MINTRANSPORTE - Concepto 20201340595571 de 2020

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20201340595571 09-10-2020 Bogotá D.C

Señor:

CARLOS HENRY CASTAÑEDA TABORDA

Calle 34 No. 8-32 Comercial2@accionlegal.co Ciudad Asunto: Transporte – Alquiler de vehículos particulares Respetado Señor En atención a la comunicación allegada a esta Cartera Ministerial a través de documento radicado con número 20203030662892 de 2020 mediante el cual consulta aspectos relacionados con el alquiler de vehículos particulares esta Oficina Asesora de Jurídica se pronuncia en los siguientes términos: PETICIÓN “(…) Es posible y legal alquilar motocicletas a personas naturales o jurídicas para el uso de domicilios de los negocios de los arrendatarios? - Qué normas reglamentan el alquiler de vehículos particulares a terceros. (…)” CONSIDERACIONES Sea lo primero señalar que de conformidad con el artículo 8 del Decreto 087 del 17 de enero de 2011 modificado por el Decreto 1773 de 2018, son funciones de la oficina asesora de jurídica de éste Ministerio las siguientes: “8.1. Asesorar y asistir al Ministro y demás dependencias del Ministerio en la aplicación e interpretación de las normas constitucionales y legales. 8.7. Atender y resolver las consultas y derechos de petición relacionados con las funciones de la oficina, presentados ante el Ministerio por personas de carácter público o privado”. Significa lo anterior que sus funciones son específicas no siendo viable entrar a analizar un caso en concreto, así las cosas, esté Despacho de acuerdo a sus funciones se referirá

de manera general y en lo que le compete al tema objeto de análisis, así: El artículo 1973 del Código Civil Colombiano definió el arrendamiento de la siguiente manera: “(…) El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o 1 Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am – 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042

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20201340595571 09-10-2020 prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado. (…)” De tal manera que en esta figura contractual el arrendador se obliga a conceder el goce de una cosa a cambio de que el arrendatario pague por dicho goce, en el artículo 1974 ibídem se señala que cosas son suceptibles de ser arrendadas, tal como al tenor reza: “(…) Son susceptibles de arrendamiento todas las cosas corporales o incorporales, que pueden usarse sin consumirse; excepto aquellas que la ley prohíbe arrendar, y los derechos estrictamente personales, como los de habitación y uso. (…)” En consecuencia se puede arrendar toda cosa corporal o incorporal, que puede usarse sin consumirse a no ser que la ley lo prohíba o que se trate de derechos estrictamente

personales. Ahora bien, el artículo 2 de la Ley 769 de 2002 “por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.” Definió motocicleta de la siguiente manera: “(…) Motocicleta: Vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor y un acompañante. (…)” De tal manera que este despacho se permite responder a su primera consulta que las motocicletas entendidas como automotores de dos ruedas en línea son bienes que pueden usarse sin consumirse y por ende son susceptibles de alquiler o arrendamiento conforme al código civil colombiano. Es de mencionar que el peticionario con la consulta refiere necesariamente a si se puede realizar servicio privado de transporte en vehículos particulares alquilados por lo cual se hace necesario citar la definición de dicho servicio así como una leve mención al público, respecto de lo cual el artículo 5 de la Ley 336 de 1996 señala: “(…) el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo. (Nota: Ver Sentencia C-391 de 2019, con relación a la expresión subrayada.). El servicio privado de transporte es aquel que tiende a satisfacer necesidades de movilización de personas o cosas, dentro del ámbito de las actividades exclusivas de las personas naturales y/o jurídicas. En tal caso sus equipos propios deberán cumplir con la normatividad establecida por el Ministerio de

Transporte. Cuando no se utilicen equipos propios, la contratación del servicio de transporte deberá realizarse con empresas de transporte público legalmente habilitadas en los términos del presente Estatuto. (Nota: La expresión señalada en negrilla fue declarada 2 Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am – 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042

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20201340595571 09-10-2020 exequible por los cargos analizados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-33 de 2014.) (…)” El servicio público de transporte goza de ser esencial puesto que se encuentra intervenido por el estado el cual otorga la operación a las empresas de transporte publico debidamente habilitadas conforme al artículo 11 de la Ley 336 de 1996 ya que debe garantizar la eficaz prestación del servicio y la protección a los usuarios conforme a los reglamentos de cada modo, es de anotar que conforme al artículo 23 de la Ley 336 de 1996 las empresas de transporte solo podrán prestar el servicio público de transporte con vehículos debidamente homologados por esta cartera ministerial. A su turno el servicio privado de transporte es aquel que tiende a satisfacer las necesidades de movilización de personas o cosas dentro del ámbito de las actividades

exclusivas de las personas bien sea naturales o jurídica, de principio la Ley exige la utilización de vehículos propios para que se pueda dar este servicio, sin embargo la honorable Corte Constitucional hace un examen de constitucionalidad de la norma y como resultado emana la Sentencia C-033 de 2014 en donde señala en su ratio: “(…)Igualmente se denota que, como acertadamente indica el Procurador General de la Nación en su concepto, la norma no impide la celebración de otros negocios jurídicos distintos al contrato de transporte, como el leasign (arrendamiento financiero) o el renting (arrendamiento operativo), donde el objeto contractual es distinto al contrato de transporte (movilizar personas o cosas de un lugar a otro a cambio de una contraprestación, generalmente pecuniaria), al punto que incluso una empresa de transporte puede acudir a las dos primeras figuras contractuales para acrecentar su capacidad operativa, claro está, siempre que dichos equipos estén matriculados para prestar tal servicio y cumplan las condiciones técnicas para ello. Así, no le asiste razón a la ciudadana demandante ni a quienes consideran que la preceptiva impugnada constituye una restricción injustificada a modelos contractuales como el leasing, el renting o similares, de modo que se impida acudir a ellos, ante la eventual falta de equipos propios para satisfacer necesidades particulares de movilidad, en tanto parten de una interpretación restrictiva de la misma y la forma como debe aplicarse. Recuérdese que esos negocios jurídicos no tienen la misma naturaleza que los contratos de transporte de personas o bienes. No existe entonces contrato de transporte cuando una persona conduce personas o mercancías en un vehículo

de su propiedad, alquilado o rentado. Al respecto, para aclarar posibles yerros, puede acudirse al desarrollo especializado que sobre esos contratos existe[32]: “El arrendamiento de un vehículo, sin embargo, puede prestarse a confusiones acerca de la existencia de un contrato de transporte, para lo cual han de distinguirse varias situaciones, a saber: - Si el vehículo se arrienda sin conductor, y la operación del mismo la ejerce directamente el arrendatario, no se configura un contrato de transporte, sino de arrendamiento; al utilizar el vehículo para transportarse a sí mismo o para transportar cosas para sí mismo, el arrendatario está ejerciendo el derecho de 3 Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am – 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042

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20201340595571 09-10-2020 uso del bien que le otorga el contrato de arrendamiento, pero dicho uso no puede ser considerado como enmarcado en una relación contractual de transporte entre arrendador y arrendatario. - Si el arrendatario usa el vehículo para prestar servicios de transporte a terceros, adquiere frente a éstos la calidad de transportador y sus relaciones con ellos se enmarcan en un contrato de transporte; pero el arrendador del vehículo no habrá adquirido obligaciones como transportador frente a los

citados terceros, por cuanto él no es parte del contrato de transporte que se celebre entre el arrendatario del vehículo y las personas a quienes éste les preste servicios de transporte. - Si el vehículo es arrendado con un conductor, entonces podría configurarse un contrato de transporte únicamente en la medida en que el arrendador ejerza el control de la operación de desplazamiento o conducción de las personas o cosas en el vehículo objeto del contrato. Este control operativo convierte a dicho arrendatario en un transportador, y al contrato de arrendamiento en un contrato de transporte. - Tampoco existe contrato de transporte cuando una persona conduce a un familiar o a un amigo en su vehículo, por cuanto en tal caso la intención de conductor y pasajeros no es celebrar un contrato de transporte, es decir, un acuerdo que genera en el conductor la obligación de transportar. La conducción, en estos casos, obedece bien a un favor, bien a los deberes propios de las relaciones familiares, pero no a la existencia de un contrato de transporte. No tendría sentido afirmar que, si el conductor lleva a un amigo a otro lugar como un favor, más no como una obligación, en el caso de que por cualquier circunstancia no pueda terminar el trayecto se generaría responsabilidad civil de su parte por incumplimiento de un contrato de transporte. Ello no implica, sin embargo, que en el evento de causarse lesión al pasajero no exista responsabilidad del conductor, solo que esta será extracontractual.” Efectuadas esas precisiones de una forma más que diáfana, resulta patente que la norma objeto del presenta análisis, en modo alguno impide acudir a contratos como los de leasing o renting de un vehículo, para satisfacer necesidades de movilidad de transporte o cosas, pues su naturaleza jurídica

dista ampliamente de las prestaciones propias de un contrato de transporte, máxime cuando los particulares deben acudir a esas formas contractuales ante la imposibilidad de acceder a empresas de servicios públicos en eventos como la falta de operatividad del Estado o de concesiones que lo permitan. 5.3.3. Tampoco existe un desconocimiento de garantías como el derecho al trabajo o el debido proceso, como se indica en la demanda y en algunas intervenciones. La norma impugnada no conlleva una sanción como erradamente consideran, por lo que esas garantías se mantienen incólumes. (…)” Conforme a los dispuesto en la Ley 336 de 1996 y el pronunciamiento de la Corte Constitucional debemos indicar, que el servicio privado de transporte se puede realizar mediante vehículos matriculados para el servicio particular, entre estos, las motocicletas, 4 Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am – 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042

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20201340595571 09-10-2020 de propiedad de la persona natural o jurídica que requiere la movilización de personas o cosas dentro del ámbito privado de sus actividades o en el que éste ostenta la calidad de

locatario, o arrendatario por la suscripción de contratos de leasing o arrendamiento. Resaltando que estos últimos contratos se rigen conforme al mandato del código civil colombiano, sin embargo, frente a la operación del vehículo el arrendador no puede tener injerencia, pues esta debe ser ejercida por el arrendatario. En los anteriores términos se absuelve de forma abstracta el objeto de consulta, concepto que se emite dentro del término preceptuado en el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, y tiene el alcance de que trata el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en consecuencia no son de obligatorio cumplimiento ni tienen efectos vinculantes. Cordialmente, PABLO AUGUSTO ALFONSO CARRILLO Jefe Oficina Asesora de Jurídica Copia: Superintendencia de Industria y Comercio – contactenos@sic.gov.co Elaboró: Luis Carlos Quintero Peña, Abogado, Grupo de Conceptos y Apoyo Legal Revisó: Andrea Beatriz Rozo Muñoz, Coordinadora, Grupo de Conceptos y Apoyo Legal Completo y cargo 5 Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am – 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042

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