OEA - Documento ASCA doc. 55 25 de 2025

PARTICIPACIÓN DE ACTORES SOCIALES EN LAS OEA/Ser.E

ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CUMBRES DE LAS AMÉRICAS ASCA/doc. 55/25

19 agosto 2025

Original: español

CONSULTA NACIONAL CON SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES

CAMINO A LA X CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

(Uruguay - 2 julio de 2025)

PRESENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES SOBRE EL TEMA DE LA CUMBRE

SEGURIDAD CIUDADANA

Hacia una política pública integral para la garantía de una vida libre de violencia para mujeres, niñas, niños y adolescentes (NNA) en contextos de inseguridad estructural.

1. Antecedentes y diagnóstico

En Uruguay, mujeres, niños, niñas y adolescentes (NNA), así como personas mayores enfrentan crecientes situaciones de violencia en comunidades atravesadas por fenómenos como el narcotráfico, la trata de personas, y la explotación sexual. La criminalidad estructural impacta negativamente en el ejercicio de derechos fundamentales: acceso a la educación, la salud, el trabajo digno, la maternidad protegida y la justicia. Estas afectaciones se agudizan en contextos de pobreza, migración, exclusión cultural y ausencia institucional.

La falta de estudios sistemáticos que analicen los efectos de estos contextos invisibiliza a estas poblaciones, limita el diseño de políticas específicas, y debilita la capacidad estatal de respuesta efectiva.

1. Recomendaciones

2. Formulación de una política pública integral y especializada - Desarrollar políticas públicas con enfoque interseccional de \\infancia, género, derechos humanos y migración\\, orientadas a mujeres y NNA en contextos de criminalidad. - Incorporar líneas de acción en: - Vivienda segura y acceso territorial a servicios. - Acompañamiento psicosocial integral. - Protección comunitaria basada en redes locales. - Inclusión económica, programas de empleo y autonomía.

3. Fortalecimiento de derechos fundamentales - Educación: - Garantizar acceso universal desde la primera infancia. Reforzar el rol de las propuestas educativas como espacios de desarrollo, protección y prevención. - Diseñar programas de educación preventiva frente al consumo de sustancias desde la primaria hasta la educación superior. - Incluir propuestas basadas en la trascendencia, educación emocional y el sentido como factores protectores. - Justicia: - Garantizar presencia territorial de dispositivos de acceso a la justicia gratuitos, accesibles y con lenguaje inclusivo. - Instalar equipos interdisciplinarios (legales, sociales, comunitarios) en barrios marginados, integrados con las ONG locales. - Promover estrategias de prevención jurídica, comunicación de derechos en espacios cotidianos como centros educativos. - Maternidad y trabajo: - Asegurar políticas públicas que reconozcan el derecho de madres jefas de hogar a estudiar, trabajar y criar en condiciones dignas. - Migración: - Establecer políticas específicas para población migrante que eviten la discriminación, promuevan su inserción laboral y garanticen el acceso a servicios esenciales.

4. Evaluación, monitoreo y transparencia - Crear un sistema nacional de evaluación de políticas con enfoque de derechos, incluyendo:

4. Evaluación, monitoreo y transparencia - Crear un sistema nacional de evaluación de políticas con enfoque de derechos, incluyendo: - Medición periódica por comunidad del acceso a educación, salud, y denuncias desagregadas por edad, género y nacionalidad. - Cruce de datos entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía General sobre denuncias, investigaciones realizadas, judicialización de casos y causas archivadas. - Identificación de fallas institucionales y responsabilidad estatal en casos de desprotección. - Documentar consultas, intervenciones y evolución de los casos, con plazos de seguimiento técnico de hasta tres años, con informes de retroalimentación semestrales.

5. Temporalidad, sostenibilidad y compromiso institucional - Reconocer que los impactos no se evalúan en menos de 3 años. Se propone un horizonte de mediano a largo plazo (3 a 5 años) con metas claras, asignación presupuestaria sostenida y cooperación interinstitucional. - Articular con universidades públicas y actores académicos para el monitoreo, evaluación, y formación de equipos técnicos especializados.

6. Consideraciones finales

El abordaje de la violencia estructural que afecta a mujeres, NNA y personas adultas mayores, especialmente en comunidades vulnerables y migrantes, requiere la acción decidida del Estado, en línea con sus compromisos internacionales.

La ausencia de políticas integradas y sistemáticas ha perpetuado condiciones de exclusión y riesgo. Esta propuesta busca ofrecer no solo líneas concretas de acción, sino un modelo de intervención basado en la prevención, la restitución de derechos y la transformación estructural de los contextos de inseguridad.

Resulta imprescindible abordar todas las temáticas con perspectiva de Derechos poniendo lo humano en el centro. Recordando tomar en cuenta los colectivos más postergados, tales como; afro, indígena, de la diversidad sexual, discapacidades, entre otros.

Consideramos realizar Consulta ciudadana para identificar todas las necesidades: que sean necesidades reales de los ciudadanos. (Municipales, Nacionales, ONGs, educación, artístico.

Diálogo para tener presente las necesidades reales de la ciudadanía. Para generar una mesa de trabajo con participación de todos los actores, donde se refleje la escucha y el involucramiento de toda la sociedad.

Teniendo especial atención a las adicciones, y toda temática que aquejan a cada comunidad.,

Para generar las políticas públicas necesarias desde las bases.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

1. Introducción

La seguridad alimentaria es un derecho humano fundamental, y su vulneración afecta especialmente a los sectores más excluidos. Desde la sociedad civil organizada, se identifican amenazas crecientes al derecho a la alimentación adecuada, vinculadas tanto a modelos productivos como a prácticas comerciales y fallas estructurales del sistema de regulación.

1. Factores que amenazan la seguridad alimentaria

• Falta de información al consumidor: Ausencia de datos accesibles sobre los ingredientes reales de los alimentos y presencia de alérgenos, afectando especialmente a personas con condiciones específicas de salud. - Interferencia de la industria de alimentos ultraprocesados: - Condicionamiento del consumo a través del marketing. - Generación de entornos obesogénicos. - Desplazamiento de alimentos frescos y nutritivos en la dieta cotidiana. - Presión indebida sobre las políticas públicas, incluso en contra de recomendaciones internacionales. - Modelo agroindustrial centrado en monocultivos y ultraprocesados: - Erosión de suelos y alteración de ecosistemas. - Altísima utilización de recursos hídricos. - Contaminación ambiental que compromete la sostenibilidad del sistema alimentario.

1. Acciones estatales necesarias

• Regulación estricta del marketing y la publicidad de alimentos ultraprocesados, especialmente los dirigidos a niñas, niños y adolescentes. - Promoción activa de alimentos saludables y cultivos orgánicos, mediante incentivos y campañas públicas. - Acceso físico y económico a alimentos nutritivos, garantizando cobertura territorial y precios justos. - Etiquetado frontal y claro, en base a criterios de salud pública (como los promovidos por la OPS), para garantizar el derecho a la información del consumidor.

1. Experiencias relevantes desde la sociedad civil

• Regulación efectiva del marketing a infancias. - Promoción comunitaria de cultivos orgánicos. - Impuestos saludables sobre productos ultraprocesados. - Implementación de sistemas de etiquetado nutricional frontal con fuerte base científica.

1. Experiencias relevantes desde la sociedad civil

• Regulación efectiva del marketing a infancias. - Promoción comunitaria de cultivos orgánicos. - Impuestos saludables sobre productos ultraprocesados. - Implementación de sistemas de etiquetado nutricional frontal con fuerte base científica.

1. Principios rectores para las políticas públicas - Evitar conflictos de interés: la industria alimentaria no debe participar en la toma de decisiones públicas. - Basar las políticas en evidencia científica libre de interferencias comerciales. - Tomar en cuenta recomendaciones internacionales de \\OMS, OPS, UNICEF, FAO\\. - Fortalecer la participación ciudadana en la elaboración, monitoreo y fiscalización de políticas públicas.

2. Recomendaciones principales

3. Regular la actividad de la industria alimentaria conforme a estándares internacionales de salud pública.

4. Limitar la publicidad de productos ultraprocesados a infancias, con base legal.

5. Excluir a la industria alimentaria de los procesos de formulación de políticas, en resguardo del interés público.

6. Garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada como eje rector de toda política pública.

REGULAR el desperdicio de alimentación y producciones perdidas.

Generar políticas públicas de incentivo para huertas familiares agroecológicas, comunitarias y educativas. Con trabajo en territorio: Municipios y otros agentes locales.

Implementar y consolidar la Ley Nacional de Agroecología.

SEGURIDAD HIDRICA

Generar políticas públicas de incentivo para huertas familiares agroecológicas, comunitarias y educativas. Con trabajo en territorio: Municipios y otros agentes locales.

Implementar y consolidar la Ley Nacional de Agroecología.

SEGURIDAD HIDRICA

1. Control a las industrias en relación a su manejo contaminante de sus desechos químicos, y el uso indiscriminado del agua.

2. Capacitar personal para que sea idóneo en tales contralores.

3. Respetar la legislación vigente que consagra al agua como un derecho esencial art. 47 de la Constitución de Uruguay. (actualmente contrariado por la ley de riego 16858 y otras iniciativas, como el Proyecto Neptuno).

4. Legislación que declare los ríos como sujetos de derecho, para evitar su contaminación. Como por ejemplo, el río Cauca en Colombia.

SEGURIDAD ENERGÉTICA

• 1. Cambiar la matriz energética, valorando la eliminación de combustibles fósiles.

2. Incentivar el uso de energías renovables para un cuidado sustentable y amigable con el ambiente.

3. Fomentar la investigación y desarrollo de nuevas fuentes energéticas limpias, favoreciendo la vida de los pueblos y naciones.

4. Promulgar leyes para el cuidado e implementación de recursos energéticos.

5. Proclamar principios básicos para la energía sustentable. Como, por ejemplo, energía inalámbrica., Estudios Nikola Tesla.

• Elección de voceros para el Diálogo Nacional:

Titulares: Julio Cesano y Jane Laporte

Suplentes: Enrique Montemar y Natalia Fernandez

PARTICIPANTES

• Elección de voceros para el Diálogo Nacional:

Titulares: Julio Cesano y Jane Laporte

Suplentes: Enrique Montemar y Natalia Fernandez

PARTICIPANTES

| | | | --- | --- | | ORGANIZACIÓN / ACTOR SOCIAL | REPRESENTANTE | | Consejo de la Nacion Charua | Cyro Rodriguez | | Mundo Afro | Enrique Montemar | | Fundacion Dia Nova | Fabrizio Glisenti | | Madrinas por la Vida | Jane Laporte | | | Julio Cesano | | Asociación Uruguaya de Educación Católica (AUDEC) | Laura Guisada | | Narcóticos Anónimos | Marciel Quintero | | Narcóticos Anónimos | Jorge Quijan | | Asociación Cultural y Social Uruguay Negro (ACSUN) | Virginia Piria | | Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual | Natalia Fernandez | | Organización multidisciplinaria para la integración social (OMIS) | Diego Rodriguez |

IMÁGENES

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