OEA - Documento ASCA doc. 83 25 de 2025

PARTICIPACIÓN DE ACTORES SOCIALES EN LAS OEA/Ser.E

ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CUMBRES DE LAS AMÉRICAS ASCA/doc. 83/25

1 septiembre2025

Original: español

CONSULTA NACIONAL CON SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES

CAMINO A LA X CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

(Chile - 2 julio de 2025)

Consulta Nacional: (CHILE)

Documento Conceptual – X Cumbre de las Americas: “Construyendo un Hemisferio Seguro, Sostenible y de Prosperidad Compartida” ES

Participantes:

| | | | --- | --- | | ORGANIZACIÓN / ACTOR SOCIAL | REPRESENTANTE |

| IdeaPaís | IdeaPaís María Paz Garrido Deuster | | Derechos Digitales | J. Carlos Lara Gálvez | | Fundación Multitudes | Daniel Oyarzún Valdivia |

Recomendaciones:

1. SEGURIDAD CIUDADANA:

2. Fortalecer la participación ciudadana y la sociedad civil: establecer, dentro de tres años, mecanismos formales permanentes de consulta, de modo que al menos un 50% de las políticas locales de seguridad incorporen insumos ciudadanos (propuestas, datos, diagnósticos), y actualizar la actual normativa de participación ciudadana (en Chile, la ley 20.500) para que permitan a organizaciones sociales y grupos tradicionalmente subrepresentados una mayor incidencia en la determinación de políticas públicas territoriales que se apliquen en el marco de la seguridad, junto con modernizar la regulación de actuación a nivel local en relación a los Consejos y/o comités de seguridad comunal que conforman los ciudadanos y sus organizaciones en los territorios en que funcionan, con responsabilidades, recursos y presencia efectiva. Indicar en políticas de seguridad los mecanismos de participación y consulta que fueron incorporados que demuestren ese porcentaje de participación.

3. Invertir en prevención social: crear, en un plazo de cinco años, sistemas de alerta temprana para identificar y apoyar a niños, niñas y adolescentes y adultos jóvenes en riesgo de reclutamiento en el crimen organizado, mediante el cruce de datos sobre ausentismo escolar, violencia intrafamiliar y consumo problemático de drogas, combinados con programas de intervención social focalizados, con pleno respeto a los derechos de las personas y sus familias y sin replicar patrones de discriminación en razón de género, etnia, origen socioeconómico o lugar de residencia. Se deben incluir indicadores medibles, como la reducción en un 10% de delitos juveniles en cinco años y la publicación anual de informes públicos con métricas de impacto y mecanismos de evaluación y seguimiento.

4. Combatir la desinformación digital: implementar en un plazo de tres años programas de alfabetización y responsabilidad mediática e informativa que preparen a la población para reconocer noticias falsas, comunicaciones creadas o difundidas por bots y contenido sintético como deepfakes. con especial énfasis en jóvenes, con metas concretas. Certificar en habilidades digitales al 30% de estudiantes de enseñanza secundaria y trabar alianzas con entidades académicas y de investigación para la identificación de tendencias.

5. Favorecer el intercambio entre autoridades locales: impulsar la Plataforma de Diálogo Permanente de gobiernos subnacionales para fomentar el diálogo entre autoridades y grupos no gubernamentales para fortalecer colaboración con otros gobiernos subnacionales con respecto a preocupaciones comunes, con miras al aprendizaje mutuo y la creación de medidas proactivas y realmente efectivas, y subordinada al respeto, promoción y protección de los derechos humanos. Consolidar la participación de gobiernos nacionales de al menos la mitad de los países de la Cumbre y generar al menos diez propuestas de políticas de seguridad conjuntas en los próximos cinco años.

6. Implementar, en los próximos cinco años, una Política Nacional de Inteligencia en cada país de la región, con alcance territorial, acceso integrado a bases de datos del Estado y unidades especializadas en crimen organizado y terrorismo, con personal altamente capacitado y tecnología de última generación, bajo condiciones legalmente establecidas de pleno respeto por los derechos de las personas como objetivo central. Incluir en las políticas el fomento al trabajo integrado entre policías nacionales e internacionales. Desarrollar un Plan Penitenciario Nacional para lograr que los recintos penitenciarios dejen de ser centros de operaciones criminales. Definir indicadores medibles, como reducir a 2028 la percepción de inseguridad en un 10%, para evaluar el avance en la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

7. Establecer políticas para el control territorial que equilibren un enfoque preventivo con la implementación responsable de tecnologías, como la instalación de cámaras inteligentes, drones de patrullaje, radares, escáneres móviles y ciber inteligencia, y con el resguardo de la implementación de la ley y garantizando los derechos de las personas, con marcos legales precisos, con control judicial previo, necesidad y proporcionalidad para la adopción de medidas de vigilancia. Establecer marcos de coordinación entre autoridades policiales, persecutoras y de ciberseguridad (como las agencias nacionales de ciberseguridad y los equipos de respuesta a incidentes), como también puntos de contacto internacionales. Fortalecer marcos regulatorios y mecanismos independientes de supervisión que impidan el uso abusivo de tecnologías de vigilancia y herramientas de inteligencia artificial. En un plazo de tres años, deben definirse indicadores medibles sobre seguridad ciudadana, con una meta de reducir la percepción de inseguridad en al menos un 10%, para evaluar el avance en la confianza de la ciudadanía, y establecerse auditorías transparentes, estándares claros y canales de denuncia efectivos, para garantizar que no se utilicen o regulen tecnologías con el propósito o efecto de reducir el espacio cívico o inhibir la participación social. 8. SEGURIDAD ALIMENTARIA:

9. Implementar en cinco años un plan de apoyo conjunto que incluya la creación de un fondo regional de seguridad alimentaria, para asignar recursos técnicos y financieros en países con alta inseguridad alimentaria y priorizando casos críticos como Haití. Este fondo debería financiar proyectos de alimentación de población en riesgo, potenciar la producción y compra de alimentos a productores locales, y ofrecer capacitación técnica para producción, conservación y reducción de pérdidas. Formular mecanismos de evaluación para lograr un aumento del 10% la producción local por cada año en zonas o regiones priorizadas para la asistencia.

10. Fomentar la reducción del desperdicio de alimentos: implementar programas de recuperación y redistribución de excedentes alimentarios (donaciones, bancos de alimentos, alianzas comunitarias) y reformar reglas de comercialización para flexibilizar la tolerancia a defectos visuales en frutas y verduras. Disminuir en un 30% el volumen de alimentos no comercializados y garantizar que al menos el 50% de los excedentes aptos para el consumo se destinen a programas de reducción de desperdicio, midiendo también el impacto en la seguridad alimentaria.

11. Fortalecer la producción sostenible, en los próximos cinco años, mediante programas de apoyo a la agricultura familiar y mediana, que incluyan asistencia técnica, acceso preferente a financiamiento, incentivos a la asociatividad de productores locales, fomentando cooperativas y alianzas productivas que mejoren la competitividad de pequeños agricultores en los mercados nacionales e internacionales, y programas de incorporación de tecnologías agrícolas adaptadas al cambio climático. Aumentar en ese plazo en 25% el número de productoras agrícolas familiares que reciben asistencia técnica y en un 25% el acceso a financiamiento para la adquisición de tecnologías y capacitación para su utilización.

12. Modernizar y fortalecer los servicios nacionales de regulación y fiscalización fitosanitaria para resguardar el patrimonio fito y zoosanitario, acelerar certificaciones de exportación y robustecer los sistemas de trazabilidad de alimentos mediante innovación y cooperación internacional y reconocimiento mutuo de estándares. En cinco años, alcanzar acuerdos entre al menos diez países para el reconocimiento mutuo de estándares de trazabilidad, calidad e inocuidad.

13. SEGURIDAD ENERGÉTICA:

14. Integración regional de infraestructura energética: modernizar las redes de transmisión y distribución eléctrica con tecnologías que aseguren tarifas competitivas, reduzcan pérdidas y garanticen la continuidad y seguridad del suministro en toda la región, y replicar proyectos exitosos de integración en subregiones de América Latina, con metas de planificación y ejecución claras para 2030. Aumentar progresivamente la cobertura de energía compartida en un 20% hacia 2030, con indicadores anuales de avance que permitan monitoreo público.

15. Avanzar hacia energías limpias mediante el estímulo al reemplazo de combustibles fósiles por electricidad limpia, mediante la implementación de planes estratégicos de electrificación de hogares e industrias, con incentivos al consumo eficiente y a la adopción de tecnologías de bajo costo para las familias, e impulsando paralelamente proyectos de electromovilidad a gran escala, mediante subsidios a la compra de vehículos eléctricos, ampliación de la red de cargadores rápidos en carreteras y transporte público 100% eléctrico en las ciudades. Aumentar en cinco años la electromovilidad en un 30% del parque automotriz total y fijar metas de reemplazo total del transporte terrestre por vehículos a energía eléctrica.

16. Fomentar la producción y exportación de hidrógeno verde en países de la Cumbre, mediante contratos de inversión estables, infraestructura portuaria adaptada y polos industriales dedicados, posicionando a países de la región en el liderazgo global en este mercado emergente, y aumentando en un 25% la inversión en proyectos de infraestructura para la producción y exportación de hidrógeno verde en diez años.

17. Comprometer la protección de los ecosistemas en proyectos energéticos y de alto consumo eléctrico, estableciendo en tres años un protocolo hemisférico que prohíba la deforestación masiva asociada a proyectos energéticos, y reduciendo en un 50% la tasa de deforestación en áreas sensibles en un plazo de cinco años, garantizando mecanismos de compensación ambiental y auditoría pública anual, como también la neutralidad en impacto de pérdida de biodiversidad por parte de nuevos proyectos energéticos o de alto consumo energético. 18. SEGURIDAD HÍDRICA:

1. Fortalecer la gobernanza hídrica nacional y transfronteriza: revisar y/o reevaluar los convenios internacionales existentes que establezcan comisiones de gestión bilateral (o multilateral) de recursos hídricos compartidos, y revisar y armonizar la legislación hídrica nacional con compromisos de protección ambiental y climática, incorporando indicadores de calidad y disponibilidad per cápita para monitoreo anual. Asignar fondos anuales para restaurar ecosistemas estratégicos, con la meta de rehabilitar 10.000 hectáreas de cuencas en cinco años, con informes públicos de progreso y transparencia, y aumentar la cobertura de acuerdos en cuencas transfronterizas en un 100% en cinco años.

2. Implementar y/o actualizar los planes de emergencia hídrica con protocolos claros de abastecimiento prioritario para consumo humano, sistemas de alerta temprana y de acción urgente frente a sequías extremas, y mecanismos de coordinación rápida entre municipios, servicios sanitarios y comunidades para garantizar continuidad en el acceso al agua. En tres años, contar con sistemas nacionales de información climática y de agua y planes de contingencia en todos los países de la Cumbre.

3. Aplicar una estrategia integrada de gestión de cuencas, fortaleciendo los comités de agua en las zonas más críticas, con planes estratégicos que aseguren la sustentabilidad y disponibilidad de recursos hídricos. Desarrollar infraestructura descentralizada de recolección y almacenamiento (como captadores de agua lluvia, embalses pequeños) con metas cuantificables, como aumentar en un 10% el volumen de agua almacenada por cada habitante para 2030, monitoreando volúmenes captados y su impacto en disponibilidad de aguas.

4. Incentivar la desalación y los embalses multipropósito como alternativa ante la escasez hídrica. Estas alternativas permiten tanto el abastecimiento humano como el riego agrícola, priorizando la seguridad hídrica de las zonas más afectadas por las sequías. Duplicar en diez años la capacidad de desalación en los países de la Cumbre, garantizando que al menos el 20% del agua potable en zonas áridas provenga de fuentes de desalación y embalses, y publicar informes periódicos sobre costos, impacto en el acceso e impacto medioambiental.

5. Garantizar y fortalecer la gestión comunitaria del agua rural a través de la participación activa de las comunidades, a través del desarrollo de una estrategia de capacitación permanente de las directivas locales de las aguas potables rurales, y estableciendo políticas públicas con una mirada integral de inversión en la infraestructura deficiente y que establezca líneas de trabajo en la institucionalidad y la normativa tributaria. Determinando para todo esto indicadores de cumplimiento y calidad que se evalúen durante y hasta un plazo de tres años.

IMÁGEN

[image: A group of people sitting under a table AI-generated content may be incorrect.]

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