OEA - Documento ASCA doc. 54 25 de 2025

PARTICIPACIÓN DE ACTORES SOCIALES EN LAS OEA/Ser.E

ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CUMBRES DE LAS AMÉRICAS ASCA/doc.54/25

19 agosto 2025

Original: portugués

CONSULTA NACIONAL CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS ACTORES SOCIALES

CAMINO A LA X CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

(Brasil - 11 julio de 2025)

Consulta Nacional: (Brasil)

Documento Conceptual – X Cumbre de las Americas: “Construyendo un Hemisferio Seguro, Sostenible y de Prosperidad Compartida” ES

Participantes:

| | | | --- | --- | | ORGANIZACIÓN / ACTOR SOCIAL | REPRESENTANTE | | ANDI – Comunicación y derechos | Marcos Francisco Urupá Moraes de Lima y Miriam Pragita | | Centro de Promoção e Defesa dos Deveres e Direitos Humanos Cidadão do Mundo [Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y los Deberes del Ciudadano del Mundo] | Aristóteles Pinheiro Libânio | | CitizenGO | Glauciane da Silva Teixeira | | Fundación Frontera Electrónica | Veridiana Alimonti | | Geledés - Instituto da Mulher Negra [Instituto de la Mujer Negra] | Bianca de Oliveira Corrêa | | Instituto Isabel | Andrea Fabrino Hoffmann Formiga | | INACNão Aceito Corrupção [Instituto No Acepto la Corrupción] | Rita de Cassia Biaso y Roberto Livianu | | MCCE - MOVIMENTO DE COMBATE À CORRUPÇÃO ELEITORAL [Movimiento de Combate a la Corrupción Electoral] | Luciano Caparroz | | Plataforma JUSTA | Nathalie Nunes |

Recomendaciones (por organización):

ANDI – Comunicación y derechos

La regulación de las plataformas ha despertado algunas preocupaciones en la sociedad civil de Brasil. En nuestro contexto nacional, hemos observado un aumento de los mensajes de odio contra determinados segmentos de la sociedad, como las mujeres, las personas de raza negra, las mujeres de raza negra y las personas LGBTQIA+.

Al mismo tiempo, la proliferación cada vez mayor de la desinformación en estos entornos virtuales ha afectado de manera sistémica a diversas estructuras de la sociedad brasileña, entre ellas la propia democracia. Los mensajes que contradicen los avances científicos, como los realizados con las vacunas; las perspectivas que crean un clima de pánico en la sociedad, como las observadas durante la crisis de seguridad en las escuelas públicas, son acciones que señalan la necesidad de pensar en cómo exigir más responsabilidad a estas grandes empresas tecnológicas.

En este sentido, proponemos que nuestra América Latina se incline por este tema, entendiendo que hoy es necesario, de alguna manera, imponer más responsabilidades a estas empresas tecnológicas, para que garanticen un entorno digital seguro, ciudadano y que fortalezca la democracia y la libertad de expresión.

Geledés – Instituto de la Mujer Negra:

Seguridad energética

La crisis climática ya ha comenzado y sus efectos son profundamente desiguales. Mientras que los sectores económicos y las grandes empresas siguen beneficiándose de la explotación saqueadora de la Amazonía, son las comunidades indígenas, quilombolas, ribereñas, afrodescendientes y otros pueblos tradicionales los que sufren de manera desproporcionada los efectos de los fenómenos extremos, la pérdida de sus territorios y la inseguridad alimentaria.

La transición hacia una economía baja en carbono en la región no puede repetir los mismos esquemas de injusticia que han marcado históricamente el desarrollo en la Amazonía. Por ello, la transición justa debe ir mucho más allá del cambio en la matriz energética: exige transformaciones estructurales que contemplen la justicia social, económica, climática y territorial, garantizando que nadie quede atrás, especialmente los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las comunidades tradicionales.

Seguridad ciudadana y comunitaria

Teniendo en cuenta que en Brasil, aproximadamente el 65% de las personas desempleadas son afrodescendientes y el 70% de las personas afrodescendientes viven por debajo del umbral de la pobreza (según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, IBGE), es necesario tomar medidas que fortalezcan el empoderamiento económico y la planificación comunitaria, promuevan el protagonismo local y eleven la capacidad de implementación de proyectos dirigidos a esta población. Esto incluye políticas públicas que amplíen el acceso a una educación de calidad, al crédito productivo, a una vivienda digna y a una representación política efectiva.

Por último, se propone que Brasil y los Estados Miembros se comprometan con la producción y el uso de datos desglosados por raza, etnia, género y territorio. Además, es necesario incentivar a los bancos de desarrollo nacionales y multilaterales para que adopten mecanismos de evaluación del impacto racial y de género en todas las etapas del desarrollo y la implementación de proyectos, con el objetivo de reducir las desigualdades estructurales y garantizar la plena inclusión de las personas afrodescendientes en la labor de desarrollo nacional y regional.

INACInstituto No Acepto la Corrupción:

En los últimos once años, Brasil ha vivido un gravísimo proceso de captación progresiva del presupuesto público por parte del Congreso. La partida destinada a enmiendas parlamentarias aumentó un 25.100% en este periodo, mientras que el sueldo mínimo aumentó un 109%. Esto significa que los R$50.400 millones en 2025 sobrepasaron la asignación de 30 de los 39 ministerios y superaron la barrera del 25% de los gastos no obligatorios, sin que hubiera seguimiento. Estas cifras son inaceptables y violan el principio constitucional de la separación de poderes, atentan contra la preeminencia del interés público y la materialización de las políticas públicas en nombre de intereses particulares menores y parroquiales, para su perpetuación en el poder, ante la falta de un límite constitucional al número de mandatos sucesivos en el mismo cargo legislativo electivo. Se recomienda establecer un límite constitucional del 1% del gasto no obligatorio para las enmiendas parlamentarias, y así devolver el control de la gestión del presupuesto público al Poder Ejecutivo, que tiene la función de diagnosticar las necesidades sociales, planificar y trabajar en la concreción de las políticas públicas, lo que se ha visto desvirtuado por las enmiendas, según señala un reciente estudio realizado y publicado por el IPEA [Instituto e Investigación Económica Aplicada]. Además, teniendo en cuenta el principio constitucional de acceso a la información pública, no se puede hacer concesiones en materia de trazabilidad, la cual debe ser amplia, general e irrestricta.

Propone, además:

1. Eje institucional:

Fortalecimiento de las instituciones y lucha contra la corrupción.

Creación de un sistema regional de auditoría y seguimiento de las inversiones en seguridad pública, con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en los Estados Miembros;

Propone, además:

1. Eje institucional:

Fortalecimiento de las instituciones y lucha contra la corrupción.

Creación de un sistema regional de auditoría y seguimiento de las inversiones en seguridad pública, con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en los Estados Miembros;

Establecimiento de un observatorio hemisférico anticorrupción, con sede rotativa, para detectar, difundir y apoyar las buenas prácticas de integridad pública.

1. Eje operativo:

Cooperación en materia de seguridad e inteligencia.

Banco regional de datos compartidos sobre organizaciones delictivas, rutas de tráfico, armas y lavado de dinero, con protocolos de seguridad y confidencialidad. Equipos de tarea binacionales o multinacionales, orientados a operaciones integradas contra la delincuencia organizada en zonas fronterizas.

1. Eje social:

Prevención e inclusión en comunidades vulnerables:

Ampliación de programas de prevención del delito dirigidos a jóvenes en situación de riesgo, tales como la tutoría, los deportes, el arte y la formación profesional, con financiación internacional.

Iniciativas de cohesión social y justicia restaurativa, con la participación directa de las comunidades locales, especialmente en territorios afectados por la violencia y la exclusión.

1. Eje económico:

Inversión en desarrollo local y reducción de la desigualdad

Creación de un fondo hemisférico para territorios de alta vulnerabilidad, destinado a proyectos sociales, urbanos y de empleabilidad como forma de prevenir el fenómeno de reclutamiento por parte de grupos delictivos.

Alianzas público-privadas para generar oportunidades de trabajo y emprendimiento local en regiones críticas.

1. Eje tecnológico y de gobernanza:

Datos, seguimiento y participación social.

Uso de tecnologías para el mapeo de delitos, el análisis predictivo y la gestión de la seguridad pública, con datos abiertos y accesibles a la sociedad.

1. Eje tecnológico y de gobernanza:

Datos, seguimiento y participación social.

Uso de tecnologías para el mapeo de delitos, el análisis predictivo y la gestión de la seguridad pública, con datos abiertos y accesibles a la sociedad.

Plataforma digital integrada de la iniciativa, donde los Gobiernos, las ONG y los ciudadanos puedan hacer el seguimiento de los objetivos, los indicadores y los resultados por país y por región.

MCCE - MOVIMENTO DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN ELECTORAL:

Seguridad ciudadana: defensa de la democracia, lo que incluye la defensa de la naturaleza tripartita de los poderes y el respeto al uso correcto de los recursos financieros en la ejecución de los presupuestos, de modo que las políticas públicas se lleven a cabo según lo previsto, sin las distorsiones que se están produciendo.

Pensando que este principio está relacionado con otros temas como la seguridad alimentaria, energética e hídrica, y también que la distorsión genera una concentración de poderes en el poder legislativo, que es el que finalmente regula todos estos temas que deben ser regulados y mejorados, el debilitamiento de uno de los poderes provoca un desequilibrio en el conjunto de las decisiones y ejecuciones, lo que profundiza la desigualdad y mantiene los privilegios.

Plataforma JUSTA:

1. Fortalecer la transparencia mediante la disponibilidad e integración de datos presupuestarios sobre seguridad y justicia. Se propone que, para diciembre de 2026, los países del Hemisferio elaboren o consoliden sistemas nacionales de datos presupuestarios sobre seguridad y justicia, con una estructura estandarizada, datos abiertos y desglosados por tipo de gasto, territorio, raza y género. Estos datos deberán permitir el seguimiento del origen y la asignación de los recursos públicos entre los diferentes ámbitos de actuación, con inclusión de: i) las fuerzas policiales encargadas (a) de la policía abierta, los civiles responsables de: (b) las investigaciones y (c) la dimensión técnico-científica, incluido el análisis y la producción de pruebas periciales; ii) el sistema penitenciario, iii) la política para los exreclusos (conjunto de medidas que el Estado implementa para garantizar los derechos de quienes salen de prisión tras cumplir su condena). Una clasificación común de los distintos ámbitos de inversión permitirá integrar los datos nacionales en un repositorio hemisférico interoperable, vinculado a la Plataforma Hemisférica, con una gestión colaborativa entre los Gobiernos y la sociedad civil.

2. Promover la evaluación de los efectos económicos, sociales y distributivos de la inversión en seguridad. Se recomienda que, a partir de 2025, los países adopten o intercambien modelos estandarizados para evaluar las repercusiones generadas por los recursos públicos e internacionales invertidos en políticas de seguridad. Esa evaluación podría considerar cinco dimensiones interrelacionadas: i) impacto económico: costo por tipo de medida (por ejemplo, construcción de prisiones, alternativas penales), eficiencia del gasto público, comparaciones intersectoriales; ii) impacto social: efectos sobre la reducción de la violencia y la reincidencia, así como sobre el estigma asociado a los grupos delictivos o vulnerables por la selectividad penal y el acceso efectivo a los servicios y garantías de derechos (por ejemplo, educación, salud, documentación, asistencia social); iii) impacto racial y territorial: desigualdades en la aplicación de las políticas, concentración de los efectos represivos o excluyentes, ciclos de pobreza y exclusión; iv) impacto sobre el desarrollo: compatibilidad con los objetivos de desarrollo sostenible, obstáculos estructurales al desarrollo sostenible; v) impacto institucional: efectos sobre la autonomía, la integridad y la capacidad operativa del sistema de justicia, grado de transparencia y control social sobre las inversiones, y susceptibilidad a interferencias indebidas por parte de intereses políticos o económicos.

3. Hacer un seguimiento y equilibrar las inversiones en seguridad ciudadana. Se recomienda que, a más tardar para fines de 2026, los países publiquen informes nacionales anuales sobre el origen, el destino y la tipología de las inversiones en materia de seguridad ciudadana. Se sugiere que los informes permitan: i) distinguir entre recursos nacionales (por ejemplo, presupuesto nacional/federal o estatal en justicia y seguridad), internacionales (por ejemplo, instituciones financieras internacionales, bancos de desarrollo) y privados (tales como asociaciones público-privadas); ii) clasificar los gastos por función: medidas coercitivas (por ejemplo, policía abierta, operaciones especiales), encarcelamiento, alternativas penales, políticas para exreclusos, prevención social de la violencia y políticas sociales y de protección (como salud, educación, asistencia y atención comunitaria); iii) identificar la participación de instituciones financieras internacionales o bancos de desarrollo, así como del sector privado; iv) estimar el costo social agregado (por ejemplo, costo promedio por cupo penitenciario x costo por alternativa penal). Los informes pueden contribuir a un panel regional de seguimiento y reajuste de las inversiones vinculado a la Plataforma Hemisférica, que fortalezca la eficiencia del gasto y la cooperación entre países.

Fundación Frontera Electrónica:

Seguridad ciudadana

Fundación Frontera Electrónica:

Seguridad ciudadana

La seguridad ciudadana, al igual que otras políticas públicas y actividades de las instituciones estatales, debe desarrollarse de conformidad con las obligaciones que el Estado ha asumido en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, con especial énfasis en el sistema interamericano de derechos humanos. Los Estados deben sustentar sus acciones en la garantía de los principios de participación, rendición de cuentas (accountability) y no discriminación, entre otros, en los procesos de adquisición y uso de tecnologías de vigilancia y en sus prácticas de tratamiento de datos con fines de seguridad pública e inteligencia. Los Estados deben contar con marcos legales e institucionales fuertes que garanticen la protección de los datos y la privacidad en el ámbito de estas actividades, con inclusión de la autorización judicial, la supervisión independiente por parte de una institución civil y los recursos efectivos en caso de violaciones.

Regional: el asesoramiento, los diagnósticos, las inversiones y el apoyo técnico de las instituciones regionales e internacionales de políticas e inversiones deben apoyarse en una base empírica firme, especialmente en lo que respecta a la incidencia de las tecnologías de vigilancia en los derechos humanos. A tal fin, se debe considerar una moratoria temporal sobre la inversión de dichas instituciones en la implementación de sistemas, prácticas y tecnologías de vigilancia para permitir la revisión y publicación de las pruebas disponibles. Tras dicha revisión, las estructuras de adquisición utilizadas para determinar futuras colaboraciones deben centrarse en las obligaciones en materia de derechos fundamentales, especialmente cuando la protección de estos derechos es débil o existe un mayor riesgo de exclusión.

Transversal (uso de tecnologías nuevas por parte del Estado)

Evaluar las inversiones del Estado en tecnologías emergentes que afectan los derechos conforme a criterios de necesidad y proporcionalidad, para evitar el desvío de recursos esenciales de programas de bienestar más fundamentales. Asegurar la participación efectiva de la sociedad civil en la toma de decisiones y en la supervisión de la implementación de tecnologías emergentes por parte del sector público, con inclusión de mecanismos accesibles y representativos para las poblaciones más vulnerables. Garantizar evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos antes de la implementación de sistemas automatizados de toma de decisiones por parte de las autoridades públicas. Estas evaluaciones deben ser plenamente participativas, interdisciplinarias y accesibles al público, de conformidad con la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO.

Asegurar un mandato claro, basado en el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos, en la creación de la Plataforma Hemisférica de Seguridad Ciudadana y Comunitaria. Esto supone que el intercambio de información y la coordinación de esfuerzos se realicen de acuerdo a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y transparencia, con mecanismos claros de supervisión y rendición de cuentas que protejan a las personas.

Instituto Isabel:

Recomendamos que la Cumbre de las Américas promueva un debate profundo sobre la libertad de expresión a la luz del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica), en el ámbito de la protección de la seguridad ciudadana, reconociéndola como un pilar esencial de las sociedades democráticas. Es imperativo que este debate tenga en cuenta la protección integral de los niños, niñas y adolescentes velando para que el ejercicio de la libertad de expresión no comprometa su desarrollo físico, psíquico y moral. Reafirmamos la primacía de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y principal responsable de la educación de los hijos, tal y como se reconoce en diversos marcos jurídicos internacionales. Abogamos para que el Estado actúe de manera subsidiaria, creando garantías para que las familias ejerzan plenamente sus responsabilidades. Las plataformas digitales, por su parte, deben actuar con responsabilidad subsidiaria, respetando los límites legales y los derechos fundamentales, sin sustituir el papel de las familias ni imponer una censura arbitraria, respetando la pluralidad de ideas y los valores propios de cada sociedad.

La protección de la libertad de expresión, en equilibrio con la protección de los niños y el fortalecimiento del papel de las familias, está intrínsecamente ligada a la promoción de la seguridad ciudadana. La exposición precoz de niños y adolescentes a contenidos violentos, sexualizados o ideológicamente manipuladores puede generar impactos duraderos en la cohesión social y el bienestar de las comunidades. Al reconocer a la familia como la primera instancia de protección y orientación, y al exigir a las plataformas digitales y al Estado una actuación subsidiaria y responsable, promovemos entornos más seguros, tanto en el espacio físico como el digital. La seguridad ciudadana exige no solo la lucha contra la violencia directa, sino también la prevención de daños morales, psíquicos y sociales, creando las condiciones para que cada persona pueda vivir con dignidad, libertad y responsabilidad dentro de un orden democrático y justo.

CitizenGO:

La comunidad de ciudadanos activos de Citizen GO en Brasil, compuesta por miles de personas comprometidas con causas importantes, presenta las siguientes aportaciones a las preguntas planteadas:

Diversas iniciativas de la sociedad civil ya han demostrado su efecto positivo y pueden ampliarse a escala nacional o regional. Entre ellas se encuentran las cooperativas familiares y las redes de agricultura sostenible, que fortalecen la economía local con prácticas responsables, y el programa Famílias Fortes (Strengthening Families Program, SFP), destinado a fortalecer los vínculos entre padres e hijos adolescentes. En el ámbito educativo, proyectos como las escuelas cívico-militares, comunitarias y confesionales promueven la formación moral, el respeto a la autoridad y los valores familiares, fundamentales para el desarrollo ético de las nuevas generaciones. La libertad educativa y de expresión, amenazadas por la censura ideológica, también deben protegerse y promoverse como base para una sociedad plural y consciente.

La promoción de la seguridad y la paz social exige la participación de múltiples actores. El Estado debe asumir con firmeza su responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad pública, libre de relativismos ideológicos. Al mismo tiempo, las familias, las comunidades religiosas y las escuelas deben ser reconocidas como protagonistas en la prevención de la violencia y la formación de ciudadanos éticos. Las empresas comprometidas con los valores de la vida y la libertad, así como las organizaciones de la sociedad civil sin ideologías, deben ser incluidas en las decisiones y asociaciones que promuevan el desarrollo sostenible, la justicia y el bien común.

Por último, las políticas públicas en este ámbito deben guiarse por principios firmes y universales: la defensa incondicional de la vida humana desde su concepción, la valoración de la familia natural como base de la sociedad y el respeto a las libertades religiosa, de conciencia y educativa. Deben promover además la subsidiariedad y el protagonismo de las comunidades locales, y rechazar la centralización estatal y la imposición de agendas internacionales. La transparencia, la capacidad de escuchar activamente y la participación ciudadana real son elementos indispensables para garantizar políticas verdaderamente inclusivas, sostenibles y respetuosas con los derechos humanos y la soberanía de los pueblos.

IMÁGENES

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[image: A group of people sitting in a room AI-generated content may be incorrect.]

CMBRS02870S07