JEP - Auto SRVR-04-00-113-20 21-agosto de 2020

SALA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD, DE

RESPONSABILIDAD Y DE DETERMINACIÓN

DE LOS HECHOS Y CONDUCTAS EXPEDIENTE: 2018340160300011E

RADICADO: 202003006434

Para responder citar el numero 202003006434

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

SALAS DE JUSTICIA

SALA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD, DE RESPONSABILIDAD

Y DE DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS Y CONDUCTAS

AUTO SRVNH -04/00-113/20

Bogotá D.C., viernes, 21 de Agosto de 2020 Radicación 202003006434 Asunto La Situación territorial de Urabá caso No. 004 ordena diligencia de Testimonio del señor CARLOS HERNÁN MONTOYA SUAREZ Fecha de reparto No aplica

I. ASUNTO POR RESOLVER La Magistrada relatora de la Situación territorial Urabá, Caso No. 04 de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (en adelante la Sala de Reconocimiento o SRVR), de la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante JEP), en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias ordena la diligencia de testimonio del

señor CARLOS HERNÁN MONTOYA SUAREZ

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I. ACTUACIÓN PROCESAL

1. El 11 de septiembre de 2018, la Sala de Reconocimiento profirió el Auto No. 040 avocando conocimiento de la Situación territorial de la región de

Urabá, nombrando como relatora de la situación a la magistrada Nadiezhda Henriquez Chacín para investigar: … los hechos constitutivos de graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en la región de Urabá entre el 1 de enero de 1986 y con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, en los municipios Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba en el Departamento de Antioquia y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, en el Departamento de Chocó, cometidos presuntamente por miembros de las FARC-EP y de la Fuerza Pública, sin perjuicio de la aplicación del principio de conexidad por hechos, víctimas y presuntos responsables1. .

2. Hasta 5 de agosto de 2020, el despacho relator ha vinculado a (242) personas en servicio activo, retirados y separados de la fuerza pública (ejército nacional)2, exmiembros de FARC-EP3 y terceros civiles4, mencionadas en la 1 JEP. Salas de Justicia. Auto SRVR No.040/2018. Sobre la situación territorial de la región de Urabá.

Disponible en el sitio oficial: www.jep.gov.co. Consultado 4/1/2020. 2 JEP. Salas de Justicia. Auto de despacho SRVNH-04/01-01/19 de 10 de junio de 2019 (20193240122743).

Notificación y puesta a disposición del expediente a “personas en servicio activo, retirados y separados de la fuerza pública (ejército nacional)” mencionadas en la Situación territorial de la región de Urabá,

radicada como Situación No. 004 por Auto SRVR No. 40 de 11 de septiembre de 2018; JEP. Salas de Justicia. Auto SRVR 04 de 2020 de 13 de enero de 2020. Llamamiento a versión voluntaria, traslado de información y comunicación a las víctimas. Compareciente: Alfonso Romero Buitrago. 2

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Situación territorial de la región de Urabá y ha corrido traslado de los informes que las comprometen con la Situación, poniendo a su disposición el expediente de la Situación territorial de Urabá (en adelante: expediente de Urabá) que reposa en la Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento.

3. Durante el desarrollo procesal de la Situación Territorial Urabá se han adelantado cinco (5) “Diligencias colectivas de construcción dialógica de la verdad” con los comparecientes notificados, centradas en los primeros diez años del conflicto armado en Urabá, con actas y anexos. Han sido expedidos 193 autos de trámite solicitando información, ampliación y/o coordinación interinstitucional. Se han realizado reuniones con diferentes órganos de la JEP y del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (en adelante: Sistema Integral o SIVJRNR) para la identificación y acceso a la información que requiere el caso. Han sido ordenadas y practicadas inspecciones judiciales a por lo menos 284 expedientes y han sido incorporados al expediente 30 informes de organizaciones de víctimas y de derechos

humanos.

4. El despacho relator de la Situación territorial de Urabá ha acreditado como interviniente especial en calidad de víctimas a 35176 individuos que corresponden a 103 sujetos colectivos, discriminados así: 9 Consejos 3 JEP. Salas de Justicia. Auto de despacho SRVNH-04/02-01/19 de 11 de junio de 2019 (20193240144833).

Notificación y puesta a disposición del expediente a “exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo FARC-EP” mencionadas en la Situación territorial de la región de Urabá, radicada como Situación No. 004 por Auto SRVR No. 40 de 11 de septiembre de 2018. 4 JEP. Salas de Justicia. Auto SRVR 95 de 2020 de 17 de junio de 2020. Vinculación, puesta a disposición del expediente y los informes que lo comprometen y llamamiento a versión voluntaria del señor MARIO ZULUAGA ESPINAL, cuyo sometimiento voluntario fue admitido por la JEP en su condición de tercero civil, y relacionado a hechos y conductas del Caso 04. 3

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Comunitarios; 1 sindicato; 3 organizaciones de campesinos; 19 comunidades con pertenencia étnica negra; sujetos colectivos indígenas pertenecientes a 71 comunidades, 69 territorios ancestrales y 4 pueblos [Embera (Dobida, Eyabida, Katio), Wounaan, Senu y Guna Dule]. Adicionalmente, como víctimas

individuales se han acreditado 76 personas discriminadas así: 13 LGBTI, 7 hombres, 4 mujeres (1 violencia sexual), 37 integrantes del barrio la Chinita de Apartadó y 15 integrantes de la Vereda Guacamayas. Los territorios colectivos reconocidos como víctima del conflicto armado se han estimado en 192.275 hectáreas.

5. Entre 21 de noviembre de 2019 y hasta la fecha, el despacho relator ha oído en 35 diligencias de versión voluntaria a 29 comparecientes exmiembros de la fuerza pública, exmiembros de FARC-EP y terceros civiles. En el marco de estos y otros actos de investigación, surgen elementos que requieren el testimonio de protagonistas y espectadores de momentos históricos y de hechos del conflicto armado como el testigo que aquí se cita.

II. ANÁLISIS JURÍDICO La magistrada relatora procederá a analizar: (i) su propia competencia; e (ii) identificación del testimonio a decretar

(i) Competencia del despacho para decretar la prueba testimonial en el marco de su investigación

6. La Sala de Reconocimiento es una de las Salas de Justicia de la JEP, que es el órgano de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR –. Su actuación se define a partir del Acuerdo Final

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EXPEDIENTE: 2018340160300011E RADICADO: 202003006434 para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado el 24 de noviembre de 2016 (en adelante: el Acuerdo Final)5, el Acto Legislativo 01 de 20176 la Ley 1957 de 2019 estatutaria de la

administración de justicia en la JEP (en adelante: Ley 1957 de 2019) y la Ley 1922 de 18 de julio de 2018 que adopta las reglas de procedimiento de la JEP (en adelante: Ley 1922 de 2018), en armonía con el bloque de constitucionalidad y demás normas concordantes.

7. Así mismo, la cláusula remisoria establecida en el artículo 72 de la Ley 1922 de 2019, enseña que, en lo no regulado en las normas de procedimiento, se aplicará la Ley 1592 de 2012, la Ley 1564 de 2012, Lay 600 de 2000 y la Ley 906 de 2004, siempre y cuando tales remisiones se ajustes a los principios de la justicia transicional.

8. En este marco, la Ley 1922 de 2018 faculta a los magistrados de la JEP para “… acceder a los documentos y fuentes de investigación, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto ley 588 de 2017 y 34 de la ley 1621 de 2013”7 y para solicitar de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) la asignación de un cuerpo de funcionarios de policía judicial para la recolección de elementos materiales probatorios, entre otros. 5 Acuerdo Final. Punto 5. Al respecto, el Acto Legislativo 02 de 2017, derogando el artículo 4 del Acto legislativo 01 de 2016, establece que: “…las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y

los principios del Acuerdo Final.” 6 Acto Legislativo 01 de 2017. Arts. 1, 5 y 7. 7 Ley 1922 de 2018. Art. 20. 5

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9. Por su parte, en su ejercicio misional, los magistrados de la Sala de Reconocimiento tienen un deber de contrastación de los informes recibidos y de la información allegada por las partes y los intervinientes especiales, por orden expresa de la Ley 1957 de 2019 Estatutaria de la JEP8 y en tal ejercicio -reitera la normatividad9-, los procedimientos y actuaciones en la Sala, en materia de garantía procedimental se sujetará a los dispuesto en el artículo 18 de la Ley 906 de 200410.

10. Para tal efecto, la magistratura está investida de poder para practicar pruebas "para resolver asuntos de su competencia"11 y tiene libertad probatoria "por cualquiera de los medios establecidos en la legislación y la jurisprudencia colombiana"12 siendo el testimonio uno de los medios clásicos de conocimiento13. 8 Ley 1957 de 2019. Art. 79-h; Ley 1922 de 2018. Art. 27B. 9 Ley 1922 de 2018. Título Primero. Procesos en caso de Reconocimiento de Responsabilidad. Capítulo Primero. Procedimientos ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas. Articulo 27B. CONTRASTACIÓN DE LA INFORMACIÓN: (…) Respecto a los procedimientos y actuaciones que se surtan ante la Sala de Reconocimientos, se aplicará lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 906 de 2004.

10 Ley 906 de 2004. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Artículo 18. PUBLICIDAD. La actuación procesal será pública. Tendrán acceso a ella, además de los intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general. Se exceptúan los casos en los cuales el juez considere que la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes; se afecte la seguridad nacional; se exponga a un daño psicológico a los menores de edad que deban intervenir; se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo; o se comprometa seriamente el éxito de la investigación. 11 Ley 1922 de 2018. Art. 19(i) 12 Ley 1922 de 2018. Art. 18 13 Ley 1564 de 2012. Art. 165; Ley 600 de 200. Art. 233; Ley 906 de 2004. Art. 382 6

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11. Por su parte, la persona que fuere llamada tiene una obligación legal de acudir y rendir el testimonio que se recibirá bajo la gravedad del juramento, salvo las excepciones constitucionales y legales14, siempre con el lleno de las garantías procesales15 y sin que “el carácter reservado de una información o de determinados documentos [sea] oponible a los Magistrados de JEP, Fiscales de la UIA y quienes tengan funciones de policía judicial”16.

12. En este punto argumental, se recuerda que la ley y la jurisprudencia han establecido como reglas probatorias al momento de contemplar el decreto de

una prueba, las siguientes: i) la pertinencia, vinculada al “análisis de la relación de los medios de prueba con el tema de prueba, esto es, con los hechos que deben probarse en cada caso en particular” , en suma: el medio de prueba debe estar dirigido a probar hechos jurídicamente relevantes; ii) la conducencia referida a una cuestión de derecho; en la que sus principales expresiones son: (a) la obligación legal de probar un hecho con un determinado medio de prueba; (b) la prohibición legal de probar un hecho con un determinado medio de prueba, y (c) la prohibición de probar ciertos hechos, aunque en principio puedan ser catalogados como objeto de prueba; y finalmente, iii) la utilidad entendida como su aporte concreto al objeto de la investigación, en oposición a lo superfluo e intrascendente, que puede llegar a establecerse con su práctica en el procedimiento.

13. Para el ejercicio de la labor de contrastación en desarrollo de las potestades probatorias a las que se ha hecho referencia, el despacho relator del 14 Ley 1564 de 2012. Art. 383; Ley 600 de 200. Art. 266; Ley 906 de 2004. Art. 383 15 Constitución Política. Art. 29; Ley 734 de 2002. Art. 140; Corte Constitucional. SU-159 de 2002. 16 Ley 1922 de 2018. Art. 20.

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Caso 004, identifica necesaria la práctica de testimonios17 en atención a los postulados de oportunidad, utilidad y pertinencia de estos en el momento procedimental en el que se encuentra el Caso 004 y del análisis de las fuentes

recaudadas en el marco de la situación territorial.

14. Ahora bien, en el desarrollo de la práctica de los testimonios se encuentran algunas diferencias que resulta necesario precisar para armonizar la coexistencia de los sistemas de procesamiento penal a los que se hace remisión por el artículo 72 de la Ley 1922 de 2018, en tal sentido, la forma en que será recaudado corresponde a las reglas establecidas en el Artículo 276 de la Ley 600 de 2000.

15. Por su parte la dinámica del testimonio en el marco del sistema penal oral acusatorio (Ley 906 de 2004) establece la técnica del interrogatorio cruzado en el cual, la interacción de los sujetos que intervienen en el proceso 18 17 El testimonio como medio probatorio tiene en el sistema procesal colombiano dos conceptualizaciones y alcances en razón a la coexistencia de sistemas de procesamiento penal ordinario siendo estos: el establecido en la Ley 600 de 2000, y la Ley 906 de 2004; para el primero, el testimonio corresponde a la obligación para todas las personas, salvo las excepciones constitucionales y legales, de ser rendido bajo juramento en la actuación procesal que sea requerido ; en el segundo caso está concebido como medio de convencimiento para su desarrollo en el juicio oral como momento procesal para su práctica, incorporación y valoración; en este régimen procedimental también se define como una obligación para el convocado a rendir testimonio. 18 Ley 906 de 2004. Código de Procedimiento Penal. ARTÍCULO 391. INTERROGATORIO CRUZADO DEL TESTIGO. Todo declarante, luego de las formalidades indicadas en el artículo anterior, en primer

término, será interrogado por la parte que hubiere ofrecido su testimonio como prueba. Este interrogatorio, denominado directo, se limitará a los aspectos principales de la controversia, se referirá a los hechos objeto del juicio o relativos a la credibilidad de otro declarante. No se podrán formular preguntas sugestivas ni se insinuará el sentido de las respuestas. En segundo lugar, si lo desea, la parte distinta a quien solicitó el testimonio podrá formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio que se limitará a los temas abordados en el interrogatorio directo. Quien hubiere intervenido en el interrogatorio directo podrá agotar un turno de preguntas dirigidas a la aclaración de 8

EXPEDIENTE: 2018340160300011E RADICADO: 202003006434 de juzgamiento coincide con la función de contrastación a cargo de la Sala de

Reconocimiento.

16. No resulta menos importante señalar que, en el contexto de esta práctica probatoria, a partir del 11 de marzo de 2020, se hizo pública la crisis epidemiológica del coronavirus COVID-19 y, en este marco, fue decretado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional de Colombia19 con un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos, que ha sido prorrogado sucesivamente y a la fecha se encuentra vigente hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 31 de agosto de

202020.

17. Por su parte, la JEP, ha venido adaptando su actividad a la orden nacional de aislamiento preventivo obligatorio expidiendo a través, entre otros, del Acuerdo AOG No. 014 de 2020 de 13 de abril de 2020 y las circulares

complementarias que han prorrogado la suspensión de términos judiciales acorde con los decretos nacionales, sin que esto suponga la interrupción de actividades ni el cese en el ejercicio de la facultad de las Salas de Justicia y las Secciones del Tribunal para la Paz de proferir, comunicar y notificar las decisiones judiciales a que haya lugar, incluida la instrucción de los macrocasos priorizados por la Sala de Reconocimiento, entre otros, cuando se cuente con las condiciones de bioseguridad establecidos y se respeten las órdenes de distanciamiento social y trabajo en casa, a través de: los puntos debatidos en el contrainterrogatorio, el cual se denomina redirecto. En estos eventos deberán seguirse las mismas reglas del directo. Finalmente, el declarante podrá ser nuevamente preguntado por la otra parte, si considera necesario hacer claridad sobre las respuestas dadas en el redirecto y sujeto a las pautas del contrainterrogatorio. 19 Presidencia de la República de Colombia. Decreto 417 de 17 de marzo de 2020. 20 Decreto 1076 de 28 de julio de 2020. 9

EXPEDIENTE: 2018340160300011E RADICADO: 202003006434 vii) autos que convoquen a diligencias judiciales que se puedan realizar integralmente de manera virtual, sin que se comprometa el debido proceso, el derecho a la defensa y las garantías procesales de los intervinientes, como por ejemplo entrevistas a testigos; en consecuencia, podrán practicarse dichas diligencias judiciales21.

18. En orden de lo expuesto, el despacho relator de la Situación territorial de Urabá se encuentra facultado y estima útil, necesaria y pertinente la práctica

de testimonios en el marco de su investigación y en este marco procederá. (ii) Identificación del testimonio a decretar

19. Acopiados los elementos de juicio que permiten asegurar la importancia de la información a recaudar, este despacho estima útil, necesario y pertinente convocar al señor CARLOS HERNÁN MONTOYA SUAREZ dadas las

siguientes circunstancias:

20. En comunicaciones remitidas por el referido señor MONTOYA SUAREZ vía correo electrónico el pasado siete (7) de julio de 2020 y el tres (3) de agosto del mismo año, en los cuales allegó al despacho relator de la Situación Territorial de la Región Urabá: 21 JEP. Presidencia y Secretaría Ejecutiva. Acuerdo AOG 014 de 13 de abril de 2020. “Por el cual se prórroga la suspensión de audiencias y términos judiciales en la Jurisdicción Especial para la Paz y se establecen unas excepciones”. Art. 3.

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EXPEDIENTE: 2018340160300011E RADICADO: 202003006434 - Documento en formato Excel contentivo de la información catastral de predios rurales de los municipios de Urabá sin incluir Carepa, Vigía del fuerte y Murindó. - Base de datos en formatos Excel y .shp (SHAPE) con más de sesenta mil (60.000) datos relativos a la categorías: municipio, corregimiento, vereda, nombre del propietario, documento o número de información tributaria, nombre de la finca, tamaño del predio en hectáreas, avalúo catastral, circulo notarial, matrícula inmobiliaria, número de la escritura pública y la

identificación si corresponde a derecho de propiedad.

21. En sus comunicaciones explica el referido señor MONTOYA SUAREZ que las categorías de la información allegada permiten explicar los patrones de desplazamiento forzado, financiación de grupos paramilitares, estrategias empresariales, rol de fuerzas militares y relaciones con el narcotráfico desarrollado y aún presente en la región Urabá; enuncia que la metodología de su análisis permite explicar las particularidades temporales de la adquisición, la actividad económica desarrollada, repetición de propiedad (acumulación de tierras) y posibles rutas estratégicas para comercios ilegales. Información que de manera voluntaria pone a disposición de la Sala de Reconocimiento para los fines que sean estimados necesarios por la Jurisdicción Especial de Paz.

22. En relación con el tipo de información referido previamente y en particular con las finalidades de los análisis referidos por el señor MONTOYA SUAREZ, en la identificación de patrones relacionados con las tipologías asumidas por el Auto 040 de 2018 que avocó la situación territorial de la región Urabá, resulta necesario y conducente su testimonio en el sentido de presentar de forma precisa las metodologías y potencialidades que permiten establecer

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EXPEDIENTE: 2018340160300011E RADICADO: 202003006434 las diversas conclusiones anunciadas del procesamiento de la información remitida.

23. Igualmente esta información en atención a la documentación referida en los informes allegados al caso 004, las acciones de desplazamiento forzado con fines de despojo forzado de tierras constituyen una constante en éstos22; en consecuencia el arribo de la información anunciada y su adecuada

incorporación mediante la comprensión de los ejercicios metodológicos de su lectura y análisis resultan útiles y pertinentes para el momento en el cual se encuentra la gestión de la situación territorial Urabá. 22 Informe escrito. Van por nuestras tierras a sangre y fuego: participación de agentes del Estado y empresarios en el plan criminal para el desplazamiento forzado, el despojo y la acumulación ilegal de tierras en las regiones de Urabá y bajo Atrato. AUTORES: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz - Corporación Jurídica LibertadFundación Forjando Futuros - Instituto Popular de Capacitación. Informe Oral. Comunidades zona humanitaria Nueva Esperanza. Recibido el 4 de marzo de 2019 en el Corregimiento de Cacarica, ubicada en el municipio de Riosucio (Chocó). Se recibieron testimonios sobre casos de 35 víctimas. (Ampliación de informe referido previamente) PRESENTADO POR: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. PROMOVIDO POR: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz - Corporación Jurídica Libertad - Fundación Forjando Futuros - Instituto Popular de Capacitación. Informe Oral. Presentado por 35 víctimas de la Asociación de reclamantes de tierras: Tierra y Paz.

PROMOVIDO POR: Instituto Popular de Capacitación, Comisión Intereclesial de Justicia y PazCorporación Jurídica Libertad - Fundación Forjando Futuros.

Informe escrito. La mejor esquina de América. AUTOR: Comisión Intereclesial de justicia y paz y otros. Informe escrito. Conflicto armado y violencia sociopolítica en la implementación y desarrollo de un modelo de acumulación por desposesión en la región de Urabá. AUTOR: Comisión Intereclesial de justicia y paz y

otros. 12

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24. Ahora bien, en la búsqueda libre de la labor periodística desplegada por el señor CARLOS HERNÁN MONTOYA SUAREZ se identifican las siguientes producciones que dan cuenta de su experticia y conocimiento en las dinámicas y formas en que fue desarrollado el conflicto y la permanencia de sus afectaciones en la actualidad, lo que refuerza la pertinencia de ser escuchado e interrogado en el caso 004: - Intento de homicidio a la nieta de una indígena reclamante de tierras en

Urabá, 25 agosto 2017 en: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/08/25/intento-dehomicidio-a-la-nieta-de-una-indigena-reclamante-de-tierras-en-uraba/ - Fui campesino y entiendo su dolor”, enviado de la UE a reclamantes en Urabá, 8 julio 2016 en: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2016/07/08/fuicampesino-y-entiendo-su-dolor-dijo-enviado-de-la-ue-a-reclamantes-en-uraba/ - Campesinos de Guacamayas no aguantaron agresiones y se están desplazando, 12 junio de 2016 en: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2016/06/12/campesinos-de-guacamayas-noaguantaron-agresiones-y-se-estan-desplazando/ -Defensoría solo defiende a opositores de la restitución: funcionario de Urabá, 20 mayo 2016 en: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2016/05/20/defensoria-solo-defiende-a-los-opositoresde-la-restitucion-funcionario-de-uraba/ -En Urabá marcharon por el trabajo digno y también por la tierra, 3 mayo en 2016: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2016/05/03/en-uraba-marcharon-por-eltrabajo-digno-y-tambien-por-la-tierra/ -Está próxima la sentencia del Frente Alex Hurtado, anunció en Apartadó la Sala Justicia y Paz, 15 abril 2016 en: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2016/04/15/5144/ -Denuncian infiltración de militares en Asamblea Constituyente de Urabá, 14 mayo 2014 en: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2014/05/14/denuncian-infiltracion-de-militares-enasamblea-constituyente-de-apartado/ 13

EXPEDIENTE: 2018340160300011E RADICADO: 202003006434 -Capturado presunto homicida del líder de restitución Adán Quinto, 24 abril 2014 en: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2014/04/24/capturadopresunto-homicida-del-lider-de-restitucion-adan-quinto/

25. Teniendo presente la establecida necesidad del testimonio referido y su consecuente conducencia, pertinencia y utilidad, el despacho relator del Caso 04, Situación Territorial de la Región Urabá, de la Sala de Reconocimiento ordenará la práctica de la declaración juramentada de señor CARLOS HERNÁN MONTOYA SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 48.764.715

para el día cuatro (4) de septiembre de 2020 a partir de las 3:00 pm, en modalidad virtual. Esta fecha podrá ser modificada o ajustada por la Magistrada relatora del caso, si sobrevienen circunstancias excepcionales que así lo exijan. En mérito de lo antes expuesto este despacho,

III. RESUELVE: PRIMERO. – ORDENAR, a través de la Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, la práctica de la diligencia de declaración juramentada del señor CARLOS HERNÁN MONTOYA SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 48.764.715 para el día cuatro (4) de septiembre de 2020 a partir de las 3:00 pm a través de los medios virtuales disponibles en atención a las medidas derivadas de la emergencia sanitaria en curso.

SEGUNDO.- NOTIFICAR esta decisión al señor CARLOS HERNÁN MONTOYA SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 48.764.715 para que se presente a la diligencia convocada, en la hora, fecha y en la forma indicada en el numeral anterior. 14

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TERCERO.- NOTIFICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada con funciones de intervención ante la Jurisdicción Especial para la Paz. CUARTO.- ORDENAR a la Secretaría Ejecutiva de la JEP que, de acuerdo con sus funciones legales y reglamentarias, adelante todas las acciones necesarias y pertinentes para asegurar el funcionamiento de los medios técnicos

necesarios para la realización de la diligencia de testimonio programada. QUINTO.- Contra este auto procede el recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1922 de 2018 y demás normas concordantes.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

(Firmado en Original) NADIEZHDA NATAZHA HENRIQUEZ CHACIN Magistrada relatora de la Situación Territorial de Urabá 15