MINSALUD - POLÍTICA NNAL DE APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA FLIA 2014-2024

Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias Bogotá, julio 2018

ALEJANDRO GAVIRIA URIBE

Ministro de Salud y Protección Social LUIS FERNANDO CORREA SERNA Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios (e)

CARMEN EUGENIA DÁVILA GUERRERO

Viceministra de Protección Social

GERARDO LUBÍN BURGOS BERNAL

Secretario General

ELKIN DE JESÚS OSORIO SALDARRIAGA

Director de Promoción y Prevención

JUAN PABLO CORREDOR PONGUTÁ

Jefe de Oficina de Promoción Social 2 Este documento se elaboró con el apoyo de las siguientes entidades

MARÍA CRISTINA TRUJILLO DE MUÑOZ

Consejera Presidencial para la Primera Infancia

MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUELLAR

Ministra de Relaciones Exteriores ENRIQUE GIL BOTERO Ministro de Justicia y del Derecho

GRISELDA JANETH RESTREPO GALLEGO

Ministra de Trabajo

YANETH CRISTINA GIHA TOVAR

Ministra de Educación Nacional

CAMILO SANCHEZ ORTEGA

Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio JUAN SEBASTIÁN ROZO RENGIFO Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

MARIANA GARCÉS CÓRDOBA

Ministra de Cultura

LUIS FERNANDO MEJIA

Director del Departamento Nacional de Planeación NEMESIO ROYS GARZÓN Director del Departamento para la Prosperidad Social

KAREN CECILIA ABUDINEN ABUCHAIBE

Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 3 Equipo técnico

Ministerio de Salud y Protección Social Ana María Peñuela Poveda Josué Lucio Robles Olarte Amanda Valdés Soler Sonia Milena Moreno Páez María Cecilia Maldonado Fischer Sara Inés Ochoa Cely Ana Margarita Olaya Forero Ligia Galvis Ortiz Comisión Intersectorial para la Primera Infancia Claudia Milena Gómez Díaz Ministerio de Relaciones Exteriores Laura Montejo Espitia Ministerio del Trabajo Paula Ojeda Ojeda Ministerio de Educación Nacional Alfredo Olaya Toro Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio José Manuel Vasquez Leal Luis Ariel Lombana Sosa Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Luisa Fernanda Vélez López Ministerio de Cultura Moisés Medrano Bohórquez Nubia Piedad Suta Moya Departamento para la Prosperidad Social Sol Indira Quiceno Forero Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Pedro Quijano Samper Martha Yaneth Giraldo Alfaro Sandra Gabriela Burgos López Ginna Paola Gil Chibuque Janeth Alemán Sánchez Earl Douglas López Corcho Adriana Camberos Moreno Departamento Nacional de Planeación Hermes Niño Leal Jaime Rafael Vizcaíno Pulido Karla Bibiana Mora Martínez 4 Contenido Introducción ............................................................................................................ 6

1. Antecedentes................................................................................................ 7

2. Concepto de familias en la política ............................................................... 8

3. Enfoques de la política ................................................................................. 9 3.1. Enfoque de Derechos Humanos ................................................................... 9 3.2. Enfoque de Curso de Vida .......................................................................... 11

3.3. Enfoque de Capacidades ........................................................................... 12

4. Situaciones y contextos .............................................................................. 12

5. Objetivos .................................................................................................... 17 5.1. Objetivo general ......................................................................................... 17 5.2. Objetivos específicos .................................................................................. 18 5.3. Principios de la política ............................................................................... 18

6. Ejes, estrategias y líneas de acción ............................................................ 19 6.1. Eje 1.- Reconocimiento y protección social ................................................. 19 6.2. Eje 2.- Convivencia democrática en las familias ......................................... 20 6.3. Eje 3.- Gobernanza..................................................................................... 21

7. Gestión nacional y territorial de la política ................................................... 23 7.1. Arquitectura institucional ............................................................................. 23 7.2. Gestión de la política a nivel territorial ........................................................ 26 7.3. Lecciones aprendidas en la gestión programática orientada a las familias .... 29 7.4. Orientaciones para gestionar los programas de fortalecimiento de las familias ................................................................................................................. 30

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 32

5 Introducción Este documento presenta la “Política Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias” construida en desarrollo de lo previsto en la Ley 1361 de 2009, conjuntamente con entidades del nivel nacional y territorial, de los sectores público y privado, la sociedad civil y la academia, bajo la coordinación del Ministerio de Salud y Protección Social. Como política nacional pretende, desde la perspectiva de derechos, brindar orientaciones generales para la acción del Estado en torno a la comprensión, movilización social y gestión política, con miras a promover el apoyo y fortalecimiento de las familias en términos de desarrollo humano y social en todos

los territorios del país, asumiendo a las familias como sujetos colectivos de derechos y agentes de transformación en un sentido amplio, plural y diverso. En ese sentido, la política enmarca un horizonte de sentido y genera orientaciones para las acciones y el ordenamiento de las respuestas programáticas del Estado, la sociedad y demás actores sociales y comunitarios para la promoción y reconocimiento de las capacidades y posibilidades de agenciamiento de todas las familias colombianas y extranjeras que habitan en el territorio colombiano, independientemente de su conformación, dinámicas y situaciones en que se encuentren. El documento contiene por un lado, los elementos claves que estructuran la política en relación a los antecedentes tanto normativos como del proceso de construcción participativa, la concepción de familia desde la cual se plantea movilizar su acción, los enfoques sobre los cuales posteriormente se considera las situaciones y contextos de las familias. Lo anterior permite señalar la apuesta de política con sus objetivos y principios; y los ejes con estrategias y líneas de acción. Finalmente, se incluye orientaciones relacionadas con arquitectura institucional y los procesos de gestión territorial, las lecciones aprendidas sobre los programas nacionales y territoriales orientados a las familias; y unas orientaciones generales para el desarrollo de programas. Esta política está acompañada de un documento técnico que profundiza en sus contenidos conceptuales, situacionales y normativos, el cual está disponible en https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/Familia.aspx 6

1. Antecedentes La normatividad en torno a las familias en Colombia se puede analizar a partir de tres categorías ordenadoras: (i) la familia como sujeto colectivo de derechos, (ii) la

familia desde el pluralismo y la diversidad, y (iii) la familia como agente de transformación y desarrollo. En primer lugar, los desarrollos normativos basados en la Constitución Política y la Ley 1361 de 2009 de Protección Integral a la Familia1, abordan a la familia como un sujeto colectivo titular de derechos por sí mismo, y a sus integrantes como sujetos individuales de derecho. La ley citada consagra la unidad del individuo y la familia, y entiende a las familias como sujetos de los derechos que en ella misma se citan, mientras que la Constitución la define como titular de derechos al señalar que “el Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia” (artículo 42 de la C.P.). Lo anterior se complementa con el rol de actor corresponsable de la garantía de los derechos de sus integrantes2, de manera que se configura para la familia una doble condición, tanto de sujeto titular de derechos, como de corresponsable de los derechos de quienes la conforman. En segundo lugar, la familia es contemplada en la Constitución y su jurisprudencia bajo los principios de pluralismo y diversidad étnica y cultural, y es reconocida además como una unidad sociológica incrustada en la realidad social del país. Debido a ello, el Estado está obligado a reconocer, promover y proteger todas las formas de organización familiar, lo cual permite hablar de las familias en plural y de sus diferentes formas, tanto en términos de estructura como de dinámicas relacionales. Finalmente, de acuerdo con el orden jurídico nacional e internacional (Naciones Unidas A. G., 2011), se entiende a la familia como un agente político con capacidad

de agencia, cuya importancia radica en su aporte a la trasformación y el desarrollo social y económico. Con base en estas premisas y en cumplimiento del mandato de la Ley 1361 del 2009, desde 2010 se inició un proceso de análisis documental orientado a comprender la situación de las familias en el contexto nacional y de las entidades territoriales. En este proceso se realizó una amplia consulta intersectorial con expertos del nivel nacional y territorial, que incluyó la revisión de estudios internacionales y nacionales, datos de situación poblacional con énfasis en familia, normatividad y jurisprudencia nacional, y la experiencia del Estado sobre este 1 Esta protección integral que prodiga la Constitución se asegura mediante la implementación de un sistema de garantías, cuyo propósito es reconocer la importancia de la institución familiar en el contexto del actual del Estado Social de Derecho y hacer realidad los fines esenciales que la orientan, entre los que se destacan: la vida en común, la ayuda mutua, la procreación y el sostenimiento y educación de los hijos. Sentencia T-840 de 2010. Corte Constitucional. 2 La corresponsabilidad de las familias con los derechos de sus integrantes se reconoce con los derechos de niños, niñas y adolescentes (Ley 1098 de 2006); para las personas adultas mayores (Ley 1251 de 2008, de las mujeres víctimas de violencia (Ley 1257 de 2008), en relación con las personas con discapacidad (Ley 1618 de 2013). 7 tema3. En particular, se acogieron como referentes principales la jurisprudencia nacional sobre el concepto y las características de las familias, los marcos conceptuales y teóricos utilizados en la formación de talento humano que realizan

algunas Instituciones de Educación Superior, y las orientaciones y recomendaciones de las Naciones Unidas en relación a la importancia de las familias como agentes de desarrollo social (Naciones Unidas, A/67/61-E/2012/3, 2012). A lo largo de este proceso, se ha realizado una reflexión permanente sobre el abordaje de las familias, considerando que en ellas confluyen integrantes con diversas características de acuerdo con su momento en el curso de vida, sus particularidades y sus condiciones sociales y culturales, lo cual define respuestas a partir de la articulación del Estado y la sociedad, en torno a la realización y protección de sus derechos, el reconocimiento de la diversidad familiar, el fortalecimiento de sus capacidades y posibilidades de agenciamiento y la potenciación de su aporte al desarrollo social. La propuesta de contenidos de esta política ha sido enriquecida en los procesos de consulta, revisión y validación con profesionales de diversas entidades nacionales, departamentales, distritales y municipales, la academia y la sociedad civil organizada. Los aportes se han dado en aspectos centrales del concepto de familia, el reconocimiento de su pluralidad y diversidad, las responsabilidades del Estado y la sociedad en su protección integral, su trayectoria histórica y la necesidad de rescatar prácticas y acciones para la protección de sus derechos y la promoción de su desarrollo. Sus propósitos se han encaminado a aportar a los principales compromisos de política establecidos en el país, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible4 y el conjunto de disposiciones internacionales.

2. Concepto de familias en la política La Política de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias asume a las familias desde

una perspectiva pluralista, amplia e incluyente, de acuerdo con su consideración social e histórica y su realidad en el país. Teniendo en cuenta los aspectos jurídicos, conceptuales y éticos del concepto, se reconoce a las familias como sujetos colectivos de derechos, no integradas únicamente por vínculos de consanguinidad, sino por aquellos vínculos afectivos que la configuran como sistemas vivos, escenarios de cuidado, reconocimiento y 3 Construcción del documento en Mesa Técnica Nacional liderada por Ministerio de Salud y Protección Social, proceso iniciado en 2010 conjuntamente con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento para la Prosperidad Social, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Ministerio de Justicia y del Derecho. 4 Mediante decreto 0280 de 2015, el Gobierno Nacional adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible y creó la comisión que hace seguimiento a su cumplimiento a través de estrategias nacionales. 8 desarrollo, comprendidas desde la pluralidad y la diversidad. En este sentido, tiene en cuenta las interpretaciones que han hecho las altas cortes de la Carta Política y define sus acciones en particular, en el marco de la Sentencia del 11 de julio de 2013 del Consejo de EstadoExp. 19001-23-31-000-2001-00757-01 (Consejo de Estado, 2013), en la cual se afirma que la familia es: “… una estructura social que se constituye a partir de un proceso que genera vínculos de consanguinidad o afinidad entre sus miembros. Por

lo tanto, si bien la familia puede surgir como un fenómeno natural producto de la decisión libre de dos personas, lo cierto es que son las manifestaciones de solidaridad, fraternidad, apoyo, cariño y amor, lo que la estructuran y le brindan cohesión a la institución”5. Las familias se conciben en esta política como:  Sujetos colectivos de derechos con capacidad de agencia. Las familias son una unidad en razón a sus vínculos de afecto y a la convivencia. Son agentes corresponsables de los derechos de sus integrantes y mediadoras con el Estado y la sociedad para su garantía.  Agentes transformadores que al desarrollar capacidades en los diversos escenarios de la vida cotidiana para asumir autonomía y responsabilidad, aportan al desarrollo de los proyectos de vida individual de sus integrantes, así como al desarrollo social y comunitario.  Sistemas vivos que actúan como redes de vínculos y relaciones en constante proceso de autorregulación y desarrollo, que tienen en cuenta los conflictos como inherentes, y las crisis como oportunidades para potenciar sus capacidades y recursos. La política comprende que las familias son sujetos colectivos de derechos, que transitan por los diferentes entornos en los que se encuentran y donde sus integrantes se desarrollan, y que actúan como agentes de transformación social, debido a su capacidad de potenciar el desarrollo tanto de cada uno de sus miembros, como a nivel colectivo y social.

3. Enfoques de la política El sentido plural y complejo de la familia exige un abordaje holístico que reconozca una fundamentación desde enfoques comprensivos y pertinentes. Esta política hace énfasis en los siguientes enfoques, sin desconocer otros que pueden ser

apropiados para la gestión del ejercicio colectivo e individual de los derechos: 3.1. Enfoque de Derechos Humanos 5 El concepto de “familia” como institución en el marco de este documento se asume como una estructura de orden social, con permanencia de su identidad a través de cambios y transformaciones en el tiempo y contextos. 9 Comprende principios universales y el fundamento de las garantías jurídicas que implica la acción del Estado y la sociedad, como generadores de condiciones que garanticen el ejercicio de los derechos por parte de todas las personas. Los derechos humanos son inherentes a la condición del ser humano, son inalienables, indivisibles, interdependientes, impostergables e indelegables y se centran en la “dignidad humana” como su esencia. Su carácter integral, permite una visión holística de los seres humanos en su carácter individual o colectivo, atendiendo a sus posibilidades de desarrollo. El enfoque de derechos plantea el reconocimiento de la familia como un sujeto colectivo y titular de derechos, así como de sus integrantes, y reconoce la importancia de la diada persona-familia como unidad, poniendo de manifiesto el compromiso estatal en torno al respeto, reconocimiento, garantía, promoción, protección, restitución y exigibilidad de los derechos. El carácter de sujeto de colectivo derechos se fundamenta en lo establecido en la Ley 1361 de 2009, por lo cual las familias tienen derecho a6:

1. Una vida libre de violencia

2. La participación y representación de sus miembros

3. Un trabajo digno e ingresos justos

4. La salud plena y la seguridad social

5. La educación con igualdad de oportunidades, garantizando los derechos de

asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, en condiciones de universalidad, equidad, calidad y gratuidad.

6. La recreación, cultura y deporte

7. La honra, dignidad e intimidad

8. La igualdad

9. La armonía y unidad

10. Recibir protección y asistencia social cuando sus derechos son vulnerados o amenazados

11. Vivir en entornos seguros y dignos

12. Decidir libre y responsablemente el número de hijos

13. La orientación y asesoría en el afianzamiento de la relación de pareja

14. El respeto y libertad en la formación de los hijos de acuerdo a sus principios y valores

15. El respeto recíproco entre sus miembros

16. La protección del patrimonio familiar

17. Una alimentación que supla sus necesidades básicas,

18. El bienestar físico, mental y emocional

19. Recibir apoyo del Estado y la Sociedad para el cuidado y atención de las personas adultas mayores 6 Además de estos, se encuentran también los establecidos en las leyes 1346 de 2009 y 1618 de 2013 sobre personas con discapacidad

10 Inmerso en el enfoque de derechos, se encuentra el enfoque diferencial el cual se fundamenta en el principio de igualdad y no discriminación; y se orienta al reconocimiento y restablecimiento de los derechos de aquellos colectivos, grupos o personas y familias que han sido vulnerados social, cultural e históricamente en razón de su pertenencia étnica, la discapacidad o por situaciones como el conflicto armado. Este enfoque permite reconocer la coexistencia de diversas especificidades intrafamiliares, para las cuales se requieren la realización de acciones afirmativas como mecanismo para garantizar el goce efectivo de los derechos en condiciones

de igualdad. Estas condiciones particulares, personales o colectivas, deben darse en contextos sociales y culturales, en un marco de reconocimiento y de respeto de la diversidad como fundante de las relaciones democráticas que concrete los postulados de derechos humanos. Asimismo, el enfoque de género como categoría descriptiva, analítica y política permite comprender la manera como los procesos sociales, culturales e históricos definen los roles, identidades, espacios y comportamientos que han sido asignados a lo femenino y masculino en las familias. Su comprensión permite generar estrategias dirigidas a identificar, analizar y transformar las diferencias y desigualdades que existen entre hombres y mujeres en el ámbito familiar. 3.2. Enfoque de Curso de Vida Este enfoque reconoce el proceso continuo del desarrollo a lo largo de la vida, considerando los diferentes entornos donde los sujetos se desarrollan. Constituye un análisis y reflexión permanente en torno a la trayectoria y la transformación de la vida de las personas, reconociendo la incidencia de múltiples condiciones históricas, sociales, culturales, biológicas y psicológicas. El análisis se centra en la trayectoria comprendida como el proceso que se vive a lo largo de la vida, “que puede variar y cambiar de dirección, grado y proporción” (Martínez, 2008)7 por sucesos vitales o momentos significativos, que provocan fuertes modificaciones y cambios drásticos en el curso de vida. Estos sucesos pueden ser positivos o negativos, o estar asociados a la transición de ciertos momentos de la vida, no necesariamente previsibles o predeterminados. El enfoque de curso de vida ofrece una mirada integral del desarrollo humano y de

las diferentes formas de organización familiar que adoptan las personas, a partir de la comprensión de diferentes dinámicas y múltiples variables que explican la situación de vida de las personas individualmente y en familia. Este enfoque trasciende el abordaje transversal de la situación y el estado de desarrollo de cada 7 Estas trayectorias pueden comprender variedad de ámbitos o dominios como el trabajo, la escuela, la vida reproductiva, la migración, etc. los cuales son interdependientes, se pueden leer a nivel individual y están conectadas con trayectorias de los colectivos a los que pertenecen. 11 una de las personas que conforman la familia, hacia una comprensión longitudinal de las situaciones que comprende la dinámica de los procesos familiares. 3.3. Enfoque de Capacidades Este enfoque comprende las capacidades como libertades humanas (Sen, 2000), lo cual implica necesariamente contar con las condiciones adecuadas para ejercerlas. Las capacidades humanas se entienden en términos de la disposición para el ejercicio de las libertades y la realización de los derechos. Este enfoque está inmerso en la perspectiva del desarrollo humano, que reconoce como fundamental la “capacidad de los sujetos para elegir y actuar”. Se centra en la concepción de la persona como sujeto con capacidad de agenciamiento de su propia vida, y capaz de procurar el bienestar de otros8. Para que esto sea posible, es necesario el compromiso del Estado para generar condiciones, escenarios de desarrollo y oportunidades a las familias, reconociendo sus capacidades como potencialidades para el desarrollo de sus integrantes y de la sociedad. Si bien es un reto la incorporación de estos enfoques en la comprensión de la

realidad de las familias y la definición de acciones por parte del Estado, es un propósito avanzar hacia una aplicación simultánea de los distintos enfoques en el marco de la interseccionalidad, con el fin de lograr un abordaje más integral de la realidad social y generar soluciones más pertinentes para transformar las condiciones de vida de la población.

4. Situaciones y contextos Las familias en Colombia se encuentran en contextos que varían por la cultura, la geografía, la situación económica, entre otros, con influencia en sus dinámicas y relaciones internas, así como en sus relaciones con la comunidad y la sociedad en general. Además de la presencia de grupos étnicos (pueblos indígenas, afrocolombianos o afrodescendientes, raizales y el pueblo Rrom), el país ha enfrentado en este nuevo siglo cambios económicos y sociales que inciden en la conformación de las familias, como es la transición demográfica, con el descenso en la fecundidad y el número de hijos por mujer; la revolución femenina con el ingreso al mercado laboral; el aumento de la esperanza de vida y la disminución de mortalidad y la desnutrición infantil; el incremento de la violencia radicalizada con el conflicto armado y el narcotráfico, y sus efectos en la sociedad; entre otros

(Gaviria, 2010). 8 Ibídem. 12 Las cifras existentes sobre las diferentes formas familiares ratifican esta realidad social. De acuerdo con el análisis de la evolución de las tipologías de familia en Colombia realizado por el DNP (Departamento Nacional de Planeación, 2015)9, los

datos muestran la diversidad y surgimiento de nuevas formas familiares en el país, siendo el hogar monoparental el de mayor presencia al pasar de 20,6% al 28,0%. Los hogares sin hijos aumentan del 9,0% en 1993 a un 14,3% en 2014, al tiempo que los hogares con jefatura femenina han aumentado del 22,8% al 34,7% en este periodo. La tipología generacional señala la disminución de hogares multigeneracionales (con las tres generaciones), mientras que los hogares generacionales de sólo adultos mayores y los hogares sin niños han aumentado. Existe además un 0,12% de hogares biparentales conformados por parejas del mismo sexo, de acuerdo con cálculos realizados a partir de la Encuesta de Calidad de Vida 2014. En 2015 la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, en relación a los tipos de familia, mostró datos de hogares según sus características, siendo para entonces un 11,2% de los hogares unipersonales, un 33,2% de hogares nucleares biparentales con hijos menores de 18 años, un 12,6% de hogares nucleares donde falta el padre o la madre, un 9,8% hogares de parejas sin hijos, y el 30% familias extensas, entre las cuales se encuentran las biparentales, monoparentales, parejas sin hijos, y el hogar con jefe y otros parientes. Finalmente, el 3,2% de los hogares se clasifica como familia compuesta por parientes y no parientes (Ministerio de Salud y Protección SocialProfamilia, 2015). Así mismo, en el Censo Nacional Agropecuario realizado en el año 2014 se identificó que el 19,1% de los hogares de

la zona rural son unipersonales frente al 11,1% reportado en el Censo de población del 2005. Estos datos señalan la necesidad de reconocer las diversas formas de organización familiar que existen en el país, y por tanto la necesidad de contar con servicios sociales de educación, salud, vivienda, entre otros, que den cuenta de estas formas y dinámicas familiares, y propendan por su protección y fortalecimiento. En términos de pobreza, vulnerabilidad e inequidad social para las familias, se tiene que en los últimos 5 años el porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria disminuyó 10,2 puntos porcentuales, al pasar de 30,4% en 2010 a 20,2% en 2015. En relación a la pobreza monetaria el porcentaje de personas en situación de pobreza disminuyó 21,9 puntos porcentuales durante los últimos 14 años, pasando de 49,7% en 2001 a 27,8% en 201510. Las diferencias en las condiciones de vida materiales en las familias rurales son más profundas con relación al acceso y calidad de los servicios de salud, educación y recreación. Al analizar los indicadores de pobreza monetaria se tiene que en 2015 la pobreza multidimensional en el campo alcanzaba el 40%, cifra que si bien 9 El estudio se basa en el análisis de Ullmann, Maldonado Valera, y Rico (2014) para mostrar el comportamiento de las formas familiares en América Latina a partir de tres tipologías de hogares: a) Tipología de estructura familiar: basada en la relación de parentesco; b) Tipología generacional: basada en la edad de los miembros; y c) Tipología de ciclo de vida:

basada en la relación de dependencia. 10 Datos de Prosperidad Social. 13 muestra una disminución de 13,1 puntos porcentuales frente a la cifra de 2010 (53,1%), es casi dos veces superior a la incidencia registrada en las cabeceras. Por la misma vía, el 40,3% de la población en las áreas rurales se encontraba en pobreza multidimensional en 2015, cifra que si bien muestra una reducción de 21,4 puntos porcentuales frente al dato de 2012, es 1,45 veces superior a la incidencia de la pobreza monetaria urbana11. Otra de las características diferenciales entre las familias rurales y urbanas es la violencia, la cual contribuye a profundizar la brecha en la calidad de vida del campo y las zonas urbanas. A través del programa Más Familias en Acción, el cual se orienta a entregar un apoyo económico a familias con niños menores de 18 años de edad, en situación de vulnerabilidad, para mejorar sus condiciones de salud y educación; en 2015 se atendieron 2.580.240 familias, de los cuales el 25% son desplazados, 5% indígenas, 48% familias de Sisben, y el 22% está en el programa Unidos (DPS, 2016). Otra de las situaciones que ha afectado gravemente a las familias y que es necesario reconocer, es el conflicto armado en el que los civiles han sufrido los mayores daños. En Colombia según el Centro de Memoria Histórica (Histórica., 2013) el número de muertes mediante asesinatos selectivos que se han dado de manera cotidiana, selectiva y silenciosa lejos de los centros urbanos puede llegar a las 150.000 víctimas, lo que significa que 9 de cada 10 muertes violentas en el

conflicto armado se han cometido de esta manera. El Registro Único de Víctimas de la Unidad para Atención y Reparación Integral a las Víctimas reporta 25.007 casos de desaparición forzada ocurridos desde el año 1985 hasta el 2012. Esta cifra puede elevarse a 27.000 desaparecidos si se tiene en cuenta los casos documentados por organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas, desde la década de los setenta. En cuanto al desplazamiento forzado, las familias llegaron a las ciudades una a una, con sus pertenencias al hombro, a engrosar los barrios marginales, a veces a pedir limosna, sin saber cómo sobrevivir en el mundo urbano. Para concluir que en el mismo informe se sostiene que entre 1958 y el 2012 murieron 220.000 personas como consecuencia del conflicto armado. Este escenario de conflicto armado ha producido transformaciones en las dinámicas y estructuras familiares, afectándolas por más de 50 años, por lo que se constituye en uno de los contextos de lectura obligatoria, a la luz de los procesos de paz, y cuyas victorias se han expresado en cese al fuego, en una propuesta de acuerd