JUZ CALI - 2014 10 Oct D761113121003201300038000Sentencia20141023111743

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Guadalajara de Buga, Febrero veinticuatro (24) de Dos Mil Catorce (2014).

Solicitud: Restitución y Formalización de Tierras.

Solicitantes: LUZ MARINA CADAVID MARIN Radicado: 76-111-31-21-003-2013-00038-00.

Sentencia Nro. 008 Única Instancia.

I. OBJETO A DECIDIR Al cumplir con los parámetros establecidos en la Ley 1448 de 2011 este proceso llega al momento decisorio, la sentencia que resolverá de fondo lo que en derecho corresponda, a la solicitud instaurada por la señora LUZ MARINA CADAVID MARIN identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 29. 312.738 de Bugalagrande Valle del Cauca, representada a través de apoderado judicial, designado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas Territorial -Valle del Cauca.

II. HECHOS.

De manera sucinta y concatenada se relataran los hechos presentados a través del escrito de la solicitud; por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas Territorial del Valle del Cauca, que en adelante

De manera sucinta y concatenada se relataran los hechos presentados a través del escrito de la solicitud; por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas Territorial del Valle del Cauca, que en adelante se denominara “UAEGRTD”, a través del abogado adscrito a la misma entidad, LUZ MARINA CADAVID MARIN: - El predio objeto de la solicitud fue adquirido por la señora LUZ MARINA CADAVID MARIN, mediante escritura pública Nro. 745 del 31 de mayo de 1996, protocolizada en l a Notaria Única del circulo de Bugalagrande, por medio del cual se efectúa partición material del predio común “La Morena” con cédula catastral Nro. 00 -02-0002-0214-000 y folio base Nro. 38412628. - A la solicitante le es adjudicado el lote Nro. 8, predio d enominado “Villa Andrea”, con todas sus mejoras, dependencias y anexidades, con un área de 6 hectáreas, 1.400 M2. En el año de 1997 realiza venta parcial sobre 2 hectáreas 5.600 M2 al señor Marino Franco Rivera mediante escritura pública Nro. 192 del 26 de mayo; reservando para si un área de 3 hectáreasREPÚBLICA DE COLOMBIA

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5.800 M2. Este inmueble se identifica con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 384-77872. - El día 3 de marzo del año 2000, cuando la solicitante se encontraba cuidando a su hija recién nacida, un miembro d e las A.U.C. fue hasta su casa y sacó a su hija YUDI ALEJANDRA CALVO CADAVID siendo esta una menor edad y abuso de ella cometiendo delitos de violencia sexual. - La solicitante relató que su compañero permanente para ese momento el señor ANTONIO GARCIA GAR CIA, tan pronto se enteró de lo sucedido se dirigió hablar con el comandante de zona de las A.U.C. alias “Vicente” quien decidió dar de baja al paramilitar que había cometido el abuso, ejecutándolo en frente del señor Antonio y de Yudi. - En consecuencia de lo anterior, los demás miembros de las A.U.C. empezaron a amenazar al señor Antonio, pues lo culpaban de la muerte de su compañero. Por este motivo la solicitante y su núcleo familiar se desplazan al municipio de La Unión – Valle lugar donde residía la madre de la solicitante. - El desplazamiento se produjo en el año 2000 y fue por un tiempo aproximado de 15 meses, hasta que las A.U.C. los amenazaron diciéndoles que si no volvían a sus predios los iban a perder. - Tiempo después al retorno el día 13 de octu bre de 2001, en el

aproximado de 15 meses, hasta que las A.U.C. los amenazaron diciéndoles que si no volvían a sus predios los iban a perder. - Tiempo después al retorno el día 13 de octu bre de 2001, en el corregimiento de Galicia, asesinan el compañero marital de la solicitante el señor ANTONIO GARCIA GARCIA ; presuntamente como retaliación por haber denunciado ante el comandante de las A.U.C. “Vicente” la violación de la hija de la señora Luz Marina Cadavid Marín. - Como si fuera poco lo sucedido, la solicitante siguió siendo hostigada y perseguida por miembros de las A.U.C. Ella continuo trabajando en el predio con la ayuda de sus hijos, hasta que finalmente para salvaguardar sus vidas se radica en el corregimiento de Galicia

III. SUMARIO DE LAS PRETENSIONES.

En el cuaderno principal la “UAEGRTD”, actuando a través de apoderado j udicial en representación de la señora LUZ MARINA CADAVID MARIN , identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 29.312.738 de Bugalagrande (V), y su núcleo familiar integrado por sus hijos LAUDIS JULIANA CALVO CADAVID identificada con la cedula de ciudadanía Nro. 38.792.513, YUDY ALEJANDRA CALVO CADAVID identificada con la cedula de ciudadanía Nro. 1.126.584.730 , KELLY VANESSAREPÚBLICA DE COLOMBIA

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GARCIA CADAVID identificada con la cedula de ciudadanía Nro. 1.113.039.218, YESIKA ANDREA GRACIA CADAVID identificada con la cedula de ciudadanía Nro. 1.113.039.896 , YONY ALEXANDER CALVO CADAVID identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 1.113.036.198., solicitan se les reconozca la calidad de víctimas (art. 3), se les proteja el derecho a la Restitución y Formalización de Tierras y en el petito subsidiario la protección de las medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas que estab lece el Título IV en Reparación de las Victimas, según lo establecido en la Ley 1448 de 2011.

IV. TRÁMITE PROCESAL

Etapa Administrativa: La señora la señora LUZ MARINA CADAVID MARIN , identificada con la cédu la de ciudadanía Nro. 29.312.738 de Bugalagrande (V), y su núcleo familiar integrado por sus hijos LAUDIS JULIANA CALVO CADAVID identificada con la cedula de ciudadanía Nro. 38.792.513, YUDY ALEJANDRA CALVO CADAVID identificada con la cedula de ciudadanía Nro. 1.126.584.730 ,

identificada con la cedula de ciudadanía Nro. 38.792.513, YUDY ALEJANDRA CALVO CADAVID identificada con la cedula de ciudadanía Nro. 1.126.584.730 , KELLY VANESSA GARCIA CADAVID identificada con la cedula de ciudadanía Nro. 1.113.039.218 , YESIKA ANDREA GRACIA CADAVID identificada con la cedula de ciudadanía Nro. 1.113.039.896 , YONY ALEXANDER CALVO CADAVID identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 1.113.036.198., figuran en lo s registros de tierras despojadas en relación con el predio rural denominado “VILLA ANDREA”, corregimiento “GALICIA” Vereda “LA MORENA” del Municipio de “BUGALAGRANDE”, Departamento del Valle del Cauca, identificado con la Matricula Inmobiliaria Nro. 384 -77872 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Tuluá Valle y distinguido con la cédula catastral Nro. 76 -113-00-02-0002-0296000, individualizado e identificado con un área catastral de 3 hectáreas 5800 metros cuadrados. Reunidos los requisitos exigidos por la Ley 1448 de 2011, confieren poder a un representante judicial adscrito a la “UAEGRTD”, quien presenta ante la oficina de reparto de Guadalajara de Buga Valle del Cauca, la solicitud de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

Etapa Judicial: La solicitu d presentada a reparto el día 26 de agosto de 2013 correspondió a esta instancia, al reunir los requisitos legales establecidos en el

Etapa Judicial: La solicitu d presentada a reparto el día 26 de agosto de 2013 correspondió a esta instancia, al reunir los requisitos legales establecidos en el artículo 84 de la Ley 1448 de 2011, fue admitida el día 11 de septiembre de 2013 a través de Auto Interlocutorio Nro. 113 1, cumpliendo en su contenido con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1448 de 2011, ordenando la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria 384 -77872 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tuluá Vall e del Cauca, seguidamente se ordenó la suspensión de todo negocio de tipo comercial y procesos iniciados ante la jurisdicción ordinaria respecto del predio objeto de restitución, se remitieron los oficios pertinentes a las entidades, Alcaldía del Municipio de BugalagrandeDepartamento del Valle del Cauca, Secretaria de Hacien da Pública del Municipio

1 Folios 82 y 100 Cuaderno 1.REPÚBLICA DE COLOMBIA

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de Bugalagrande , Instituto Geográfico Agustín Codazzi “IGAC”, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural “INCODER”, al Ministerio Público en asuntos de Restitución de Tierras , Corporación Autónoma Regional del Valle CVC, Agencia

de Bugalagrande , Instituto Geográfico Agustín Codazzi “IGAC”, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural “INCODER”, al Ministerio Público en asuntos de Restitución de Tierras , Corporación Autónoma Regional del Valle CVC, Agencia Nacional de Minería, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ministerio de Defensa Nacional y Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Victimas.

Así mismo, se publicaron sendos Edictos Emplazatorios Nro. 012 y Nro. 021 en las instalaciones de este Despacho y en el diario de amplia circulación “El Tiempo” 2, con el fin de que las personas que se crean con derecho a intervenir en el proceso de restitución se pronunciaran al respecto s i ha bien lo consideraban; sin que dentro del término legal comparecieran.

De igual forma se corrió traslado al Banco Cafetero ahora Davivienda, en virtud de que en el certificado de tradición Nro. 384 -12628 de la oficina de instrumentos públicos de la ci udad de Tuluá (V), predio de mayor extensión del cual se da apertura a los folios de matrícula inmobiliarias Nros. 384 -77872, 384 -77866, 38477867, 384 -80365, 384 -81067, 384 -77873 y 384 -77868, se evidencian dos gravámenes hipotecarios constituidos mediante escrituras públicas Nro. 438 del 15 de abril de 1964 a favor del Banco Cafetero , así mismo, según escritura Nro. 742 del 27 de agosto de 1970 a favor d e Julia Rosa Valencia de Moreno (q.e.p.d), como quiera que se desconocía el lugar de habitación o domicil io de la misma

del 27 de agosto de 1970 a favor d e Julia Rosa Valencia de Moreno (q.e.p.d), como quiera que se desconocía el lugar de habitación o domicil io de la misma señora, se emplazó a los herederos determinados e indeterminados de conformidad con el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil Colombiano.

Por lo tanto se nombró como curadora Ad-litem a la doctora Colombia Rebolledo Arbeláez, en su calidad de defensora pública y Curadora de los herederos determinados e indeterminados de la señora Julia Rosa Valencia de Moreno (q.e.p.d.), y se ordenó correr traslado de la solicitud de restitución ; quien se pronuncia acerca de los hechos y las pretensiones3.

El Ministerio Público realizó su intervenci ón a través de la Procuradora 39 Judicial de Restitución de Tierras, quien solicitó la práctica de pruebas 4, las cuales se tuvieron en cuenta en virtud a su procedencia y conducencia;

Continuando con el trámite procesal se dictó providencia de fecha 28 de enero de 2014 en la cual se abrió la etapa probatoria; se ordena tener como pruebas las aportadas con la solicitud de Restitución y Formalización de Tierras Abandonadas y Despojadas, se decretaron la s pruebas solicitadas y de oficio; dentro de las cuales se fijó el día 12 de febrero del 201 4, para recepcion ar interrogatorio de parte a la solicitante señora LUZ MARINA CADAVID MARIN , igualmente testimonio del señor Ricardo Fernández y Laudis Juliana Cal vo Cadavid ; en la

2 Folios 353 a 354 cuaderno 1 3 Folios 446 a 448 cuaderno 2.

testimonio del señor Ricardo Fernández y Laudis Juliana Cal vo Cadavid ; en la

2 Folios 353 a 354 cuaderno 1 3 Folios 446 a 448 cuaderno 2. 4 Ver al respecto folio 384-395 cuaderno 2.REPÚBLICA DE COLOMBIA

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fecha indicada y constituido el recinto en audiencia 5 pública, se recepcionaron los interrogatorios y se escucharon los testimonios, una vez vencido el término se cerró la etapa probatoria, continuando con la sentencia correspondiente.

V. MATERIAL PROBATORIO.

La parte solicitante aportó con la solicitud pruebas documentales específicas y comunes las cuales obran a folios 1 al 107 del cuaderno Nro. 3 , además de las pruebas practicadas por esta instancia judicial y las solicitadas por la Procuradora Judicial en Asuntos de Restitución de Tierras.

VI. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER.

Consiste en determinar si con la presente solicitud de Re stitución y Formalización de Tierras Despojadas y Abandonadas, converge la calidad de víctimas de la solicitante señora LUZ MARINA CADAVID MARIN , y su núcleo familiar integrado por sus hijos LAUDIS JULIANA CALVO CADAVID , YUDY ALEJANDRA CALVO

solicitante señora LUZ MARINA CADAVID MARIN , y su núcleo familiar integrado por sus hijos LAUDIS JULIANA CALVO CADAVID , YUDY ALEJANDRA CALVO CADAVID, KELLY VANESSA GARCIA CADAVID , YESIKA ANDREA GRACIA CADAVID, YONY ALEXANDER CALVO CADAVID ; si los hechos victimizantes se originaron dentro del tiempo establecido en el Art. 75 de la Ley 1448 de 2011, así mismo se debe establecer cuál es la relación jurídica de la solicitante y su grupo familiar, con el predio denominado “VILLA ANDREA”, corregimiento “GALICIA” Vereda “LA MORENA” del Municipio de “BUGALAGRANDE”, Departamento del Valle del Cauca, identificado con la Matricula Inmobiliaria Nro. 384 -77872 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Tuluá Valle y distinguido con la cédula catastral Nro. 76 -113-00-02-0002-0296-000, individualizado e identificado con un área catastral de 3 hectáreas 5800 metros cuadrados.

Surtidos a cabalidad los requisitos señalado s en nuestra legislación adjetiva para este tipo de procesos enfocados a la Justicia Transicional , a la Ley de víctimas y aplicación de principios y preceptos legales establecidos en la Ley de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas (Ley 1448 de 20 11), sin que se presenten situaciones que puedan generar nulidad alguna, se procede a dictar sentencia de fondo, previas las siguientes:

5 Ver al respecto folio 267-270 cuaderno número 1REPÚBLICA DE COLOMBIA

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situaciones que puedan generar nulidad alguna, se procede a dictar sentencia de fondo, previas las siguientes:

5 Ver al respecto folio 267-270 cuaderno número 1REPÚBLICA DE COLOMBIA

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VIII. CONSIDERACIONES:

PRESUPUESTOS PROCESALES: O requisitos indispensables para la válida conformación de la relació n jurídica procesal los cuales deben ser motivo de estudio antes de adentrarse al fondo del presente asunto litigioso. Respecto de la competencia no existe reparo alguno, la capacidad para ser parte, para obrar procesalmente, se manifiestan ostensiblemente en el caso de autos. Con relación a la solicitud en forma, se atempera a los requisitos legales.

Competencia: Tal como lo estipula el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011 en su párrafo segundo: “Los Jueces Civiles del Circuito, especializados en restitució n de tierras, conocerán y decidirán en única instancia los procesos de restitución de tierras y los procesos de formalización de títulos de despojados y de quienes abandonaron de forma forzosa sus predios, en aquellos casos en que no se reconozcan opositores dentro del proceso”6.

Capacidad para ser parte: El artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. Determina que:

aquellos casos en que no se reconozcan opositores dentro del proceso”6.

Capacidad para ser parte: El artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. Determina que: “Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a pa rtir del 1 de enero de 1985, como consecuencias de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión al conflicto armado interno.

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a ésta se le hubiera dado muerte o estuviera desaparecida. A falta de éstas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.

De la misma forma, se consideran victimas las personas, que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que puede existir entre el autor y la víctima”7.

Para nuestro caso en concreto, se tiene a la señora LUZ MARIN A CADAVID MARIN, y sus hijos LAUDIS JULIANA CALVO CADAVID , YUDY ALEJANDRA CALVO CADAVID , KELLY VANESSA GARCIA CADAVID , YESIKA ANDREA GRACIA CADAVID , YONY ALEXANDER CALVO CADAVID , como víctimas del

CALVO CADAVID , KELLY VANESSA GARCIA CADAVID , YESIKA ANDREA GRACIA CADAVID , YONY ALEXANDER CALVO CADAVID , como víctimas del desplazamiento forzado, por tanto adquieren en forma automá tica los beneficios establecidos en la Ley.

Puntualizados los aspectos anteriores, se pasa al análisis de la cuestión sustancial del presente asunto.

6 Ley de Victimas y Restitución de Tierras. Ley 1448 de 2011. 7 Ley de Victimas y Restitución de Tierras. Ley 1448 de 2011.REPÚBLICA DE COLOMBIA

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 MARCO JURÍDICO

La Constitución Política de Colombia en el artículo 2º consagra: “ Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades (...)". También el artículo 58 constitucional dispone que ''Se garantizan la propiedad privada y l os demás derechos adquiridos con arreglo de las leyes civiles (...)”. Aunado a lo anterior, La Corte Constitucional, en la sentencia T - 821 de 2007 manifiesta: “Las personas que han sido desplazadas por la violencia se encuentran en una situación de extrema urgencia y vulnerabilidad. Por tal razón, son merecedoras de un trato especial a cargo

manifiesta: “Las personas que han sido desplazadas por la violencia se encuentran en una situación de extrema urgencia y vulnerabilidad. Por tal razón, son merecedoras de un trato especial a cargo de las instituciones públicas. Dicho trato especial debe someterse a un conjunto de directrices constitucionales que esta Corte ya ha tenido oportunidad de señalar”… “En primer lugar, la Corte ha señalado, con extrema claridad, que la situación de desplazamiento se adquiere no a raíz de la inscripción en el Registro Único de Población Desplazada, sino cuando concurren dos condiciones fácticas: la causa violenta y el desplazamiento interno (que incluye tanto la expulsión del lugar de residencia como la imposibilidad de regresar)”…8 Reiterando lo expuesto en los párrafos anteriores, la Corte Constitucional en

Sentencia T-159 de 2011 enuncia:

“La respuesta a la problemát ica del desplazamiento no solamente fue desde el ámbito nacional, sino que también se buscó ampliar la protección a la esfera internacional, por lo que fue necesario adoptar diferentes instrumentos de carácter internacional que igualmente reconocieron la p rotección a los derechos de reubicación y restitución de la tierra para los desplazados como una alternativa optima de estabilización socioeconómica. Dentro de las decisiones adoptadas se encuentran los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, formulados en 1998 por el representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el desplazamiento interno, los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad en la medida que concretan el alcance de tratados sobre derechos humanos y derech o internacional humanitario respecto de los desplazados internos. En relación con los derechos al retorno y la

el desplazamiento interno, los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad en la medida que concretan el alcance de tratados sobre derechos humanos y derech o internacional humanitario respecto de los desplazados internos. En relación con los derechos al retorno y la reubicación de la población desplazada, resulta pertinente la aplicación de los Principios 18, 28 y 29 que precisan las pautas de comportamiento que deben seguir las autoridades al diseñar, implementar y ejecutar medidas y programas orientados a asegurar el goce efectivo de estos derechos a la población desplazada”9.

8 Sentencia T-821 de 2007, M.P. Catalina Botero Marino 9 Sentencia T-159 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra PortoREPÚBLICA DE COLOMBIA

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Teniendo en cuenta la D eclaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 217 de 1948 dispone en su artículo 17. "Toda persona tiene derecho a la propiedad, Individual y colectivamente". Igualmente La Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de San José de Costa Rica o CADH), establece en su artículo 21 Derecho a la Propiedad Privada. " 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

Pacto de San José de Costa Rica o CADH), establece en su artículo 21 Derecho a la Propiedad Privada. " 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

3…..". Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, establece en el principio 21; “...1. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad o sus posesiones.

2. La propiedad y las posesiones de los desplazad os internos disfrutarán de protección en toda circunstancia, en particular, contra los actos siguientes: expolio; ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia; utilización como escudos de operaciones u objetos militares; actos de represalia; y destrucciones o expropiaciones como forma de castigo colectivo.

3. La propiedad y las posesiones que hayan abandonado los desplazados internos serán objeto de protección contra la destrucción y la apropiación, ocupación o uso arbitrarios e ilegales …”.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de las Naciones Unidas, establece en su artículo 75. Reparación a las Víctimas: "1. La Corte establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes. Sobre esta base, la Corte, previa solicitud o de oficio en circunstancias excepcionales, podrá determinar

indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes. Sobre esta base, la Corte, previa solicitud o de oficio en circunstancias excepcionales, podrá determinar en su decisión el alcance y la magnitud de los daños, pérdidas o perjuicios causado s a las víctimas o a sus causahabientes, indicando los principios en que se funda...

6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo podrá interpretarse en perjuicio de los derechos de las víctimas con arreglo al derecho interno o el derecho internacional".

Ahora, pasando al tema de la Justicia Transicional, se encuentra gran cantidad de literatura que aborda el contenido, desde diferentes ópticas, para el caso enREPÚBLICA DE COLOMBIA

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concreto se enunciaran en unos cuantos renglones, un concepto acertado para nuestra realidad: “La justicia transicional se entiende como las medidas excepcionales y transitorias desarrolladas por los estados para enfrentar graves violaciones de derechos humanos, originadas en el marco de un conflicto o un estado de excepción. Pese al esfuerzo por reconocer y estandarizar internacionalmente la existencia de instrumentos para sociedades que han salido de un conflicto 1, hay un consenso casi generalizado frente a la inexistencia de parámetros o medidas unificadas en la materia. Cada Sociedad consider ada en transición tiene que enfrentar

y estandarizar internacionalmente la existencia de instrumentos para sociedades que han salido de un conflicto 1, hay un consenso casi generalizado frente a la inexistencia de parámetros o medidas unificadas en la materia. Cada Sociedad consider ada en transición tiene que enfrentar aspectos históricos, políticos y sociales par ticulares, que requieren medidas especiales para afrontar su pasado, y ningún proceso acaecido hasta la fecha ha logrado satisfacer en su totalidad las expectativas de las partes involucradas2. En el contexto nacional, el concepto de Justicia Transicional se introdu jo en las discusiones legislativas que dieron origen a la Ley 975 de 2005, denominada Ley de Justicia y Paz. Con anterioridad se desarrollaron políticas de desm ovilización, desarme y procesos de paz que, si bien introducían medidas excepcionales para lograr sus objetivos no se fundamentaban en un proceso de justicia transicional. Pese a cuestionarse la aplicación de la justicia transicional a situaciones no propi amente de posconflicto, el Estado Colombiano ha incorporado sus elementos como mecanismo para alcanzar la paz y garantizar los derechos de las víctimas. Esta medida la han a poyado todas las ramas del poder público y ha sido aceptada internacionalmente3.”10 Concretamente, en su artículo 1, Ley 1448 del 10 de Junio de 2011, nos enuncia en forma clara el objeto de la misma, el cual reza: “La presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, ind ividuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3 de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la repa ración con

contempladas en el artículo 3 de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la repa ración con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifiquen a través de la materialización de sus derechos constitucionales”. Para los casos concretos en la presente solicitud se hace necesario el estudio del ENFOQUE DIFERENCIAL tratándose, sobre la equidad de género, que en la Ley 1448 de 2011 objeto de esta actuación se consagra en el artículo 13 concordante con el artículo 3º de la misma norma, tema del que se ha venido ganando terreno, pero aun así en algu nas regiones persiste la discriminación contra las mujeres por razones de género y sexo, ya sea en relación con la familia, el trabajo, la ciudadanía o la propiedad, o que se busca es contribuir en esos esquemas de

10 La Corte Interamericana de Derechos Humanos y La Justicia Transicional en Colombia. http://190.7.110.123/pdf/5_revistaZero/ZERO%2026/HeidiAbuchaib e.pdf. Tomado de la Internet el día

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discriminación que pueden en un momento d ado ser la causa del hecho victimizante.

Al respecto la Corte Constitucional ha realizado los siguientes

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discriminación que pueden en un momento d ado ser la causa del hecho victimizante.

Al respecto la Corte Constitucional ha realizado los siguientes pronunciamientos: En sentencia C -410 de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz Respecto del principio de no discriminación y de la utilización de características sospechosas como criterios de distinción, esta Corporación señaló: "La referencia constitucional expresa a criterios vedados, tiene un contenido más amplio que no se agota en la simple interdicción de esos factores, sino que implica también una adve rtencia acerca de frecuentes e históricas causas generadoras de desigualdad, opuestas, por lo demás, a la dignidad de la persona humana en que se funda nuestra organización estatal (art. 1o.), y a la consecución de "un orden político, económico y social justo" (preámbulo); en esa medida, se puede afirmar que existe la decisión constitucional de remediar situaciones de inferioridad fincadas en estereotipos o prejuicios sociales de reconocida persistencia y que a la prohibición de discriminar se suma la vo