MINEDUCACION - Concepto 142344 de 2025

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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Bogotá, D.C.

Asunto: Respuesta a la petición de consulta relacionada con radicado No. 2025-ER-0083846 Atencióneducativa de las personas con pérdida auditiva en lenguaje de señas colombiana (LSC) Cordial Saludo, De conformidad con la consulta del asunto, esta Oficina Asesora Jurídica procederá a emitir concepto de acuerdo con las funciones establecidas en los numerales 10 y 12 del artículo 7 del Decreto 2269 del 29 de diciembre de

2023. Previamente, aclaramos que esta Oficina Asesora Jurídica no resuelve casos concretos, por ende, no define derechos, no asigna obligaciones y tampoco establece responsabilidades, sino que, emite conceptos jurídicosentendidos como respuestas a consultas claras, concretas y precisas en forma de pregunta sobre un punto materia

de cuestionamiento, duda o desacuerdo que ofrezca la interpretación, alcance o aplicación de una norma jurídica, o la resolución de una situación fáctica genérica relacionada con el sector educativo. En ese entendido, este concepto se encaminará a responder a los interrogantes incluidos en su consulta, en consecuencia, daremos unas orientaciones jurídicas generales respecto a las normas que regulan los asuntos consultados, que usted interesado podrá aplicar, según las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su caso concreto. Atendiendo a lo anterior, su consulta se centra en la solicitud que a continuación se detalla:

1. Objeto de consulta De la lectura de la petitoria, se vislumbra que las proposiciones argumentativas fueron formuladas con sustento en una inconformidad presentada en una institución indeterminada sobre el proceso incorporación del lenguaje de señas en la formación académica de un estudiante con limitación auditiva, manifestándose entrelineas que "... no cuenta con un intérprete permanente para acceder a las otras clases, menos para interpretar el inglés y tampoco está contratado el docente bilingüe ni el modelo lingüístico para fortalecer cada una de sus lenguas en el espacio que se comparte dentro del aula paralela, para ser atendidos por el personal que a la fecha no han contratado, por lo cual, los estudiantes sordos en sus aulas sin mediación del intérprete están sin comprender la enseñanza y más, en las horas de inglés”, procediendo a reglón seguido a indicar que "... el estudiante manifiesta que el docente comprende su derecho, y le solicita que la acudiente debe pasar por escrito que no participara de

la clase de inglés, por lo contrario, el docente se ve obligado a calificar en el boletín”, por consiguiente, se procederá a resolver las premisas de la petición conforme a la normativa que regula la materia de consulta.

2. Consideración preliminar Conforme a las hechos que sustentan las proporciones desarrolladas en el escrito de consulta, debe tomarse en cuenta que el Decreto 1421 de 2017 introdujo la figura del Plan Individualizado de Ajustes Razonables cuyas siglas responde a PIAR, definiéndolo el Decreto citado en su artículo 2.3.3.5.2.3.5. como una "... herramienta idónea para garantizar la pertinencia del proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante con discapacidad dentro del aula, respetando sus estilos y ritmos de aprendizaje.” De allí que, en lo que respecta a la ejecución del PIAR la Corte Constitucional precisó entre otros aspectos en sentencia T-375 de 2024 que "... los apoyos educativos para la inclusión deben ser determinados en el respectivo PIAR”. (Subrayado fuera del texto primigenio) En tal sentido, el Plan Individualizado de Ajustes Razonables (PIAR) se convierte en el primer referente de planeación y enseñanza para los estudiantes con discapacidad en los términos del marco legal vigente, ya que, allí se fijan los lineamientos y objetivos pedagógicos para los estudiantes con discapacidad. Por lo tanto, el PIAR debe corresponder a un dialogo activo de los diferentes actores que intervienen en el proceso educativo de inclusión. Específicamente, el inciso tercero del artículo 2.3.3.5.2.3.5 del Decreto 1421 de 2017, refiere:

El diseño de los PIAR lo liderarán el o los docentes de aula con el docente de apoyo, la familia y el estudiante. Según la organización escolar, participarán los directivos docentes y el orientador. Se deberá elaborar durante el primer trimestre del año escolar, se actualizará. anualmente y facilitará la entrega pedagógica entre grados. Frente al mismo, el establecimiento educativo deberá hacer los seguimientos periódicos que establezca en el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes existente. Incluirá el total de los ajustes razonables de manera individual y progresiva. Bajo ese contexto normativo, al ser elaborado el PIAR con participación de los docentes, las familias y los estudiantes, se constituye en un documento que responde asertivamente a las necesidades académicas específicas de los alumnos, promoviendo su formación académica de acuerdo con sus competencias cognitivas y funcionales.Por consiguiente, las situaciones que son trazadas en la consulta, deberán ser analizadas desde lo regulado en el Plan Individualizado de Ajustes Razonables (PIAR) de la institución en la cual se materializaron los hechos que son citados en la petición. De ahí que, no es procedente atender bajo la presente misiva el caso en concreto, ya que, la función que le asiste a esta Oficina corresponde a orientar el sector educativo sin intervenir en casos particulares, emitiendo conceptos jurídicos para la correcta aplicación de las normas. De este modo, de requerirse la adopción de acciones correctivas y/o preventivas sobres la prestación del servicio educativo de un estudiante sordo en una institución educativa determinada, deberá ponerse en conocimiento la

situación en particular a la respectiva entidad territorial certificada en educación, para que se tomen las medidas administrativas a las que haya lugar.

3. Marco jurídico 3.1. Constitución Política de Colombia. 3.2. Ley 115 de 1994, por la cual se expide la ley general de educación. 3.3. Ley 324 de 1996, por el cual se crean algunas normas a favor de la población sorda. 3.4. Ley 1618 de 2013, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 3.5. Ley 2049 de 2020, por la cual se crea el consejo nacional de planeación lingüística de la lengua de señas colombiana (LSC) con el objetivo de concertar la política pública para sordos del país. 3.6. Decreto 2369 de 1997, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 324 de 1996. 3.7. Decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. 3.8. Decreto 1421 de 2017, por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. 3.9. Sentencia Corte Constitucional C-293 de 2010. 3.10. Sentencia Corte Constitucional C-605 2012. 3.11. Sentencia Corte Constitucional T-092 de 1994. 3.12. Sentencia Corte Constitucional C-128 de 2002.

3.13. Sentencia Corte Constitucional C-508 de 2002. 3.14. Sentencia Corte Constitucional T-375 de 2024.

4. Análisis Para dar respuesta a su consulta se abordará el análisis de los siguientes temas: (i) inclusión en el sistema educativo de las personas con pérdida auditiva (ii) oferta Educativa para población con pérdida auditiva, (iii) lenguaje de señas colombiana (LSC) como lengua de la población con pérdida auditiva, (iv) implementación de intérpretes de señas en el aula, (v) contratación de apoyos pedagógicos para la población con pérdida auditiva, y

(vi) sistema institucional de evaluación para estudiantes con pérdida auditiva. 4.1. Inclusión en el sistema educativo de las personas con pérdida auditiva Atinente al asunto de consulta, en relación con el derecho a la educación inclusiva es oportuno traer a cita lo afirmado por el Alto Tribunal Constitucional en sentencia C-293 de 2010 en consonancia con lo regulado en laLey 1346 de 2009, referente a que "... todas las personas discapacitadas tienen derecho a la educación, sin discriminación y en condiciones de igualdad. Plantea la necesidad de que en este caso la educación esté especialmente dirigida a descubrir y potencializar los talentos y destrezas de estas personas y a proveerles habilidades necesarias para la vida en sociedad, acordes a sus condiciones. Se menciona por ejemplo, el aprendizaje del Braille (para las personas ciegas), del lenguaje de señas (para las personas sordas), y en general,

de los lenguajes y técnicas de comunicación que resulten apropiadas frente a las limitaciones y capacidades de las distintas personas. También se contempla la obligación de que en las instalaciones educativas se realicen ajustes razonables, a fin de garantizar el acceso de las personas con discapacidad." (Subrayado fuera del texto primigenio) Sumado a lo anterior, la Ley 115 de 1994 en su artículo 46 dispone que los establecimientos educativos mantienen el deber de acoger las acciones pedagógicas pertinentes para la integración académica de estudiantes que presentan menoscabo en su sistema auditivo, disposición normativa que fue reiterada a través del artículo 2.3.3.5.1.3.10 del Decreto 1075 de 2015, en los siguientes términos: Artículo 2.3.3.5.1.3.10. Atención a estudiantes con capacidades y talentos excepcionales. Los establecimientos educativos que reporten matrícula de estudiantes con capacidades o con talentos excepcionales deben organizar, flexibilizar, adaptar y enriquecer el currículo y el plan de estudios, conforme a las condiciones y estrategias establecidas en las orientaciones pedagógicas producidas por el Ministerio de Educación Nacional y articular acciones con las instituciones de educación superior regionales o locales para desarrollar programas que potencien sus capacidades. (Subrayado fuera del texto primigenio) De igual manera, con el objetivo de crear desde el ordenamiento jurídico condiciones de accesibilidad, no segregación y aceptabilidad, "... en el entendido que el sistema educativo no puede cerrar sus puertas a los

alumnos con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, (ver sentencia T-051/11 Corte Constitucional), el artículo 2.3.3.5.2.3.10 del Decreto ibidem, determina: Artículo 2.3.3.5.2.3.10. No discriminación. Ningún establecimiento educativo podrá rechazar la matrícula de un estudiante en razón a su situación discapacidad, ni negarse a hacer los ajustes razonables que se requieran. Cualquier proceso de admisión aportará a la valoración pedagógica y a la construcción del PIAR. Así mismo, no podrá ser razón para su expulsión del establecimiento educativo o la no continuidad en el proceso. (Subrayado fuera del texto primigenio) En consecuencia, las instituciones educativas están obligadas a formular y ejecutar un Proyecto Educativo Institucional (PEI) orientado a la atención integral de las personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, puesto que, de esa menara esta determinado en el artículo 2.3.3.5.1.3.5 Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, al referir que: Artículo 2.3.3.5.1.3.5. Ajustes al proyecto educativo institucional. Los establecimientos educativos estatales adoptarán o adecuarán, según sea el caso, su proyecto educativo institucional, de manera que contemple las estrategias, experiencias y recursos docentes, pedagógicos y tecnológicos necesarios para atender debidamente esta población. Igual adopción o adecuación del proyecto educativo institucional, la harán los establecimientos educativos

privados que se incorporen al plan gradual a que se refieren los artículos anteriores de esta Sección. Por tanto, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) debe incluir medidas que se adapte a las necesidades pedagógicas para la atención integral de los estudiantes que presentan una alteración en los distintos grados de pérdida auditiva, dado que, es el documento que orienta la acción educativa en cada institución. Este es un instrumento de planificación pedagógica y de gestión, de esa manera la Ley 115 de 1994 define: Artículo 73.- Proyecto educativo institucional. Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema degestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentos. El Gobierno Nacional establecerá estímulos e incentivos para la investigación y las innovaciones educativas y para aquellas instituciones sin ánimo de lucro cuyo Proyecto Educativo Institucional haya sido valorado como excelente, de acuerdo con los criterios establecidos por el Sistema Nacional de Evaluación. En este último caso, estos estímulos se canalizarán exclusivamente para que implanten un proyecto educativo semejante, dirigido a la atención de poblaciones en condiciones de pobreza, de acuerdo con los criterios definidos anualmente por el Conpes Social. Parágrafo. El Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, de

la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable. Es decir, con el fin de alcanzar una formación integral de los estudiantes con pérdida auditiva, cada institución educativa tiene el deber legal de formular y ejecutar un Proyecto Educativo Institucional (PEI) articulado con plan individual de apoyos y ajustes razonables<PIAR) adoptado, conforme a los términos y condiciones del articulo 2.3.3.5.2.3.5 del Decreto 1075 de 2015, a fin de generar los procesos de enseñanza adecuados para el ingreso y continuidad en el sistema educativo de todas las personas sin discriminación, y en condiciones de igualdad. 4.2. Oferta Educativa para población con pérdida auditiva En lo que respecta la oferta educativa para estudiantes con pérdida auditiva, es menester indicar que si bien, la Ley 324 de 1996 reconoce el idioma propio de la comunidad sorda en Colombia y la Ley 1618 de 2013 garantiza la educación inclusiva para todos, incluyendo a personas sordas, es realmente las modificaciones introducidas por el Decreto 1421 de 2017 al Decreto 1075 de 2015 las que se constituyen en el marco jurídico de referencia frente a la promoción de la oferta educativa para la población sorda, también conocida como educación bilingüe bicultural (LSC-español). Lo afirmado por cuanto que, el Decreto 1421 de 2017 incorporó al Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo, las siguientes disposiciones:

Artículo 2.3.3.5.2.3.2. Oferta educativa pertinente para personas con discapacidad. Para garantizar una educación pertinente y de calidad, las entidades territoriales certificadas organizarán la oferta educativa que responda a las características de las personas con discapacidad identificadas en su territorio, siguiendo las orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas emitidas por el Ministerio de Educación Nacional, así:(...)

2. Oferta bilingüe bicultural para población con discapacidad auditiva: la Modalidad Bilingüe Bicultural es aquella cuyo proceso de enseñanza aprendizaje será en la Lengua de Señas Colombiana Español como segunda lengua y consiste en la destinación de establecimientos educativos regulares, en los que se contarán con aulas paralelas y docentes bilingües que impartan la formación en lengua de señas, y otros apoyos tecnológicos, didácticos y lingüísticos requeridos, entre los que están los intérpretes de Lengua de Señas Colombiana y modelos lingüísticos. Para tal efecto, las entidades podrán centralizar esta oferta educativa en uno o varios establecimientos educativos y garantizar el transporte para aquellos a quienes les implique desplazarse lejos de su lugar de residencia.

Para hacer efectivo el derecho a la educación de las personas con discapacidad auditiva, la entidad territorial asesorará a las familias y a estos estudiantes, para optar (i) por la oferta general en la cual el estudiante ingresa a un aula regular y se le brindan los apoyos determinados en el PIAR conforme su particularidad, sin contar entre

estos apoyos con interprete de lengua de señas colombina Español, ni modelo lingüístico, o (ii) por una modalidad bilingüe bicultural ofrecida por establecimientos educativos con aulas paralelas que fortalezcan la consolidación de la lengua y de la comunidad. En ese contexto, la noma estipula dos tipos de ofertas educativas para la población sorda, siendo la primera una oferta general destinada para aquellas personas que por sus condiciones auditivas y/o desempeño en el manejo del español, pueden interactuar en un contexto académico con pares oyentes sin requerirse la intervención de docentes de modelos lingüísticos o intérpretes de lengua; mientras que, la segunda responde una oferta bilingüebicultural la cual atañe a la construcción de procesos de enseñanza basados en el desarrollo de la lengua de señas, considerándose el español como segunda lengua, por lo cual, esta oferta deberá estar liderada por docentes bilingües, modelos lingüísticos, intérpretes y demás profesionales que respondan de manera adecuada a las necesidades académicas de los estudiantes con perdida auditiva. La oferta bilingüe bicultural, responde de manera pertinente a lo precisado en el artículo primero de la Ley 982 de 2005, a través de la cual, se definió la educación para personas sorda de la siguiente manera: 12."Educación bilingüe para sordos". Es la que reconoce que hay sordos que viven una situación bilingüe en Lengua de Señas Colombiana y Castellano, por lo tanto su educación debe ser vehiculizada a través de la Lengua de Señas Colombiana y se debe facilitar el Castellano como segundo idioma en su modalidad escrita

primordialmente u oral en los casos en que esto sea posible. (Subrayado fuera del texto primigenio) De acuerdo con lo anterior, desde el ámbito jurídico se puede deducir que la legislación actual determina las condiciones de la oferta de educación inclusiva para los estudiantes con sordera, las cuales deben ser acatadas por las instituciones educativas, a fin de eliminar las barreras de aprendizaje que dicha población pueda presentar, permitiéndoles acceder a la información y al currículo escolar de forma más efectiva, reconociendo a su vez el lenguaje de señas como lengua materna de la comunidad sorda, y el español como segunda lengua. 4.3. Lenguaje de señas colombiana (LSC) como lengua de la población con pérdida auditiva En concordancia con lo señalado en el ítem anterior, es pertinente señalar que la Ley 2049 de 2020 refiere que la Lengua de Señas "... es la lengua natural de la población sorda, la cual forma parte de su patrimonio cultural y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral”; de ahí que, el lenguaje de señas se instituye como el medio de comunicación idóneo para que las personas con perdida auditiva logren integrarse a la comunidad educativa oyentes y desarrollar con éxito las diversas actividades académicas bajos los modelos de educación inclusiva promoviendo herramientas para el desarrollo personal y profesional de los estudiantes sordos. Apreciación que se sustenta en la postura constitucional sobre la materia, en concreto lo aseverado por la Corte Constitucional mediante sentencia C-605 2012, a través de la cual, se indicó que:

Los lenguajes construyen mundos y realidades en tanto posibilitan el pensamiento; son, si se quiere, dos caras de la misma moneda. Adquirir un lenguaje, conocer y saber seguir las reglas de una determinada práctica lingüística, permite compartir las formas de vidas y usos de las personas que interactúan con tales herramientas. Permite pensar ciertas cosas, que de otra forma, no se podrían concebir. Adquirir una segunda lengua, aprender nuevos juegos del lenguaje con elementos propios de una lengua ya conocida, son verdaderas maneras de expandir el conocimiento y la mente. Es un camino para tener acceso a formas de vida no conocidas antes. Abrirse a un lenguaje es abrirse a nuevas realidades, a nuevas maneras de verla y entenderla, de asumirla y relacionarse con ella. Sumado a lo anterior, en la providencia traída a cita, también fue señalado por la Corte Constitucional, que: La importancia de un lenguaje de señas, o de otro tipo que empleen personas como aquellas que son sordas y sordociegas, no es solamente que les permite tener medios para poder comunicarse con los demás, y tener acceso a los mensajes de otras lenguas mediante traducciones. También es la posibilidad de crear y construir mundos y realidades propias. Una poesía en lenguaje de señas puede emplear ciertos elementos de estética en la 'forma en que se dicen las palabras' que difícilmente se podrán traducir en un lenguaje hablado. Un lenguaje como la lengua de señas, encierra, como en cualquier otro caso, la posibilidad de crear y recrear lo humano. La opción de

imaginar y soñar con mundos posibles, a los cuales, en muchos casos sólo se tendrá acceso si se decide aprender la lengua, así sea tan sólo parcialmente. Un aprendizaje que permite comprender una idea que provienen de un juego de lenguaje muy distinto. Discusiones que se dieron en el contexto de la traducción desde las lenguas indígenas, ahora se pueden replicar a propósito, por ejemplo, de las personas sordas señantes. (Subrayado fuera del texto primigenio) A su turno, y en conformidad con el deber que legal que le atribuye el Artículo 21 de la Ley 1346 de 2009 al Estado Colombiano de reconocer y promover la utilización de lenguas de señas, la Ley 982 de 2005, estatuyeque: Artículo 2o. La Lengua de Señas en Colombia que necesariamente la utilizan quienes no pueden desarrollar lenguaje oral, se entiende y se acepta como idioma necesario de comunicación de las personas con pérdidas profundas de audición y, las sordociegas, que no pueden consiguientemente por la gravedad de la lesión desarrollar lenguaje oral, necesarios para el desarrollo del pensamiento y de la inteligencia de la persona, por lo que debe ser reconocida por el Estado y fortalecida por la lectura y la escritura del castellano, convirtiéndolos propositivamente en bilinguales. (Subrayado fuera del texto primigenio) En síntesis, el uso de la Lengua de Señas en Colombia (LSC) en los programas educativos, permite que las personas sordas puedan acceder a una formación académica que se asemeje lo más posible a la que reciben los

alumnos oyentes, brindándoles elementos adecuados y suficientes para un desarrollo integral que les permita una integración activa la vida social y educativa, dado que, se proporcionarían a los estudiantes sordos elementos académicos para acceder no solo a nuevos conocimientos sino a otras formas de expresión lingüística de otras lenguas. 4.5. Implementación de intérpretes de señas en el aula Conforme a lo regulado en el artículo 7 de la Ley 324 de 1996, norma por medio de la cual, se estimula el apoyo técnico-pedagógico idóneo para la integración de la población sorda en igualdad de condiciones, la Corte Constitucional mediante estudio de dicho artículo señaló en sentencia C-128 de 2002 que el "... Estado debe proveer la ayuda de intérpretes de este lenguaje de señas, para que las personas sordas puedan acceder a todos los servicios que, como ciudadanos colombianos, les confiere la Constitución”. En la misma providencia, aseveró el Alto Tribunal Constitucional que el intérprete de señas "... es ideal para mejorar la condición de la población sorda, pues le asegura el acceso a todos los beneficios de la sociedad. La promoción de la lengua manual implica su uso en espacios diversos, incluso en el ámbito educativo, pues posibilita a los sordos acceder al conocimiento con el apoyo de un intérprete.” (Subrayado fuera del texto primigenio) Asimismo, se expone en el Decreto 2369 de 1997 que para asegurar el acceso y permanencia de los estudiantes sordos en instituciones de educación, las entidades territoriales certificadas deben gestionar la inclusión de los

servicios de interpretación en lenguaje de señas colombiana (LSC) como ayuda técnica, pues, de esa manera lo estipula el artículo 19 del mencionado Decreto, el cual señala: Artículo 19. Con el fin de asegurar la atención especializada para la integración de los alumnos con limitaciones auditivas, en igualdad de condiciones, los departamentos, distritos y municipios, tendrán en cuenta como criterio para la organización de la estructura de la planta de personal docente respectiva, las necesidades que presenten los establecimientos educativos estatales para el desarrollo de los proyectos personalizados de que trata el artículo 7o del Decreto 2082 de 1996 y las especificaciones mínimas de carácter tecnológico y de servicios de interpretación requeridos para garantizar en forma adecuada la integración social y académica de estas personas. En virtud de lo anterior, es crucial para la inclusión educativa de estudiantes sordos, que las instituciones educativas cuenten con intérpretes aptos que se desempeñen como mediadores, es decir, facilitadores de la transmisión de los conocimientos, permitiendo reducir la brecha que pueda existir en la formación académica de las personas con pérdida auditiva, ya que, la presencia en las aulas de intérpretes garantiza un efectivo acceso a la información, y permite la participación activa en las clases y el desarrollo bilingüe del estudiante. 4.5. Contratación de apoyos técnico-pedagógicos para la población con pérdida auditiva Sobre el particular, se puede apreciar que el artículo 2.3.3.5.2.3.4. del Decreto 1075 de 2015 establece en cabeza

las entidades territoriales certificadas, la responsabilidad de realizar ".... acciones afirmativas que eliminen las barreras para el aprendizaje y la participación, y garanticen en términos de pertinencia y eficiencia una educación inclusiva con enfoque diferencial por lo cual, conforme a dicha proposición jurídica, esta Oficina mediante concepto 2018EE017125 de 2018, señalo que:Entrando en materia, tenemos que, la Sección 2, Capítulo 5, Título 3, Parte 3, Libro 2 del DURSE permite a las entidades territoriales certificadas contratar el servicio de apoyo pedagógico para la población discapacitada, pero no establece una categoría de persona ni una modalidad de selección de contratista específicas para contratar dichos servicios, sino que deja abierta esa posibilidad al criterio de la entidad territorial certificada En ese orden de ideas, podemos arribar a la conclusión que, las entidades territoriales certificadas pueden contratar, con cargo a recursos del SGP y propios, el servicio de apoyo pedagógico para la población discapacitada con personas naturales o jurídicas, a través de las diferentes modalidades y causales de selección de contratistas que resulten aplicables, en virtud del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, y de acuerdo a sus propias circunstancias de modo, tiempo y lugar. Lo anterior, eventualmente incluye la posibilidad de las entidades territoriales certificadas de contratar el servicio de apoyo pedagógico para la población discapacitada con personas naturales o jurídicas, a través la modalidad de

selección de contratación directa, por la causal de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, establecida en el artículo 2.4.h de la Ley 1150 de 2007. (Subrayado fuera del texto primigenio) Con respecto a lo regulado en el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual fue citado axioma transcrito, es importante resaltar que la Corte Constitucional señaló por medio de sentencia C-508 de 2002, frente a la contratación directa, que: "Los principios de la contratación estatal que el legislador enuncia, precisa de manera concreta y regula en los artículos 23 y siguientes de la Ley 80 de 1993, no son simples definiciones legales, sino normas de contenido específico, de obligatorio acatamiento en toda la contratación estatal, sea cual fuere la modalidad en que ésta se realice. Es decir que, tanto en el caso de la contratación mediante licitación pública o concurso de méritos, como en la contratación directa, son aplicables de manera estricta los principios que orientan la contratación pública, cuales son, la transparencia, responsabilidad, selección objetiva, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, en armonía con lo preceptuado por el artículo 209 de la Carta, que los instituye para el ejercicio de la función administrativa” (Subrayado fuera del texto primigenio) En ese orden de ideas, es viable desde el aspecto legal concluir que, las entidades territoriales certificadas en ejercicio de sus competencias para la administración de la prestación del servicio público educativo en su

jurisdicción; pueden contratar el servicio de apoyo pedagógico para la población discapacitada a través de las diferentes modalidades y causales de selección de contratistas que resulten aplicables, teniendo en cuenta que no existe disposición alguna que establezca de manera específica la modalidad de contratación que deba emplearse para la atención educativa para la población en condición de discapacidad. Cabe anotar que, en todo caso la contratación deberá estar acorde con los lineamientos normativos y principio de la contratación pública. 4.6. Sistema Institucional de Evaluación para estudiantes con pé