OEA - Documento ASCA doc. 56 25 de 2025

PARTICIPACIÓN DE ACTORES SOCIALES EN LAS OEA/Ser.E

ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CUMBRES DE LAS AMÉRICAS ASCA/doc. 56/25

19 agosto 2025

Original: español

CONSULTA NACIONAL CON SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES

CAMINO A LA X CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

(Costa Rica - 16 julio de 2025)

X Summit of the Americas: “Construyendo un Hemisferio Seguro, Sostenible y de Prosperidad Compartida”

Consulta Nacional con la Sociedad Civil y Actores Sociales

LISTA DE PARTICIPANTES EN: Costa Rica

| | | | --- | --- | | NOMBRE | ORGANIZACIÓN | | Raúl Escalante Soto | Sinergia Liderazgo y Desarrollo - Mente Maestra | | Robert Gerardo Montero Chacón | Actor Social | | Andrea Céspedes Huertas | Red de Jovenes por el Agua Capitulo Costa Rica | | Karla Salazar Sánchez | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) | | Luisa Acosta | Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia | | Cooperativa Sulá Batsú | Actor Social | | Yerlin María Zamora Quesada | UNAGUAS | | Marcos Vinicio Alfaro Solís | ASADA Santa Gertrudis Sur | | Roberto Pineda Ibarra | Actor Social | | Programa Estado de la Nación | Actor Social | | Gail D. Nystrom | Fundación Humanitaria Costarricense | | Federico Cartín Arteaga | Asociación Costa Rica por Siempre | | Laura Villalobos Chaves | Asociación Plataforma de Organizaciones de Sociedad Civil para el cumplimiento de los ODS | | Cooperativa Agroindustrial y Servicios Múltiples San Rafael de Alajuela (COOPEAGRAN R.L) | Cooperativa Agroindustrial y Servicios Múltiples San Rafael de Alajuela (COOPEAGRAN R.L) | | Adriana Aguilar Borbón | Fundación EcoFauna | | JUAN CARLOS ARCE UMAÑA | Federación de Acueductos de la Zona Protectora El Chayote (FEDAPRO) | | MANUEL MONTOYA CARRANZA | Federación de Acueductos de la Zona Protectora El Chayote (FEDAPRO) |

| Isabel Méndez Garita | Actor Social | | Francia Linares Orozco | Asociación Banco de Alimentos de Costa Rica | | Natasha Jimenez Mata | Asociación Mulabi | | Juan Pablo Zamora Rodríguez | Fundación MarViva | | Hazel Villalobos Fonseca | Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM) | | Sorayé Castro González | Fundación Adamas | | Jaime Valverde Rojas | Culturas y Desarrollo en Centroamérica | | Jonathan Esquivel Bernales | Actor Social | | Angela Mercedes Cavaliere de Nava | Asociación Cristiana de Jóvenes de Costa Rica | | Ana Cecilia Hernandez Bolaños | Alianza de Mujeres Costarricense | | Ines Argentina Molina Jimenez | Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia Red Local | | Maite Capra Puertas | TRUST for the Americas |

DISCUSIÓN SOBRE EL TEMA CENTRAL Y LOS EJES TEMÁTICOS

Respuesta a las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los principales factores que amenazan la Seguridad (Ciudadana, Alimentaria, Hídrica o Energética) en sus comunidades o territorios?

¿Qué propuestas de la sociedad civil o comunidades locales ya han mostrado resultados positivos y podrían escalarse a nivel nacional o regional?

¿Qué actores (estatales, privados, sociales) deberían asumir un rol más activo o coordinado para mejorar esta dimensión de la seguridad?

¿Qué principios deben guiar las políticas públicas en este tema para que sean sostenibles, inclusivas y respetuosas de los derechos humanos?

1. Cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible):

• Se destaca la importancia de los ODS como prioridades globales. - Se menciona que la pobreza y la desigualdad son temas centrales, especialmente en Costa Rica.

1. Desigualdad en Costa Rica:

• Costa Rica es uno de los países más desiguales de Latinoamérica, a pesar de ser considerado de renta alta. - La desigualdad es vista como un factor clave que afecta el desarrollo y la cohesión social.

1. Pobreza, hambre y participación ciudadana:

• La pobreza y el hambre han generado una falta de cuestionamiento crítico hacia las políticas públicas. - Se percibe una disminución en la capacidad de la población para exigir rendición de cuentas.

1. Agradecimiento desde la comunidad nicaragüense:

• Un ciudadano nicaragüense exiliado agradece a la sociedad civil costarricense por su apoyo y solidaridad.

1. Preocupación por la seguridad de la comunidad nicaragüense:

1. Agradecimiento desde la comunidad nicaragüense:

• Un ciudadano nicaragüense exiliado agradece a la sociedad civil costarricense por su apoyo y solidaridad.

1. Preocupación por la seguridad de la comunidad nicaragüense:

• Se menciona el asesinato de Roberto San Juan como un hecho alarmante. - Se denuncia la presencia de fuerzas de inteligencia y seguridad del régimen Ortega-Murillo en Costa Rica. - Se pide al Estado costarricense un reconocimiento público de esta situación para brindar mayor respaldo y protección a la comunidad exiliada.

1. Crimen organizado transnacional en Costa Rica:

• Se menciona la presencia de grupos como el Tren de Aragua, involucrados en trata de personas. - Se solicita al Estado costarricense que reconozca públicamente esta infiltración para generar conciencia y fortalecer la protección ciudadana, tanto para costarricenses como para la comunidad nicaragüense exiliada.

1. Vulnerabilidad de la población LGBTIQ+, especialmente la población trans:

• Se denuncia el retroceso en políticas públicas bajo la actual administración costarricense, como: - 1. Eliminación del comisionado LGBT en Casa Presidencial.

2. Supresión de celebraciones oficiales como el Día contra la Transfobia.

3. Eliminación de protocolos contra el bullying en colegios. - Se describe una “cadena de marginalización” que afecta especialmente a personas trans: - 1. Violencia familiar temprana.

2. Deserción escolar por bullying y falta de apoyo institucional.

3. Alta tasa de suicidios y bajo promedio de vida (28 años en promedio en Centroamérica).

4. Falta de oportunidades laborales, lo que lleva a muchas mujeres trans a recurrir al sexo por sobrevivencia.

1. Condiciones precarias de las mujeres trans:

• Muchas recurren al sexo por sobrevivencia, ya que no cuentan con salario fijo, aguinaldo ni garantías laborales. - Esta situación representa una forma de violencia estructural que afecta su seguridad ciudadana y alimentaria. - La pandemia evidenció aún más esta precariedad, al impedirles generar ingresos incluso en condiciones informales.

1. Violencia hacia personas intersex:

• Se denuncia que son violentadas desde el nacimiento, lo que también afecta su acceso a derechos básicos como el trabajo digno y la alimentación.

1. Crítica a la superficialización de las identidades diversas:

• Se señala que la sociedad tiende a reducir a las personas LGBTIQ+ a estereotipos (como “tacones y lentejuelas”), ignorando que enfrentan múltiples formas de exclusión y violencia.

1. Participación de las mujeres en espacios institucionales:

• Se celebra el nombramiento de una mujer como secretaria general adjunta de la OEA. - Sin embargo, se critica que en un reciente informe de la OEA, las mujeres solo son mencionadas brevemente (página 7, último párrafo), lo que invisibiliza sus problemáticas.

1. Violencia de género y seguridad ciudadana:

• Se denuncia que el informe no menciona la violencia de género, a pesar de que en Costa Rica ya se registran 20 femicidios en lo que va del año. - Se insiste en que no puede haber desarrollo sostenible sin seguridad, y que esta debe incluir la seguridad de las mujeres.

1. Huertas comunitarias y seguridad alimentaria:

• A raíz del COVID-19, se desarrollaron huertas comunitarias en Costa Rica para mitigar el hambre, promover alimentación saludable y generar pequeños mercados locales. - Las mujeres han sido protagonistas en estas iniciativas, enfrentando también desafíos relacionados con el acceso al agua.

1. Acceso al agua y liderazgo femenino:

• Se destaca el esfuerzo de mujeres en Guanacaste, quienes construyeron 70 reservorios de agua y gestionaron tanques en zonas rurales para facilitar el acceso. - Estas acciones han mejorado la calidad de vida y la seguridad alimentaria en comunidades vulnerables.

1. Propuestas desde la sociedad civil:

• Se invita a identificar iniciativas locales exitosas que puedan escalarse a nivel nacional o regional. - Se plantea la necesidad de una mayor coordinación entre actores estatales, privados y sociales, guiados por principios de sostenibilidad, inclusión y derechos humanos.

1. Desigualdad y apagón educativo:

• Se denuncia un creciente rezago educativo desde 2018, agravado por huelgas, la pandemia y la falta de una política educativa clara en el actual gobierno. - Esta situación profundiza las desigualdades sociales y limita las oportunidades para las poblaciones más vulnerables.

1. Ausencia del Estado y control territorial por el crimen organizado:

• La falta de presencia del gobierno central y municipal en ciertos territorios ha permitido que el crimen organizado ocupe esos espacios. - En algunas comunidades, las personas no denuncian delitos porque sienten que están “protegidas” por estos grupos, lo que refleja una grave distorsión de la seguridad ciudadana.

1. Control territorial por crimen organizado:

• En algunas comunidades, el crimen organizado impone su propia “seguridad”, impidiendo robos y ejerciendo control, lo que refleja la ausencia del Estado. - Las municipalidades, que deberían tener un rol clave en los territorios, están inactivas en muchas zonas, especialmente donde no hay beneficios fiscales.

1. Falta de articulación internacional:

• Se denuncia la descoordinación entre países de la región para enfrentar amenazas como la violencia transnacional y la infiltración de actores del régimen Ortega-Murillo en Costa Rica. - Se menciona la inoperancia actual del SICA (Sistema de la Integración Centroamericana) como un obstáculo para una respuesta regional efectiva.

1. Retroceso en políticas sociales en América Latina:

• Se observa un debilitamiento generalizado en políticas de género, seguridad y alimentación. - La participación ciudadana y de la sociedad civil ha disminuido, no solo por falta de financiamiento, sino por la pérdida de espacios reales de diálogo y consulta.

1. Debilitamiento de la democracia participativa:

• Las consultas públicas se han reducido a procesos formales y rápidos, sin verdadera inclusión de la ciudadanía. - Esto ha erosionado la capacidad de la sociedad civil para influir en la formulación de políticas públicas.

1. Enfoque reactivo en seguridad ciudadana:

• Las políticas actuales tienden a ser “parches” ante los problemas, sin abordar las causas estructurales como la educación, la seguridad social o la prevención. - Se destaca la necesidad de retomar una visión integral y preventiva en la formulación de políticas públicas.

1. Medidas de seguridad que vulneran derechos humanos:

• Se advierte que algunas políticas públicas en seguridad ciudadana están generando nuevas violaciones a derechos fundamentales, al no abordarse desde un enfoque integral y preventivo.

1. Importancia de una visión amplia en políticas públicas:

• Se critica la lógica de “reacción inmediata” sin construir bases sólidas para soluciones sostenibles, lo que complica aún más el entorno social.

1. Actores clave para una seguridad ciudadana inclusiva y sostenible: Se identifican siete actores fundamentales que deben trabajar de forma articulada:

• Gobierno nacional y local: Encargados de normar, coordinar y garantizar derechos. Se destaca el rol crucial de los gobiernos locales por su cercanía con las comunidades. - Sociedad civil: Actúa como puente entre la ciudadanía, el Estado y otros sectores. Su participación activa es esencial para la defensa de derechos. - Academia: Debe generar conocimiento útil, accesible y ético, además de aportar análisis e investigación. - Sector privado: Tiene la responsabilidad de invertir de forma responsable en las comunidades donde opera, evitando impactos negativos y promoviendo alianzas. - Juventud: Aporta ideas frescas, innovación y liderazgo, especialmente desde sectores excluidos del sistema educativo. - Cooperación internacional: Debe apoyar con financiamiento, formación de redes y propuestas responsables, actuando como catalizador de cambios positivos.

1. Crisis de seguridad hídrica y salud pública:

• En la zona norte de Costa Rica, múltiples nacientes están contaminadas con agroquímicos, afectando gravemente la salud de las comunidades. - Se denuncian niveles alarmantes de metabolitos en el agua potable, muy por encima de los límites establecidos por el reglamento anterior. - El Ministerio de Salud respondió elevando los parámetros permitidos, lo que se percibe como una forma de encubrir el problema en lugar de resolverlo.

1. Contaminación agrícola y alimentaria:

• En zonas como Cartago, donde se cultivan muchas hortalizas, se usan altos niveles de agroquímicos. - Agricultores reconocen que los productos más contaminados llegan a las ciudades, lo que representa un riesgo para toda la población.

1. Amenazas a defensores ambientales:

• Activistas ambientales han sido perseguidos y amenazados por denunciar la contaminación del agua y el uso de plaguicidas prohibidos.

Se destaca el caso del grupo Expreses, que logró mediante un recurso de amparo la prohibición de un plaguicida peligroso, aunque aún se usa ilegalmente.

1. Falta de regulación y participación ciudadana:

• Las ASADAS (organizaciones comunitarias de agua) en algunas regiones no asumen su rol de protección del recurso hídrico. - Hay una ausencia de control estatal y de espacios efectivos para la participación ciudadana en temas de salud, seguridad y medio ambiente.

1. Impacto de la reducción de cooperación internacional:

• Costa Rica, ahora clasificada como país de renta alta, ha perdido acceso a fondos de cooperación internacional, lo que limita la capacidad del Estado para financiar proyectos sociales y ambientales.

1. Contaminación plástica y comunidades costeras: - La legislación sobre plásticos de un solo uso es limitada y no aborda el impacto real en las comunidades costeras, que han perdido su sustento y recurren a actividades ilegales como la pesca ilegal o el narcotráfico. 2. Persecución institucional y necesidad de articulación:

• Se denuncia que tanto la sociedad civil como el Poder Judicial están siendo perseguidos por el gobierno actual, especialmente en temas ambientales y educativos. - Se propone fortalecer la articulación entre actores clave (gobierno, sociedad civil, fiscalía, cooperación internacional) para defender derechos y mejorar la seguridad en todas sus dimensiones.

1. Crisis de valores y desconexión humana:

• Se señala una pérdida generalizada de valores como la empatía, la solidaridad y el sentido de comunidad. - Esta desconexión ha facilitado el avance de políticas antiderechos y un estilo de hacer política que prioriza el individualismo y el poder sobre el bienestar colectivo.

1. Necesidad de un cambio de paradigma:

• Se propone repensar los modelos de desarrollo, alejándose del extractivismo y apostando por alternativas como la economía verde y azul. - Se enfatiza la urgencia de pensar “fuera de la caja” y adoptar enfoques disruptivos para enfrentar los desafíos actuales.

1. Educación y formación en valores:

• Se critica el sistema educativo por su enfoque repetitivo y poco crítico. - Se destaca la necesidad de una educación que forme en valores y principios, especialmente en un contexto donde muchas madres deben salir a trabajar y no pueden asumir ese rol formativo en casa.

1. Participación ciudadana debilitada:

• Se observa una baja participación en espacios comunitarios como las ASADAS, donde la mayoría de los asistentes son adultos mayores. - Se hace un llamado a involucrar a más personas, especialmente jóvenes, en la toma de decisiones locales.

1. Individualismo y sostenibilidad:

• Se critica la tendencia a tomar decisiones individuales sin considerar el impacto colectivo, como el uso de recursos naturales para beneficio personal sin pensar en el daño a largo plazo. - Se propone avanzar con cambios pequeños pero tangibles, que puedan generar transformaciones sostenibles desde lo local.

1. Falta de participación ciudadana:

• Muchas personas evitan involucrarse en la gestión comunitaria del agua, dejando la responsabilidad a otros, incluso si no lo hacen de manera eficiente. - Se destaca la necesidad de mayor compromiso comunitario para el desarrollo local.

1. Problemas de saneamiento hídrico:

• Muchas personas evitan involucrarse en la gestión comunitaria del agua, dejando la responsabilidad a otros, incluso si no lo hacen de manera eficiente. - Se destaca la necesidad de mayor compromiso comunitario para el desarrollo local.

1. Problemas de saneamiento hídrico:

• El país enfrenta una grave carencia de infraestructura de saneamiento, como alcantarillado sanitario. - Muchas viviendas descargan aguas residuales directamente en sistemas pluviales, lo que representa un riesgo para la salud pública.

1. Marco legal obsoleto y excluyente:

• La Ley de Aguas vigente data de 1942 y no responde a las necesidades actuales. - Reglamentos limitan la participación en juntas directivas de ASADAS a propietarios registrales, lo que excluye a muchas personas, especialmente mujeres, por razones históricas de herencia y propiedad.

1. Contaminación y deficiencias en infraestructura:

• Persisten problemas de contaminación de fuentes de agua. - Muchas comunidades carecen de medidores de agua, lo que genera cobros injustos y desincentiva el uso responsable del recurso.

1. Propuestas y soluciones:

• Se promueve la asociatividad entre comunidades y organizaciones para fortalecer la gestión del agua. - Se destacan soluciones basadas en la naturaleza, como plantas de tratamiento de aguas residuales más económicas y sostenibles, en contraste con las costosas infraestructuras tradicionales.

1. Educación ambiental y empoderamiento comunitario:

• Se promueven programas de nueva cultura del agua que incluyen educación ambiental para distintos grupos (niños, mujeres, adultos mayores). - Ejemplo destacado: talleres de fontanería para mujeres, fomentando su participación en áreas tradicionalmente masculinizadas.

1. Protección del recurso hídrico:

• Se impulsan acciones como la compra de terrenos en zonas de recarga hídrica y el pago por servicios ambientales a propietarios que protegen fuentes de agua. - Se destacan experiencias exitosas como los reservorios de agua en Guanacaste, implementados con técnicas ancestrales enseñadas por mujeres de Perú.

1. Participación de mujeres en la gestión del agua:

• Se creó una Red Nacional de Gestoras Comunitarias, con un plan estratégico para fortalecer el liderazgo femenino en temas hídricos.

1. Ineficiencia en el uso del agua para riego:

• Se señala que el 70% del agua extraída a nivel mundial es para riego, pero solo el 30% es realmente eficiente. - Se propone mejorar los sistemas de riego como parte del desarrollo sostenible.

1. Desigualdad en la participación de ASADAS:

• Las ASADAS gestionan el 33% del agua potable del país, pero enfrentan limitaciones legales y estructurales que restringen la participación de mujeres y jóvenes. - Se denuncia que el Estado las considera públicas o privadas según su conveniencia, y que no se les da poder de decisión real.

1. Infraestructura deficiente y tarifas injustas:

• Muchas ASADAS carecen de medidores de agua y aplican tarifas fijas, lo que genera inequidad en el cobro. - Se critica la falta de inversión estatal y la existencia de una ley de aguas obsoleta (de 1942) que no responde a las necesidades actuales.

1. Propuestas clave:

• Asociatividad entre comunidades y organizaciones para fortalecer la gestión del agua. - Soluciones basadas en la naturaleza, como plantas de tratamiento de bajo costo. - Reforma legal que garantice participación equitativa y poder de decisión a las ASADAS.

1. Factores que afectan la seguridad ciudadana:

• Desigualdad social, desempleo juvenil, exclusión territorial y la presencia del narcotráfico en zonas rurales y marginadas. - La crisis climática, el aumento del costo de vida, la especulación alimentaria y el abandono del campo por falta de apoyo técnico y financiero.

1. Seguridad hídrica y energética:

• Contaminación de fuentes de agua por agroquímicos y deforestación, con falta de acción estatal en zonas protegidas. - Aunque Costa Rica tiene un 98% de energía renovable, persisten desigualdades en el acceso en comunidades indígenas y aisladas.

1. Buenas prácticas y propuestas:

• Comités de seguridad ciudadana participativa, asociaciones de desarrollo, redes juveniles, ferias del agricultor y sistemas de trueque. - Fortalecer el rol de las ASADAS como actores clave en la gestión del agua. - Promover la agroecología y el desarrollo sostenible desde lo local.

1. Actores que deben asumir un rol más activo:

• Gobiernos locales, con más recursos y competencias. - Academia, sociedad civil, ONGs, sector privado y ministerios públicos (INA, IMAS, MAG, AyA, ICE), trabajando en alianza y articulación con las comunidades.

1. Principios para políticas públicas sostenibles e inclusivas:

• Equidad territorial y justicia social, con enfoque en comunidades históricamente excluidas (indígenas, afrodescendientes, rurales, costeras). - Participación activa de la ciudadanía y la sociedad civil. - Enfoque basado en derechos humanos y en la naturaleza. - Prevención, resiliencia y adaptación ante crisis climáticas, sociales y económicas. - Transparencia y rendición de cuentas, con procesos abiertos y fiscalizables que fortalezcan la confianza ciudadana.

1. Conservación como motor de desarrollo:

• Se critica que la conservación ambiental sea vista como un obstáculo al desarrollo, cuando en realidad es clave para el ecoturismo, la producción agrícola, pesquera y la seguridad hídrica. - Se propone entender la conservación como una herramienta esencial para el desarrollo sostenible.

1. Impactos del cambio climático:

• El cambio climático ya no debe ser debatido, sino enfrentado con políticas basadas en evidencia. - Afecta directamente la agricultura, el agua y la matriz energética del país, que depende en gran parte de fuentes hídricas.

1. Colapso de la biodiversidad y uso de pesticidas:

• Se ha perdido entre el 70% y 80% de los insectos desde los años 70, afectando gravemente la polinización y la seguridad alimentaria. - El uso excesivo de pesticidas en Costa Rica contribuye a la contaminación del agua y afecta ecosistemas marino-costeros.

1. Narcotráfico y falta de recursos para vigilancia:

• Las zonas costeras y rurales enfrentan amenazas del narcotráfico, mientras que guardacostas y guardabosques carecen de recursos básicos como gasolina o embarcaciones rápidas.

1. Clasificación de Costa Rica como país de renta alta:

• Las zonas costeras y rurales enfrentan amenazas del narcotráfico, mientras que guardacostas y guardabosques carecen de recursos básicos como gasolina o embarcaciones rápidas.

1. Clasificación de Costa Rica como país de renta alta:

• Esta clasificación reduce el acceso a cooperación internacional, justo cuando el país enfrenta grandes desafíos presupuestarios para atender necesidades sociales y ambientales.

1. Propuestas clave:

• Políticas públicas basadas en evidencia, no en ocurrencias. - Participación ciudadana vinculante, no solo consultiva. - Transparencia y acceso a la información como base de la gestión pública. - Fortalecimiento del control político y rechazo a medidas coercitivas que inhiben la participación. - Alianzas estratégicas entre sector público, privado, sociedad civil y cooperación internacional, con el sector sin fines de lucro como puente articulador.

IMÁGENES

[image: A group of people posing for a photo AI-generated content may be incorrect.]

[image: A group of people sitting around a round table AI-generated content may be incorrect.][image: A group of people sitting around a round table AI-generated content may be incorrect.][image: A group of people sitting around a table AI-generated content may be incorrect.]

[image: A group of people sitting around a round table AI-generated content may be incorrect.]

[image: A group of women standing in a room AI-generated content may be incorrect.]

cmbrs02872s01