OEA - Documento CSH GT MISPA -VIII Doc 1 25 de 2025

CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA/Ser.G

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS CSH/GT/MISPA-VIII/doc.1/25

11 febrero 2025

COMISIÓN DE SEGURIDAD HEMISFÉRICA Original: español

Grupo de Trabajo encargado de preparar

la Octava Reunión de Ministros en Materia de

Seguridad Pública de las Américas

NOTA CONCEPTUAL

OCTAVA REUNIÓN DE MINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA (MISPA VIII)

Hacia una Reforma y Transformación Policial para la Seguridad Ciudadana con Participación Social

1. Antecedentes/Justificación

Desde su primera reunión en 2008, la Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA) ha servido como un foro intergubernamental para fortalecer la cooperación en seguridad pública en la región. En reuniones previas, los Estados Miembros han adoptado compromisos en torno a cinco pilares fundamentales: la gestión de la seguridad pública; la prevención de la delincuencia, violencia e inseguridad; la gestión policial; la participación ciudadana y comunitaria; así como la cooperación internacional.

En la VII Reunión MISPA, celebrada en Ecuador, se destacó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la implementación de estrategias coordinadas de seguridad pública.

La VIII Reunión MISPA, que se celebrará en Santo Domingo, República Dominicana, ha priorizado los temas de reforma policial y ciberseguridad debido a los crecientes desafíos que enfrenta la seguridad ciudadana en la región. Estos ejes fueron propuestos por el Ministerio de Interior y Policía como una respuesta a la necesidad de fortalecer la capacidad de los Estados en materia de seguridad ciudadana:

1. Reforma Policial: La modernización, revisión y actualización del marco normativo y profesionalización de los cuerpos policiales es un aspecto clave para mejorar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad. La implementación de modelos de policía comunitaria, el fortalecimiento de la capacitación en derechos humanos y la transparencia en las operaciones policiales son elementos esenciales para una seguridad pública efectiva y democrática. La reforma policial busca, además, optimizar la respuesta ante el crimen y reducir los índices de violencia mediante estrategias de prevención y control efectivas. 2. Ciberseguridad: El avance tecnológico y la digitalización han traído consigo un incremento en los delitos cibernéticos que afectan directamente la seguridad de los ciudadanos. Desde el fraude financiero hasta la explotación infantil en línea, el cibercrimen representa una amenaza creciente que requiere respuestas integrales. La falta de marcos normativos adecuados y la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en la investigación y persecución de delitos cibernéticos han impulsado la inclusión de este tema en la agenda de la reunión.

La VIII Reunión MISPA reunirá a representantes de países de América Latina y el Caribe, con el objetivo de establecer compromisos concretos en la formulación de políticas públicas en estos tres ejes. La elección de estos temas responde a la necesidad de abordar los desafíos actuales y fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad pública. En este contexto, la VIII Reunión MISPA busca continuar y ampliar estos esfuerzos.

A continuación, los resultados de las pasadas reuniones MISPA:

En la I Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA) realizada en México, los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptaron el “Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas”, que cuenta con cinco pilares para el diseño e implementación de una respuesta integral a los desafíos en materia de seguridad pública basados en: la gestión de la seguridad pública; la prevención de la delincuencia, violencia e inseguridad; la gestión policial; la participación ciudadana y comunitaria; así como la cooperación internacional.

A partir de la II Reunión MISPA llevada a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, los Ministros acordaron la necesidad de implementar el Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas, mediante la realización de las Reuniones de MISPA cada dos años, así como la realización de una reunión preparatoria de expertos, con antelación a las reuniones ministeriales, que debe organizarse en el marco de la Comisión de Seguridad Hemisférica del Consejo Permanente de la OEA [OEA/Ser.K/XLIX. 1] [MISPA II/doc. 8/09].

En el año 2011, se llevó a cabo la III Reunión MISPA en Puerto España, Trinidad y Tobago, en la cual los Ministros de Seguridad discutieron una serie de actividades en torno al fortalecimiento de la gestión policial [OEA/Ser.K/XLIX.3] [MISPA III/doc.8/11 rev.1]. Asimismo, se adoptó el “Documento de Puerto España: Institucionalización del Proceso MISPA” [MISPA III/doc.9/11 rev. 2], el cual rige los trabajos de la MISPA y que entre sus principales componentes incluye la organización y funcionamiento del proceso Ministerial y la creación y funcionamiento de los Grupos Técnicos Subsidiarios.

Durante la IV Reunión MISPA celebrada en Medellín, Colombia, los Ministros focalizaron sus intervenciones en el fortalecimiento de la Cooperación Internacional en el área de seguridad pública, promoviendo el desarrollo de intercambios de información, buenas prácticas, cooperación judicial y la promoción de iniciativas regionales y subregionales para combatir la delincuencia organizada transnacional [OEA/Ser.K/XLIX.4] [MISPA-IV/doc.9/14]

En la V Reunión MISPA celebrada en Lima, Perú, los Ministros discutieron sobre la Prevención de la Delincuencia, la Violencia y la Inseguridad, enfocando las acciones en la necesidad de establecer estadísticas e indicadores válidos, confiables, oportunos y comparables [OEA/Ser.K/XLIX.5] [MISPA-V/INF. 2/15]

Para la VI Reunión MISPA realizada en San Pedro Sula, Honduras, los Ministros enfocaron el pilar de discusión en la Gestión de Seguridad Pública, plasmando importantes avances en la conceptualización de gestión de la seguridad pública en América. [OEA/Ser.K/XLIX.6] [MISPA

La Reunión MISPA VII realizada en el 2019 en Quito, Ecuador, facilitó la profundización del concepto de seguridad multidimensional enfocado en reforzar la cooperación internacional mediante el perfeccionamiento de actuales y la promoción de nuevas estrategias coordinadas, concretas y medibles en la prevención y lucha contra la DOT, por lo cual resulta indispensable establecer un mecanismo de seguimiento a la implementación de las recomendaciones emanadas del Proceso MISPA, sobre la base de la visión multidimensional e integral de los delitos.

El Gobierno de República Dominicana a través del Ministerio de Interior y Policía y dada la alta prioridad del tema para América Latina y el Caribe, plantea como eje central para la agenda de la próxima VIII Reunión MISPA, la gestión policial, visto desde el siguiente enfoque: REFORMA Y TRANSFORMACIÓN POLICIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA CON PARTICIPACIÓN SOCIAL.

La reforma y transformación policial es un proceso fundamental para fortalecer la seguridad ciudadana en un marco de respeto a los derechos humanos. En muchos países de la región, los cuerpos policiales enfrentan desafíos estructurales que afectan su eficiencia, transparencia y cercanía con la comunidad. La modernización de las fuerzas del orden debe responder a la necesidad de consolidar instituciones confiables, profesionales y orientadas a la protección de los ciudadanos

El enfoque de derechos humanos en la reforma policial implica garantizar que las actuaciones de las fuerzas de seguridad respeten la dignidad, la legalidad y los principios de proporcionalidad y rendición de cuentas. La implementación de modelos de policía comunitaria, la capacitación en derechos humanos y el fortalecimiento de mecanismos de control y supervisión son estrategias esenciales para lograrlo.

Asimismo, la reforma policial debe incluir la incorporación de nuevas tecnologías para la prevención y combate del crimen, así como el desarrollo de protocolos de actuación claros que fortalezcan la confianza de la población en sus instituciones de seguridad. La transformación de los cuerpos policiales no solo contribuye a mejorar la percepción de seguridad, sino que también reduce la violencia y fortalece el Estado de derecho en la región.

1. Enfoques temáticos

REFORMA POLICIAL

1. Enfoques temáticos

REFORMA POLICIAL

La inseguridad ciudadana es un desafío complejo que requiere respuestas integrales, articuladas y coordinadas. En este contexto, República Dominicana ha apostado por una profunda modernización de la policía nacional. República Dominicana se suma a la lista de países que iniciaron reformas policiales (Honduras, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay y Colombia). Uno de los retos de la reforma policial es transformar la actuación ética y profesional del policía en los procedimientos en las calles y el abordaje respetuoso, de servicio y protección a los ciudadanos y sus derechos humanos.

Bajo el liderazgo del Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader y del Ministerio de Interior y Policía, el proceso de reforma de la Policía Nacional de nuestro país muestra significativos resultados. Un claro ejemplo de ello es la reducción histórica de la tasa acumulada de homicidios, que en enero de 2025 se situó en 8.42 por cada 100 mil habitantes. Este logro se atribuye al arduo trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta y a la implementación de estrategias clave dentro del Plan de Seguridad Ciudadana. Además, 11 provincias del país no han registrado víctimas de homicidio, reflejando el impacto positivo de estas políticas en la protección de la ciudadanía.

La seguridad ciudadana es el pilar fundamental de cualquier nación. En este sentido, la Reforma Policial se aborda desde un enfoque integral que busca garantizar un modelo de seguridad pública moderno, eficiente y respetuoso de los derechos humanos

El país cuenta con el decreto 708-22 en el que el presidente de la República Dominicana, declara de alta prioridad nacional el proceso de reforma y modernización del sector de la seguridad ciudadana, con el objetivo principal de fortalecer la institucionalidad, gobernabilidad y electividad de las políticas públicas orientadas a crear y sostener un clima de convivencia pacífica.

La reforma policial debe considerar medidas específicas para combatir delitos convencionales (homicidios, robos, narcotráfico, tráfico de armas, violencia de género) y al mismo tiempo adaptarse a los nuevos delitos, como ciberdelincuencia, fraudes electrónicos, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos, entre otros.

Para lograr una transformación efectiva es fundamental el desarrollo de una estrategia que contempla:

• Fortalecimiento de la relación entre la policía y la comunidad, promoviendo modelos de seguridad ciudadana que fomenten la confianza, la denuncia y la participación activa de la sociedad en la prevención del delito. - Modernización y profesionalización de los cuerpos policiales, garantizando una capacitación continua en el uso de nuevas tecnologías para la prevención y persecución del delito. - Revisión y actualización del marco normativo para fortalecer la respuesta ante delitos emergentes, con especial énfasis en la regulación de delitos cibernéticos y la seguridad digital. - Profundizar la modernización del modelo educativo, su estructura de funcionamiento y la calidad y oferta de los programas educativos. Así mismo, el fortalecimiento de las capacidades de las Escuelas de Entrenamiento, el Centro de Estándares para la validación de competencias y las competencias de los instructores policiales. - La tranversalización del enfoque de género. El proceso de reforma contempla la incorporación de 7,000 mujeres de un total de 20,000 nuevos agentes a captarse en los próximos 4 años. - Cooperación regional e internacional, impulsando mecanismos de intercambio de información y buenas prácticas con otros países para enfrentar la delincuencia organizada y la corrupción. - Integrar enfoque de la Creación de Cultura de Paz, mediante una Ley que impulse la Convivencia Ciudadana, con los objetivos de: 1) reducir la judicialización, 2) implementar a las medidas sancionatorias, la capacitación y formación a los infractores, para el cambio de sus actitudes y acciones; 3) Otorgar a la policía la capacidad de notificación a los infractores, para i) asistir a charlas formativas y ii) pagar multas en casos de reincidencia; 4) descentralizar los servicios con el fortalecimiento de los gobiernos locales.

Aunque cada país enfrenta desafíos específicos, existen factores comunes que han demostrado ser fundamentales en los procesos de modernización de las fuerzas policiales: voluntad política y liderazgo institucional; fortalecimiento del capital humano; innovación tecnológica aplicada a la seguridad y transparencia y participación ciudadana. La supervisión y el acompañamiento de la sociedad civil en los procesos de reforma son fundamentales para su legitimidad.

El propósito superior de la reforma policial: lograr que la Policía brinde un servicio público de alta calidad que genere confianza pública, asegurando que las políticas adoptadas no vulneren las garantías fundamentales de las personas.

Los lineamientos y el direccionamiento estratégico del proceso de reforma, modernización y transformación policial están fundamentados en las siguientes áreas:

a) Modernización educativa y desarrollo humano. Tiene como objetivo la reestructuración del sistema educativo para que la profesión policial se desarrolle bajo una disciplina profesional, un campo de conocimiento especializado, una unidad doctrinal y de lenguaje, un código de ética policial y un reconocimiento social;

b) Modernización operativa. Tiene como finalidad crear un nuevo modelo de servicio de policía orientado al ciudadano, priorizando las capacidades del servicio preventivo, la investigación criminal y la inteligencia policial. Se debe dotar a la Policía Nacional de herramientas tecnológicas, métodos y buenas prácticas necesarias para alcanzar este propósito.

c) Modernización administrativa y financiera. Tiene como finalidad fortalecer las capacidades administrativas y financieras de la Policía Nacional para la administración eficiente y transparente de los recursos destinados al funcionamiento de la institución policial.

La seguridad ciudadana no debe concebirse exclusivamente desde una perspectiva represiva, sino como un derecho fundamental que permite el desarrollo integral de las sociedades. En este sentido, es fundamental la focalización en el diseño e implementación de estrategias de seguridad que prioricen el respeto a los derechos humanos, fortaleciendo la confianza ciudadana y promoviendo mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

En este contexto proponemos generar un espacio para la construcción conjunta que busque fortalecer la cooperación regional en la implementación de estrategias que garanticen una seguridad pública respetuosa de los derechos humanos.

CIBERSEGURIDAD

La ciberseguridad representa para la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe representa uno de los desafíos más apremiantes que enfrenta la región en la actualidad. A medida que la transformación digital se acelera en las sociedades, las preocupaciones de seguridad están cada vez más entrelazadas con las amenazas cibernéticas, creando nuevas vulnerabilidades que afectan diariamente a millones de ciudadanos y es que, en la era digital, la ciberseguridad es inseparable de la seguridad ciudadana.

Entre los delitos de ciberdelincuencia organizada más relevantes se encuentran: Ciberfraude y estafas digitales (Fraudes bancarios y financiera, suplantación de identidad y phishing y esquemas piramidales y fraude en criptomonedas), Delitos contra la privacidad y los datos personales (Robo y venta de información personal y corporativo y Ataques a bases de datos gubernamentales y empresariales), Delitos contra menores en entornos digitales (Explotación y abuso sexual infantil en línea y grooming y acoso digital), Ciberterrorismo y ataques a infraestructuras críticas (Sabotaje a sistemas energéticos, financieros y de transporte y desinformación y manipulación digital con fines desestabilizadores), Tráfico ilícito en la Dark Web (Comercio de drogas, armas y documentos falsificados y contratación de servicios delictivos como ataques DDoS y ransomware) y Extorsión digital y ransomware (Secuestro de información con peticiones de rescate y taques a sistemas gubernamentales y empresariales).

La región está experimentando un aumento sin precedentes en ciberataques sofisticados en medio de una rápida transformación digital. Se evidencia un aumento sin precedentes, con datos actuales que muestran más de 1,600 ataques por segundo dirigidos a infraestructura crítica, servicios gubernamentales y datos ciudadanos. Este asalto digital ocurre en un contexto de rápida adopción tecnológica, donde aproximadamente el 72% de la población depende ahora de servicios digitales para actividades diarias esenciales.

Los ciberataques cuestan a ALC el 1% del PIB anual (más de $90 mil millones), aumentando hasta el 6% si se compromete la infraestructura crítica. Solo el ataque de ransomware a Costa Rica en 2022 causó pérdidas equivalentes al 2.4% del PIB.

En respuesta a estas crecientes amenazas cibernéticas, muchos países han desarrollado programas robustos de ciberseguridad y promulgado leyes para combatir el cibercrimen y protegerse contra los peligros digitales.

República Dominicana, por ejemplo, tiene un proyecto de ley de ciberseguridad en consideración, que ha pasado dos lecturas en el Senado pero aún no ha sido programado para discusión en la Cámara de Diputados. Este proyecto de ley tiene como objetivo fortalecer la ciberseguridad dentro del país.

Es de vital importancia que los estados aprovechen el espacio de la VIII Reunión MISPA para analizar y reflexionar sobre:

1. Promover el desarrollo de marcos regulatorios armonizados contra la ciberdelincuencia y capacidades especializadas en investigación forense digital.

2. Analizar el impacto del cibercrimen en la seguridad ciudadana y estrategias para su prevención, con énfasis en la protección de los derechos de los ciudadanos en el entorno digital.

3. Desarrollo de protocolos de actuación y coordinación entre agencias de seguridad y organismos internacionales para combatir la ciberdelincuencia transnacional.

4. Desarrollo de capacidades técnicas y cooperación internacional en investigación de delitos cibernéticos para prevenir amenazas contra la población.

5. Creación de mecanismos de respuesta rápida para la identificación y mitigación de ciberataques que afecten infraestructuras críticas y servicios esenciales.

CP50998S01