OEA - Documento ASCA doc. 61 25 de 2025

Organización de Estados Americanos

Descargar PDFDisponible

Detalles

Título: OEA - Documento ASCA doc. 61 25 de 2025
Autor: Organización de Estados Americanos
Categoría: Doctrina
Área del derecho: Internacional Público
Año: 2025

PARTICIPACIÓN DE ACTORES SOCIALES EN LAS OEA/Ser.E

ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CUMBRES DE LAS AMÉRICAS ASCA/doc. 61/25

19 agosto 2025

Original: español

CONSULTA NACIONAL CON SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES

CAMINO A LA X CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

(El Salvador - 8 de julio de 2025)

Consulta Nacional de El Salvador con Sociedad Civil y Actores Sociales rumbo a la X Cumbre de las Américas

En el marco de la X Cumbre de las Américas, se ha otorgado especial relevancia a temas vinculados con la seguridad en su concepción más amplia, centrando la atención en cuatro ejes fundamentales: seguridad hídrica, alimentaria, energética y ciudadana. En este contexto, la sociedad civil y diversos actores sociales de El Salvador llevaron a cabo una consulta nacional, en la que especialistas de distintos sectores compartieron sus análisis y propuestas. Como resultado de este ejercicio participativo, se emitieron una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer la respuesta regional frente a los desafíos que representan estos cuatro pilares estratégicos para América Latina y el Caribe.

Seguridad Hídrica:

Este tema aborda la necesidad de garantizar un acceso digno e igualitario al agua para toda la población. Al tratarse de un recurso fundamental y vital, su disponibilidad y asequibilidad deben ser aseguradas para todos, sin distinción. Ello resulta esencial no solo para promover el desarrollo socioeconómico de la región, sino también para garantizar la equidad en el uso y aprovechamiento de este recurso estratégico.

Por lo tanto, se emitieron las siguientes recomendaciones:

1. Desarrollar y presentar en un plazo de 24 meses propuestas de leyes y sus reglamentos específicos para el subsector de agua potable y saneamiento en la región Latinoamericana y el Caribe, que establezca un marco normativo integral, coherente y orientado a la sostenibilidad hídrica. Asimismo, promover reformas a leyes en materia hídrica de toda la región que incorpore principios de gestión integrada de los recursos hídricos, inclusión social y adaptación al cambio climático.

2. Asegurar, anualmente en los próximos ejercicios fiscales, la asignación de una cuota mínima de los presupuestos nacionales para financiar programas de implementación, monitoreo y fiscalización de la normativa hídrica de la región.

3. Implementar, en un período de 14 meses, estrategias de educación y sensibilización sobre el derecho humano al agua, con metas trimestrales de cobertura que alcancen al menos al 50 % de los países participantes en un plazo de tres años.

4. Establecer, en un plazo de 24 meses, plataformas multisectoriales de gobernanza hídrica en al menos el 65 % de las comunidades urbanas y rurales priorizadas en la región, promoviendo la toma de decisiones participativa e inclusiva en torno al uso y conservación del agua.

5. Facilitar, en un plazo de 24 meses, el acceso a tecnologías de filtración de agua y sistemas e riesgo sostenibles en comunidades rurales con escasos recursos, incluyendo la construcción de al menos 100 pozos en regiones con acceso limitado al agua subterránea.

Seguridad Ciudadana:

Este eje aborda la necesidad de una política de seguridad ciudadana integral que, respaldada por un marco normativo robusto, proteja a la población frente a amenazas como el narcotráfico, la trata de personas, la vinculación con grupos terroristas y el crimen organizado. Estas problemáticas se agudizan en contextos de alta vulnerabilidad institucional, lo que genera un impacto negativo tanto en el ámbito económico como en el social. La ausencia de condiciones de seguridad adecuadas limita las posibilidades de desarrollo económico sostenido y obstaculiza el pleno desarrollo de la persona humana dentro del Estado.

Por lo tanto, se emitieron las siguientes recomendaciones:

1. Fortalecer, durante los próximos 24 meses, el acceso a mecanismos de rendición de cuentas, acceso a la información pública y al pluralismo político mediante reformas legales y administrativas que garanticen una participación ciudadana efectiva.

2. Implementar y monitorear, en un plazo de 18 meses, un mecanismo nacional de consulta ciudadana desarrollo estructurado para la formulación de políticas de prevención de la violencia social y política que velen por el bienestar de las personas privadas de libertad, grupos sindicalistas, activistas y juventudes con participación de al menos el 50% de los países participantes.

3. Elaborar y ejecutar, en un plazo de 18 meses, un plan integral y no discrecional para la prevención y reducción de la criminalidad, las desapariciones forzadas y narcotráfico, basado en estadísticas verificables, coordinación interinstitucional, y estricto apego a las legislaciones vigentes y al debido proceso e invertir en atención a víctimas afectadas por dichos fenómenos con acompañamiento psicológico y de salud.

4. Garantizar que todas las medidas de seguridad adoptadas por los Estados, a partir del año fiscal próximo, respondan a principios constitucionales y estándares internacionales de derechos humanos,

5. Promover la importancia de la seguridad jurídica en la región en los ámbitos económicos y sociales propiciando así el en Latinoamérica respetando la propiedad privada y el adecuado funcionamiento del mercado.

Seguridad Alimentaria:

Este eje aborda la problemática del hambre y la creciente preocupación por el acceso adecuado a la alimentación. Esta situación se ve agravada por los efectos del cambio climático en la región latinoamericana, donde fenómenos como sequías prolongadas o lluvias intensas afectan gravemente los sistemas de cultivo, incrementando los niveles de inseguridad alimentaria. Ante este escenario, resulta imperativo fortalecer los mecanismos de producción, distribución y acceso a alimentos, con el fin de mitigar el riesgo de aumento del hambre y garantizar el derecho a una alimentación adecuada para toda la población. Por ello se emiten las siguientes recomendaciones:

1. Diseñar e implementar, en un plazo de 24 meses, programas para fortalecer los sistemas productivos de huertos locales, priorizando la inclusión de mujeres y juventudes rurales, con el fin de garantizar la continuidad de las cadenas de valor agroalimentarias y mejorar la autosuficiencia alimentaria en al menos el 50 % de los países con mayores índices de inseguridad alimentaria.

2. Conformar, en un período de 18 meses, un ecosistema articulado por sociedad civil, sector privado, entidades públicas y bancos de alimentos, orientado a ejecutar al menos 50 acciones anuales de concientización, prevención de pérdidas alimentarias y redistribución de alimentos a poblaciones vulnerables, en cumplimiento con tratados y recomendaciones internacionales de la región.

3. En un plazo máximo de 24 meses, se recomienda a los países Latinoamericanos que aún no lo han implementado, desarrollar y presentar propuestas normativas concretas que garanticen el derecho al acceso a una alimentación adecuada, incluyendo disposiciones sobre seguridad alimentaria y la incorporación del etiquetado nutricional frontal en productos alimenticios. Dichas normas deberán ser formuladas en conformidad con los estándares internacionales de salud pública y derechos humanos, y orientadas a su eventual reconocimiento a nivel constitucional, con el fin de fortalecer la protección del derecho a la alimentación en toda la región.

4. Promover, en los próximos 24 meses, un cambio cultural en torno al sistema alimentario mediante la inclusión de prácticas sostenibles en las cadenas de producción y el desarrollo de al menos 150 huertos comunitarios en zonas urbanas y rurales, fomentando la soberanía alimentaria, la producción local y el compromiso comunitario.

Seguridad Energética:

Este eje aborda la complejidad de garantizar un sistema de suministro energético confiable, constante y sostenible, que responda de manera efectiva a las necesidades de la población y asegure el acceso equitativo a este recurso esencial. Asimismo, se destacan las oportunidades que ofrecen las fuentes de energía renovable como alternativas viables para diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de recursos no sostenibles. La alta vulnerabilidad de la región ante los efectos del cambio climático representa un riesgo significativo tanto para la distribución como para la conservación de la energía, lo cual exige el fortalecimiento de la infraestructura energética existente y la adopción de tecnologías eco amigables. En este contexto, es fundamental promover inversiones estratégicas que garanticen un suministro energético eficiente, resiliente y accesible para todos los sectores de la sociedad, asegurando calidad, equidad y sostenibilidad a largo plazo.

Por lo tanto, se formularon las siguientes recomendaciones:

1. Implementar, en los próximos 18 meses, campañas de sensibilización sobre el uso responsable y la conservación de la energía, así como un estudio técnico de costos de acceso a servicios energéticos en los países participantes, con el fin de diseñar estrategias de financiamiento y sostenibilidad energética adaptadas a las realidades territoriales

2. Diseñar e implementar, en un plazo de 24 meses, un Plan Regional de Seguridad Energética a largo plazo que contemple metas claras de reducción de brechas de acceso, garantizando el suministro energético continuo, confiable y equitativo para el 100 % de la región, con énfasis en zonas de alta vulnerabilidad.

3. Desarrollar, en un periodo de 24 meses, un programa regional de promoción de energías renovables que incluya la implementación de subsidios, según la necesidad de cada país, para la adquisición de paneles solares en al menos 200 comunidades rurales de bajos ingresos y el diseño de mecanismos tarifarios diferenciados para reducir la desigualdad en el consumo energético residencial a nivel regional.

4. Incorporar, en un plazo máximo de 12 meses, programas formativos en energía sostenible y eficiencia energética en los niveles medio y superior del sistema educativo regional, asimismo evidenciar la importancia de la creación de carreras técnicas o especializaciones universitarias en temas energéticos.

Galería:

[image] [image]

[image] [image] [image]

Participantes: