JEP - AV Dra-Sandra-Gamboa Auto TP-SA-776 07-abril de 2021

DESCRIPTORES: Reiteración: DEFENSA TÉCNICA – debe garantizarse durante todo el trámite de la amnistía-. AMNISTÍA -garantía de defensa técnica-. DEBIDO PROCESO -defensa técnica-. DEBIDO PROCESO -aplicación en la Jurisdicción Especial para la Paz-. AMNISÍTA -requisitos-. AMNISTÍAsatisfacción del factor personal-. AMNISTÍA -régimen probatorio factor personal-. AMNISTIAinterpretación adecuada del numeral 4 de los artículos 17 y 22 de la Ley 1820 de 2016-. FACTOR PERSONAL -cumplimiento de lo establecido en la Ley 1820 de 2016-. DELITOS COMÚNES -no están excluidos de la competencia de la JEP-. DELITOS COMUNES -categoría para diferenciarlos de los delitos políticos-. DELITOS COMUNES -pueden ser conexos con los políticos-. DELITOS COMUNES -calificación de conexidad corresponde a la JEP no a la JPO-.

ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA SANDRA GAMBOA

RUBIANO AL AUTO DE LA SECCIÓN DE APELACIÓN

TP-SA 776 DEL 7 DE ABRIL DE 2021

Bogotá D.C., 18 de mayo de 2021 Con el respeto acostumbrado por las decisiones mayoritarias de la Sección de Apelación (SA), dejo consignados los argumentos por los cuales, aunque comparto la decisión de la mayoría que estableció la ostensible incompetencia de la JEP, me aparto de algunos de los argumentos vertidos en la decisión adoptada mediante el Auto TP-SA 776 de 2021. RESUMEN Aunque acompaño la decisión de la mayoría en el sentido de confirmar la Resolución SAIAOI-IC-LRG-062 del 20 de enero de 2020 mediante la cual se determinó que era palmaria la incompetencia de la JEP respecto de un conductas cometidas por el solicitante como integrante del denominado “Clan del Golfo”, mi voto debe ser aclarado por cuanto como lo he manifestado el votos disidentes previos1, me distancio del argumento vertido por la mayoría en el auto, de acuerdo con el cual, la calificación de una conducta como de “delincuencia común” implica la no satisfacción del factor material de competencia de la JEP, esto, por cuanto tal afirmación ignora que existen delitos comunes que bajo determinados presupuestos son de competencia de esta Jurisdicción, siendo riesgosamente impreciso que el órgano de cierre hermenéutico genere confusiones en categorías que la normatividad, la jurisprudencia y la doctrina han decantado sobradamente. De otro lado, reafirmo en esta oportunidad los argumentos por los cuales considero errada la interpretación de la mayoría A en relación con del derecho a la defensa en relación con el 1 Sobre este último argumento, dado que fue objeto del salvamento de voto al Auto TP-SA 637 de 2021, me remito al mismo, el cual, para el efecto anexo al presente salvamento. Ver también salvamento parcial de voto al Auto TP-SA 689 de 2021. 1 debido proceso en la JEP, en especial dados los límites que la SA mayoritaria ha determinado en relación con la defensa técnica en los trámites adelantados ante la JEP2. Finalmente dado que la mayoría SA reitera su interpretación de lo dispuesto en la Ley 1820 de 2016 y la Ley Estatutaria de la JEP, sobre los medios probatorios para dar por satisfecho el

factor personal de competencia, me remito a lo dicho por la suscrita magistrada en oportunidades previas, en concreto, considero que, de un lado, la expresión “otras evidencias” contenida en los numerales cuartos de los artículos 17 y 22 de la referida Ley 1820, debe respetar el margen de actividad probatoria del juez transicional a efectos de determinar si se encuentra o no frente a una persona que es destinataria del régimen transicional que corresponde aplicar a esta Jurisdicción Especial y, de otro lado, no cabe incluir como presupuesto contemplado en el marco normativo, por equiparación con la acreditación hecha por la OACP, la certificación hecha por el CODA3. Así, en los términos expuestos, de manera respetuosa, aclaro mi voto. Con toda consideración, [original con firma escaneada] SANDRA GAMBOA RUBIANO Magistrada 2 Al respecto, me remito en esta oportunidad al planteamiento que hice en el salvamento de voto a la Sentencia de Amnistía TP-SA -AM 081 del 17 de junio de 2019, anexo a esta aclaración, así como al salvamento de voto a la sentencia TP-SA-168 de 18 de junio de 2020, en particular al apartado III, relativo a debido proceso y defensa técnica; igualmente, al salvamento de voto al auto TP-SA 606 de 2020. 3 Sobre dicho argumento en providencias en las que se ha referenciado tal interpretación se pueden ver los siguientes

votos disidentes: salvamentos de voto a la sentencias de amnistía TP-SA 125 de 2020, 099 de 2019, a los autos TP-SA 751, 692 y 687 de 2021; 681, 672, 670, 636, 627, 564, 551, 539, 534, 504 de 2020; 302 de 2019, 284, 272, 253, 233 de 2019, y aclaraciones de voto a los autos TP-SA 737, 681, 526, 503, 494 de 2020; 229 y 057 de 2018. 2

SECCIÓN DE APELACIÓN EXPEDIENTE: 2017120160500010E SOLICITANTE: FABIÁN JOSÉ JIMÉNEZ BENJUMEA DESCRIPTORES. DELITOS COMUNES -no están excluidos de la competencia de la JEP; - categoría para diferenciarlos de los delitos políticos; -pueden ser conexos con los políticos; - calificación de conexidad corresponde a la JEP no a la JPO.

Reiteración: DERECHO AL DEBIDO PROCESO -defensa técnica en la JEP-. DEFENSA TÉCNICA EN LA JEP -es imperativa también en los procedimientos sobre beneficios de menor intensidad; -en el marco de justicia transicional-. VERDAD RESTAURATIVA -. importancia de construcción de la justicia restaurativa frente al derecho penal premial.- RÉGIMEN PROBATORIO -. justicia premial y exigencia de justicia restaurativa. PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA -responde, entre otros, a la finalidad de generar confianza para la construcción de una paz estable y duradera-. DERECHO A LA LIBERTAD PERSONALimplicaciones de decisiones sobre amnistías, para la actividad punitiva del Estado, en un Estado Social de Derecho que busca la transición a una paz estable y duradera-.

SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA SANDRA GAMBOA RUBIANO AL AUTO DE LA SECCIÓN DE APELACIÓN, TP-SA 637 DEL 5 DE

NOVIEMBRE DE 2020

Bogotá D.C., 24 de diciembre de 2020

Expediente: 2017120160500010E Solicitante: Fabián José JIMÉNEZ BENJUMEA Con el respeto acostumbrado por las decisiones mayoritarias de la Sección de Apelación

(SA), dejo consignados los argumentos por los cuales me aparto de la decisión adoptada mediante el Auto TP-SA 637 de 2020. RESUMEN En esta oportunidad son múltiples las razones que me alejan de la decisión adoptada por SA. En primer lugar, debo destacar que en el caso se configuraba una nulidad por la ausencia de defensa técnica durante el trámite de los beneficios transicionales solicitados ante la JEP por el señor JIMÉNEZ BENJUMEA, la cual no era subsanable con una nueva notificación de la decisión de inadmisión. Al contrario, se debía declarar la nulidad desde el momento mismo en que se avocó la solicitud. La defensa técnica, entendida como un elemento esencial del debido proceso, no es susceptible de limitaciones, aún en escenarios de transición como el de la jurisdicción especial. En segundo lugar, encuentro que la decisión tuvo como base primordial el proceso penal adelantado en la Jurisdicción Penal Ordinaria (JPO), el cual fue desarrollado bajo un mecanismo de justicia premial. Por ende,

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SANDRA GAMBOA RUBIANO EXPEDIENTE: 2017120160500010E RADICADO: FABIÁN JOSÉ JIMÉNEZ BENJUMEA era imperativo que la JEP desplegara actividad probatoria con el fin de cumplir con uno de los objetivos del componente de justicia del SIVJRNR: la verdad restaurativa. En tercer lugar, estimo que el asunto que ocupó a la SA constituía una oportunidad para precisar que en todo caso el carácter común de los delitos per se no conduce a la incompetencia de la JEP, en tanto pueden darse eventos en los que éstos tengan relación con el CANI y es dicha relación el criterio que habilita el factor material de competencia de la JEP. Finalmente, debo reiterar mi preocupación por el desconocimiento del carácter de cosa juzgada material respecto a decisiones que otorgan la amnistía de iure en la JPO. El carácter integral e irrenunciable de la defensa técnica en los procedimientos adelantados en la JEP

1. En el auto respecto del cual salvo mi voto, se resolvió la impugnación presentada por el señor Fabián José JIMÉNEZ BENJUMEA, contra la Resolución 149 del 22 de octubre de 2019 proferida por la Sala de Amnistía o Indulto (SAI), mediante la cual se inadmitió por falta de competencia material la solicitud de beneficios presentada por el señor JIMÉNEZ BENJUMEA. En mi criterio, la decisión que debió adoptar la Sección era la de declarar la nulidad por ausencia de defensa técnica durante el trámite.

2. Como lo he sostenido en oportunidades anteriores1, constituye una profunda afectación al derecho al debido proceso la no exigibilidad de la defensa técnica en todas las actuaciones ante la JEP2. Por vía de la interpretación de la Sección mayoritaria, se tiene que la persona que se acoge o es puesta a disposición de la jurisdicción especial, antes de adquirir la calidad de compareciente, no tendría derecho la defensa técnica.

Nada más extraño al marco transicional, basado en los principios definidos por el artículo 12 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017, entre ellos: el condicionamiento del tratamiento penal especial a la garantía de los derechos de las víctimas, la centralidad de sus derechos, su participación, el debido proceso, la contradicción, el derecho a la defensa, la favorabilidad y la libertad de escoger abogado acreditado para ejercer en cualquier país.3 1 Salvamento de Voto de la Magistrada Sandra Gamboa Rubiano a los Autos TP-SA 560 de 2020, 211 y 164 de 2019; y 095 de 2018; asimismo, Aclaración de Voto de la Magistrada Sandra Gamboa Rubiano a los Autos TP-SA 145 y 128 de 2019, y a la Sentencia TP-SA 043 de 2019; entre otros. 2 La línea argumentativa adoptada, deja de lado un aspecto central del derecho al debido proceso en escenarios en los cuales el objeto de la decisión es la libertad individual. Tal libertad constituye uno de los derechos fundamentales que expresa la dignidad humana en un Estado Social de Derecho. Así, los límites impuestos al Estado como titular

de la acción punitiva se basan en reconocer la asimetría entre aquel como quien detenta el poder y el sujeto investigado, procesado o condenado. 3 Acto Legislativo 01 de 2017, artículo transitorio 12, inciso 1; asimismo, Ley 1922 de 2018, artículo 1, inciso 2. 2

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3. El debido proceso es un derecho transversal en la JEP4 como se establece, entre otros, en el literal e, del artículo 1, de la Ley 1922 de 2018, donde se señala que las actuaciones, procedimientos y decisiones se regirán por el debido proceso, en el procedimiento dialógico –literal b-, y que “en los procedimientos adelantados ante la JEP, siempre se deberá garantizar el debido proceso entendido, como mínimo, la necesidad de participar en la actuación, de notificación oportuna y al ejercicio del derecho a la defensa y contradicción de la prueba” (negrilla fuera del texto original).

4. El derecho a la defensa es uno de los aspectos básicos del debido proceso, como medio que posibilita la realización de otros derechos y garantías. La legislación penal nacional cuenta con contenidos sobre dicho derecho. Así, el artículo 8 de la Ley 600 de 2000, al cual me remito en atención a la expresa regulación del artículo 72 de la Ley 1922 de 2018, establece que, a través de todas las actuaciones se garantizará el derecho a la

defensa, que deberá “ser integral, ininterrumpida, técnica y material”5..

5. A propósito del análisis de las normas de la Ley de Procedimiento de la JEP, resulta ilustrativo mencionar que, si bien el artículo 126 de la Ley 600 de 2000 establece que el sindicado adquiere la calidad de sujeto procesal desde su vinculación mediante indagatoria o declaratoria de persona ausente, la Corte Constitucional declaró exequible de manera condicionada dicha norma, en el entendido de que, aún antes de la vinculación mediante indagatoria o como persona ausente, el imputado tendrá los 4 Corte Constitucional, Sentencia C-674 de 2017. “5.2.5.1.2. La centralidad del derecho al debido proceso dentro del Estado Constitucional de Derecho se explica por los estrechos vínculos que tiene con las libertades fundamentales y con el principio democrático. // En efecto, en su formulación más general, el derecho al debido proceso exige que todas las actuaciones de los órganos del Estado se encuentren reguladas y sometidas a la ley. En esta aproximación es aplicable a todas las autoridades públicas y a todas las esferas de la actividad estatal, incluyendo la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Este sometimiento a la ley tiene no solo una dimensión formal, referida a las competencias, las formas y los procedimientos a los que se debe sujetar la actividad estatal, sino también una sustantiva, en tanto que del mismo se derivan derechos sustanciales para las personas. Así, el deber del Estado de sujetar su actividad al ordenamiento jurídico es también un derecho de las personas a que las distintas instancias estatales actúen de conformidad con la ley, y por esta vía, el derecho al debido proceso constituye una garantía de

libertad, pues ninguna autoridad puede intervenir en las distintas esferas de la libertad de las personas, si esta intervención no se origina en una competencia definida previamente por el ordenamiento jurídico, y si no se ejerce en los términos de la ley, que, en cualquier caso, están orientados por criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y subordinados a la Constitución. Así, las reglas procesales deben concebirse e interpretarse en función de unos principios sustantivos derivados de la Carta Política. (…) // De esta manera, el derecho al debido proceso es una garantía de primer orden de las libertades, y una forma de contención del poder. // 5.2.5.1.3. Lo anterior explica no solo que la Constitución Política y los instrumentos internacionales de derechos humanos reconozcan expresamente el derecho al debido proceso, especialmente en el contexto judicial, sino, también, que toda la organización política se estructure en función del citado principio. De hecho, buena parte de los contenidos de la Carta Política solo pueden ser garantizados mediante el establecimiento de reglas de orden formal y procedimental orientadas a materializar las exigencias sustantivas en ella plasmadas.” 5 Sobre el particular la Corte Suprema de Justicia ha sostenido: “A partir de este principio, surge el derecho a la defensa técnica como garantía fundamental y presupuesto esencial de validez en la relación adversarial que a través del proceso penal se constituye, consistente en la prerrogativa que el imputado tiene de estar asistido permanentemente por un abogado que le asesore y represente, y que, en términos de equilibrio e idoneidad, pueda enfrentar el órgano represivo. // “Esta posibilidad de oposición

y refutación de la pretensión punitiva del Estado debe ser real, continua y unitaria, características que se oponen a lo formal, lo temporal y lo soluble. No es, ni se trata, de llenar una exigencia de carácter normativo, sino de velar porque este derecho logre material y efectiva realización, obligación por cuyo cumplimiento debe propender el funcionario judicial encargado de la dirección del proceso”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 22 de septiembre de 1998, Rad. 10771. 3

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SANDRA GAMBOA RUBIANO EXPEDIENTE: 2017120160500010E RADICADO: FABIÁN JOSÉ JIMÉNEZ BENJUMEA mismos derechos del sujeto procesal, especialmente en lo que se refiere al ejercicio del derecho a la defensa y, por supuesto, a la protección de sus demás derechos6. Esto, en armonía con el análisis que, sobre el derecho a la defensa y la improcedencia de la limitación de su ejercicio a determinadas etapas procesales, ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)7.

6. El derecho a la defensa como mecanismo efectivo para garantizar condiciones genuinas de debido proceso, no resulta ajeno a procedimientos que se sigan en el marco de un modelo de justicia transicional. El derecho de defensa técnica ha sido reconocido como garantía irrenunciable en los Estatutos del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (Art. 21, núm. 4, literal d) y del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (Art. 20, núm. 4, literal d). Asimismo, la jurisprudencia de

dichos tribunales de justicia transicional respalda el derecho de defensa, tanto como conjunto de derechos subjetivos individuales que benefician a la persona procesada, como en su dimensión de realización de justicia material en todas las etapas del proceso8. Así, asegurar que quienes se sometan o sean puestos a disposición de la JEP cuenten con la garantía de acceso a la defensa técnica, corresponde a la consideración del principio de seguridad jurídica y del objetivo de que el accionar de la Jurisdicción Especial aporte a una paz estable y duradera.

7. Para denotar el reconocimiento del carácter de mayor garantía de la defensa técnica, cabe referir que de acuerdo con el artículo 305 de la Ley 600 de 2000, las diligencias practicadas sin la asistencia del defensor del procesado son consideradas como inexistentes para todos los efectos procesales, por considerar esta circunstancia como una transgresión al derecho a la defensa. En efecto, la Corte Constitucional ha subrayado: “5. El Constituyente dejó plasmada en la Carta la voluntad de asegurar el respeto pleno al derecho a la defensa técnica en el ámbito penal, mediante una ‘regulación categórica y expresa de carácter normativo y de rango superior’, que ‘compromete, con carácter imperativo y general, al legislador, a la ley y a los jueces’”9 (negrilla fuera del texto). 6 Corte Constitucional. Sentencia C-033 de 2003. 7 Vale referir que la Corte IDH ha sostenido que “el derecho a la defensa debe poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso. Sostener lo opuesto implica

supeditar las garantías convencionales que protegen el derecho a la defensa, entre ellas el artículo 8.2.b, a que el investigado se encuentre en determinada fase procesal, dejando abierta la posibilidad de que con anterioridad se afecte un ámbito de sus derechos a través de actos de autoridad que desconoce a los que no puede controlar u oponerse con eficacia, lo cual evidentemente es contrario a la Convención. El derecho a la defensa obliga al estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo”. Corte IDH, Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, Sentencia del 17 de noviembre de 2009. Párr. 29. 8 Ver, entre otras decisiones del TPIY: Case Kordic y Cerkez, Appeals Chamber, Judgement of 17 December 2004, IT95-14/2-A, párs. 175-177; Case Blaskic, Appeals Chamber, Judgement of 29 July 2004, IT-95-14-A, par. 208; Case Tadic, Appeals Chamber, Judgement of 15 July 1999, IT-94-1-A, párr. 43 - 52. 9 Corte Constitucional. Sentencia C-592 de 1993; Sentencia C-025 de 1998; Sentencia C-152 de 2004. 4

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8. De esta forma, la regla general es asegurar la garantía del derecho de defensa

técnica, en lugar de, como a mi juicio lo hace la Sección mayoritaria, considerar que la defensa técnica constituye una excepción o una mera opción. Se trata de una prerrogativa intangible, es decir, es irrenunciable: “Si el procesado no quiere o no está en condiciones de designar un abogado que lo asista en el trámite procedimental, el órgano judicial tiene la obligación de proveérselo, y de estar atento a su desempeño, asegurándose que su gestión se cumpla dentro los marcos de diligencia debida y ética profesional, propósito que por igual debe buscar en tratándose de abogados de confianza, designados a instancia del propio implicado” (negrilla fuera del texto original)10. La inderogabilidad de la obligación de la defensa técnica emerge de las exigencias de la Constitución Política de 199111 y es reiterada por el Artículo 8.2.e) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en cuanto señala la irrenunciabilidad de dicho derecho.

9. En esa medida, no puedo compartir la interpretación mayoritaria relativa a la distinción entre solicitante y compareciente para efectos de crear un carácter optativo para la defensa técnica en los procedimientos adelantados en la JEP. En primer lugar, el tenor literal de los artículos 2112 y 3713 de la Ley 1957 de 2019 (LE-JEP) difícilmente puede ser interpretado, limitando un derecho el cual es inderogable e irrenunciable según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH).

10. En segundo lugar, es claro que el trámite que se le dé a la solicitud inicial va a

tener consecuencias definitivas para la definición del carácter de compareciente del solicitante. Es decir, no es válido plantear una parcelación del estatus de la persona que se presenta ante la JEP para efectos de limitar un derecho humano. En efecto, en un acto judicial en el que se resuelven asuntos de alto impacto social y la posibilidad de prolongar la privación de la libertad de un ciudadano, el derecho a la defensa técnica tiene una importancia especial14. En tercer lugar, tal diferenciación es por lo menos, 10 Corte Constitucional. Sentencia C-152 de 2004, que a su vez cita a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en decisión del 22 de septiembre de 1998. Radicación No. 10771. MP. Fernando Arboleda Ripoll. 11 Corte Constitucional. Sentencia C-152 de 2004, que a su vez cita a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en decisión del 22 de octubre de 1998. Radicación No. 9906. MP. Fernando Arboleda Ripoll. 12 ”Todas las actuaciones en la JEP, de conformidad con las reglas aplicables a la Jurisdicción Especial para la Paz, respetarán los derechos, principios y garantías fundamentales del debido proceso, defens;a, asistencia de abogado, presunción de inocencia, a presentar pruebas, a controvertir ante el tribunal para la paz las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho y a la independencia e imparcialidad de los magistrados de las Salas y Secciones, así como de los integrantes de la Unidad de Investigación y Acusación (...)”

13 “Ante todos los órganos de la JEP las personas podrán ejercer su derecho de defensa, según lo escojan, de manera individual o de forma colectiva, por ejemplo, como antiguos integrantes de una organización o por medio de la organización a la cual hayan pertenecido. El Estado ofrecerá un sistema autónomo de asesoría y defensa -gratuita si el solicitante careciere de recursos-, que será integrado por abogados defensores colombianos debidamente cualificados. A decisión del interesado, se podrá acudir a los sistemas de defensa judicial ya existentes en Colombia.” 14 Así lo ha sostenido reiteradamente la Corte Penal Internacional: La Sala acepta que el Secretario tiene el mandato de garantizar que los recursos limitados de la Corte, en la medida en que son su responsabilidad, sean administrados con cuidado. A este respecto, es importante que las secciones de la Secretaría que tienen autoridad en esta área, aseguren que los fondos de la Corte no se desperdicien. Sin embargo, la consideración general en este contexto es el derecho del acusado a un juicio justo en 5

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SANDRA GAMBOA RUBIANO EXPEDIENTE: 2017120160500010E RADICADO: FABIÁN JOSÉ JIMÉNEZ BENJUMEA cuestionable, en un caso como el que nos ocupa. Lo anterior porque, tal como se deja claro en la providencia, al señor JIMÉNEZ, en razón de su acreditación por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) y su designación como gestor de paz, en la JPO se le reconoció la amnistía de iure en relación con algunos de sus delitos. Así las

cosas, tal concesión lo dotaba del carácter de compareciente al estar vinculado por el régimen de condicionalidad que se deriva del reconocimiento de tales beneficio.

11. A partir de las consideraciones anteriores, no se puede perder de vista que, tratándose del derecho de defensa, en asuntos relacionados con la libertad de las personas, la defensa técnica cobra especial relevancia. Y es así porque procura que los sujetos procesales actúen contando con recursos para dotar al operador judicial de suficientes elementos en un adecuado proceso. De este modo, las aseveraciones de la providencia en cuestión, las cuales minimizan la ausencia de defensa técnica durante el trámite adelantado, debido a que el asunto desde el inicio no era de competencia de la JEP15, desdicen del contenido y finalidad de tal derecho, el cual no puede estar supeditado a la vocación de éxito o fracaso de la actuación respecto de los intereses del solicitante, máxime en una jurisdicción como la JEP en la cual se involucran derechos no solo de los comparecientes, sino también de las víctimas y de la sociedad en general.

La construcción de la Verdad Restaurativa en la JEP y los procedimientos de terminación abreviada en la Jurisdicción penal ordinaria virtud del artículo 67 del Estatuto. Además, es necesario observar que la garantía de un juicio justo es, en esencia, un elemento indispensable de la justicia internacional. Este derecho humano fundamental, reconocido internacionalmente, como está consagrado en el Estatuto y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no puede ser violado y ciertamente no sobre la base de un Informe preparado para la Asamblea de los Estados Partes (los Ajustes). Si se infringe el derecho del acusado

a una defensa efectiva, ya no es posible un juicio justo para el acusado. (traducción propia). International Criminal Court, Situation in the Democratic Republic of the Congo. The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo. Registrar's Submissions under Regulation 24bis of the Regulations of the Court In relation to Trial Chamber I's Decision ICC-01/04-01/062800, 5 October 2011, par. 53. Esta cuestión ha sido reiterada de manera reciente en la Sala de Juicio VII de la Corte Penal Internacional: International Criminal Court, Situation in the Central African Republic. The Prosecutor v. Jean Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu and Narcise Arido. Request to Review the Registry’s Decision to Neither Apply or Comply With Legal Service Agreements with Defence Support Staff, 20 October 2018, ICC-01/05-01/13, pár. 8 (traducción propia). En esta última decisión, La Sala de Juicio señaló la existencia de una obligación de garantizar los derechos de la Defensa: “Esta Sala de Primera Instancia también ha reconocido que "la Sala tiene obligaciones generales para garantizar que el juicio sea justo y que se respeten los derechos de los acusados". Esta obligación general ha llevado a las Salas anteriores a intervenir cuando las decisiones de asistencia jurídica que normalmente no son de su competencia corren el riesgo de socavar la equidad del proceso”(traducción propia, negrilla fuera del texto). 15 Por ejemplo, en el párrafo 27 se señala: “En conclusión, no es factible asumir que la ausencia del nombramiento de un abogado en el caso concreto, antes de inadmitirse la amnistía,comporte un defecto de suma trascendencia que lleve a la SA a

anular la actuación porque su presencia habría razonablemente llevado a una decisión opuesta por la potencialidad del asunto de ser conocido y procesado por la JEP. Por el contrario, lo que surge incontestable es que ni en un nivel preliminar la situación de JIMÉNEZ BENJUMEA sería abarcada por el componente judicial del SIVJRNR, escenario que, indistintamente interviniera o no la mediación de un representante judicial del interesado, no habría cambiado en lo absoluto.” 6

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SANDRA GAMBOA RUBIANO EXPEDIENTE: 2017120160500010E

RADICADO: FABIÁN JOSÉ JIMÉNEZ BENJUMEA

12. En el caso sobre el que se adoptó la decisión de la que me aparto, el despacho sustanciador de la SAI tomó la determinación de indamitir por falta de competencia la solicitud de beneficios presentada por el señor JIMÉNEZ BENJUMEA teniendo como sustento probatorio las condenas de la JPO derivadas de un mecanismo jurídico de terminación abreviada del proceso, propio de la justicia premial.

13. Mi observación en este sentido se deriva de considerar la diferencia sustancial entre la JEP como expresión de un modelo restaurativo y la JPO. En el caso de la JPO se revela importante considerar que las diferentes formas de terminación anticipada de los procesos en el marco del sistema penal de tendencia acusatoria representan una abreviación de los procedimientos, entre otros de su fase probatoria, característica que no debería ser pasada por alto al analizar los elementos materiales probatorios y

evidencia física provenientes de dicho tipo de procesos. De ahí que las sentencias condenatorias en la JPO, si bien, arrojan una verdad procesal, no necesariamente implican la verdad restaurativa sobre los hechos, y ello debería convocar un análisis diferenciado si además se trata de sentencias condenatorias derivadas de mecanismos de justicia premial, como pasa a explicarse.

14. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han subrayado que la aceptación de cargos y los allanamientos, constituyen algunas de las formas prototípicas del derecho o justicia premial16. Sin embargo, alcanzar la verdad, implica exigencias que emergen y redundan en hacer eficaz el principio de centralidad de las víctimas en tanto ellas tienen derecho a una verdad construida de forma restaurativa, así como en el debido proceso, especialmente aunque por supuesto no únicamente, en relación con el procesado. Es así como el marco normativo de la JEP señala que, aún en los escenarios adversa