JEP - Auto TP-SA-2153 del 15 de enero de 2026
JEP - Jurisdicción Especial para la Paz
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Detalles
- Título
- JEP - Auto TP-SA-2153 del 15 de enero de 2026
- Autor
- JEP - Jurisdicción Especial para la Paz
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Transicional
- Año
- 2026
1
S E C C I Ó N DE A P E L A C I Ó N E X P E D I E N T E: 1501310-82.2025.0.00.0001
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
TRIBUNAL PARA LA PAZ
SECCIÓN DE APELACIÓN
Auto TP-SA 2153 de 2026
Bogotá D.C., 15 de enero de 2026
Expediente LEGALI: 1501310-82.2025.0.00.00011
Asunto: Resuelve manifestación de impedimento
La Sección de Apelación del Tribunal para la Paz procede a pronunciarse respecto de la manifestación de impedimento presentada el 05 de enero de 2026 por el magistrado Rodolfo Arango Rivadeneira en el expediente de la referencia.
ANTECEDENTES
1. El 4 de noviembre de 2025, el señor Óscar Huber Zúñiga Córdoba, funcionario de la Jurisdicción Especial para la Paz, interpuso una acción de tutela contra la Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ) por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, argumentando que el proceso disciplinario adelantado en su contra debía ser conocido por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y no por la JEP 2. La Subsección Quinta de la Sección de Revisión, mediante s entencia SRT-ST275/2025 del 27 de noviembre de 2025, declaró improcedente la tutela por no cumplir el requisito de subsidiariedad, al no acreditarse la procedencia excepcional de este mecanismo contra actos administrativos de trámite ni la existencia de un perjuicio
requisito de subsidiariedad, al no acreditarse la procedencia excepcional de este mecanismo contra actos administrativos de trámite ni la existencia de un perjuicio irremediable3. El accionante impugnó oportunamente esta decisión insistiendo en la falta de un mecanismo judicial idóneo y en la garantía del juez natural4.
2. El 05 de enero de 2026 , el magistrado Rodolfo Arango Rivadeneira puso en consideración de la Sección la existencia de un posible impedimento para conocer del asunto. Fundamentó el impedimento mencionado en la causal contemplada en el
1 Salvo indicación en contrario, todos los folios citados en esta providencia corresponden al expediente LEGALi identificado con este número. 2 Fls. 12-20. 3 Fls. 141-161. 4 Fls. 204-207. Este documento es copia del original firmado digitalmente por DANILO ALFONSO ROJAS BETANCOURTH, MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO, SANDRA ROCIO GAMBOA RUBIANO, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, GUIOMAR RUIZ SALDAÑA. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1501310-82.2025.0.00.0001 y el código 721F1A.2
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numeral 6 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, esto es “que el funcionario sea (…) compañero o compañera permanente […] [d]el funcionario que dictó la providencia a revisar”.
o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar”. 8 Como cuando “tuvo que valorar los elementos probatorios y la evidencia física que en nueva ocasión deben ser apreciados, o ya dio su concepto sobre la responsabilidad de los acusados”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, impedimento 41075 del 23 de abril de 2013. Ver también el auto del 7 de mayo de 2002, radicado 19.300, el auto del 6 de junio de 2007, radicado 27.385, y el auto del 13 de junio de 2007, radicado 27.497. 9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 9 de junio de 2010, radicado n. 34.115. Este documento es copia del original firmado digitalmente por DANILO ALFONSO ROJAS BETANCOURTH, MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO, SANDRA ROCIO GAMBOA RUBIANO, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, GUIOMAR RUIZ SALDAÑA. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1501310-82.2025.0.00.0001 y el código 721F1A.4
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efectos naturales de la familia ” y ( c) “ garantizar la transparencia en la administración de justicia”10.
11. Esta Sección encuentra que si bien el tipo de relación de pareja que sostiene el
numeral 6 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, esto es “que el funcionario sea (…) compañero o compañera permanente […] [d]el funcionario que dictó la providencia a revisar”. Lo anterior, en virtud de la relación afectiva que mantiene con una magistrada que integró la subsección que profirió la decisión de primera instancia y quien suscribió un salvamento de voto respecto de dicha providencia.
COMPETENCIA
3. De conformidad con el artículo 42 del Reglamento General de esta Jurisdicción “Cuando un magistrado(a) de la JEP […] exprese de manera sustentada la causal [de impedimento] en que se encuentra a su Sala o Sección para que sea sustraído del asunto […] la Sala o Sección respectiva decidirá de plano el impedimento o la recusación ”. Por lo tanto, corresponde a los demás integrantes de la Sección de Apelación la resolución del impedimento presentado por el magistrado Arango Rivadeneira.
PROBLEMA JURÍDICO
4. Esta Sección debe constatar si la relación de pareja anunciada por el funcionario judicial es una situación que puede encuadrar en la hipótesis de impedimento establecida en el numeral 6 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004.
FUNDAMENTOS
5. Los impedimentos y recusaciones son herramientas orientadas a la protección de principios esenciales de la administración de justicia como la independencia y la imparcialidad del funcionario judicial. La independencia y la imparcialidad en el ejercicio jurisdiccional, en cuanto se dirigen a garantizar el debido proceso, tienen su fundamento constitucional en el artículo 29 de la Carta y en los principales convenios internacionales sobre Derechos Humanos adoptados por el Estado colombiano y se
ejercicio jurisdiccional, en cuanto se dirigen a garantizar el debido proceso, tienen su fundamento constitucional en el artículo 29 de la Carta y en los principales convenios internacionales sobre Derechos Humanos adoptados por el Estado colombiano y se convierten en derechos subjetivos del ciudadano5.
6. Los impedimentos son una facultad excepcional otorgada al juez para declinar su competencia en un asunto específico, separándose de su conocimiento. Para prevenir su uso indiscriminado o injustificado, según la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, los eventos en que proceden deben entenderse en sentido restrictivo, de acuerdo con su taxatividad y su interpretación debe efectuarse de forma restringida. El funcionario judicial que manifiesta un impedimento debe hacerlo cuando existan motivos fundados –debidamente explicitados– por los que su imparcialidad puede verse comprometida.
5 Corte Constitucional, sentencia C-496 de 2016. Este documento es copia del original firmado digitalmente por DANILO ALFONSO ROJAS BETANCOURTH, MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO, SANDRA ROCIO GAMBOA RUBIANO, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, GUIOMAR RUIZ SALDAÑA. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1501310-82.2025.0.00.0001 y el código 721F1A.3
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7. Respecto de los jueces de la JEP aplican las mismas reglas. El Reglamento General de esta Corporación Judicial exige que los impedimentos se presenten “ de manera
7. Respecto de los jueces de la JEP aplican las mismas reglas. El Reglamento General de esta Corporación Judicial exige que los impedimentos se presenten “ de manera sustentada” cuando “un magistrado(a) de la JEP se encuentre, o creyere estarlo, en una causal de impedimento”6. Por lo demás, las causales de impedimento que se aplican en el ámbito jurisdiccional transicional son, principalmente, las de la Ley 906 de 2004, pero también las de las “ demás leyes procesales penales vigentes ”, según el artículo 41 del Reglamento General de esta Jurisdicción, conforme lo dispuso el artículo 75 de la Ley 1957 de 2019.
8. El magistrado Arango Rivadeneira invocó la causal de impedimento establecida en el numeral 6 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, pues tiene una relación sentimental con la magistrada que adoptó la decisión de primera instancia que ahora, en segunda instancia, le corresponde conocer en apelación.
9. La mencionada hipótesis legal de impedimento 7, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se configura (i) cuando al operador jurídico, por cuenta de un recurso vertical, le corresponde revisar la misma providencia que dictó en primera instancia; o (ii) en el e vento en que el juez participó de manera esencial, vinculante y con la trascendencia suficiente –comprometiendo su ecuanimidad y rectitud – en el proceso que nuevamente le compete conocer 8. La causal de impedimento en cuestión también se extiende (iii) al cónyuge, compañero o compañera permanente y al pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo
y rectitud – en el proceso que nuevamente le compete conocer 8. La causal de impedimento en cuestión también se extiende (iii) al cónyuge, compañero o compañera permanente y al pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que adoptó la decisión judicial que será o bjeto de examen jurisdiccional.
10. El fundamento de la extensión anotada es que la relación conyugal y familiar, se presume, detentan “la más íntima comunidad espiritual” y, por tanto, “la naturaleza y grado de esos nexos personales y afectivos […] pued[e]n alterar la equidad y la serenidad juzgadora” 9.
La causal impeditiva, en lo que tiene que ver con su extensión a parientes y allegados, es objetiva, en tanto opera “ sin necesidad de que quien manifiesta el impedimento o quien recusa esté obligado a ofrecer argumentos o razones adicionales para demostrar su incidencia en el asunto a resolver”, y lo que en últimas hace es (a) “reconocer uno de los efectos jurídicos de la familia o la comunidad familiar, hasta los grados civil, de consanguinidad o afinidad indicados, como núcleo fundamental de la sociedad”; (b) aceptar la “solidaridad íntima” “como otro de los
6 Artículo 42 del Acuerdo ASP n.º 001 del 2 de marzo de 2020 por el cual se adopta el Reglamento General de la Jurisdicción Especial para la Paz. 7 “Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar”.
efectos naturales de la familia ” y ( c) “ garantizar la transparencia en la administración de justicia”10.
11. Esta Sección encuentra que si bien el tipo de relación de pareja que sostiene el funcionario judicial de la Sección de Apelación con la magistrada que profirió la decisión que ahora debe conocer en apelación no es, precisamente, aquella que el legislador señaló como constitutiva de impedimento, lo cierto es que las particulares condiciones de su unión sentimental, bien vistas, corresponden a las propiedades descritas en la ley.
En otras palabras, constituyen la situación precisa en la que, para garantizar l a imparcialidad y la independencia judicial, el operador jurídico debe ser excluido del asunto11. En efecto, la magistrada de la Sección de Revisión y el magistrado de la Sección de Apelación, a pesar de que no ostentan en estricto sentido jurídico la calidad de compañeros permanentes, como este lo advirtió, sí mantienen una relación sentimental.
12. La Sección de Apelación considera, ciertamente, que la hipótesis impeditiva del numeral 6 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, más allá de los nexos sentimentales que enuncia, lo que intenta evitar es que la serenidad y la equidad en el ejercicio jurisdiccional se vean perturbadas por los sentimientos que, presumiblemente, se derivan de esas relaciones. Nada obsta, sin embargo, para que afectos de esa entidad o importancia se produzcan en el marco de otras formas de relacionamiento.
13. De hecho, lo que caracteriza una unión con la potencialidad de conllevar implicaciones jurídico-patrimoniales, no es tanto la denominación que se le dé, sino la
importancia se produzcan en el marco de otras formas de relacionamiento.
13. De hecho, lo que caracteriza una unión con la potencialidad de conllevar implicaciones jurídico-patrimoniales, no es tanto la denominación que se le dé, sino la voluntad de conformarla, la singularidad de la relación y el acompañamiento constante y permanente, que permita vislumbrar estabilidad y compromiso de vida en pareja. La cohabitación de la pareja no es más que un elemento accidental involucrado en su devenir, puede existir o no existir, pues lo determinante es la estabilidad, continuidad o perseverancia en la comunidad de vida. Si el operador jurídico debe revisar en una instancia superior una providencia suscrita por quien en su criterio le brinda “permanente apoyo y compañía”, así la persona no sea en términos estrictamente jurídicos su cónyuge, compañero o compañera permanente, sin duda, puede llegar a tener alterada su imparcialidad, y es su deber así manifestarlo.
14. Como se precisó en la manifestación de impedimento que en este momento ocupa la atención de la Sección de Apelación, una valoración restringida de las causales de impedimento llevaría a concluir, sin mayores elucubraciones, que no hay lugar a excluir
10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto AP7238-2014 del 26 de noviembre de 2014, radicado 45.014. 11 Jurisdicción Especial para la Paz, Sección de Apelación, autos TP-SA 648 de 2020, TP -SA 845 de 2021, TP-SA 1260 de 2022 y TP-SA 1475 de 2023, entre otros.
11 Jurisdicción Especial para la Paz, Sección de Apelación, autos TP-SA 648 de 2020, TP -SA 845 de 2021, TP-SA 1260 de 2022 y TP-SA 1475 de 2023, entre otros. Este documento es copia del original firmado digitalmente por DANILO ALFONSO ROJAS BETANCOURTH, MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO, SANDRA ROCIO GAMBOA RUBIANO, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, GUIOMAR RUIZ SALDAÑA. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1501310-82.2025.0.00.0001 y el código 721F1A.5
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al funcionario judicial del asunto de la referencia, en tanto la relación de pareja que pone de presente no posee el estatus jurídico que el legislador, en principio, exige.
15. Sin embargo, una interpretación restringida no es sinónimo de una literal o irrazonadamente exegética. En situaciones como la presente, una interpretación restrictiva, justamente, permite concluir que se cumple a cabalidad el supuesto que contiene –y que intenta conjurar– el precepto legal examinado. No se trata, en realidad, de ponderar principios constitucionales en colisión, sino de realizar una adecuada subsunción normativa de la causal de impedimento establecida en el numeral 6 del artículo 56 de la Le y 906 de 2004, previa una interpretación del término “ compañera permanente” que toma en consideración la finalidad de la norma, de modo que se
subsunción normativa de la causal de impedimento establecida en el numeral 6 del artículo 56 de la Le y 906 de 2004, previa una interpretación del término “ compañera permanente” que toma en consideración la finalidad de la norma, de modo que se garantice la transparencia e imparcialidad que se espera de la administración de justicia transicional12.
16. Por todo lo considerado, se aceptará el impedimento manifestado por el magistrado Rodolfo Arango Rivadeneira, con las implicaciones procesales que se derivan de esa determinación.
En mérito de lo expuesto, se
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el magistrado Rodolfo Arango Rivadeneira en el trámite de la referencia . En consecuencia , SEPARARLO del conocimiento de la impugnación de la s entencia de tutela SRT-ST275/2025 del 27 de noviembre de 2025, proferida por la Subsección Quinta de la Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz.
SEGUNDO: ADVERTIR que contra esta decisión no procede ningún recurso.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Firmado digitalmente
PATRICIA LINARES PRIETO
Magistrada Presidenta de la Sección
12 Al respecto, ver por ejemplo: Jurisdicción Especial para la Paz, Sección de Apelación, autos TP -SA 1531 de 2023 y TP-SA 1646 de 2024, entre otros. Este documento es copia del original firmado digitalmente por DANILO ALFONSO ROJAS BETANCOURTH, MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO, SANDRA ROCIO GAMBOA RUBIANO,
TP-SA 1646 de 2024, entre otros. Este documento es copia del original firmado digitalmente por DANILO ALFONSO ROJAS BETANCOURTH, MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO, SANDRA ROCIO GAMBOA RUBIANO, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, GUIOMAR RUIZ SALDAÑA. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1501310-82.2025.0.00.0001 y el código 721F1A.6
S E C C I Ó N DE A P E L A C I Ó N E X P E D I E N T E: 1501310-82.2025.0.00.0001
Firmado digitalmente
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
Firmado digitalmente SANDRA GAMBOA RUBIANO Magistrada Con aclaración de voto
Firmado digitalmente
DANILO ROJAS BETANCOURTH
Magistrado
Firmado digitalmente
GUIOMAR RUÍZ SALDAÑA
Secretaria Judicial
Este documento es copia del original firmado digitalmente por DANILO ALFONSO ROJAS BETANCOURTH, MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO, SANDRA ROCIO GAMBOA RUBIANO, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, GUIOMAR RUIZ SALDAÑA. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1501310-82.2025.0.00.0001 y el código 721F1A.