OEA - Documento ASCA doc. 53 25 de 2025
Detalles
- Título
- OEA - Documento ASCA doc. 53 25 de 2025
- Autor
- Organización de Estados Americanos
- Categoría
- Doctrina
- Área del derecho
- Internacional Público
- Año
- 2025
PARTICIPACIÓN DE ACTORES SOCIALES EN LAS OEA/Ser.E
ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CUMBRES DE LAS AMÉRICAS ASCA/doc. 53/25
19 agosto 2025
Original: español
CONSULTA NACIONAL CON SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES
CAMINO A LA X CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
(Guatemala - 15 julio de 2025)
Consulta Nacional con Sociedad Civil y Actores Sociales
Camino a la X Cumbre de las Americas
Guatemala, 15 de julio de 2025
INFORME NACIONAL (GUATEMALA)
Participantes:
| | | | --- | --- | | ORGANIZACIÓN / ACTOR SOCIAL | REPRESENTANTE | | Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES | Eduardo Stein Barillas[[1]](#footnote-1), | | Asociación La Familia Importa, AFI | Natalia Orue | | Asociación MOLOJ | Marta Juana López Batzin | | Colectivo de Hombres Trans-Formación | Alex Rodrigo Castillo Hernández | | Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF | Gonzalo Cabrera | | Consejo Internacional de Tratados Indios, CITI | José Dionicio Canahui Rodriguez | | Familia, Desarrollo y Población, FADEP | Ligia Briz | | National Democratic Institute, NDI | Rafael Eduardo Nuñez Vargas | | OTRANS-RN | Luis Zapeta Mazariegos | | OTRANS-RN | Stacy Velasquez | | Red Global de Empresarios Indígenas, REI | Maria Tuyuc (VOCERA) | | Niña Sin Fronteras / Soy Migrante | Meybel Sofia Amaya Hernández | | World Youth Alliance, WYA | Ana Fernanda Ramirez Santizo |
Facilitador: Luis Fernando De León Muños
INTRODUCCION:
Facilitador: Luis Fernando De León Muños
INTRODUCCION:
La seguridad integral en Guatemala es un desafío multidimensional que requiere enfoques holísticos y culturalmente pertinentes, con claro respeto al carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la sociedad; garantiza los derechos de los Pueblos Indígenas, valora sus aportes mediante sus ciencias técnicas y sistemas. Este documento presenta un resumen de objetivos y acciones dirigidos a fortalecer la seguridad ciudadana, alimentaria, energética e hídrica, elaborado con base a la metodología E.M.A.R.T (Especificas, Medibles, Alcanzables, realistas, relevantes y temporales). El mismo, se enfoca en la participación de los grupos históricamente vulnerables, la promoción de políticas públicas inclusivas y sostenibles. Bajo principios transversales como la equidad de género, el diálogo intercultural y la transparencia en la medición, se busca responder a las crisis estructurales actuales y sentar bases sólidas para un desarrollo justo y respetuoso con la Madre Tierra. Es importante recordar que se deben considerar variables desagregadas como edad, sexo, Pueblos Indígenas, niñez, adolescencia, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidad LGBTIQ+.
1. Seguridad Ciudadana
Objetivo General: Consolidar una seguridad ciudadana enfocada en la dignidad, integridad y desarrollo humano, incorporando la justicia y el reconocimiento plural de la identidad nacional.
Específico: Desarrollar una política de Estado enfocada en investigar y erradicar el crimen organizado en todas sus dimensiones: narcotráfico, pertenencia a maras, robo o hurto, corrupción, trata de personas, entre otras.
Medible: Fortalecer una visión integral y justa, con desarrollo de indicadores de percepción que reflejen la seguridad, el acceso a la justicia y la participación política de una amplia diversidad de sectores sociales. Estos indicadores incluirán no solo a Pueblos Indígenas, mujeres y la comunidad LGBTIQ+, sino también a familias, niñez, adolescencia, adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos que enriquecen nuestro tejido social.
Este enfoque garantiza una evaluación inclusiva y representativa que promueva políticas públicas sensibles, equitativas y realmente participativas, contribuyendo al bienestar y empoderamiento de todas las personas y comunidades involucradas.
Alcanzable: Desarrollar herramientas y metodologías de investigación, que se actualizan al menos cada 3 años, que sean objetivas en la recolección de datos y con pertinencia cultural, sobre los temas más importantes para la población y su seguridad ciudadana.
Relevante: Atender la crisis estructural de seguridad y certeza jurídica, la prevalencia de violencia e inseguridad, erradicar el crimen organizado y la impunidad, y todos los desafíos en la gobernanza democrática y la construcción de consesos.
Temporal: Implantar acciones y reportar avances en periodos semestrales y anuales, con ajustes a partir del primer año de implementación.
1. Seguridad Alimentaria
Temporal: Implantar acciones y reportar avances en periodos semestrales y anuales, con ajustes a partir del primer año de implementación.
1. Seguridad Alimentaria
Objetivo General: Garantizar el acceso suficiente y equitativo a alimentos saludables, producidos en territorio y de productores nacionales para toda la población guatemalteca, priorizando el reconocimiento de los sistemas alimentarios y de producción de los Pueblos Indígenas e integrando prácticas que mantengan el equilibrio con la Madre Tierra.
Específico: Impulsar un enfoque alimentario con pertinencia cultural, tomando en consideración que Guatemala es un país multicultural y pluriétnico, valorando la diversidad multicultural.
Medible: Desarrollar indicadores específicos para evaluar el acceso a alimentos en todo el territorio, con especial énfasis en las poblaciones vulnerables, así como identificar el impacto de las políticas públicas en la seguridad alimentaria.
Alcanzable: Fomentar la participación de liderazgos comunitarios, especialmente mujeres, en la producción, elaboración, ejecución, difusión y monitoreo de programas alimentarios y programas enfocados en la ventana de los mil días, para erradicar la desnutrición crónica.
Relevante: Abordar la crisis alimentaria histórica resultado de modelos económicos excluyentes y la degradación ambiental, fortaleciendo capacidades locales y regionales.
Temporal: Implementar estos mecanismos con metas a corto y mediano plazo (2-5 años) con revisiones anuales.
1. Seguridad Energética
Objetivo General: Garantizar el acceso justo, igualitario y sostenible a la energía, priorizando modelos renovables que reconozcan la diversidad cultural, promuevan la participación comunitaria y fortalezcan la autonomía energética de las familias y comunidades.
1. Seguridad Energética
Objetivo General: Garantizar el acceso justo, igualitario y sostenible a la energía, priorizando modelos renovables que reconozcan la diversidad cultural, promuevan la participación comunitaria y fortalezcan la autonomía energética de las familias y comunidades.
Específico: Apoyar la transición hacia fuentes de energía renovable y promover esquemas de participación comunitaria inclusiva, involucrando no solo Pueblos Indígenas, mujeres y comunidad LGBTIQ+, sino también familias, niñez, adolescencia, adultos mayores y personas con discapacidad, con especial énfasis en la reducción de costos energéticos para los hogares.
Medible: Implementar indicadores que permitan medir el porcentaje de hogares y comunidades con acceso a energía limpia y gestionada localmente, con datos desagregados por grupos sociales (género, edad, etnia, discapacidad, etc.), y evaluar la reducción porcentual del costo energético para las familias.
Meta: Presentar avances significativos en cobertura renovable y participación comunitaria en un plazo de 2 años, con compromisos parciales a medir en la XI Cumbre.
Alcanzable: Impulsar normativas integradoras y mecanismos de financiamiento sensibles a la cosmovisión indígena y diversidad territorial, que promuevan la participación como socios en el desarrollo y directa de usuarios finales y gobiernos locales en el diseño, implementación y operación de servicios energéticos sostenibles y asequibles.
Relevante: Fortalecer políticas energéticas integrales, inclusivas y centradas en las personas. Para ello, se adopta un enfoque técnico, intergeneracional y orientado al bienestar común, posicionando la energía sostenible al servicio de las personas y familias, y promoviendo la justicia social, la inclusión y la sostenibilidad ambiental.
Temporal: Establecer metas anuales cuantificables para aumentar la cobertura de energías renovables, con evaluaciones periódicas cada año durante un horizonte de 5 años, incorporando progresivamente la reducción de costos energéticos y la participación comunitaria efectiva en los informes de seguimiento.
1. Seguridad Hídrica
Objetivo General: Alcanzar el acceso universal, sostenible y culturalmente adecuado al agua potable mediante políticas públicas integrales que protejan las fuentes hídricas, garanticen una gestión comunitaria efectiva y reconozcan los conocimientos, prácticas y valores culturales de las comunidades, respetando la diversidad social y demográfica.
Específicos:
Específicos:
- Acceso universal a agua potable y servicios básicos: Formular y ejecutar políticas inclusivas que aseguren la cobertura, calidad y sostenibilidad del suministro de agua para todos los sectores sociales. Se deben considerar variables desagregadas como edad, sexo, Pueblos Indígenas, niñez, adolescencia, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidad LGBTIQ+. - Meta: Presentar informes sobre avances en cobertura y calidad en la XI Cumbre en un plazo de 2 años. - Protección y monitoreo de fuentes de agua: Fortalecer los sistemas nacionales para el control de contaminantes y mecanismos efectivos de monitoreo ambiental que garanticen la calidad y sostenibilidad del recurso hídrico. Se destaca la responsabilidad estatal en liderar y coordinar estas acciones. - Meta: Desarrollar y poner en marcha planes de protección y monitoreo ambiental dentro de los próximos 2 años. - Desarrollo y aplicación de una política pública nacional inclusiva: Construir e implementar políticas públicas orientadas a la gestión integral del recurso hídrico, sustentadas en evidencia técnica y orientadas al bien común, con especial énfasis en la inclusión de usuarios y la gestión multicultural. - Meta: Contar con un plan de implementación con seguimiento definido en 2 años, con evaluaciones anuales.
Medibles:
- Cobertura y acceso al agua potable desagregados por grupos sociales (edad, género, etnia, discapacidad, etc.). - Calidad del agua indicada por índices de no contaminación y cumplimiento de estándares ambientales. - Sostenibilidad del recurso evaluada mediante la continuidad y comportamiento de las fuentes hídricas locales. - Participación comunitaria real en procesos de toma de decisiones y gestión del agua.
Relevantes:
Relevantes:
- Fortalecer la gobernanza hídrica mediante órganos y comités multiculturales que incluyan una representación amplia e inclusiva, estableciendo mecanismos efectivos de coordinación entre gobiernos locales, comunidades y entidades nacionales e internacionales. Asimismo, hay que reconocer que los modelos extractivos, cuando se regulan con criterios técnicos, éticos, ambientales y sociales, pueden aportar a un uso eficiente de los recursos, generar empleo, fortalecer capacidades locales y promover el desarrollo sostenible. - Reconocer el acceso al agua como un derecho humano esencial, ligado a la dignidad y el bienestar integral de las personas, promoviendo su uso responsable y sostenible. Además, valorar que, bajo una regulación adecuada, los modelos extractivos pueden contribuir a enfrentar desafíos ambientales y garantizar la seguridad hídrica frente a fenómenos naturales y la presión sobre los recursos.
Temporalidad: Implementar políticas y acciones con evaluación de resultados en períodos de 2 a 4 años, manifestados en reportes anuales que permitan la toma de decisiones adaptativas y transparentes.
Principios Rectores Transversales para Seguridad Ciudadana, Alimentaria, Energética e Hídrica:
El acceso a la seguridad ciudadana, alimentaria, energética y hídrica debe centrarse en el bienestar integral de las personas y las familias, garantizando un enfoque inclusivo que promueva la dignidad humana, la equidad social y el desarrollo sostenible basado en el respeto a la diversidad cultural y ambiental.
1. Centralidad en las personas, las familias y su entorno natural: Todos los servicios y recursos deben estar al servicio de los derechos humanos fundamentales, priorizando la protección y el bienestar de las personas y sus entornos familiares como base de una sociedad justa y resiliente en un entorno natural sostenible. 2. Enfoque cultural: Las políticas públicas en sectores clave que afectan a toda la población, como la seguridad ciudadana, alimentaria, energética e hídrica, deben adoptar un enfoque intercultural amplio que reconozca y valore la diversidad de aportes culturales. Es esencial integrar activamente los saberes ancestrales y el conocimiento cultural de los Pueblos Indígenas como parte de una visión plural, inclusiva y democrática. Guatemala y América Latina deben ser reconocidas como regiones de profunda diversidad cultural, por lo que los modelos de desarrollo deben construirse con sensibilidad cultural, respeto hacia las identidades colectivas y garantizar la participación efectiva y equitativa de todas las comunidades, asegurando así políticas culturalmente pertinentes que promuevan el bienestar integral y el desarrollo sostenible para toda la sociedad. 3. Equidad social y de género: Se debe asegurar la participación efectiva y representativa de todos los actores sociales: Pueblos Indígenas, mujeres, comunidad LGBTIQ+, personas con discapacidad, niños, adolescentes, adultos mayores y otros sectores para garantizar justicia social y democracia conectiva. 4. Sostenibilidad ambiental y uso responsable de recursos: La gestión de los recursos energéticos, hídricos, alimentarios y de seguridad debe basarse en modelos productivos y sociales que respeten los límites ambientales, fomenten la resiliencia climática y promuevan la sostenibilidad a largo plazo.
5. Integralidad y articulación intersectorial: Las políticas y acciones deben ser holísticas, abordando las múltiples dimensiones y relaciones entre seguridad ciudadana, alimentación, energía y agua, y promoviendo la coordinación efectiva entre actores e instituciones a todos los niveles. 6. Transparencia, medición y rendición de cuentas: Todos los programas y políticas deben contar con indicadores claros, datos desagregados y mecanismos accesibles de seguimiento y evaluación, garantizando la transparencia y permitiendo a la sociedad civil y a los usuarios finales conocer avances y desafíos. 7. Diálogo permanente y construcción de consensos: Establecer mecanismos de diálogo permanente y multilateral para avanzar en consensos medibles y que se traduzcan en políticas públicas eficientes y sostenibles. 8. Soberanía y tutela del Estado: El Estado tiene la responsabilidad ineludible de garantizar la soberanía alimentaria, energética e hídrica; así como la seguridad ciudadana, privilegiando el bien común sobre intereses particulares, y protegiendo los derechos de la ciudadanía guatemalteca a una vida digna y segura.
Este marco transversal asegura que las políticas públicas respeten la diversidad, atiendan las desigualdades históricas y promuevan el desarrollo sostenible desde un enfoque integrado y centrado en los derechos humanos.
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