OEA - Documento CP CSH 2333 25 de 2025

CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA/Ser.G

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS CP/CSH-2333/25 17 junio 2025

COMISIÓN DE SEGURIDAD HEMISFÉRICA Original: español

PROYECTO DE RECOMENDACIONES DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS SOBRE UNA REFORMA Y MODERNIZACIÓN POLICIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CON PARTICIPACIÓN SOCIAL

(Acordado en el marco de la Comisión el 16 de junio de 2025 y

elevado a la MISPA VIII para su consideración)

Nosotros, las Ministras y Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas y los Representantes de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reunidos en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, los días 16 y 17 de julio de 2025, en la Octava Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA VIII), convocada por la Asamblea General de la OEA mediante resolución AG/RES. 3031 (LIV-O/24);

CONSCIENTES que, desde su primera edición en 2008, la Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA) ha servido como un foro intergubernamental para fortalecer la cooperación en seguridad pública en la región;

RECORDANDO que, en reuniones previas, los Estados Miembros han adoptado compromisos en torno a cinco pilares fundamentales: la gestión de la seguridad pública; la prevención de la delincuencia, violencia e inseguridad; la gestión policial; la participación ciudadana y comunitaria; así como la cooperación internacional;

RECONOCIENDO que un enfoque holístico e integrado es esencial para reducir eficazmente la delincuencia y la violencia, especialmente en las comunidades vulnerables en las que los Estados Miembros enfrentan limitaciones de recursos y capacidades;

TOMANDO EN CUENTA la Nota Conceptual de la Octava Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA-VIII), “Hacia una Reforma y Transformación Policial para la Seguridad Ciudadana con Participación Social”, donde República Dominicana ha priorizado los temas de reforma y modernización policial debido a los crecientes desafíos que enfrenta la seguridad ciudadana en la región;

CONSIDERANDO que la VIII Reunión MISPA busca promover el intercambio de buenas prácticas, fomentar la cooperación y definir lineamientos comunes para el desarrollo de políticas de seguridad ciudadana más eficaces en materia de ciberseguridad, incluido el ciberdelito, y reformar y/o modernización policial, según corresponda, dada la creciente complejidad de los desafíos en la región;

CONSIDERANDO ADEMÁS que la delincuencia a nivel nacional a menudo está vinculada a redes transnacionales que utilizan grupos locales para actividades como el tráfico de drogas, armas y personas y delitos que afectan el medioambiente, lo que requiere un enfoque policial amplio para hacer frente a los complejos grupos delictivos que optimizan rutas y contactos;

RECONOCIENDO que la lucha contra estas redes requiere formación policial además de la identificación de autores y materiales, incluidas investigaciones complejas para asfixiar financieramente a los grupos delictivos, con cooperación entre unidades policiales, aduaneras y de inteligencia financiera y el intercambio ágil de información entre países a través de mecanismos de cooperación jurídica y policial;

TENIENDO PRESENTE el Tratado Constitutivo de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), firmado en Brasilia el 9 de noviembre de 2023, que refuerza la colaboración policial en las Américas;

DESTACANDO los avances en materia de cooperación internacional, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, adoptada mediante la resolución A/RES/79/243, de 24 de diciembre de 2024, que apoya las acciones contra las amenazas digitales y otras iniciativas regionales y/o globales donde los países buscan un enfoque cooperativo para combatir estas amenazas;

DESTACANDO TAMBIÉN que el tráfico ilícito de especies de flora y fauna silvestres, incluida la madera, la minería ilegal y el tráfico ilícito de metales preciosos son formas graves de delincuencia que afectan al medio ambiente, explotadas cada vez más por organizaciones delictivas transnacionales y que causan graves daños ambientales, así como costos económicos y sociales, perjudicando a los ecosistemas, a los pueblos indígenas, a las comunidades locales y a las personas, así como a los agentes económicos públicos y privados;

DESTACANDO que la lucha para evitar y combatir la delincuencia organizada, debido a su naturaleza, métodos y motivaciones particulares, requiere de una estrategia estatal articulada y de una fuerza policial debidamente formada e informada, de modo que se adopten enfoques holísticos orientados al desarrollo especializado en prevenir y combatir los grupos criminales, promoviendo estrategias sostenibles que respeten los derechos humanos; y

CONSIDERANDO que la Reunión de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA), al facilitar el intercambio técnico, emitir recomendaciones hemisféricas y convocar grupos de trabajo especializados, promueve la adopción, modernización y armonización de las legislaciones nacionales en ámbitos como los delitos cibernéticos, la cooperación jurídica penal y la protección de los derechos humanos.

EXPRESANDO nuestra satisfacción por la celebración de los cursos presenciales de capacitación policial de la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial, y destacando el papel desempeñado por Honduras (2017), Ecuador (2019) y República Dominicana (2025) como anfitriones de dichos cursos.

RECOMENDAMOS:

SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

1. Promover programas de cooperación y asistencia técnica en materia de seguridad ciudadana, convivencia pacífica y reforma y/o modernización policial, según corresponda, incluyendo la modernización tecnológica de las unidades policiales para facilitar la investigación de delitos digitales, teniendo en cuenta la pertinencia del Convenio de Budapest, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y, cuando entre en vigor, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia.

2. Crear e implementar políticas públicas de seguridad ciudadana, basadas en datos y apoyadas por evidencia, que integren la prevención, y la atención a las causas que generan violencia e impulsan el delito, la persecución penal y justicia restaurativa efectiva, la modernización de las instituciones policiales y el empoderamiento de los gobiernos locales.

3. Crear o reforzar grupos de trabajo multisectoriales sobre seguridad ciudadana que incluyan a la policía, así como a actores de los sectores de atención de la salud, educación y justicia, con la finalidad de diseñar y aplicar conjuntamente estrategias de prevención de la violencia.

4. Promover observatorios de seguridad ciudadana y coexistencia, incluso acogiendo con beneplácito las discusiones sobre un posible observatorio de la OEA para el combate de la delincuencia organizada, a fin de recopilar datos, efectuar análisis, proponer directrices y acciones diferenciales para abordar e identificar las causas inmediatas y estructurales de los problemas que afectan la seguridad ciudadana y la coexistencia de los delitos de gran impacto en los países de la región, entre ellos el tráfico de drogas y de armas, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el lavado de dinero, la corrupción, la ciberdelincuencia y los delitos que afectan el medio ambiente, la seguridad ciudadana y la coexistencia. Los observatorios podrán incluir también componentes de análisis territorial de la delincuencia organizada, la minería ilegal y el tráfico de drogas, en coordinación con institutos de investigación públicos y académicos.

5. Alentar a la Reunión de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA), y a las autoridades nacionales competentes, a que consideren fortalecer las atribuciones legales y recursos de los gobiernos locales, según corresponda, para crear, implementar y evaluar los planes, programas y proyectos centrados en la prevención del delito y la financiación de capacidades especiales para las instituciones de policía.

6. Considerar la creación de plataformas virtuales de consulta abierta sobre la incidencia criminal incorporando principios de transparencia y accesibilidad de la información, en línea con el marco normativo internacional y nacional en estos temas. Para ello, considerar el apoyo técnico del Centro de Prospectiva y Seguridad Hemisférica de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL) como instancia regional.

7. Alentar a la REMJA, y a las autoridades nacionales competentes, a que consideren impulsar, según corresponda, la promulgación de Leyes de Convivencia Ciudadana, en las que la mediación y conciliación de conflictos sea una herramienta clave para fomentar y favorecer la cultura de la paz social, así como reducir la judicialización innecesaria de los conflictos

8. Promover el uso ético, responsable y transparente de tecnologías predictivas para identificar áreas y situaciones con mayor riesgo de violencia, así como posibilitar acciones policiales preventivas, en estricto apego a los principios internacionales del derecho internacional de los derechos humanos y a la privacidad personal, evitando perfilamientos indebidos y la estigmatización de grupos sociales.[[1]](#footnote-2)

9. Fomentar la cooperación entre la policía, comunidades locales y redes internacionales para prevenir la violencia y la delincuencia organizada, implicando en ello a grupos de apoyo a jóvenes en riesgo, asociaciones vecinales, psicólogos y trabajadores sociales, haciendo énfasis en prevención e iniciativas para proteger a las víctimas de la trata de personas y la explotación y abuso sexual infantil.

10. Promover estrategias regionales contra los delitos que afectan el medioambiente, utilizando, entre otras, tecnologías modernas para frenar las actividades ilícitas que socavan el desarrollo sostenible y los ecosistemas de la región.

11. Crear espacios de diálogo comunitario donde la policía pueda interactuar con la ciudadanía de manera abierta y colaborativa construyendo confianza y entendimiento mutuo.

12. Crear mesas técnicas de prevención del crimen organizado con participación comunitaria, operadores judiciales y representantes de la policía e inteligencia local, priorizando zonas de alto riesgo.

13. Garantizar que las actividades policiales y de combate al crimen se lleven adelante en el marco del Estado de Derecho y al Derecho internacional de los derechos humanos, particularmente los tratados hemisféricos vigentes.

REFORMA Y MODERNIZACIÓN POLICIAL

14. Promover mecanismos de gobernanza en los procesos de reforma y/o modernización policial, según corresponda, que garanticen participación ciudadana y rendición de cuentas democráticas.

15. Diseñar y ejecutar políticas y sistemas de información, control y rendición de cuentas que promuevan la participación ciudadana en el fortalecimiento de la integridad y la transparencia democrática de la policía, así como en la modernización operativa, educativa, administrativa, financiera y el desarrollo humano del personal policial.

16. Implementar programas de proximidad policial para fortalecer la relación entre la comunidad y las instituciones del orden, que incluyan mecanismos como diálogos de convivencia, mesas, entre otros.

17. Implementar y sostener los procesos de reforma y/o modernización policial, según corresponda, para lograr que las instituciones de policía brinden un servicio público de calidad a los ciudadanos que permita enfrentar desafíos vinculados a crimen organizado, corrupción, tráfico de armas, tráfico de drogas, trata de personas, y lavado de dinero, entre otras.

18. Fortalecer las prácticas de las instituciones policiales, afianzando su naturaleza democrática y civil, según corresponda, de acuerdo con los sistemas nacionales, como organizaciones orientadas al servicio público de policía y a la protección de las personas.

19. Promover e impulsar políticas públicas, mecanismos y capacidades que prioricen la evaluación y atención temprana de la salud mental del personal policial y de las instituciones de seguridad pública en las Américas, con el objetivo de fortalecer su bienestar, procurando su dignificación y protección, y contribuyendo así a mejorar la calidad del servicio y la protección de las personas.

20. Apoyar el desarrollo de marcos nacionales que combinen la reforma de las fuerzas del orden con la prevención de la violencia mediante estrategias de educación, salud mental y protección social.

21. Considerar la modernización y aumento de las capacidades para el servicio policial preventivo o la vigilancia policial para mejorar la protección de las personas y la lucha contra el crimen, asegurando la protección de los derechos humanos y derechos a la privacidad.

22. Tecnificar las unidades de inteligencia e investigación criminal de las instituciones de policía frente a las nuevas modalidades y retos del crimen organizado local y transnacional, con énfasis en el rastreo de armas, explosivos y artefactos, y la lucha contra el tráfico de drogas, armas y personas y cibercrimen.

23. Crear en las organizaciones policiales unidades especializadas de analítica de datos basada en evidencia, promover la interoperabilidad entre los sistemas de información y la unificación de criterios técnicos para medir información sobre criminalidad, priorizando indicadores vinculados al crimen organizado, delitos financieros y nuevas amenazas emergentes, y garantizando la interoperabilidad con sistemas judiciales y fiscales.

24. Promover la cooperación y asistencia técnica entre los Ministerios responsables de la seguridad pública y las policías para el fortalecimiento de las capacidades de análisis de datos y el empleo de protocolos que incidan en mejorar la calidad de los datos y fomentar el intercambio expedito de información de inteligencia entre las instituciones nacionales y con socios internacionales para combatir la delincuencia organizada transnacional.

25. Fortalecer las capacidades y programas educativos en las instituciones de policía asegurando que los agentes reciban formación inicial y continua para enfrentar de manera efectiva los desafíos del entorno de seguridad actual, en particular para desarrollar investigaciones complejas orientadas a desarticular las estructuras financieras de los grupos delictivos organizados que operan a nivel local, nacional y transnacional.

26. Priorizar las capacitaciones teórico-prácticas en áreas fundamentales como la actuación profesional de los policías en conformidad con las normativas nacionales, el servicio al ciudadano y el uso de la fuerza cumpliendo con los instrumentos jurídicos y estándares internacionales de protección de los Derechos Humanos.

27. Crear e implementar Sistemas de Monitoreo y Evaluación de la Seguridad Ciudadana para mejorar la calidad de los servicios prestados, garantizar el cumplimiento de los estándares operativos y asegurar una atención eficiente y cercana a la ciudadanía.

28. Promover la inversión en prevención con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica y reducir las tasas de criminalidad en la región.

29. Continuar impulsando la cooperación regional para el desarrollo y la profesionalización policial mediante la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial (REDPPOL), a partir del intercambio de mejores prácticas, capacitaciones y la mejora de la infraestructura tecnológica de los cuerpos de policía y potenciando estos esfuerzos mediante una mayor articulación con AMERIPOL.

30. Promover que la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial (REDPPOL) desarrolle un módulo de formación avanzada en investigación financiera, inteligencia operativa e interdicción transnacional, aplicable a todas las policías del hemisferio.

31. Promover la formación en habilidades de comunicación y resolución de conflictos de forma que el personal policial esté capacitado para abordar conflictos sin recurrir al uso de la fuerza.

32. Fomentar la capacitación del personal policial para que entiendan las dinámicas sociales y culturales de las comunidades en las que trabajan, a fin de poder actuar de manera más empática y efectiva.

33. Promover la implementación y certificación de los procesos policiales en materia de gestión de calidad.

CIBERDELITOS

34. Alentar a la REMJA, y a las autoridades nacionales competentes, a que consideren promover la promulgación de leyes que estén en consonancia con los marcos jurídicos internacionales para fortalecer la lucha contra el ciberdelito, según sea necesario; establecer mecanismos y protocolos para el intercambio de información; participar en operaciones conjuntas internacionales; y crear unidades especializadas en ciberdelincuencia, en particular para proteger a los niños, niñas y adolescentes de la explotación sexual, así como del uso inapropiado del juego en línea.

35. Promover que Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) continúe coordinando con La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y otros actores relevantes, con el fin de desarrollar investigaciones e implementar ejercicios conjuntos para fomentar la confianza y el intercambio de conocimientos, incluidos, entre otros, los equipos de respuesta a incidentes de la Red de los Equipos de Respuesta ante Incidentes Cibernéticos (CSIRTs) de las Américas.

36. Promover la realización de operaciones espejo, operaciones conjuntas y planes estratégicos, así como establecer Centros de Operaciones (SOC) para monitoreo en tiempo real, con el objetivo de mejorar la investigación, persecución y respuesta a incidentes, utilizando procedimientos estandarizados que optimicen la eficiencia operativa y mecanismos para detectar ciberdelito y amenazas cibernéticas asociadas a redes criminales, incluso contra infraestructuras críticas, según corresponda en los sistemas nacionales.

37. Alentar a la REMJA, y a las autoridades nacionales competentes, a que consideren promover la adopción de leyes contra ciberdelitos, incluyendo una ley de ciberdelincuencia y una ley de protección de datos personales, acompañado de las entidades de la OEA que viene trabajando este tema, así como armonizar marcos legales internacionales para facilitar extradiciones y preservar evidencia digital, tomando ejemplos internacionales como la Convención de Budapest.

38. Alentar a la REMJA y otras autoridades competentes a considerar tipificar como delitos, en la legislación interna, los actos de falsificación, robo o fraude cometidos mediante tecnologías de la información y las comunicaciones, incluyendo la manipulación de datos electrónicos o el uso engañoso de dichos sistemas para causar perjuicio patrimonial o generar datos inauténticos con fines fraudulentos o deshonestos.

39. Proteger las infraestructuras críticas incorporando servicios esenciales, según corresponda en los sistemas nacionales, lo que incluye, entre otros, fomentar la formación continua en ciencia forense digital y utilizar tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, blockchain y autenticación multifactorial para fortalecer la seguridad cibernética, la resiliencia operativa y la capacidad de respuesta frente amenazas emergentes.

40. Garantizar el respeto a la privacidad, promover mecanismos de denuncia accesibles y desarrollar campañas de concienciación y educación digital para crear una cultura de ciberseguridad mediante alianzas estratégicas y cooperación intersectorial con organizaciones regionales e internacionales.

41. Desarrollar campañas sobre el combate a la piratería informática y de otras formas de comercio ilícito en línea, destacando los riesgos que estas actividades conllevan, tales como el financiamiento de redes de delincuencia organizada, la evasión fiscal, la afectación a la salud pública y el aumento de la vulnerabilidad de infraestructuras digitales.

42. Alentar a la REMJA, y a las autoridades nacionales competentes, a que consideren promover la adopción de leyes nacionales que tipifiquen como delitos las conductas relacionadas con el abuso sexual, la explotación sexual y otras formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes cometidas mediante sistemas de tecnologías de la información y las comunicaciones, incluyendo la producción, posesión, difusión y acceso a material que muestre abusos sexuales, así como la captación, instigación o acuerdo para cometer dichos delitos. Asimismo, fortalecer las capacidades institucionales para identificar, investigar y sancionar a los responsables, conforme al interés superior del niño, el respeto de los derechos humanos y en concordancia con las obligaciones internacionales asumidas por los Estados.

43. Reconocer la importancia de combatir el acceso ilegal a cuentas digitales, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos.

SEGUIMIENTO:

1. Tomar nota del Informe de la Presidencia de la Tercera Reunión del Grupo Técnico Subsidiario sobre Gestión de la Policía, incluido en el documento GTS/GPO/doc.18/21.

2. Convocar a la Cuarta Reunión del Grupo Técnico Subsidiario sobre Gestión de la Policía, a celebrarse antes de la MISPA IX.

3. Convocar a la Tercera Reunión del Grupo Técnico Subsidiario sobre Prevención de la Delincuencia, la Violencia y la Inseguridad, a celebrarse antes de la MISPA IX.

4. Convocar a la Segunda Reunión del Grupo Técnico Subsidiario sobre los Servicios de Emergencia y Seguridad, a celebrarse antes de la MISPA IX.

5. Alentar a los Estados Miembros, observadores permanentes, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales a que sigan apoyando la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial (REDPPOL), y solicitar la creación de un Fondo Fiduciario voluntario para el financiamiento de la REDPPOL. El Fondo deberá incluir, entre otros, una línea especial para formación en investigación de delitos complejos y prevención del crimen organizado transnacional.

6. Alentar a los Estados Miembros, observadores permanentes, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales a que sigan apoyando al Departamento de Seguridad Pública de la OEA brindando financiamiento externo con el objeto de facilitar la sostenibilidad de sus programas y proyectos.

7. Alentar a los Estados Miembros a que sigan apoyando la implementación de procesos de reforma y/o modernización policial, según corresponda, como parte de una gran reforma integral para la seguridad ciudadana con el propósito de mejorar la confianza ciudadana y la calidad del servicio público de policía, previniendo la corrupción y buscando neutralizar algunas de las principales amenazas de naturaleza delictiva que se viven en la región, como el tráfico de drogas, armas y personas, los delitos que afectan el medioambiente y los ciberdelitos.

8. Tomar nota de la adopción de la norma IWA54002 para la implementación de procesos de gestión de calidad en instituciones policiales, bajo la norma ISO9001:2015 elaborada bajo el liderazgo de la OEA, y agradecer al Gobierno de Italia por el apoyo brindado a este componente de la REDPPOL.

9. Instar a los Estados Miembros que aún no se hayan adherido al Tratado Constitutivo de AMERIPOL a que consideren la posibilidad de hacerlo.

10. Alentar a los Estados Miembros a considerar su participación en el Grupo de Trabajo Intergubernamental establecido mediante la resolución 12/4, adoptada en la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), para abordar los delitos que afectan al medio ambiente.

11. Instar a los Estados Miembros a que consideren firmar e incorporar en sus legislaciones nacionales, lo antes posible, la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia.

12. Instar a los Estados Miembros a que consideren la recomendación de la REMJA de adherirse al Convenio de Budapest como medio para combatir la ciberdelincuencia en el hemisferio.

CP51963S01

1. . El 16 de junio de 2025, la Delegación de Argentina informó que se reservaba su derecho de incluir un pie de página en este párrafo. ↑