JUZ PUTUMAYO - 2021 06 Jun D860013121402201800020000Sentencia2021623144918

Código: FSRT-1

Proceso: Restitución de Tierras Radicación: 860013121402-2018-00020-00

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JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN

DE TIERRAS DE MOCOA

Sentencia núm. 004

Mocoa, veintitrés (23) junio de dos mil veintiuno (2021)

Referencia: SOLICITUD RESTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE TIERRAS

Solicitante: Matilde Burgos de Rodriguez

Opositor: N/A Radicado: 860013121402-2018-00020-00

I. O B J E T O A D E C I D I R

Agotado el trámite que establece el Capítulo III, del Título IV, de la ley 1448 de 2011 y teniendo en cuenta que no se presentó oposición respecto de la solicitud formulada, este despacho procede a resolver la ACCIÓN DE RESTITUCION DE TIERRAS adelantada a través de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojada s y Abandonadas Forzosamente - Territorial Putumayo (UAEGRTD), en favor de Matilde Burgos de Rodríguez identificada con c.c. Nro. 41105837 expedida en Orito - Putumayo, y su núcleo familiar, en calidad de víctimas del conflicto armado y ocupante del predio sin denominación, ubicado en la vereda Caicedonia, municipio de Orito – PUTUMAYO, identificado con MI 442-76078 sin reporte de cedula catastral.

II. R E C U E N T O F A C T I C O

en la vereda Caicedonia, municipio de Orito – PUTUMAYO, identificado con MI 442-76078 sin reporte de cedula catastral.

II. R E C U E N T O F A C T I C O

Se desprende de la solicitud de restitución, formalización y reparación elevada por la señora MATILDE BURGOS DE RODRIGUEZ, quien manifiesta haber sido víctima del conflicto armado acaecido en la vereda Portugal, del municipio de Orito, al recibir amenazas por parte de grupos guerrilleros y por el asesinato de su esposo y uno de sus hijos.Código: FSRT-1

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III. D E L A S O L I C I T U D

La UAEGRTD, formuló acción de restitución de tierras a favor de MATILDE BRUGOS DE RODRIGUEZ y su núcleo familiar, pretendiendo sucintamente, se proteja su derecho fundamental a la restitución y formalización de tierras respecto del bien inmueble sin denominación ubicado en la vereda CAICEDONIA, Municipio de ORITO - PUTUMAYO, identificado con MI 442-76078 y número predial N/A, y se decreten a su favor las medidas de reparación integral de carácter individual, colectivas y especiales contempladas en la Ley 1448 de 2011 y demás normas concordantes.

IV. TRÁMITE JUDICIAL DE LA SOLICITUD

Mediante auto interlocutorio Nro. 039 de fecha 15 de agosto de 2018, el Juzgado

concordantes.

IV. TRÁMITE JUDICIAL DE LA SOLICITUD

Mediante auto interlocutorio Nro. 039 de fecha 15 de agosto de 2018, el Juzgado Tercero de Descongestión Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa, resuelve admitir la solicitud de restitución y formalización de tierras.

Se ordena la vinculación de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS por tratarse de un bien baldío, a la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCRBUROS por evidenciarse procesos de explotación petrolera en el inmueble y a la empresa GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD. , por encontrarse el predio dentro del área asignada para el contrato “PUT 10” operado por Gran Tierra Energy Colombia Ltd.

Oportunamente se notificó a cada una de las partes, se efectuaron las publicaciones y las demás medidas que prescribe el artículo 86 de la ley 1448 de 2011, sin que se hiciesen presentes terceros u opositores de la restitución solicitada.

Por auto interlocutorio Nro. 331 del 10 de diciembre de 2020, el despacho dispuso calificar los pronunciamientos presentados por la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, determinándose que no existe animo de oposición por parte de las entidades vinculadas y se ordenó continuar con el trámite del proceso bajo esta jurisdicción, Gran Tierra EnergyCódigo: FSRT-1

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Colombia LTD. (en silencio), a pes ar de que en el mencionado auto también concedió termino para presentar alegatos de conclusión, no fueron presentados por las partes.

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

No se presentó por las partes alegatos.

VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Sin concepto y/o alegatos por parte del Agente del Ministerio Público.

VII. PRESUPUESTOS PROCESALES

En atención a lo señalado en el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011, este Juzgado es competente para decidir en única instancia el presente asunto de restitución y formalización de tierras, en razón de la ubicación del predio y la ausencia de oposiciones contra la solicitud. De igual forma la parte peticionaria se encuentra legitimada en la causa por activa, en los términos señalados en el artículo 3 e inciso primero del artículo 75 de la norma ibídem; obra constancia en el expediente de la inscripción del predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, cumpliéndose con ello el requisito de procedibilidad, que habilita la presentación de la acción judicial; y no se observa configurada ninguna causal de nulidad que deba ser declarada, todo lo cual faculta a decidir de fondo el asunto.

VIII. PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER

¿ Resulta procedente declarar, en sentencia, la protección del derecho a la restitución de tierras, solicitada por presentada por la UAEGRTAD -Territorial

VIII. PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER

¿ Resulta procedente declarar, en sentencia, la protección del derecho a la restitución de tierras, solicitada por presentada por la UAEGRTAD -Territorial Putumayo, en representación de la señora MATILDE BURGOS DE RORIGUEZ y su núcleo familiar, en calidad de OCUPANTE del predio rural ubicado, en la vereda Caicedonia, Municipio de Orito., acorde con lo preceptuado por la Ley 1448 deCódigo: FSRT-1

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2011 y demás normas concordantes, los postulados de la justicia transicional concebida para la protección y reparación integral a las víctimas, así como las normas constitucionales y el precedente jurisprudencial relativo a esta materia?

Tesis del Despacho.

El despacho sostendrá la tesis de que, SI procede la restitución de tierras para la señora MATILDE BURGOS DE RODRIGUEZ y su núcleo familiar. Para efectos de lo anterior, esta Judicatura se valdrá de lo normado en la Ley 1448 de 2011 y demás normas concordantes, los postulados de la justicia transicional concebida para la protección y rep aración integral a las víctimas, así como las normas constitucionales y el precedente jurisprudencial relativo a esta materia, tal como se pasa analizar.

IX. CONSIDERACIONES

1. De Derecho Fundamental a la Restitución y Formalización de

Tierras.

constitucionales y el precedente jurisprudencial relativo a esta materia, tal como se pasa analizar.

IX. CONSIDERACIONES

1. De Derecho Fundamental a la Restitución y Formalización de

Tierras.

La Ley 1448 de 2011 tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas dentro d e un marco de justicia transicional, para hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición. Así, la acción de restitución de tierras a la población despojada o desplazada víctima del conflicto i nterno colombiano, conlleva la garantía de reparación y del derecho fundamental a la restitución de tierras. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que el derecho a la restitución es “ la facultad que tiene la víctima despojada o que se ha visto obli gada a abandonar de manera forzada la tierra, para exigir que el Estado le asegure, en la mayor medida posible y considerando todos los intereses constitucionales relevantes, el disfrute de la posición en la que se encontraba con anterioridad al abandono o al despojo1”.

1 H. Corte Constitucional, sentencia C-820 de 2012.Código: FSRT-1

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Diversos tratados e instrumentos internacionales 2 consagran que las víctimas de abandono y despojo de bienes tienen el derecho fundamental a que el Estado conserve su derecho a la propiedad o posesión y les restablezca el uso,

Diversos tratados e instrumentos internacionales 2 consagran que las víctimas de abandono y despojo de bienes tienen el derecho fundamental a que el Estado conserve su derecho a la propiedad o posesión y les restablezca el uso, goce y libre disposición, lo cual también ha sido reconocido por la H. Corte Constitucional3, estipulando además la relevancia, como criterio de interpretación, de los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, entre ellos los “Principios Pinheiro” sobre la restitución de viviendas y patrimonio con motivo del regreso de los refugiados y desplazados internos y los “Principios Deng” rectores de los desplazamientos internos.

Ahora, de los parámetros normativos y constitucionales, se concluye que (i) la restitución se constituye en el medio preferente para la reparación de las víctimas; (ii) la restitución es un derecho independiente de que las víctimas retornen o no de manera efectiva; (iii) el Estado debe garantizar el acceso a una compensación o indemnización adecuada en aquellos casos en que la restitución fuere imposible o la víctima optare por ello; (iv) las medidas de restitución deben respetar los derechos d e terceros ocupantes de buena fe y (v) la restitución propende por el restablecimiento pleno de la víctima y la devolución a la situación anterior a la violación en términos de garantía de derechos y de no repetición.

Dicho mecanismo se instituye además dentro del contexto del conflicto armado interno, caracterizado por violaciones masivas, sistemáticas y reiterativas

anterior a la violación en términos de garantía de derechos y de no repetición.

Dicho mecanismo se instituye además dentro del contexto del conflicto armado interno, caracterizado por violaciones masivas, sistemáticas y reiterativas de los derechos de la población civil, quienes se han visto afectados directamente por la disputa de predios y el dominio del territorio, de tal manera que las personas que se han visto impelidas a abandonar sus predios, pueden perseguir su restitución y formalización y en el evento en que no sea materialmente posible, la compensación con otro inmueble de características similares o, si ello no resulta factible, en dinero.

2.) Identificación de la parte solicitante y su núcleo familiar.

2 Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Americana de Derechos del Hombre, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra 3 H. Corte Constitucional, sentencias T-025 de 2004, T-821 de 2007, C-821 de 2007, T-159 de 2011.Código: FSRT-1

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Es p reciso señalar que l a familia de la solicitante , al momento del desplazamiento estaba conformada de la siguiente manera: Nombres y apellidos calidad Documento de identidad Jaime Alfredo Burgos Perez Hijo 18125495

Obran como prueba la constancia CP 01139 de los integrantes de la familia Burgos.

3. Identificación plena del predio.

 PREDIO (ID 175510).

Nombre del Predio Sin Denominación

Obran como prueba la constancia CP 01139 de los integrantes de la familia Burgos.

3. Identificación plena del predio.

 PREDIO (ID 175510).

Nombre del Predio Sin Denominación Municipio Orito Vereda Caicedonia Tipo de Predio Rural Matricula Inmobiliaria 442-76078 Número Predial N/A Área Georreferenciada hectáreas, + mts2 300 m² Relación Jurídica de los solicitantes con el predio OCUPANTE

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COORDENADAS

LINDEROS

La información consignada en este acápite, es considerada por el Juzgado, como prueba documental fidedigna, acorde con lo normado en el inciso final del artículo 89 de la Ley 1448 de 2011, la cual fue allegada por la Unidad Administrativa Especial de Gesti ón de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente - Territorial Putumayo (UAEGRTD), y permite determinar con claridad el bien inmueble objeto de restitución, sin lugar a dudas.

4.) De la condición de víctima y la titularidad del derecho.Código: FSRT-1

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Se tiene que la condición de víctima se encuentra establecida en la normativa que orienta el proceso de la siguiente manera “Se consideran víctimas,

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Se tiene que la condición de víctima se encuentra establecida en la normativa que orienta el proceso de la siguiente manera “Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran vícti mas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la condu cta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima” 4 (Negrilla y resaltado fuera del texto original).

Aunado a lo anterior, para efecto del ejercicio de la acción de restitución además de cumplirse la anterior condición, se debe acreditar una relación jurídica con el predio y a la vez ubicar los hechos victimizantes en el espacio cronológico

del texto original).

Aunado a lo anterior, para efecto del ejercicio de la acción de restitución además de cumplirse la anterior condición, se debe acreditar una relación jurídica con el predio y a la vez ubicar los hechos victimizantes en el espacio cronológico dispuesto por la ley “ Las personas que fueran propietarias o p oseedoras de predios, o explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación, que hayan sido despojadas de estas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa e indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata el artículo 3o de la presente Ley, entre el 1o de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley, pueden solicitar la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzadamente, en los términos establecido s en este capítulo”. 5 Negrilla y subrayado fuera del texto.

También se destaca que la condición de víctima no es subjetiva, por el

4 LEY 1448 Articulo 3 5 LEY 1448 Articulo 75Código: FSRT-1

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contrario es una situación de hecho que surge de una circunstancia objetiva: “la existencia de un daño ocurrido como conse cuencia de los hechos previstos en el artículo 3º de la ya mencionada ley”; razones por las cuales en el caso de marras el despacho analizará los tres aspectos que integran esta enumeración, con el fin de generar o no la plena convicción en el órgano judicial

previstos en el artículo 3º de la ya mencionada ley”; razones por las cuales en el caso de marras el despacho analizará los tres aspectos que integran esta enumeración, con el fin de generar o no la plena convicción en el órgano judicial de que la señora MATILDE BURGOS DE RODRIGUEZ tenga la calidad de víctima a la que alude la ley 1448 de 2011.

Ahora, para efectos de establecer la calidad de víctima se debe realizar un análisis sobre el “contexto de violencia”.

Ahora, para efectos de establecer la calidad de víctima se debe realizar un análisis sobre las dinámicas que dieron lugar al abandono del que trata la solicitud, compilado en el acápite 3.1 de la solicitud de restitución se puede extraer, que el Municipio de Orito, se caracterizó por una economía de extracción de madera, petróleo y cultivo de hoja de coca los cuales aún se desarrollan. La práctica de estas actividades económicas legales e ilegales marcó la pauta en los procesos de colonización, así mismo dio origen a situaciones de violencia que sufrieron los habitantes.

Las políticas sociales implementadas como El Plante, El Plan Colombia, Plan Patriota y el Plan Consolidación, no tuvieron impacto sobre las necesidades de la población, tampoco se logró descifrar el problema socioeconómico que traía la economía cocalera.

Para la década de los años 80 las FARC ya hacia presencia en esta región, sin embargo con la entrada del Bloque Sur Putumayo de las Autodefensas Unidas de Colombia, se recrudecen los hechos de violencia que terminaron con el desplazamiento de la población y el surgimiento de nuevos actores, los cuales

embargo con la entrada del Bloque Sur Putumayo de las Autodefensas Unidas de Colombia, se recrudecen los hechos de violencia que terminaron con el desplazamiento de la población y el surgimiento de nuevos actores, los cuales heredaban estructuras y métodos de ejercer poder, presión y terror. Finalmente la fase política de seguridad democrática confrontó de manera más álgida a las fuerzas militares, guerrilla y autodefensas, lo que desencadeno una acción de presión en las negociaciones de Paz en la Habana.Código: FSRT-1

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De esta manera, teniendo en cuenta la dinámica del conflicto armado en el Municipio de Orito, en el presente asunto el hecho victimizante se hace consistir en el desplazamiento forzado de la señora MATILDE BURGOS DE RODRIGUEZ, y su núcleo familiar a finales del año 2000, a causa del homicidio de uno de sus hijos y esposo a manos de la guerrilla de las Farc, de igual manera por las amenazas a otro de sus hijos, puesto que era señalado como informante del gobierno.

En la solicitud de restitución, y conforme los elementos probatorios recaudados durante el trámite administrativo por parte de la UAEGRTD Territorial Putumayo consistentes en declaración rendida por la parte solicitante 6 e Informe Tecnico de Recolección de Pruebas Sociales, se hace constar que: la señora MATILDE BURGOS DE RODRIGUEZ, a finales del año 2000, fue objeto de amenazas por parte de la guerrilla de las FARC , situación que a la reclamante y su núcleo

MATILDE BURGOS DE RODRIGUEZ, a finales del año 2000, fue objeto de amenazas por parte de la guerrilla de las FARC , situación que a la reclamante y su núcleo familiar no le dejan otra opción que desplazars e al Municipio de Mocoa, departamento del Putumayo.

Ahora, con relación a los demás elementos probatorios, en especial documental, obra constancia en el expediente aportada por La Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas en la que se verifica que la parte accionante se encuentra incluida en el Registro Único de Víctimas, y Registro Único de Población Desplazada, lo que se corrobora con lo consignado en la plataforma Vivanto cuya consulta fue aportada a este plenario (fls. 67).

No cabe duda entonces, que con ocasión a las amenazas en la región por el enfrentamiento constante de la guerrilla y las Autodefensas, donde se obligaba los moradores de la región a sembrar culticos de coca colaborar con los grupos insurgentes, el reclutamiento de menores de edad, los hostigamientos a la comunidad en general, sucesos ocurridos en la mayoría de las veredas y corregimientos del municipio de Orito - Putumayo, y en especial en la zona de ubicación del inmueble materia de ésta restitución, se generó en la comunidad un temor fundado y particularmente en la parte reclamante quien en aras de salvaguardar su vida y la de su familia se vio en la imperiosa necesidad de abandonar el predio sobre el cual según se verá más adelante.

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Proceso: Restitución de Tierras

salvaguardar su vida y la de su familia se vio en la imperiosa necesidad de abandonar el predio sobre el cual según se verá más adelante.

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De todo lo dicho, emerge sin dificultad, que está debidamente probado dentro del expediente que la señora MATILDE BURGOS DE RODRIGUEZ y su familia fueron víctimas de desplazamiento forzado, por la trasgresión evidente de sus derechos fundamentales, al paso que se vio obligado a abandonar su predio lo que le imposibilitó ejercer su uso y goce, con todas la repercusiones sicológicas, familiares, sociales y económicas que ello conlleva, lo cual, sumado a que el hecho victimizante que se advierte, ocurrió a finales del año 2000, hay lugar en principio, desde la temporalidad que exigen los artículos 3 y 75 de la ley 1448 de 2011, a la respectiva restitución y reparación integral de sus derechos.

5.) Relación Jurídica del solicitante con el predio.

De acuerdo con lo reseñado en la solicitud de restitución de tierras formulada por la UAEGRTD, se pudo constatar, que la accionante tiene relación de ocupante con el predio , se indicó adquiere el inmueble rural ubicado en la ve reda CAICEDONIA, Municipio de ORITO– PUTUMAYO, identificado con MI 442-76078 por venta que le hizo la señora JUANA FLORINDA PAI, del cual solo se suscribió

CAICEDONIA, Municipio de ORITO– PUTUMAYO, identificado con MI 442-76078 por venta que le hizo la señora JUANA FLORINDA PAI, del cual solo se suscribió una constancia de pago ante la Inspección de Policía de la vereda Portugal7 el día 02 de enero del año 1994.

Ahora, en relación a la naturaleza jurídica del fundo en comento, de las diferentes pruebas obrantes en el plenario, pero en especial del Informe Técnico Predial, el cual funge como prueba pericial en este trámite (fl. 69), se pudo constatar que una vez consultado tanto la base de datos catastral rural actual de l Municipio de Orito por nombres, apellidos y cédula de ciudadanía del solicitante se encontró que no existen predios inscritos actualmente a su nombre, por lo que se procedió a consultar por nombres Apellidos e identificación de personas relacionadas por el solicitante en el formulario de solicitud y/o manifestaciones verbales y de dicho proceso no se encont ró información del predio referido.

Así las cosas, se tiene que éste carecía de titulares de derecho real de dominio,

7 A folio 31Código: FSRT-1

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dicha situación se advierte por cuanto en el trámite del proceso como en las pruebas allegadas al plenario no existe ninguna con la cual se pueda controvertir la carencia de un titular de derecho real de dominio. (párrafo omitido, esta repetido) Respecto de la naturaleza de los predios que carecen de antecedentes registrales, la H. Corte Constitucional, señaló con voz de autoridad:

la carencia de un titular de derecho real de dominio. (párrafo omitido, esta repetido) Respecto de la naturaleza de los predios que carecen de antecedentes registrales, la H. Corte Constitucional, señaló con voz de autoridad:

“[…] ca reciendo de dueño reconocido el inmueble y no habiendo registro inmobiliario del mismo, surgían indicios suficientes para pensar razonablemente que el predio en discusión podía tratarse de un bien baldío” […] “Es decir, en caso de no existir un propietario inscrito, ni cadenas traslaticias del derecho de dominio que den fe de dominio privado (en desmedro de la presunción de propiedad privada), y que la sentencia se dirija además contra personas indeterminadas, es prueba sumaria que puede indicar la existenc ia de un baldío, y es deber del Juez, por medio de sus poderes y facultades procesales decretar las pruebas necesarias para constatar que no se trata de bienes imprescriptibles8”.

De igual forma la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, refiere sobre la materia:

“En ese contexto, resulta claro que los bienes baldíos son aquellos cuya titularidad está en cabeza del Estado y se encuentran situados dentro de los límites del mismo, y en virtud de esa cal idad, los particulares pueden hacerse dueños de éstos sólo y exclusivamente por adjudicación administrativa, para lo cual deberán acreditar ciertos requisitos contemplados en la ley, no siendo posible adquirirlos por otro modo como la usucapión. “[…] “Visto lo anterior y de los documentos obrantes en el expediente […] se infiere sin duda, que al momento de presentarse la demanda de

contemplados en la ley, no siendo posible adquirirlos por otro modo como la usucapión. “[…] “Visto lo anterior y de los documentos obrantes en el expediente […] se infiere sin duda, que al momento de presentarse la demanda de pertenencia tantas veces referida, el predio objeto del litigio no solo carecía de registro inmobiliario […] sino de inscripción de personas con

8 H. Corte Constitucional, sentencia T-488 de 2014.Código: FSRT-1

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derechos reales; luego entonces, con tan solo esas circunstancias, de acuerdo a lo mencionado en precedencia, se podía colegir que no se trataba de un bien privado, principalmente por carecer de dueños y registro, por ende, no susceptible de ser adquirido por prescripción, lo que exigía al funcionario judicial acusado per se en la etapa probatoria, decretar los elementos de convicción a que hubiere lugar con el fin de esclarecer la naturaleza del predio […]9”.

De lo anterior se colige que si el bien inmueble cuya restitución se depreca, carece de antecedentes registrales, se presume baldío.

Al ostentar una relación jurídica de ocupante, se debe acreditar el cumplimiento de los requisitos consagrados en la Ley 160 de 1994 y el Decreto 2664 de 1994 para que resulte procedente la adjudicación, esto es (i) Demostrar ocupación previa en tierras con aptitud agropecuaria10, (ii) Acreditar que dicha ocupación no es inferior

que resulte procedente la adjudicación, esto es (i) Demostrar ocupación previa en tierras con aptitud agropecuaria10, (ii) Acreditar que dicha ocupación no es inferior a cinco (5) años; (iii) Tener un patrimonio inferior a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para tal efecto debe manifestar expresamente, bajo la gravedad del juramento, que se entiende prest ado al formular su pretensión, si se halla o no obligado legalmente a presentar declaración de renta y patrimonio. En caso afirmativo, la exigencia de la explotación económica deberá demostrarse con las declaraciones de renta y patrimonio correspondientes a los tres años anteriores a la fecha de la solicitud, (iv) No ser propietario, poseedor o titular, a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio nacional, y (v) No haber tenido la condición de funcionario, contratista o miembro de las Juntas o Consejos Directivos de las entidades públicas que integran los diferentes subsistemas del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino dentro de los 5 años anteriores a la fecha de la solicitud de adjudicación.

Aunado a lo anterior no debe tratarse de un bien no adjudicable.

Una vez determinados los requisitos que legalmente se exigen para hacer factible la adjudicación, se puede constatar, como antes se dijo, que en aplicación de lo

9 H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 7 de abril de 2017. Rad.: 70001 -22-14-000-2016-00190-01 (STC5011-2017).

10 Decreto 19 de 2012, artículo 107: En el evento en que el soli citante de la adjudicación sea una familia desplazada que esté en el Registro Único de Víctimas, podrá acreditar la ocupación previa no inferior a cinco (5) años para tener derecho a la adjudicación, con la respe ctiva certificación del registro de declaración de abandono del predio. La ocupación se verificará por el INCODER reconociendo la explotación actual sin que sea necesario el cumplimiento de la explotación sobre las dos terceras partes de la superficie cuya adjudicación se solicita.Código: FSRT-1

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dispuesto en el artículo 13 del Decreto 4829 de 2011, la UAEGRTD ordenó la apertura del folio de matrícula inmobiliaria del predio (fl. 114), por lo que no cabe duda que se trata de un bien baldío y consecuentemente que está demostrada en primer lugar la ocupación previa del predio según se corroboró en el informe Análisis Situación Individual aportado por la UAEGRTD al igual que se extrae del Informe Técnico Predial (fl 69 ) que el predio se encuentra localizado en un área de uso de suelos agrícola, el cual ha permitido la implemen tación actividades productivas, además la explotación económica del fundo llevada a cabo por la señora MATILDE BURGOS DE RODRIGUEZ , data desde el momento mismo en que entró en relación con éste , como se reseña en la declaración al informar que adquirió el predio en el año 1994.

cabo por la señora MATILDE BURGOS DE RODRIGUEZ , data desde el momento mismo en que entró en relación con éste , como se reseña en la declaración al informar que adquirió el predio en el año 1994.

De lo afirmado, puede decirse que sin duda el predio era objeto de explotación por parte de la solicitante de manera continua con labores de agricultura hasta el