JEP - Auto SRT SB AMG 062 05 febrero 2025

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

TRIBUNAL PARA LA PAZ

SECCIÓN DE REVISIÓN

Auto SRT-SB-AMG-062

Bogotá D.C., 5 de febrero de 2025

Expediente: 0001662-56.2021.0.00.0001

Trámite:

Asunto: Supervisión y Revisión de Beneficios Provisionales Resuelve sobre representación judicial y emite otras determinaciones

Compareciente: Henry Mauricio Rico Gómez

I. ASUNTO POR RESOLVER

1. Procede el Despacho de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz a resolver sobre la representación judicial y a tomar otras determinaciones, en el marco del trámite de Supervisión y Revisión de Beneficios Transicionales

(SB) del señor HENRY MAURICIO RICO GÓMEZ , identificado con cédula de ciudadanía No. 79.171.412.

II. ANTECEDENTES

2. Con Auto de Sustanciación No. 312 de 9 de diciembre de 202 21, este Despacho dispuso , entre otras determinaciones , avocar conocimiento de la supervisión y revisión del beneficio de libertad condicionada otorgado al

2. Con Auto de Sustanciación No. 312 de 9 de diciembre de 202 21, este Despacho dispuso , entre otras determinaciones , avocar conocimiento de la supervisión y revisión del beneficio de libertad condicionada otorgado al señor RICO GÓMEZ , por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías (Meta) (Juzgado 1EMPS de Acacías ) mediante Auto de 8 de mayo de 2017. En esta misma decisión, se formularon algunas órdenes orientadas a supervisar el cumplimiento de las condiciones

1 Jurisdicción Especial para la Paz. Sistema de Gestión Judicial de la JEP – LEGALI. Expediente No. 0001662-56.2021.0.00.0001 (en adelante Expediente Legali). Fls. 313-334.P á g i n a 2 | 15

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que le son exigibles al compareciente -correlativas al tratamiento especial liberatorio del que es beneficiario y en atención a la suscripción de acta de compromisoy a determinar la vigencia del beneficio.

2. La mencionada decisión fue notificada a través de correo electrónico al compareciente RICO GÓMEZ2, a la Secretaría Ejecutiva de la JEP (SEJEP)3, al Juzgado 1EMPS de Acacías 4, al Ministerio Público 5, al abogado Juan David Rayo Jiménez6, el 20 de diciembre de 2022, los cuales cuenta con su respectivo acuse de entrega del mismo día, mes y año.

Juzgado 1EMPS de Acacías 4, al Ministerio Público 5, al abogado Juan David Rayo Jiménez6, el 20 de diciembre de 2022, los cuales cuenta con su respectivo acuse de entrega del mismo día, mes y año.

3. El 13 de diciembre de 20227, con Resolución SAI-SUBB-AOI-D-011-2022 de 1 de diciembre de 2022, la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) decidió de fondo sobre el beneficio de amnistía de once comparecientes . No obstante, dentro de los comparecientes referidos en dicha resolución no se enc ontró relacionado el señor RICO GÓMEZ.

4. El 3 de enero de 2023 8, el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías, dio respuesta a lo requerido mediante Auto de Sustanciación No. 312 de 9 de diciembre de 2022. Para tal efecto, remitió copia del Auto de Sustentación del 2 de enero de 2023, proferido por el Juzgado 1EMPS de Acacías, en el que informa, entre otras cosas, que dentro el proceso con radicación No. 50 -31331-04-001-20211-00018 (2011 -00018), por el delito rebelión, la víctima fue el Estado, sin condenarlo a pago de perjuicios.

5. En esa misma respuesta, señaló que frente al proceso No. 50-001-31-07003-2007-00070 (2007 -00070), por los delitos de fabricación o porte de estupefacientes agravado, en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico o

003-2007-00070 (2007 -00070), por los delitos de fabricación o porte de estupefacientes agravado, en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones, no se han individualizado las víctimas por ser delitos contra los bienes jurídicos de las salud y seguridad pública.

2 Expediente Legali. Fls. 16-17. 3 Expediente Legali. Fls. 18-19. 4 Expediente Legali. Fls. 20-21. 5 Expediente Legali. Fls. 22-23. 6 Expediente Legali. Fls. 145-146. 7 Expediente Legali. Fls. 31-141. 8 Expediente Legali. Fls. 25-30.P á g i n a 3 | 15

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6. El 23 de enero de 2023 9, con oficio Conti No. 202303000827, la SEJEP informó que, una vez consultado el sistema de Gestión Documental Conti, encontró que el aquí compareciente otorgó poder al abogado Juan David Rayo Jiménez, adscrito al Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD Comparecientes). Por lo que no se procederá a una nueva designación.

7. El 9 de febrero de 2023 10, el mencionado Centro de Servicios Administrativos remitió el oficio No. J1-2988, en el que informó que el Juzgado 1EMPS de Acacías, dispuso el archivo definitivo de las diligencias de la radicación No. 2011 -00018, las cuales fueron objeto de acumulación por el

Juzgado 1EMPS de Acacías, dispuso el archivo definitivo de las diligencias de la radicación No. 2011 -00018, las cuales fueron objeto de acumulación por el Juzgado Penal del Circuito de Granada (Juzgado PC de Granada). Lo anterior, debido al decreto de la extinción de la sanción penal por aplicación de la amnistía de iure por el delito de rebelión que le fue concedida al señor RICO GÓMEZ.

8. En ese mismo oficio indicó que se comunicó a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio, con destino al proceso No. 2017-00070, para que se continúe con la vigilancia de la impuesta sin persona privada de la libertad únicamente por el delito de fabricación o porte de estupefacientes agravado.

9. El 10 de febrero de 2023 11, mediante constancia secretarial No. 48, la Secretaría Judicial de esta Sección (SEJUD SR) dejó constancia de la imposibilidad de contacto de víctimas, conforme a la respuesta emitida por el Juzgado 1EMPS de Acacías.

10. El 23 de febrero de 2024 12, con radicado Conti No. 202403005624, la SEJEP informó la revocatoria del poder al abogado Juan David Rayo Jiménez adscrito al SAAD Comparecientes. Asimismo, designó al abogado Alexander Arias Castrillón, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.750.564 y tarjeta profesional No. 237.952 del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), también adscrito al SAAD Comparecientes, para que asuma la defensa en todas las actuaciones que se surtan dentro del presente asunto.

tarjeta profesional No. 237.952 del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), también adscrito al SAAD Comparecientes, para que asuma la defensa en todas las actuaciones que se surtan dentro del presente asunto.

9 Expediente Legali. Fls. 142-143. 10 Expediente Legali. Fls. 147-150. 11 Expediente Legali. Fl. 144. 12 Expediente Legali. Fls. 152-155.P á g i n a 4 | 15

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11. 27 de febrero de 2023 13 y 26 de febrero de 2024 14, por medio de los informes secretariales números 556 y ISJ.TSR.0001181.2024, respectivamente, la SEJUD SR allegó el trámite de notificación y comunicación y las respuestas arriba mencionadas.

12. Mediante “Constancia de consulta y descarga de información” de 21 de enero de 202515, una funcionaria de la SR allegó al expediente los siguientes documentos: (i) reporte de consulta en el Registro de la Población Privada de la Libertad – INPEC, contentivo en un (1) folio 16; (ii) certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, contentivo en dos (2) folios17 y (iii) reporte de consulta en línea de antecedentes penales del registro de la Policía Nacional, contentivo en un (1) folio18. En igual sentido, se dejó constancia de la consulta que se realizó en el aplicativo del Vista 360 y en el Visor de Inventarios y Beneficios, en donde se constató los datos de contacto del aquí compareciente.

constancia de la consulta que se realizó en el aplicativo del Vista 360 y en el Visor de Inventarios y Beneficios, en donde se constató los datos de contacto del aquí compareciente.

13. En el mismo sentido, se dejó “constancia de gestión telefónica ” de 21 de enero de 202519, en la que da cuenta de la comunicación que se obtuvo con el señor RICO GÓMEZ. Lo anterior, a fin de actualizar los datos de contacto.

III. CONSIDERACIONES

14. De la información obrante en la actuación, es menester plantear algunas consideraciones y tomar determinaciones sobre los siguientes temas:

(i) representación judicial del compareciente; (ii) continua adaptación de la comparecencia; (iii) posibilidad de intervención de las víctimas ; y (iv) caso concreto.

3.1. Representación judicial del compareciente

15. El literal e) del artículo 1 de la Ley 1922 de 2018, al desarrollar los principios de las actuaciones seguidas por la Jurisdicción, indicó que estas se

13 Expediente Legali. Fl. 151. 14 Expediente Legali. Fl. 156. 15 Expediente Legali. Fls. 164-165. 16 Expediente Legali. Fl. 160. 17 Expediente Legali. Fls. 162-163. 18 Expediente Legali. Fls. 161. 19 Expediente Legali. Fls. 164-165.P á g i n a 5 | 15

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regirán por el debido proceso, lo que implica que: “ En los procedimientos adelantados ante la JEP, siempre se deberá garantizar el debido proceso entendido,

regirán por el debido proceso, lo que implica que: “ En los procedimientos adelantados ante la JEP, siempre se deberá garantizar el debido proceso entendido, como mínimo, la necesidad de participar en la actuación, de notificación oportuna y al ejercicio del derecho a la defensa y contradicción de pruebas”.

16. El derecho a la defensa es un componente fundamental del debido proceso que posibilita la eficacia de otros derechos y garantías en las actuaciones judiciales y administrativas, especialmente, en las vinculadas al derecho sancionatorio, en las que se debat e sobre su libertad, respecto a la limitación de sus derechos y se puede modificar su situación jurídica. La defensa debe garantizarse en toda actuación, conforme con lo dispuesto por el artículo 29 Superior, y esta debe ser “ integral, ininterrumpida, técn ica y material”, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 600 de 2000.

17. Ahora bien, según reglado por el artículo 6 de la Ley 1922 de 2018, la defensa podrá ser proveída por el compareciente a través de apoderado de confianza o del SAAD y, subsidiariamente, por el sistema de defensoría pública.

3.2. Continua adaptación de la comparecencia

18. Como se ha manifestado desde el avocamiento de esta actuación, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el artículo 157 de la Ley 1957 de 2019 se refirió a la obligación de adaptar de manera continua la comparecencia ante el SIVJRNR, advirtiendo que esta es exigible para “quienes no han sido indultados o amnistiados, de manera que la libertad que les ha sido otorgada, en cuanto no es definitiva, [debe ser] supervisada por las salas competentes

comparecencia ante el SIVJRNR, advirtiendo que esta es exigible para “quienes no han sido indultados o amnistiados, de manera que la libertad que les ha sido otorgada, en cuanto no es definitiva, [debe ser] supervisada por las salas competentes de la JEP, garantizando así el cumplimiento del régimen de condicionalidad, los derechos de las víctimas y la no repetición de los hechos ”20. Además, la Sección de Apelación al detallar en la naturaleza jurídica de la potestad de SB, resaltó el papel que desempeña el principio de continua adaptación de la comparecencia, precisando que existe “ la necesidad de mantener o fomentar la confianza construida a través de mecanismos provisionales de acceso a la libertad, sin

20 Corte Constitucional. Sentencia C-080 de 2018. Pág. 775.P á g i n a 6 | 15

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perder de vista el imperativo de asegurar una efectiva contribución a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición”21.

19. En ese sentido, la SR debe propender por la materialización del principio de continua adaptación de la comparecencia22, garantizando que los beneficiarios de libertades provisionales no solo puedan ser convocados a la JEP, sino que se encuentren efectivamente a su disposición y acudan a resolver su situación jurídica de manera definitiva, en especial, en los casos de pers onas que han sido investigadas o condenadas por delitos no amnistiables23.

3.3. Posibilidad de intervención de las víctimas y pautas generales para la

resolver su situación jurídica de manera definitiva, en especial, en los casos de pers onas que han sido investigadas o condenadas por delitos no amnistiables23.

3.3. Posibilidad de intervención de las víctimas y pautas generales para la protección de la información24

20. Si bien es cierto que ni de los artículos 157 y 158 de la LEJEP, como tampoco de la interpretación de la SA se contempla de manera expresa la posibilidad de la intervención de las víctimas en el trámite de SB, no es menos cierto que estas pueden aportar información valiosa de cara a la resolución definitiva de la situación jurídica de una persona –ante la autoridad competente– o el cumplimiento del principio de continua adaptación de la comparecencia, por lo que dich a posibilidad no está prohibida aunque sí delimitada por la naturaleza y las características del presente trámite.

21. En ese sentido, al considerarse la función de SB como accesoria a la concesión de beneficios provisionales y sin la potencialidad para definir de manera definitiva la situación jurídica de un compareciente, la participación de las víctimas no se exige como plena, sino que genera efectos siempre que aquellas decidan intervenir en el trámite desde la actividad de seguimiento y control de la situación de quienes han sido beneficiarios de tratamientos especiales liberatorios provisionales y que se traduce en do s aspectos principales: (i) vigilar el cumplimiento de las condiciones generales y

21 Jurisdicción Especial para la Paz. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. TP -SA-SENIT 2 de

2019. Pár. 119. 22 Jurisdicción Especial para la Paz. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. TP -SA-SENIT 2 de

2019. Pár. 119.

2019. Pár. 119. 22 Jurisdicción Especial para la Paz. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. TP -SA-SENIT 2 de

2019. Pár. 119. 23 Jurisdicción Especial para la Paz. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. TP -SA-SENIT 2 de

2019. Párrafos 89 y 125. 24 Se reitera: Jurisdicción Especial para la Paz. Tribunal para la Paz. Sección de Revisión. Autos SRTSB-AMG 489 y 253 de 2023.P á g i n a 7 | 15

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especiales por parte de los beneficiarios de estos tratamientos, a través de los órganos de la JEP o de las autoridades que tienen a su cargo realizar la parte operativa de esa labor (supervisión); e (ii) imponer condiciones especiales al ejercicio de los tratamientos especiales liberatorios, particularmente, cuando estos hayan sido concedidos en eventos de delitos graves (revisión)25.

22. La SA ha entendido que la intervención de las víctimas debe ser proporcional, en intensidad y extensión, a las características del trámite, las discusiones y asuntos que se debaten, así como a la clase de tratamiento especial estudiado. Así, cuando el tema por decidir es un tratamiento de carácter definitivo, es decir, aquellos con la potencialidad de definir la situación jurídica, la participación de las víctimas debe ser plena 26, mientras que, en etapas incipientes e intermedias, en las que las Salas y Secciones ejercen su jurisdicción y competencia, y deciden sobre beneficios

situación jurídica, la participación de las víctimas debe ser plena 26, mientras que, en etapas incipientes e intermedias, en las que las Salas y Secciones ejercen su jurisdicción y competencia, y deciden sobre beneficios provisionales, no está previsto que se agote su participación, sino que esta comienza a tener efectos27. Incluso en trámites para la concesión de beneficios, debe considerarse que estos “ no son en estricto rigor espacios de restauración” 28 y, por lo mismo, exigen una ponderación entre los fines de la intervención de las víctimas y la eficiencia de la justicia transicional. Por ello, se sostiene que la presencia de las víctimas en los diferentes procedimientos “debe ser proporcional en intensidad y extensión conforme al ejercicio jurisdiccional que demanda de la JEP las decisiones y asuntos que se debaten en cada momento procesal”29.

23. A partir de lo anterior, siendo la función de SB un trámite anexo a aquellos principales que se surten en la JEP, la acreditación como víctima debe realizarse ante la Sala o Sección que concedió el beneficio provisional liberatorio o que está llamada a con ocerlo30, bajo el supuesto de que tal

25 Jurisdicción Especial para la Paz. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia interpretativa TP-SA-SENIT 2 de 2019. Párrafos 115, 119 y 148. 26 Jurisdicción Especial para la Paz. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia interpretativa TP-SA-SENIT 1 de 2019. Pár. 74. 27 Jurisdicción Especial para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia interpretativa TP-SA SENIT 1 de 2019.

interpretativa TP-SA-SENIT 1 de 2019. Pár. 74. 27 Jurisdicción Especial para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia interpretativa TP-SA SENIT 1 de 2019. 28 Jurisdicción Especial para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia interpretativa TP-SA SENIT 1 de

2019. Pár. 70, citado en: Jurisdicción Especial para la Paz. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación.

Sentencia TP-SA 102 de 2019. 29 Jurisdicción Especial para la Paz. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia interpretativa TP-SA SENIT 1 de 2019. Pár. 74. 30 La acreditación como víctima ante la JEP es otorgada por una Sala o Sección de Primera Instancia, previa manifestación de voluntad de la víctima con base en la valoración del relato de los hechosP á g i n a 8 | 15

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autoridad se encuentra en mejor posición de proveer una participación integral a los intervinientes especiales en el proceso que a la postre permitirá la definición de la situación jurídica de fondo y, asimismo, de proveer los respectivos espacios restaurativos.

24. Lo descrito no obsta para que a través de su condición de víctima y cuando solicite intervenir de manera explícita (rogada), pueda en el marco de este tipo de asuntos de SB: (i) aportar la información que considere relevante, no solo respecto del acto jurídico que ot orgó el beneficio provisional, sino también; (ii) sobre el cumplimiento de las condiciones que se asumen al

este tipo de asuntos de SB: (i) aportar la información que considere relevante, no solo respecto del acto jurídico que ot orgó el beneficio provisional, sino también; (ii) sobre el cumplimiento de las condiciones que se asumen al obtener el mismo, tal como se explicó en precedencia. Tal proceder se replica, igualmente, para los agentes del Ministerio Público en aquellos eventos en los que, por la naturaleza del bien tutelado, se precisa su representación en procura de los intereses jurídicos que no pertenecen a un sujeto en particular, sino genéricamente al conglomerado social31.

25. Es menester aclarar, en consonancia con la SENIT 4 de 2023 y respecto de la información que llegue a aportarse, que la gestión del régimen de condicionalidad, especialmente, en su faceta negativa y por regla general, es competencia de la Sala o Sección que conozca o haya conocido un trámite transicional para el cual tenga un vínculo funcional, más no necesariamente la SR 32. Lo anterior, con el objetivo de adoptar las medidas pertinentes

victimizante y la prueba, siquiera sumaria, aportada por la víctima para acreditar su condición. Las víctimas acreditadas adquieren la calidad de intervinientes especiales en el proceso, y con ella, los derechos que esto conlleva según estándares nacionale s e internacionales en la materia. Así la acreditación tiene como finalidad permitir la participación integral de las víctimas en el marco del proceso. Ver: Ley 1922 de 2018, artículo 3; Ley 1957 de 2019 artículos 14 y 15. 31 En consonancia a lo considerado en precedencia, la SA ha señalado que incluso sin haberse asumido

proceso. Ver: Ley 1922 de 2018, artículo 3; Ley 1957 de 2019 artículos 14 y 15. 31 En consonancia a lo considerado en precedencia, la SA ha señalado que incluso sin haberse asumido la competencia de un asunto, se evidencia un interés jurídico “porque es claro que la víctima sí lo es de los hechos materia de la actuación”, por tal razón a estas les asiste un interés directo y legítimo en la actuación y si manifiestan su voluntad de participar, estarían legitimadas para hacerlo en calidad “de sujetos con interés jurídico procesal concreto”. En materia de SB, dicha participación estaría facultada, bajo las dos posibilidades antes reseñadas. Jurisdicción Especial para la Paz. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA-1357 de 2023. Párrafos 32 y 33. 32 La SR es la competente para la administrar el régimen de condicionalidad de las personas acusadas o condenadas por delitos indiscutiblemente no amnistiables ni indultables que, pese a haber obtenido autorización para el traslado a Zonas Veredales Transitor ias de Normalización, no accedieron a este y en el entretanto no han alcanzado la libertad, o que se encuentran en observación posiblemente en situación de privación de la libertad, pues es el universo frente al cual la SR conoce o debe conocer de manera e xcepcional la concesión de beneficios liberatorios de acuerdo con lo dispuesto en la SENIT 2.P á g i n a 9 | 15

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SENIT 2.P á g i n a 9 | 15

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respecto a la pérdida de beneficios33 o a la eventual exclusión del sistema. De las particularidades del caso que se esté supervisando o revisando, así como de la intervención rogada por parte de las víctimas o del Ministerio Público que llegue a darse34, la SR determinará la necesidad de realizar requerimientos al compareciente, de adelantar el incidente de revocatoria de beneficios provisionales –si hay lugar – o de remitir la información a la autoridad competente, en este caso la SAI, con el propósito d e materializar los fines del

SIVJRNR.

26. Bajo el derrotero expuesto, esto es, el que la intervención de las víctimas en el marco de la función de SB está limitada por la naturaleza del trámite y parte por ser rogada, se hace necesario que, ante la eventual remisión de información personal por parte de estas, se verifiquen supuestos mínimos de protección a partir de los cuales se garantice de mejor forma sus derechos a la intimidad, la confidencialidad y la protección de datos35.

27. Así, le asiste el deber a las autoridades judiciales transicionales implementar mecanismos que restrinjan el acceso pleno a la información de ciertas víctimas, especialmente, en los siguientes casos: (i) cuando la víctima expresamente lo solicite; (ii) cuando se trate de menores de edad; (iii) víctimas de violencia sexual; (iv) víctimas de violencia basada en género y sus hijos; (v) víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos (DDHH) e Infracciones

de violencia sexual; (iv) víctimas de violencia basada en género y sus hijos; (v) víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos (DDHH) e Infracciones

33 Jurisdicción Especial para la Paz. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia interpretativa TP-SA-SENIT 2 de 2019. Pár. 183. 34 En todo caso, en aquellos eventos en los que las víctimas en el marco de la función de SB entreguen información que pueda configurar desconocimiento frente a las condiciones establecidas respecto de un beneficio provisional, la SR podrá privilegiar mecanis mos reactivos que permitan remediar oportunamente dicha situación, sin que tal proceder invada el margen de competencias que se estableció a partir de la SENIT 4. Para ello, se debe acudir a instrumentos como los dispositivos intraprocesales que implican requerimientos al compareciente para que corrija su comportamiento o enmiende el error acaecido, con estos se pasa a privilegiar los principios de celeridad, economía procesal, integralidad, proporcionalidad, gradualidad y centralidad de las víctimas. Es indispensable acudir a dichos mecanismos previo a la remisión que llegue a realizar la SR ante la autoridad competente, en los casos en que observe grados de incumplimiento que no puedan subsanarse, ni siquiera modificando las condiciones, para que se adelanten fórmulas no sancionatorias, bajo derroteros que ratifiquen y rehabiliten los compromisos con el sistema, tales como el rechazo del sometimiento, la declaratoria de deserción manifiesta, el juicio de prevalencia, o el incidente de revocatoria de beneficios provisionales (cuya competencia debe verificarse primero por la SR); en tanto que el incidente

sometimiento, la declaratoria de deserción manifiesta, el juicio de prevalencia, o el incidente de revocatoria de beneficios provisionales (cuya competencia debe verificarse primero por la SR); en tanto que el incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad, dada su naturaleza, debe verse como un trámite de última ratio dentro de la transición por parte del órgano gestor de dicho régimen. Jurisdicción Especial para la Paz. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia interpretativa TP -SASENIT 4 de 2023. Párrafos 124-142. 35 Sobre la normatividad relacionada con esta materia, véase: Jurisdicción Especial para la Paz. Tribunal para la Paz. Sección de Revisión. Auto SRT-SB-AMG-253 de 2023.P á g i n a 10 | 15

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al Derecho Internacional Humanitario (DIH); (vi) personas con dicha calidad que suministren información que pueda considerarse relevante ante posibles incumplimientos del régimen de condicionalidad; (vii) datos de personas a las que otras Salas y Secciones les han activado mecanismos de restricción de información; y, (viii) cualquier otro supuesto en el que se considere necesario la protección de datos personales y/o similares.

28. Valga precisar que en los eventos contemplados en los numerales anteriores, con el objetivo de mantener y preservar el principio de publicidad en las actuaciones de la JEP y en consonancia con lo dicho por la SA36, la regla general para este Despacho será la anonimización de la providencia en los

anteriores, con el objetivo de mantener y preservar el principio de publicidad en las actuaciones de la JEP y en consonancia con lo dicho por la SA36, la regla general para este Despacho será la anonimización de la providencia en los apartes contentivos de información que directa o indirectamente se refiera a datos sensibles, en especial, cuando se trate de información de contacto o ubicación. En estos escenarios se ordenará la adoptación de las medidas necesarias que preserven la reserva –si normativamente hay lugar a ello– o el carácter si se quiere exceptuado o restringido de acceso. De ser necesario el Despacho establecerá una matriz con la codificación de dat os correspondientes y creará un cuaderno auxiliar con restricción de confidencialidad en el que reposen los documentos originales radicados.

29. Con todo, SEJUD SR deberá prestar atención respecto de los datos que sean categorizados en algunos de los supuestos que se detallaron en precedencia, esto, con el propósito de que ajuste sus actuaciones y evite la divulgación de información según corresponda.

3.4. Caso concreto

30. En el presente caso, se advierte que la última designación de defensor técnico del compareciente es la relativa al abogado Alexander Arias Castrillón, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.750.564 y portador de la tarjeta profesional No. 237.952 del C. S . de la J ., para que actúe como defensor del señor HENRY MAURICIO RICO GÓMEZ . En consecuencia, se tendrá al abogado Alexander Arias Castrillón como el defensor técnico del señor RICO GÓMEZ en el presente trámite.

defensor del señor HENRY MAURICIO RICO GÓMEZ . En consecuencia, se tendrá al abogado Alexander Arias Castrillón como el defensor técnico del señor RICO GÓMEZ en el presente trámite.

36 Jurisdicción Especial para la Paz. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP -SA-1180 de 2022.P á g i n a 11 | 15

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31. Con fundamento en el principio de continua adaptación de la comparecencia, se requerirá al abogado Alexander Arias Castrillón y al compareciente para que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente decisión, informen sobre el estado de la comparecencia del señor HENRY MAURICIO RICO GÓMEZ , así como los datos de contacto y ubicación actualizados. Lo anterior, implica que se señale con claridad qué beneficios definitivos han sido otorgados, qu é trámites se han adelantado de manera rogada u oficiosa en aras de definir su situación jurídica y ante cuáles órganos de la JEP ha comparecido frente a cada delito, proceso y condena que tiene el compareciente.

32. En esta oportunidad, es menester tomar medidas orientadas a garantizar el acceso al expediente al abogado Alexander Arias Castrillón. Así, se ordenará a la SEJUD SR que, a partir de esta decisión, proceda a remitir al compareciente, al abogado y al Ministerio público contraseñas de acceso ininterrumpido al presente expediente digital, con el propósito de cumplir

se ordenará a la SEJUD SR que, a partir de esta decisión, proceda a remitir al compareciente, al abogado y al Ministerio público contraseñas de acceso ininterrumpido al presente expediente digital, con el propósito de cumplir con la garantía de publicidad de que trata la sentencia interpretativa SENIT 3 de 2022. La dependencia en comento realizará las gestiones correspondientes, a través del sistema de gestión judicial de la JEP - Legali y elevará las constancias a las que haya l