Ley 2640 de 2026

# LEY 2640 DE 2026

Congreso de Colombia

4 de noviembre de 2026

Por medio de la cual se modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, sus prórrogas y se establece la política estatal para garantizar el orden público, lograr una transformación territorial integral y se dictan otras disposiciones

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

Artículo 1. Objeto. Esta Ley tiene como objeto definir la política estatal para dotar al Estado colombiano de instrumentos jurídicos para el restablecimiento y mantenimiento del orden público, la protección de la población civil, la transformación territorial integral y el desmantelamiento de Actores Armados Ilegales o Terroristas que afecten la seguridad, la convivencia y los derechos de los colombianos. Para ello, adiciona, modifica y prorroga disposiciones contenidas en la Ley 418 de 1997, sus prórrogas y modificaciones y establece disposiciones adicionales para el Sometimiento a la Constitución y a la Ley de Actores Armados Ilegales o Terroristas.

Las facultades previstas en esta Ley se ejercerán de conformidad con lo establecido en la Constitución Política y la Ley, los derechos de las víctimas, la independencia judicial y la autonomía de la Fiscalía General de la Nación.

Capítulo 1

Definiciones

Artículo 2. Definiciones. Para todos los efectos de la presente Ley se aplicarán las siguientes definiciones:

Capítulo 1

Definiciones

Artículo 2. Definiciones. Para todos los efectos de la presente Ley se aplicarán las siguientes definiciones:

Política estatal para garantizar el orden público. La conservación, el mantenimiento y el restablecimiento del orden público en todo el territorio nacional son responsabilidad del Estado, bajo la dirección del Presidente de la República en los términos del artículo 189, numeral 4, de la Constitución Política, y constituyen una política pública permanente, orientada a asegurar la convivencia pacífica, la seguridad, la paz y la tranquilidad, así como la vigencia de los derechos, deberes y libertades de todas las personas en desarrollo de los artículos 2, 22 y 95 de la Constitución Política. Para el cumplimiento de estos fines, el Estado empleará de manera articulada, complementaria y proporcionada, (i) los instrumentos constitucionales y legales a su disposición, entre ellos, la acción legítima de la Fuerza Pública, la acción judicial, fiscal, disciplinaria y penal del Estado; y (ii) el ofrecimiento unilateral de condiciones para el sometimiento individual o colectivo a la Constitución y la Ley de los integrantes de Actores Armados Ilegales o Terroristas para su desmantelamiento.

Los actos preparatorios para el Sometimiento a la Constitución y a la Ley no suspenden, disminuyen ni sustituyen las facultades y deberes constitucionales y legales de las autoridades civiles, militares y de policía para prevenir o intervenir, ni las funciones fiscales, disciplinarias y judiciales aplicables para investigar, juzgar y sancionar las conductas que amenacen el orden público, salvo las medidas temporales, expresas, motivadas, verificables y controladas que se adopten conforme a la Constitución y la Ley.

Esta política vinculará a las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público, dentro del ámbito de sus competencias, autonomía e independencia, y su desarrollo deberá garantizar en todo momento los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Actores Armados Ilegales o Terroristas. Se entenderá por Actores Armados Ilegales o Terroristas toda organización, grupo o estructura que, con independencia de su tamaño, de su capacidad militar u operativa o de su grado de incidencia frente a la Fuerza Pública, cometa o tenga la capacidad de cometer actos terroristas, afectar gravemente el orden público, comprometer la seguridad ciudadana, alterar la convivencia pacífica o vulnerar los derechos de la población civil, en los términos establecidos en la Ley 1908 de 2018 o demás normas que la reglamenten, modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

Para todos los efectos de esta ley, los actos terroristas y el terrorismo se definirán de conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 343 del Código Penal (Ley 599 de 2000), y las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

Esta definición incluirá tanto grupos que operen bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, conforme lo indica el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra; así como organizaciones criminales conformadas y/o organizadas en una estructura jerárquica o en red, dedicadas a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, de acuerdo con la Convención de Palermo.

Este artículo tiene el objetivo de definir el alcance de aplicación del tratamiento penal diferenciado contemplado en esta Ley sin perjuicio de las definiciones relevantes que se aplican en el campo operacional de acuerdo a las normas vigentes. El Consejo de Seguridad Nacional asesorará al Presidente de la República en la calificación de estos grupos, de acuerdo con lo establecido en su reglamentación.

Proceso de Sometimiento a la Constitución y a la Ley. El Sometimiento a la Constitución y a la Ley es el proceso mediante el cual un Actor Armado Ilegal o Terrorista, se somete de manera voluntaria, individual o colectiva a las condiciones fijadas por el Estado para su tránsito a la legalidad, el desmantelamiento de su estructura y de las economías ilícitas de las que participa, lo que a su turno le permite acceder a lo dispuesto en el marco para el tratamiento penal diferenciado dispuesto en el Título IIIA de la Ley 418 de 1997.

Artículo 3. Proceso de Sometimiento a la Constitución y a la Ley. Cuando el proceso es colectivo este se adelanta en dos fases sucesivas de Sometimiento a la Constitución y a la Ley: una administrativa, a cargo del Gobierno Nacional, y otra de judicialización, a cargo de las autoridades judiciales.

1. Fase administrativa: Manifestada la voluntad de Sometimiento de que trata el artículo 8 de la Ley 418 de 1997, corresponde al Gobierno Nacional, por conducto de sus delegados autorizados:

1.1. Recibir del Actor Armado Ilegal o Terrorista la solicitud de Sometimiento, que deberá contener, cuando menos, la identificación de la estructura, el mando y el área de influencia territorial del grupo, el número de sus integrantes, el armamento y la información sobre redes de apoyo, financiadores, colaboradores bienes, economías ilícitas en las que participa y personas desaparecidas, secuestradas y el número de identificación de los menores de edad reclutados.

1.2. Se le informará al Actor Armado Ilegal o Terrorista, la hoja de ruta y el cronograma para el cumplimiento de las condiciones del Sometimiento, incluidos el desarme, la entrega de bienes, la reincorporación y restablecimiento de derechos efectivo de los niños, niñas y adolescentes reclutados, la ubicación de las áreas contaminadas con minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados incluyendo sus respectivas coordenadas geográficas, la entrega de las personas secuestradas y, cuando resulte necesario, la ubicación temporal de los integrantes de la organización en el lugar que designe el Gobierno con el fin exclusivo de facilitar su judicialización.

1.3. Constatar, con el apoyo de las instancias de verificación previstas en el artículo 8 de la Ley 418 de 1997, el cumplimiento progresivo de las condiciones del Sometimiento.

1.4. Suscribir con el Actor Armado Ilegal o Terrorista el Acta de Sometimiento, en la que constarán las condiciones cumplidas y las pendientes, y remitirla, junto con el informe de verificación correspondiente, a la autoridad judicial competente para dar inicio a la fase de judicialización.

2. Fase de judicialización: Recibida el Acta de Sometimiento, corresponde a las autoridades judiciales:

2.1. Asumir el conocimiento del proceso.

2.2. Valorar los aportes colectivos e individuales a la verdad, a la reparación de las víctimas, la información y entrega de bienes, el desmantelamiento efectivo de las economías ilícitas asociadas a la estructura, el modo de operación y el área de influencia de la organización, sus fuentes de financiación, rutas, bienes y economías ilícitas, así como sobre las redes de apoyo, colaboradores y financiadores que hayan facilitado su actuación, incluidas las personas naturales o jurídicas, nacionales o transnacionales, públicas o privadas, que le hayan prestado colaboración, en cuanto sea necesaria para su desmantelamiento.

2.3. Determinar la responsabilidad penal de manera individual y diferenciada según el grado de responsabilidad de cada integrante, las consecuencias jurídicas aplicables, los beneficios procedentes, las condiciones de cumplimiento de la pena y las causales de revocatoria del tratamiento penal diferenciado, según lo dispuesto en esta Ley.

2.4. Proferir la decisión judicial de responsabilidad penal que reconozca los beneficios y los términos del Sometimiento, la cual quedará sujeta al cumplimiento continuado de las condiciones y a las causales de revocatoria establecidas en el artículo 66A de la Ley 418 de 1997.

Parágrafo 1. El Gobierno Nacional reglamentará los aspectos operativos y logísticos para la ejecución de la fase administrativa de conformidad con los requisitos, parámetros y lineamientos de la presente ley. La fase administrativa no podrá extenderse por más de tres (3) meses contados desde su activación, sin que se remita el acta de sometimiento a la autoridad judicial competente. En ningún caso la reglamentación podrá establecer requisitos sustanciales, beneficios penales ni causales de exclusión o revocatoria distintos o adicionales a los previstos en esta ley. El término podrá ser prorrogado una única vez por el mismo periodo de tiempo, siempre y cuando se justifique debidamente.

Parágrafo 2. Para el sometimiento individual se aplicarán las condiciones de acceso y permanencia, así como los beneficios judiciales establecidos en esta Ley. El Gobierno Nacional adecuará la reglamentación establecida en el Decreto 965 de 2020 o el que haga sus veces respecto de las reglas logístico-administrativas necesarias para el funcionamiento del sometimiento individual conforme a lo dispuesto en esta Ley. En ningún caso se podrá modificar, crear o restringir por vía reglamentaria los beneficios establecidos en esta Ley, las reglas del procedimiento judicial o la competencia de las autoridades judiciales. Las personas que se sometan por la ruta individual contarán con un defensor público designado por la Defensoría.

Parágrafo 3. Para todos los efectos judiciales y administrativos, los niños, niñas y adolescentes sometidos a cualquier forma de uso, reclutamiento o utilización por parte de los actores armados ilegales serán considerados víctimas del conflicto armado o del crimen organizado. En tales circunstancias, serán sujetos de reparación integral, según corresponda de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y la Ley 2421 de 2024 o en el programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de las estructuras de crimen organizado o terroristas de artículo 66F de la Ley 418 de 1997.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar iniciará de manera inmediata el proceso administrativo de restablecimiento de derechos y garantizará, en coordinación con las entidades competentes, la atención psicosocial especializada y la continuidad educativa. Asimismo adoptará las medidas necesarias para la reintegración familiar y comunitaria siempre que esta no represente un riesgo para la vida, la integridad o la seguridad del niño, niña o adolescente.

Parágrafo 4. Verificación integral del desarme. El sometimiento deberá comprender la declaración y entrega de la totalidad del armamento, municiones y explosivos bajo control de la organización. Esta información se verificará mediante procedimientos técnicos y la información se remitirá a la autoridad judicial cuando sea relevante. El ocultamiento doloso de información relacionada con este parágrafo dará lugar a la pérdida de beneficios conforme a lo establecido en esta Ley.

Capítulo 2

Desmantelamiento de Actores Armados Ilegales en Colombia y Transformación Territorial Integral (TTI)

Artículo 4. El título I de la Ley 418 de 1997, el cual quedará así:

Título I

Instrumentos para garantizar el orden público

Artículo 5. El capítulo 1 del Título I de la Ley 418 de 1997 quedará así:

Capítulo 1

Disposiciones para lograr el Desmantelamiento de Actores Armados Ilegales o Terroristas

Artículo 6. El artículo 8 de la Ley 418 de 1997 quedará así:

Artículo 8. Facultades para el desmantelamiento de Actores Armados Ilegales o Terroristas. Los delegados autorizados expresamente por el Presidente de la República podrán adelantar, con el fin de garantizar el orden público, las actuaciones de que trata este artículo para viabilizar el Sometimiento a la Constitución y a la Ley de los Actores Armados Ilegales o Terroristas, de conformidad con la Constitución Política, la presente Ley y las normas especiales aplicables.

I. Facultades de contacto y acercamiento. Los delegados autorizados por el Presidente de la República podrán:

1. Realizar contactos humanitarios con el fin de facilitar liberaciones, la reintegración de la niñez, la búsqueda de personas desaparecidas y secuestradas, la asistencia médica, la prevención de desplazamientos o confinamientos, la protección de comunidades, las misiones médicas, los corredores humanitarios o la supresión de afectaciones contra la población civil.

2. Realizar los actos de acercamiento necesarios para que los Actores Armados Ilegales o Terroristas manifiesten su voluntad de iniciar el proceso de Sometimiento a la Constitución y a la Ley de que trata el artículo 66A de esta Ley.

II. Facultades en los actos preparatorios para el Sometimiento. Manifestada la voluntad de someterse a la Constitución y a la Ley de los Actores Armados Ilegales o Terroristas, los delegados autorizados del Gobierno nacional podrán:

1. Adelantar las gestiones requeridas para que los Actores Armados Ilegales o Terroristas cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 66A de esta Ley, incluida la gestión ante las autoridades competentes de los actos de aporte a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas, cuyos resultados podrán presentarse a las autoridades judiciales para su valoración.

2. Acompañar la verificación, junto con las autoridades judiciales y las instancias nacionales o internacionales que se designen, del cumplimiento de las condiciones de acceso a los beneficios que el Estado ofrece unilateralmente en el marco del Sometimiento a la Constitución y a la Ley.

III. Facultades de apoyo técnico y logístico para el desarme. Cuando así lo requiera el Gobierno Nacional, una instancia técnica nacional o internacional podrá encargarse de la administración, el registro, el control, la destrucción o la disposición final del armamento del Actor Armado Ilegal o Terrorista, y de las demás actividades necesarias para el proceso de desarme, para lo cual se le otorgarán las facilidades logísticas y de protección necesarias para su establecimiento en el territorio nacional. Los privilegios e inmunidades de carácter tributario o aduanero solo podrán reconocerse en los términos de los tratados o convenios internacionales aprobados por el Congreso de la República y de la ley vigente, sin que esta disposición cree exenciones o beneficios tributarios nuevos.

Las facilidades y privilegios de carácter tributario y aduanero son exclusivos de la instancia técnica internacional.

El armamento, las municiones y los explosivos entregados se recibirán conforme a los manuales de cadena de custodia. Antes de su destrucción o disposición final, la policía judicial, con el apoyo de la Fuerza Pública, efectuará su inventario, su identificación técnica y, en el caso de las armas de fuego, su registro balístico, y remitirá los resultados a la Fiscalía General de la Nación. Se exceptúan los elementos que por seguridad deban destruirse de inmediato, de lo cual se dejará constancia.

Parágrafo 1. La dirección de las acciones previstas en este artículo corresponde al Presidente de la República, como responsable de la conservación y el restablecimiento del orden público. Los delegados del Gobierno Nacional actuarán dentro del mandato expreso que se les otorgue y solo podrán suscribir instrumentos operativos y protocolos cuando así lo autorice expresamente el Presidente de la República.

Parágrafo 2. Las acciones previstas en este artículo no suspenden la acción penal, no interrumpen la actividad de las autoridades judiciales ni el ejercicio legítimo de las funciones constitucionales y legales de la Fuerza Pública frente a los Actores Armados Ilegales o Terroristas.

Parágrafo 3. La interlocución de los delegados autorizados por el Presidente de la República se realizará con integrantes del Actor Armado Ilegal o Terrorista designados para ello o quienes tengan un mandato claro y expreso del Actor Armado Ilegal o Terrorista. En ningún caso se entenderá como reconocimiento de estatus político.

Artículo 7. El artículo 8A de la Ley 418 de 1997 quedará así:

Artículo 8A. Garantías de Seguridad para el proceso de Sometimiento a la Constitución y a la ley. Las autoridades competentes garantizarán la seguridad e integridad de los integrantes del Actor Armado Ilegal o Terrorista que participen del proceso, de los delegados autorizados por el Gobierno Nacional y de las demás autoridades competentes que participen de los actos preparatorios y los procesos de Sometimiento a la Constitución y a la Ley.

Artículo 8. El artículo 8B a la Ley 418 de 1997 quedará así:

Artículo 8B. Lugar para la judicialización de Actores Armados Ilegales o Terroristas que se sometan a la Constitución y a la ley. El Presidente de la República, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, podrá definir, mediante acto motivado, el lugar donde se materializará la judicialización de los integrantes de los Actores Armados Ilegales o Terroristas que se sometan a la Constitución y a la ley, cumpliendo las siguientes condiciones:

1. Establecer una precisa delimitación geográfica.

2. Se mantendrá la vigencia del Estado social de Derecho, las operaciones de la Fuerza Pública y el ejercicio de las funciones de las autoridades civiles y judiciales.

3. No se suspenderá la ejecución de las órdenes de captura ni la extradición de los integrantes de los Actores Armados Ilegales o Terroristas que se sometan a la Constitución y a la ley.

4. Se podrán establecer centros de reclusión conforme a la clasificación del artículo 20 de la Ley 65 de 1993 y de la Ley 2446 de 2025.

5. El acto que defina el lugar indicará su finalidad, su delimitación geográfica, su término de funcionamiento, el procedimiento de ingreso y los mecanismos de seguimiento, será comunicado a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo.

6. La definición del lugar tiene carácter logístico y de seguridad. La imposición de medidas de aseguramiento, el lugar de su cumplimiento y cualquier otra restricción de la libertad personal corresponden exclusivamente a la autoridad judicial competente.

Artículo 9. Adiciónese el artículo 8B bis a la Ley 418 de 1997, el cual quedará así:

Artículo 8B bis. Identificación de los integrantes de los Actores Armados Ilegales o Terroristas para el Sometimiento a la Constitución y a la ley. En el marco de los actos preparatorios para someterse a la Constitución y a la ley, el actor armado ilegal o terrorista presentará ante el Ministerio de Justicia y del Derecho la lista de integrantes, certificada y suscrita por quien ejerza su mando. La lista indicará, para cada persona, su rol dentro de la estructura y la fecha aproximada de su vinculación.

La lista no producirá efecto alguno hasta que el Ministerio de Justicia y del Derecho expida resolución motivada de aceptación individual, previa verificación de cada persona incluida. La verificación se hará en un término máximo de treinta (30) días hábiles, prorrogable por una sola vez, con la información que en ese plazo deberán suministrar la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Pública, la Dirección Nacional de Inteligencia, el INPEC, Migración Colombia, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Jurisdicción Especial para la Paz. Cuando la persona no tenga registro civil o documento de identidad, la Registraduría Nacional del Estado Civil hará la inscripción y la expedición del documento correspondiente.

Para aceptar a una persona, la verificación debe aportar por lo menos un elemento adicional que demuestre que pertenecía al Actor Armado Ilegal o Terrorista antes de la entrada en vigencia de la presente ley, tales como informes de la Fuerza Pública o de inteligencia, investigaciones o procesos penales, capturas o incautaciones, o declaraciones de otros integrantes.

Las personas privadas de la libertad podrán ser incluidas en la lista, siempre que se acredite que su pertenencia al Actor Armado Ilegal o Terrorista es anterior a su captura. Su inclusión no implicará libertad, suspensión de la detención ni traslado, y el tratamiento penal diferenciado solo se aplicará a los delitos cometidos con ocasión de esa pertenencia.

No serán aceptadas las personas que hayan recibido beneficios de la Ley 975 de 2005, la Ley 1424 de 2010, la Ley 1820 de 2016 u otros mecanismos de desmovilización o sometimiento, salvo por hechos cometidos después de su desmovilización y sin acumular beneficios. Los menores de dieciocho años no harán parte de la lista y serán entregados de inmediato al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en su condición de víctimas.

La aceptación no acredita por sí sola la pertenencia ante las autoridades judiciales, no genera derecho a los beneficios de esta ley y no sustituye la valoración que corresponde a la Fiscalía y a los jueces. Suscrita el Acta de Sometimiento, la lista quedará cerrada, y cualquier inclusión posterior se someterá a la misma verificación.

Quien certifique la lista responderá por su veracidad. La inclusión dolosa de personas que no sean integrantes dará lugar a la exclusión de esas personas y a la pérdida de los beneficios de quien la haya certificado, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes.

Las listas y las resoluciones de aceptación serán reservadas hasta el inicio de la fase de judicialización, sin perjuicio del acceso de la Procuraduría General de la Nación, que vigilará el proceso de verificación.

Parágrafo. La inclusión en la lista no acredita por sí sola la condición de integrante ante las autoridades judiciales, no genera derecho alguno a los beneficios previstos en esta ley y no sustituye la valoración que corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces de la República.

Artículo 10. Adiciónese un artículo 12A a la Ley 418 de 1997, el cual quedará así:

Artículo 12A. Coordinación interinstitucional de los procesos de Sometimiento a la Constitución y a la Ley de Actores Armados Ilegales o Terroristas. El Ministerio de Justicia y el Derecho coordinará la acción del Gobierno Nacional en los actos preparatorios y en la fase administrativa para el Sometimiento a la Constitución y a la ley de Actores Armados Ilegales o Terroristas.

Artículo 11. Adiciónese un artículo 12B a la Ley 418 de 1997, el cual quedará así:

Artículo 12B. Coordinación con autoridades judiciales y órganos de administración judicial. Las autoridades judiciales, la Fiscalía General de la Nación y los órganos de gobierno y administración judicial, de acuerdo con su autonomía e independencia, participarán en los procesos de Sometimiento a la Constitución y a la ley de Actores Armados Ilegales o Terroristas dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales.

Para tal efecto, la Fiscalía General de la Nación ejercerá sus funciones de investigación y acusación con autonomía, de conformidad con la Constitución, esta ley y otras disposiciones legales aplicables al respectivo tratamiento jurídico; los jueces y tribunales competentes ejercerán el control judicial de las medidas, acuerdos, preacuerdos, beneficios, sanciones, medidas de aseguramiento, formas de cumplimiento de la pena y demás decisiones sometidas a su conocimiento, con plena independencia y autonomía; el Consejo Superior de la Judicatura podrá adoptar, dentro de sus competencias, medidas administrativas de gestión judicial, reparto, apoyo técnico, priorización operativa y fortalecimiento de despachos judiciales; y la Defensoría del Pueblo designará equipos de defensoría pública vinculados a los procesos judiciales que se desarrollen.

Parágrafo. En cumplimiento del artículo 7 de la Ley 819 de 2003, en un plazo de tres (3) meses a partir de la expedición de la presente ley, la Defensoría del Pueblo deberá definir las condiciones necesarias para la representación judicial de los sometidos prevista por el presente artículo y de las víctimas de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.4 de la presente ley, conforme a lo establecido en el estudio de cargas elaborado por la Defensoría del Pueblo. Si como resultado del estudio se determinará la necesidad de proveer nuevos defensores públicos para asegurar la adecuada representación judicial de sometidos y víctimas, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá verificar la disponibilidad de recursos para su creación, implementación y funcionamiento.

Artículo 12. Adiciónese un artículo 12C a la Ley 418 de 1997, el cual quedará así:

Artículo 12C. Unidad especializada para la investigación y la judicialización de Actores Armados Ilegales o Terroristas que se sometan a la Constitución y a la ley. La Fiscalía General de la Nación contará con una Unidad especializada para la investigación y la judicialización de Actores Armados Ilegales o Terroristas que se sometan a la Constitución y a la ley, con equipos técnicos y profesionales suficientes e idóneos de la DIJIN y el Cuerpo Técnico de Investigación. Esta Unidad Especial funcionará de conformidad con lo normado en la ley y en el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación.

La Unidad Especializada será reglamentada conforme al estudio de cargas realizado por la Fiscalía General de la Nación y se coordinará con el Ministerio de Justicia y el Derecho, la Defensoría del Pueblo, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y demás entidades con competencias para someter a la Constitución y a la ley a los integrantes de Actores Armados Ilegales o Terroristas.

En un plazo de tres (3) meses contados a partir de la expedición de la presente ley, la Fiscalía General de la Nación deberá definir las condiciones necesarias para el funcionamiento de la Unidad Especializada, conforme a lo establecido en el estudio de carga elaborado por la Fiscalía General de la Nación.

Parágrafo. Si como resultado del estudio de cargas se determina la necesidad de crear nuevos cargos para garantizar el adecuado funcionamiento de la Unidad Especializada, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá verificar la disponibilidad de recursos necesarios para su creación, implementación y funcionamiento.

Artículo 13. Adiciónese el artículo 12D a la Ley 418 de 1997, el cual quedará así:

Artículo 12D. Transformación Territorial Integral (TTI). La Transformación Territorial Integral es el mecanismo de articulación, coordinación y ejecución de acciones civiles, sociales, económicas, de seguridad y de justicia mediante las cuales el Estado hace presencia efectiva permanente, legítima y coordinada en el territorio nacional, con el fin de fortalecer la institucionalidad democrática y el ejercicio legítimo de la autoridad, sustituir las economías criminales por economías lícitas y sostenibles, adelantar acciones restaurativas, y prevenir la reconfiguración de los Actores Armados Ilegales o Terroristas en el territorio rural y urbano, como garantía de no repetición.

La implementación de la Transformación Territorial Integral se desarrollará de manera articulada con el Plan Nacional de Desarrollo y promoverá su incorporación en los planes de desarrollo departamentales y municipales.

Los programas económicos y sociales que sean compatibles con la Transformación Territorial Integral conservarán sus efectos y se adaptarán a la política de Transformación Territorial Integral conforme la defina el Gobierno nacional.

Parágrafo 1. La Sociedad de Activos Especiales (SAE), o la entidad que haga sus veces, priorizará la destinación de bienes inmuebles rurales que hayan sido objeto de extinción de dominio para: (i) la implementación de las Transformaciones Territoriales Integrales (TTI) de que trata el presente artículo, y (ii) la ampliación y el fortalecimiento de las colonias agrícolas previstas en la Ley 65 de 1993. En la destinación de estos bienes se dará prioridad a las víctimas y a las comunidades afectadas por el Actor Armado Ilegal o Terrorista del que provienen, especialmente en los municipios en los que este operaba. La SAE presentará un informe semestral al Ministerio de Justicia y del Derecho y a las Comisiones Primeras del Congreso sobre los bienes destinados a estos fines, con información desagregada por departamento y municipio.

Parágrafo 2. La Transformación Territorial Integral (TTI) deberá incorporar medidas de inclusión económica dirigidas prioritariamente a mujeres víctimas, mujeres rurales, mujeres cabeza de hogar, lideresas sociales, defensoras de derechos humanos y personas víctimas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, así como a otras poblaciones sujetas de especial protección constitucional presentes en territorios priorizados, mediante su acceso preferente a programas de generación de ingresos, fortalecimiento productivo, emprendimiento y oferta institucional, como e