OEA - Análisis de los Informes Nacionales

Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia. Departamento de Acceso a DerechosTABLA DE CONTENIDO Introducción

1. Educación

2. Salud

3. Trabajo y Empleo

4. Concientización de la Sociedad

5. Accesibilidad

6. Participación ciudadana, política y social

7. Desarrollo, bienestar e inclusión social

8. Participación en actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas.

9. Acceso a la justicia

10. Vida libre de violencia

11. Situaciones de emergencias catástrofes y desastres.

12. Cooperación Internacional

13. Capacidad jurídica

14. Habilitación y rehabilitación

15. Autonomía personal y vida independiente

Conclusión 1 5 8 11 15 18 21 23 24 31 34 37 42 47 50 53 58INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de discriminación contra las Personas con Discapacidad (CIADDIS) fue adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 7 de junio de 1999, en el marco de su vigésimo noveno período ordinario de sesiones celebrado en la Ciudad de Guatemala, Guatemala. Los objetivos de la convención son la prevención y la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, y la promoción de su plena integración en todos los ámbitos de la sociedad a través de legislaciones, iniciativas sociales y programas educacionales desarrollados en cada Estado parte. La CIADDIS cuenta con 20 Estados parte: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Uruguay y Venezuela.

La CIADDIS cuenta con 20 Estados parte: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Uruguay y Venezuela. Para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en la CIADDIS, el artículo VI de dicha convención prevé el establecimiento del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CEDDIS), integrado por un representante designado por cada Estado parte y dos suplentes. El CEDDIS actúa como foro para examinar el progreso registrado en la aplicación de la CIADDIS y para intercambiar experiencias entre los Estados parte. Desde su entrada en vigor el 14 de septiembre de 2001, la CIADDIS ha tenido cuatro ciclos de monitoreo conforme a los cuales sus Estados parte deben presentar al CEDDIS un informe nacional cada cuatro años para reportar las medidas adoptadas en la aplicación de la convención, así como cualquier progreso o dificultad en la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Los ciclos de monitoreo de la CIADDIS se convocan asimismo para medir la implementación del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (PAD) . El PAD es un instrumento operativo movilizador de políticas públicas adoptado por la Asamblea General de la OEA el 5 de junio de 2007, mediante su Resolución AG/RES. 2339 (XXXVII -O/07), con el objetivo de consolidar avances sustantivos en la construcción de una sociedad inclusiva, solidaria, accesible, y basada en el

del PAD, las medidas que se encuentren implementando para garantizar la inclusión plena de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida.

Así entonces, el 15 de septiembre de 2023 inició el Cuarto Ciclo de Monitoreo de la CIADDIS y el PAD con la solicitud a todos los Estados miembros de la OEA del Cuarto Informe Nacional sobre la implementación de estos instrumentos, con plazo de entrega al 15 de enero de 2025.

Un total de 15 países respondieron a la convocatoria presentando su Cuarto Informe

Nacional:

CUARTO INFORME CIADDIS-PAD (15 países)

• Argentina
• Bolivia
• Brasil
• Chile
• Colombia

• Costa Rica
• Ecuador
• El Salvador
• Guatemala
• México

• Panamá
• Paraguay
• Perú
• Rep. Dominicana
• Uruguay

3Entre los meses de febrero de 2025 a febrero de 2026 el CEDDIS evaluó los 15 informes nacionales recibidos y, durante su Decimocuarta Reunión Ordinaria celebrada en Montevideo, Uruguay, del 10 al 13 de marzo de 2026, hizo entrega a todos los Estados participantes del Cuarto Ciclo de Monitoreo de sus informes de evaluación y recomendaciones individuales. A su vez, el 5 de junio de 2018, la Asamblea General de la OEA adoptó la Resolución AG/RES. 2928 (XLVIII-O/18) mediante la cual encomendó al CEDDIS la conformación de un grupo de trabajo de composición mixta (actualmente conocido como el “Grupo Mixto”), integrado por 9 miembros (3 representantes del CEDDIS, 3 representantes de organizaciones de la

asistencialista para adoptar una narrativa de derechos humanos. La creación de guías de comunicación inclusiva para funcionarios públicos responde a la necesidad de errad icar los estereotipos y prejuicios, conforme a lo estipulado en el PAD. Al mismo tiempo, informes de otros 3 países sudamericanos subrayan la persistencia de un paradigma médico -rehabilitador. Este imaginario, que vincula a la discapacidad con la caridad, constituye un obstáculo crítico que las estrategias de concientización aún no han logrado desarticular. La doctrina de derechos humanos establece que la concientización es un proceso continuo que debe transformar las estructuras de poder y no limitarse a eventos esporádicos. La persistencia de la discriminación estructural ind ica que los Estados deben profundizar en políticas de concientización con base en la dignidad inherente de la persona. Se observa también como desafío que la mayoría de los países no dispone de información sobre presupuesto o guías para promover la imagen adecuada de las personas con discapacidad, lo que revela la necesidad de mayor transparencia y de medición de impacto. Pocos países incluyen la medición de impacto de sus campañas y acciones, por lo que deben hacerse mejoras en este sentido. Preocupa asimismo que tan sólo 2 países incluyen enfoques de género y diversidad en sus programas de inclusión de personas con discapacidad, con énfasis en la equidad en educación y empleo. Los reportes no reflejan datos enfocados en concientización sobre derechos de la niñez con discapacidad. Por otra parte, pese a que las mujeres con discapacidad reflejan el 17% del total de mujeres en la región, la promoción de sus derechos desde campañas masivas no es visible en lo reportado, excepto por acciones concretas de 2

mediante su Resolución AG/RES. 2339 (XXXVII -O/07), con el objetivo de consolidar avances sustantivos en la construcción de una sociedad inclusiva, solidaria, accesible, y basada en el reconocimiento del goce y ejercicio pleno e igualitario de los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de las personas con discapacidad, eliminando los prejuicios, estereotipos, estigmas sociales, y las discriminaciones múltiples. Para la consecución de dicho objetivo, el PAD contempla una serie de acciones que sirven de guía a los Estados miembros para la inclusión de las personas con discapacidad en quince ejes temáticos:

21. Educación

2. Salud

3. Trabajo y empleo

4. Concientización de la sociedad

5. Accesibilidad

6. Participación ciudadana, política y social

7. Desarrollo, bienestar e inclusión social

8. Participación en actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas

9. Acceso a la justicia

10. Vida libre de violencia

11. Situación de emergencia, catástrofes y desastres

12. Cooperación internacional

13. Capacidad jurídica

14. Habilitación y Rehabilitación

15. Autonomía y vida independiente

Considerando que el PAD es de aplicabilidad general, en cada ciclo de monitoreo la solicitud de presentación de informes nacionales se realiza a todos los Estados miembros de la OEA, inclusive a aquellos que no son parte de la CIADDIS, los que podrán compa rtir, en el marco del PAD, las medidas que se encuentren implementando para garantizar la inclusión plena de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida.

Así entonces, el 15 de septiembre de 2023 inició el Cuarto Ciclo de Monitoreo de la CIADDIS

de implementación efectiva de aquella.

Algunos desafíos comunes a los países incluyen la alta informalidad laboral de personas con discapacidad sin acceso a seguridad social; la insuficiencia de transporte, vivienda, infraestructura y educación accesible; la falta de datos estadísticos completos o actualizados que impide el diseño de políticas basadas en evidencia, y la persistencia de enfoques asistencialistas en lugar de modelos de vida independiente y autonomía. Por su parte, la falta de movilidad y el aislamiento afectaron notablemente a la población de las personas con discapacidad durante la pandemia de COVID -19, y cuando se generaron adaptaciones o protocolos para su atención, la pandemia se encontraba en una etapa avanzada.

La poca formación digital y en tecnologías, así como la falta de equipos asequibles para las personas con discapacidad limita el acceso a la formación técnica y al aprendizaje para el trabajo remoto y superior, lo que puede repercutir de forma directa en su desarrollo.

Chile, Costa Rica y Uruguay se posicionan en la región como los referentes en calidad de vida, mientras que los países de Centroamérica, el Caribe y el área andina enfrentan retos de financiamiento y descentralización de servicios.

En general, el bienestar social de las personas con discapacidad en la mayoría de los países está sustentado en enfoques asistencialistas en vez de un enfoque de promoción a la vida independiente basada en el modelo del asistente personal como apoyo para la autonomía. Mientras el entorno físico y los sistemas de transporte público no sean accesibles y no se registren cambios en la forma de asumir los compromisos de Estado y la cultura empresarial, la igualdad plena seguirá siendo una meta lejana.

29adecuada la participación cultural de las personas con discapacidad. La escasez de datos desagregados por tipo de discapacidad, edad, género y territorio dificulta la identificación de brechas, el diseño de políticas basadas en evidencia y el seguimiento d e los compromisos asumidos por los Estados. Esta limitación técnica constituye un desafío clave para avanzar hacia políticas culturales inclusivas, sostenibles y orientadas a resultados en toda la región. En virtud de lo anterior, el Grupo Mixto tiene a bien elevar a la consideración de los Estados miembros de la OEA las siguientes recomendaciones: • Avanzar de manera decidida desde enfoques centrados en la accesibilidad formal hacia modelos de accesibilidad efectiva y universal en el ámbito cultural. Esto implica reconocer que la accesibilidad no se limita a la eliminación de barreras arquitectónicas, sino que comprende también dimensiones comunicacionales, sensoriales y cognitivas. • Establecer estándares claros y mecanismos de supervisión que aseguren la incorporación sistemática de ajustes razonables y diseño universal en espacios, programas y contenidos culturales, con la participación activa de las propias personas con discapacidad en los procesos de evaluación. • Fortalecer la integración de la participación cultural, artística y recreativa en las políticas educativas, sociales y comunitarias, reconociendo su valor como componente central del desarrollo psicosocial, la autonomía personal y la construcción de proyec tos de vida. La articulación entre los sectores de cultura, educación y desarrollo social permitiría promover trayectorias inclusivas a lo largo del ciclo de vida, particularmente para niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad, superando la con cepción de la cultura como un ámbito accesorio o complementario. • Institucionalizar espacios permanentes de diálogo y mecanismos claros de incidencia

discapacidad en situaciones de emergencia. La mayoría de los países analizados inc orpora, en distintos niveles referencias al artículo 11 de la C DPD en sus marcos legales, planes nacionales de gestión del riesgo o políticas de protección civil. Este reconocimiento constituye una base jurídica fundamental para avanzar hacia respuestas más inclusivas y para fortalecer la exigibilidad de derechos en contextos de crisis. Asimismo, varios Estados reportan progresos en la articulación interinstitucional entre los sistemas de protección civil, los sectores de salud, desarrollo social, educación y derechos humanos. En países como Chile, Colombia, Costa Rica y México, esta coor dinación ha permitido mejorar la respuesta ante emergencias mediante la incorporación gradual de consideraciones específicas sobre discapacidad, así como el desarrollo de protocolos intersectoriales que buscan garantizar continuidad de servicios esenciales y apoyos durante las crisis. Otro aspecto positivo identificado es el desarrollo incipiente de experiencias orientadas a mejorar la accesibilidad de la información y la comunicación en situaciones de emergencia. Algunos países reportan avances en la adaptación de sistemas de alerta te mprana, materiales informativos y campañas de prevención, incorporando formatos accesibles como lengua de señas, subtitulados o mensajes visuales simplificados. Si bien estas iniciativas aún no se encuentran plenamente sistematizadas, representan un paso i mportante hacia la reducción de riesgos y la autonomía de las personas con discapacidad en contextos críticos. Desde una perspectiva comunitaria, los informes regionales destacan el fortalecimiento de redes locales de apoyo y la participación de organizaciones de personas con discapacidad en acciones de preparación y respuesta ante emergencias. En varios países de Centroamérica y América del Sur, estas organizaciones han desempeñado un rol clave en la identificación de

trabajo de composición mixta (actualmente conocido como el “Grupo Mixto”), integrado por 9 miembros (3 representantes del CEDDIS, 3 representantes de organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad y 3 actores sociales), a fin de acompañar el seguimiento que el CEDDIS realiza a la implementación hemisférica del PAD. El presente informe contiene las observaciones y conclusiones del Grupo Mixto con respecto a la información provista por los 15 países que han participado en el Cuarto Ciclo de Monitoreo de la CIADDIS y el PAD, que da cuenta de la situación de las personas con discapacidad en una parte de nuestro hemisferio.

4EDUCACIÓN1. EDUCACIÓN

La región presenta ciertos progresos en materia de accesibilidad, resaltando acciones de política pública para otorgar apoyos implementación de apoyos técnicos para la inclusión educativa. En Chile, destaca en la producción de textos en Braille y macrotipo, mientras que en Colombia y Costa Rica se ha avanzado en la accesibilidad de entornos virtuales. Brasil, alineado con las metas del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (PAD), ha fortalecido el Servicio de Educación Especializada (AEE) para la aplicación práctica de ajustes razonables en el aula. Se identifica asimismo una consolidación de marcos normativos en países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y República Dominicana que han reportado planes destinados a equiparar las tasas de escolaridad, cumpliendo con el principio de disponibilidad y accesibilidad del sistema educativo.

Pese a tales progresos puntuales, preocupa la existencia de profundos desafíos. Numerosas personas con discapacidad se ven privadas del derecho a la educación, sólo acceden a ella

apoyo, procesos educativos y redes de cuidado genera altos niveles de ansiedad, estrés y desregulación emocional, particularmente en personas con discapacidad intelectual, psicosocial y en niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, estos impactos ps icosociales no siempre son abordados de manera explícita en los planes de respuesta y recuperación.

Asimismo, se identifica una limitada capacitación del personal de protección civil, salud, educación y asistencia social en materia de discapacidad y apoyos personalizados. En numerosos contextos, la falta de formación específica se traduce en respuestas inadecuadas, prácticas paternalistas o decisiones que restringen la autonomía de las personas con 39discapacidad durante las emergencias. Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para una atención inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.

En conclusión, los informes coinciden en señalar la escasa participación de las personas con discapacidad y de sus organizaciones representativas en el diseño y evaluación de las políticas de gestión del riesgo. La ausencia de procesos de participación efe ctiva limita la pertinencia de los planes de emergencia y contraviene el principio de “Nada sobre nosotros sin nosotros”. Esta exclusión reduce las posibilidades de construir respuestas resilientes, inclusivas y sostenibles frente a desastres y crisis humanitarias en la región.

En virtud de lo anterior, el Grupo Mixto tiene a bien elevar a la consideración de los Estados miembros de la OEA las siguientes recomendaciones:

• Transversalizar de manera efectiva la discapacidad en todas las fases de la gestión del riesgo (prevención, preparación, respuesta y recuperación) superando enfoques fragmentados o reactivos. Esto implica integrar explícitamente las necesidades,

apoyos en los planes de respuesta y recuperación post -emergencia. Las políticas de gestión del riesgo deben reconocer los impactos emocionales y psicológicos diferenciados que enfrentan las personas con discapacidad ante la interrupción de rutinas, servicios, procesos educativos y redes de cuidado. Integrar apoyos psicosociales accesibles y sostenidos contribuirá a una recuperación más integral y respetuosa de la dignidad humana.

40• Fortalecer la capacitación del personal de protección civil, salud, educación y asistencia social en enfoques de discapacidad, derechos humanos y apoyos personalizados en contextos de emergencia.

• Asegurar la participación activa y sostenida de las personas con discapacidad y de sus organizaciones representativas en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de gestión del riesgo. Incorporar su experiencia y conocimiento no solo mejora la pertinencia de los planes de emergencia, sino que fortalece la resiliencia comunitaria y materializa el principio de “Nada sobre nosotros sin nosotros”, central en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el PAD.

41COOPERACIÓN

INTERNACIONAL

COOPERACIÓN

INTERNACIONAL12. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La cooperación internacional es un instrumento eficaz en apoyo de los esfuerzos nacionales que involucra alianzas entre los diversos actores a nivel nacional, regional e internacional incluyendo el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. La cooperación internacional desempeña un papel clave en la promoción y protección de los derechos de las

tales como el sistema de Naciones Unidas, la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa Iberoamericano de Discapacidad. Asimismo, algunos Estados participan en instancias regionales y subregionales, promoviendo el diálogo político, la cooperación horizontal y la construcción de agendas comunes en discapacidad.

Varios países reportan su participación en campañas, guías y proyectos internacionales con enfoque de derechos humanos, impulsados desde organismos multilaterales. Estas iniciativas han contribuido a posicionar la discapacidad como un eje transversal en ag endas internacionales de desarrollo, inclusión social y derechos humanos. Se identifican progresos en mecanismos de intercambio cultural, tecnológico y de innovación, especialmente vinculados a tecnología accesible, movilidad, vida independiente y cultura. Estos intercambios regionales han favorecido la transferencia de conocimientos, experiencias y soluciones inclusivas entre países.

La cooperación internacional no se limita a un solo sector, sino que abarca educación inclusiva, salud y rehabilitación, empleo, accesibilidad, tecnología, protección social y fortalecimiento de organizaciones de personas con discapacidad, lo cual refleja una visión integral y multidimensional del abordaje de la discapacidad a nivel regional. 43A nivel regional se reportan iniciativas orientadas al desarrollo de instrumentos comunes, como propuestas de reconocimiento regional de derechos y acceso a servicios, lo que constituye un avance hacia una mayor armonización y cooperación regional en beneficio de las personas con discapacidad.

Con respecto a desafíos identificados a la luz de los informes nacionales, si bien la mayoría de los Estados Parte reporta acciones de cooperación técnica y financiera alineadas con la

accesibilidad del sistema educativo.

Pese a tales progresos puntuales, preocupa la existencia de profundos desafíos. Numerosas personas con discapacidad se ven privadas del derecho a la educación, sólo acceden a ella en entornos en los que están aisladas de sus compañeros, y/o reciben una educación de una calidad inferior.

Persisten brechas como la desigualdad que enfrentan niñas y mujeres con discapacidad con menores oportunidad de acceso y permanencia en los sistemas educativos. Los informes nacionales presentados en el Cuarto Ciclo de Monitoreo de la CIADDIS -PAD evidencian que más de la mitad de los Estados participantes no cuenta con la información solicitada en este eje desagregada en las variables de género y discapacidad, y entre los que la ofrecieron, se denota un mayor acceso y permanencia en el sistema educativo de los hombres con discapacidad. Asimismo, las personas con discapacidad ubicadas en la zona urbana tienen mayor nivel educativo que aquellas ubicadas en sectores rurales según la información disponible, pero es importante señalar que sólo 4 países presentaro n esta información desagregada. Esto representa una vulneración del principio de equidad territorial donde el acceso a recursos se concentra en zonas urbanas, dejando a las poblaciones rurales en una situación de exclusión que el PAD identifica como una forma de discriminación indirecta por razones geográficas y socioeconómicas.

Otro gran desafío es la falta de información que permita acceder a datos sobre tasas brutas de escolaridad de la población con discapacidad. La inclusión efectiva y generalizada sigue sin ser posible. Asimismo, perduran sistemas de educación segregada y la información suministrada al respecto sigue siendo limitada y poco accesible.

a través de sistemas de registro desagregados por género, edad, tipo de discapacidad y región.

• Asegurar financiamiento estable y sostenible dentro del presupuesto público para la habilitación y rehabilitación, y estableciendo metas de inversión progresiva

• Fortalecer formación técnica y universitaria en rehabilitación integral.

• Impulsar programas regionales de intercambio de buenas prácticas.

52AUTONOMÍA

PERSONAL Y VIDA

INDEPENDIENTE

AUTONOMÍA

PERSONAL Y VIDA INDEPENDIENTE15. AUTONOMÍA PERSONAL Y VIDA INDEPENDIENTE Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir en la comunidad, elegir su lugar de residencia y decidir con quién vivir en igualdad de condiciones con las demás. También tienen derecho a recibir servicios de asistencia domiciliaria y otros servicios de apoyo de la comunidad para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y evitar su aislamiento. Conforme a la observación General N° 5 del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la vida independiente e inclusiva en la comunidad es una idea históricamente procedente de las personas con discapacidad que reivindican ejercer el control sobre la manera en que quieren vivir (mediante la creación de formas de apoyo que potencien el pleno ejercicio de sus derechos como la asistencia personal ), y que piden que las instalaciones comunitarias se ajusten a los principios del diseño universal. En este eje, los Estados reportan, entre otras medidas, la integración de tecnologías en educación y autonomía mediante el uso de software adaptado, laptops y plataformas digitales para apoyar la autonomía y vida independiente , lo cual refleja un progreso. Asimismo, informan contar con normativa que reconoce programas para la promoción de la

educación y autonomía mediante el uso de software adaptado, laptops y plataformas digitales para apoyar la autonomía y vida independiente , lo cual refleja un progreso. Asimismo, informan contar con normativa que reconoce programas para la promoción de la autonomía personal, así como instituciones de prestación de servicios sociosanitarios para personas mayores, tales como Centros Vida/Día, centros de bienestar, centros de protección social, centros de larga estancia y los centros de vida independiente dirigidos por personas con discapacidad. Se observa una evolución gradual desde un enfoque principalmente asistencialista hacia un paradigma basado en derechos humanos. Es ta transición es particularmente evidente en áreas donde se implementan un sistema de apoyos y salvaguardias que reemplaza al modelo de curatela e interdicción, reconociendo la autonomía de las personas con discapacidad y la provisión del asistente persona l. Nótese, sin embargo, que esta transición paradigmática, si bien está en marcha, todavía requiere consolidación, pues aún persisten prácticas y percepciones que reflejan un enfoque asistencialista. Otro avance registrado en los informes del Cuarto Ciclo de Monitoreo de la CIADDIS-PAD de 2023, es el nivel de detalle significativamente mayor en el eje de autonomía personal y vida independiente, en comparación con la información provista en los informes del Tercer Ciclo de Monitoreo de 2019. Los informes del Cuarto Ciclo ofrecen una descripción mucho más exhaustiva y desarrollada de programas y centros de vida independiente dirigidos por las mismas personas con discapacidad. Así, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, su informe de 2019 reportaba únicamente un sistema de transferencias monetarias para la compra de productos de apoyo y para acceder a asistencia personal humana sin mayores

de escolaridad de la población con discapacidad. La inclusión efectiva y generalizada sigue sin ser posible. Asimismo, perduran sistemas de educación segregada y la información suministrada al respecto sigue siendo limitada y poco accesible.

En virtud de lo anterior, el Grupo Mixto tiene a bien elevar a la consideración de los Estados miembros de la OEA las siguientes recomendaciones:

• Tomar acciones para reconocer que el derecho a la educación inclusiva abarca la prestación de todos los servicios educativos, no los prestados únicamente por los establecimientos públicos, y proporcionar información fiable y actual al respecto. 6• Velar por que se elaboren y ofrezcan actividades de capacitación para que todas las autoridades competentes del sector educación estén informadas sobre las responsabilidades que les atañen con arreglo a la ley y al Derecho Internacional, y se comprendan mejor los derechos de las personas con discapacidad, el alcance del derecho a una educación inclusiva y sus objetivos, las política s internacionales y nacionales pertinentes. • Desarrollar planes y actividades de colaboración y asociación relacionados con la educación inclusiva en el plano nacional. • Incluir transformaciones educativas en las leyes generales de educación y abarcar todos los niveles de educación formal, incluyendo la educación superior. • Registrar la información administrativa de manera adecuada, a fin de poder proporcionar datos fiables y actuales. • Adecuar la legislación interna para que la valoración de la discapacidad sea desde un enfoque de derechos, eliminando cualquier vestigio del modelo de prescindencia o médico en los procesos de certificación y apoyo educativo.

• Asegurar, en virtud del principio de no regresividad de los derechos sociales, las partidas permanentes para la educación inclusiva dentro de sus presupuestos generales, garantizando que los ajustes razonables sean financiados de manera sostenible. • Enfocar las políticas de concientización en la eliminación de barreras actitudinales y el combate al capacitismo, promoviendo la imagen de las personas con discapacidad como sujetos políticos activos. • Aplicar el principio de Diseño Universal en toda nueva infraestructura educativa y tecnológica, priorizando las zonas rurales para cumplir con el mandato de igualdad y no discriminación territorial. • Desarrollar indicadores regionales armonizados bajo los estándares del Grupo de Washington, permitiendo un seguimiento riguroso de la trayectoria educativa y el impacto de las políticas de concientización. • Tener presente que, de conformidad con el Artículo 4.3 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) , toda política pública debe ser consultada y diseñada con la participación estrecha de las organizaciones de personas con discapacidad, garantizando que el principio de "Nada sobre nosotros sin nosotros" sea el eje rector de las acciones en la materia.

7SALUD

82. SALUD El análisis del derecho a la salud considera la accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad, conforme a los estándares interamericanos de derechos humanos.

En cuanto a los progresos registrados para este eje temático, se destaca la adopción de marcos normativos que reconocen el derecho a la salud de las personas con discapacidad conforme a la CDPD. Los informes nacionales reportan ciertos avances en accesibilidad física y comunicacional en algunos sistemas de salud, incluyendo intérpretes de lengua de señas, materiales accesibles y servicios digitales. También se informa el desarrollo de protocolos,

conforme a la CDPD. Los informes nacionales reportan ciertos avances en accesibilidad física y comunicacional en algunos sistemas de salud, incluyendo intérpretes de lengua de señas, materiales accesibles y servicios digitales. Tamb