la solicitud ordenada en el ordinal QUINTO -conforme el literal e) del a rtículo 86se efectuó en el periódico El Tiempo el día 10 de agosto de 2025 (C. 29), y aportada al despacho el 2 de septiembre de 2025.

Por su parte, se ordenó la inscripción en el FMI No. 018-190259 de la admisión de la solicitud y la sustracción provisional del comercio del terreno reclamado, como lo denota el ordinal TERCERO de ese proveído ; por lo que la ORIP de Marinilla aportó el correspondiente certificado registral con las respectivas anotaciones como lo denota el consecutivo 20.

Una vez integrados los sujetos procesales en debida forma, mediante auto interlocutorio No. 602 del 3 de septiembre de 2025, se prescindió de la etapa probatoria (C. 30), por lo que el día 10 de septiembre de 2024, pasa a despacho para sentencia el presente trámite (C. 32).

5. PRESUPUESTOS PROCESALES Y PROBLEMAS JURÍDICOS A RESOLVER

5.1. La Competencia.

De conformidad con los artículos 79 5 y 80 de la Ley 1448 de 2011, es competente esta

5. PRESUPUESTOS PROCESALES Y PROBLEMAS JURÍDICOS A RESOLVER

5.1. La Competencia.

De conformidad con los artículos 79 5 y 80 de la Ley 1448 de 2011, es competente esta dependencia judicial para proferir decisión de fondo en única instancia, dentro de la presente solicitud de Restitución y Formalización de Tierras; toda vez que no se presentaron opositores que pretendieran hacer valer mejor o igual derecho que los solicitantes durante el término señalado para tal fin. Asimismo , por hallarse ubicado el predio objeto de petitum en el municipio de Granada (Antioquia), territorio sobre el cual tienen competencia los jueces civiles del circuito, especializados en restitución de tierras de Antioquia6.

3 Ibíd. 4 Consecutivo 11. 5 Precepto declarado exequible en Sentencia C-099 del 27 de febrero de 2013. 6 Acuerdo PSAA 12-9699 de 21 de septiembre de 2012.RESTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS FORZOSAMENTE.

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5.2. Legitimación.

Son titulares de la acción regulada por la Ley 1448 de 2011, los propietarios o poseedores de predios, o explotadores de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación, que hayan sido despojados de estos o que se hayan visto obligados a abandonarlos como consecuencia directa o indirecta de los hechos que configuren las

poseedores de predios, o explotadores de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación, que hayan sido despojados de estos o que se hayan visto obligados a abandonarlos como consecuencia directa o indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, ocurridas entre el 1 de enero de 1991 y el término de vigencia de la norma (10 años).

Así entonces, la señora María Luzdary Gallego Agudelo y su cónyuge se encuentran legitimados, en su calidad de ocupantes del fundo adquirido informalmente desde el año 1991, identificado con FMI No .018-190259; como quiera que , por los hechos de violencia acaecidos en el año 2002, se vi eron privados de gozar y disponer de este, afectando severamente y de manera nociva sus condiciones de vida y la de su grupo familiar conformada al momento de los hechos victimizantes por sus hijos: Eidy Yuliana Morales Gallego, Edilson Morales Gallego, Maryori Morales Gallego y Yuleny Andrea Morales Gallego.

En ese sentido, la señora María Luzdary Gallego Agudelo y el señor Luis Argemiro Morales Giraldo , se encuentra n legitimados para actuar en calidad de ocupante s campesinos que vieron afectada la relación jurídica con el fundo como consecuencia de los hechos de violencia acaecidos en el año 2002.

5.3. De los requisitos formales del proceso.

La solicitud, se direccionó con el procedimiento establecido en la Ley 1448 de 2011 -por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las

5.3. De los requisitos formales del proceso.

La solicitud, se direccionó con el procedimiento establecido en la Ley 1448 de 2011 -por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno colombiano -, respetándose los presupuestos materiales y procesales para tramitar el asunto litigioso propuesto, sin que se presente causal de nulidad alguna que invalide lo actuado; además de respetarse el derecho fundamental al debido proceso, tanto de l os solicitantes como de terceros que pudieran verse interesados en este trámite; advirtiéndose desde ya la falta de oposición alguna para la prosperidad de las pretensiones.

5.4. Problemas jurídicos.

Son dos los problemas jurídicos que se presentan en este caso:

5.4.1. El primero de ellos, consiste en dilucidar si resulta procedente declarar en sentencia la vulneración y, subsecuentemente, el amparo del derecho fundamental a la restitución y a la formaliz ación de tierras de l os reclamantes María Luzdary Gallego Agudelo y Luis Argemiro Morales Giraldo , en calidad de ocupantes, respecto de la superficie de terreno identificada con FMI No. 018-190259, de la cual, es titular actual , La Nación.

Para ello, habrá de establecerse el nexo causal entre los hechos del conflicto armado interno y su afectación a la relación jurídica que ostentaba la señora María LuzdaryRESTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS FORZOSAMENTE.

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Gallego Agudelo y el señor Luis Argemiro Morales Giraldo , sobre la superficie de terreno, en los términos de los artículos 74 y 75 de la Ley 1448 de 2011 7 y la sentencia de tutela T-63 del 2017, con el objeto de que puedan hacerse acreedores junto con su grupo familiar, a las medidas de asistencia, atención y reparación consagradas en tal normativa.

Igualmente, se abordará el demás articulado jurídico concordante, así como el precedente jurisprudencial, que conlleve a tomar una decisión ajustada a derecho, dentro del marco de los postulados de la justicia transicional, concebida para la protección y reparación integral a las víctimas.

5.4.2. Una vez determinado que los titulares de la acción vieron afectada su relación jurídica con la heredad por los hechos del conflicto armado, se procederá conforme l a Constitución Política, Ley 160 de 1994, Decreto 902 de 2017 y Ley 1900 de 2018 –por enfoque diferencial de género en el caso de la accionantey jurisprudencia concordante, a determinar si hay lugar a formalizar en los términos pretendidos, una superficie de terreno sobre el que se predica haber ejercido una ocupación.

6. MARCO NORMATIVO

6.1. Justicia Transicional.

El concepto de justicia transicional, ha sido abordado por la Corte Constitucional en tres

superficie de terreno sobre el que se predica haber ejercido una ocupación.

6. MARCO NORMATIVO

6.1. Justicia Transicional.

El concepto de justicia transicional, ha sido abordado por la Corte Constitucional en tres decisiones: Sentencia C-370 de 2006, C -1119 de 2008 (Ley de Justicia y Paz) y C -771 de 2011 (Ley de Verdad Histórica), señalando que se trata de un sistema o tipo de justicia de características particulares, que aspira a superar una situación de conflicto o postconflicto, haciendo efectivos en el mayor nivel posible, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas frente a un pasado de graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, teniendo como límite la medida de lo que resulte conducente al logro y mantenimiento de la paz social”.

Así mismo, reconoce que la implementación de los mecanismos de justicia transicional “es una alternativa válida dentro del marco constitucional, cuando concurran especiales circunstancias que justifican la adopción excepcional de este tipo de medidas”8

Con la expedición de la Sentencia T -025 de 2004 y los autos de seguimiento al problema de desplazamiento forzado que vive el país, la Corte Constitucional reconoce y es enfática en la necesidad de restablecer los derechos de las víctimas por parte del

7 ARTÍCULO 74. DESPOJO Y ABANDONO FORZADO DE TIERRAS . Se entiende por despojo la acción por medio de la cual, aprovechándose de la

situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, median te negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia. Se entiende por abandono forzado de tierras la situación temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada a d esplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la administración, explotación y contacto directo con los predios que debió desatender en su desplazamiento durante el periodo establecido en el artículo 75. La perturbación de la posesión o el abandono del bien inmueble, con motivo de la situación de violencia que obliga al desplaz amiento forzado del poseedor durante el período establecido en el artículo 75, no interrumpirá el término de prescripción a su favor. El despojo de la posesión del inmueble o el desplazamiento forzado del poseedor durante el período establecido en el artículo 75 no interrumpirá el término de usucapión exigido por la normativa. En el caso de haberse completado el plazo de posesión exigido por la normativa , en el mismo proceso, se podrá presentar la acción de declaración de pertenencia a favor del restablecido poseedor. Si el despojo o el desplazamiento forzado perturbaron la explotación económica de un baldío, para la adjudicación de su derec ho de dominio a favor del despojado no se tendrá en cuenta la duración de dicha explotación. En estos casos el Magistrado deberá acoger el criterio sobre la Unidad

Agrícola Familiar como extensión máxima a titular y será ineficaz cualquier adjudicación que exceda de esta extensión. El propietario o poseedor de tierras o explotador económico de un baldío, informará del hecho del desplazamiento a cualquiera de las siguientes entidades: la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Agraria, la Unidad Administrativa Especial de G estión de Restitución de Tierras Despojadas o a la Procuraduría General de la Nación, a fin de que se adelanten las acciones a que haya lugar. 8 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C – 771 de 2011. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.RESTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS FORZOSAMENTE.

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Estado colombiano, a través de medidas de reparación que reconozcan y transformen el estado de vulnerabilidad de las víctimas, y garanticen el derecho de propiedad, posesión u ocupación de una población que fue desarraigada de su lugar de origen o residencia, perdiendo sus costumbres y su identidad cultural.

Con sustento en la premisa anterior, se expide la Ley 1448 de 2011, caracterizada por la flexibilización de las normas procesales y probatorias de la justicia civil a favor de las víctimas reclamantes, por cuanto los despojos y abandonos forzados sucedidos en el marco del conflicto armado interno tienen como sujetos pasivos a las víctimas, quienes generalmente después de las graves afectaciones quedan en la imposibilidad de

víctimas reclamantes, por cuanto los despojos y abandonos forzados sucedidos en el marco del conflicto armado interno tienen como sujetos pasivos a las víctimas, quienes generalmente después de las graves afectaciones quedan en la imposibilidad de acreditar o probar hechos indispensables para la tutela efectiva de sus derechos9.

En esa lógica, el proceso judicial se encuentra enmarcado en los parámetros de la justicia transicional; por cuanto contiene unos principios, un marco de aplicación propio y un tratamiento especial de las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

6.2. Reparación integral y de la restitución, como derechos fundamentales de las víctimas de desplazamiento forzado.

El desplazamiento forzado, al cual se vio abocada una multitud de personas a causa del conflicto armado, generó una grave crisis humanitaria en el país, reflejada en el éxodo masivo de personas, para salvaguardar su vida y la de su familia de la confrontación bélica. Ello afectó acentuadamente a la población de estirpe campesina, que ya padecía el abandono estatal y la desidia institucional, frustrando su proyecto de vida ligado a la tierra10, dejándolos vulnerables mientras huían, y viéndose obligados a establecerse en un lugar extraño, sometidos a toda clase de inseguridades y marginalidades, e impedidos en el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.

Dada la magnitud del fenómeno del desplazamiento forzado, y el resquebraj amiento del tejido social , por la constante y sistemática vulneración de derechos y garantías fundamentales, cohonestado en ocasiones por la acción u omisión del Estado, la Corte

Dada la magnitud del fenómeno del desplazamiento forzado, y el resquebraj amiento del tejido social , por la constante y sistemática vulneración de derechos y garantías fundamentales, cohonestado en ocasiones por la acción u omisión del Estado, la Corte Constitucional, mediante sentencia T-025 de 2004, declaró la existencia del “estado de cosas” contrario a la Constitución, lo cual sirvió como punto de partida para que autoridades desde diversos niveles del gobierno y la sociedad en pleno, aunaran esfuerzos con el objeto de superarlo11.

De lo anterior surgieron varias políticas de atención a la crisis humanitaria, a través de distintos programas y mecanismos interinstitucionales. Más recientemente se abrió paso un modelo que propende por la reparación integral , a través de diversas medidas de indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, consagradas desde mucho antes en el derecho internacional, y que en el ordenamiento interno se reflejó12 en la Ley 1448 de 2011, dentro del cual se incluyó como derecho fundamental

9 COLOMBIA. Ley 1448 de 2011, artículo 1°. “Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales.” 10 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias T-085 de 2009 y T-585 de 2006.

de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales.” 10 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias T-085 de 2009 y T-585 de 2006. 11 Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 2004. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. 12 Corte Constitucional. Sentencia C-715 de 2012. M. P. Luís Ernesto Vargas Silva.RESTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS FORZOSAMENTE.

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el de la restitución y formalización de tierras despojadas y abandonadas, con ocasión del conflicto armado interno, a través de un proceso con linaje constitucional, especial, preferente, y circunscrito en un marco de justicia transicional. Lo anterior, atendiendo al principio de que cuando una persona sea sujeto pasivo de una injuria o daño ocasionado por otra, o por el mismo Estado, se genera un derecho a recibir una prestación resarcitoria, “ como quiera que ésta no está obligada a soportar la conducta antijurídica de la que fue objeto”13.

De conformidad con la Corte Constitucional, las reparaciones que se deducen de esta prerrogativa fundamental deben ser, en la medida de lo posible, integrales y plenas, en el sentido que estas deben estar determinadas tanto por la justicia restaurativa como por la justicia distributiva, de tal manera que se garantice el retorno de la situación de

prerrogativa fundamental deben ser, en la medida de lo posible, integrales y plenas, en el sentido que estas deben estar determinadas tanto por la justicia restaurativa como por la justicia distributiva, de tal manera que se garantice el retorno de la situación de las víctimas al estado anterior al hecho vulneratorio; no obstante, de no ser posible lo anterior, se debe optar por medidas tales como las indemnizaciones compensatorias14.

En ese orden, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido la obligación de amparar las prerrogativas de las víctimas de los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, mediante una reparación justa y proporcional al daño sufrido; satisfaciéndose tanto los daños materiales como inmateriales, incluyéndose el daño emergente y el lucro cesante, así como las diversas medidas de rehabilitación, tanto a nivel individual como colectivo; siendo esta última referida a las reparaciones de carácter simbólico15.

Particularmente, en situaciones de desplazamiento y abandono forzado, fenómeno que genera hondas afectaciones desde el punto de vista individual y social, tras el desarraigo en contra de la voluntad, la restitución se erige como el componente preferencial y principal del derecho fundamental a la reparación integral, debido a que la primera se consagra como presupuesto axiológico y material de la satisfacción del segundo. En este sentido, la medida inicial que ha de adoptarse en aras de alcanzar la reparación integral de las víctimas de desplazamiento y/o despojo, ha de ser el permitir que estas puedan retornar a su lugar de origen o residencia habitual, antes de que aconteciese el despojo y/o abandono; independientemente de las demás medidas de reparación que el Estado se encuentre en obligación de proporcionar16.

que estas puedan retornar a su lugar de origen o residencia habitual, antes de que aconteciese el despojo y/o abandono; independientemente de las demás medidas de reparación que el Estado se encuentre en obligación de proporcionar16.

De ese modo, la restitución ha de entenderse en especial consonancia con el derecho fundamental a que el Estado les respete la conservación de la propiedad, posesión u ocupación que ostentan las víctimas, y les restablezca el uso, goce y libre disposición

13 Corte Constitucional. Sentencia T -085 de 2009 . M. P. Jaime Araujo Rentería. En consonancia con artículo 2341 del Código Civil: “[ E]l que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal q ue la ley imponga por la culpa o el delito cometido ” y con el art. 94 del Código Penal: “ [L]a conducta punible origina obligación de reparar los daños materiales y morales causados con ocasión de aquella”. Citados en Ibíd. 14 Corte Constitucional. Sentencia C-715 de 2012. Op. Cit. 15 El fundamento normativo en el que sustenta este derecho fundamental está compuesto, entre otras cosas, por: (i) los artículos 1º -relativo a la dignidad humana -, 2º -donde se consagra la efectividad de los principios, derechos y deberes como uno de los fines del Estado -, 90 -donde se encuentra la responsabilidad patrimonial del Estado frente el acontecimiento de un daño antijurídico -, 229 –relacionado con la administración de

justiciay 250 –donde se establece el deber de asistencia de las víctimas dentro del proceso penal por parte la Fiscalía General de la Nación - de la Carta Magna; (ii) las sentencias de la Corte Constitucional C 228 de 2002, C 916 de 2002, T 188 de 2007, T 821 de 2007 (ademá s de las citadas); (iii) lo dispuesto tanto en la Ley 975 de 2005 como en la 1448 de 2011. En el ámbito internacional puede encontrarse: (i) el primer inciso del artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; (ii) los Principios y directrices básicos sobre el derecho