OEA - Documento S C 3305 25 de 2025

GRUPO DE REVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN OEA/Ser.E

DE CUMBRES (GRIC) GRIC/O.1/doc.??/25

Primera Reunión Ordinaria de 2025 7 febrero 2025

20 de febrero de 2025 Original: español

Washington, D.C., Estados Unidos

DOCUMENTO CONCEPTUAL

X Cumbre de las Américas

República Dominicana, 2025

“Construyendo un Hemisferio Seguro, Sostenible y de Prosperidad Compartida”

(Presentado por la Presidencia del GRIC)

1. Introducción

En el mes de diciembre del año en curso, República Dominicana será sede de la Décima Cumbre de las Américas. Este cónclave de los primeros mandatarios será el escenario para discutir temas de alta relevancia para el Hemisferio, sus países y la ciudadanía de la región, y de manera conjunta acordar compromisos y acciones que posicionen a las Américas como un Hemisferio seguro, sostenible y de prosperidad compartida.

República Dominicana, reitera su agradecimiento a todos los países participantes en el Proceso de Cumbres que depositaron en nosotros la confianza de conducir la organización de esta importante iniciativa. Somos conscientes de que la única manera de alcanzar el éxito al que aspiramos es asegurando la valiosa participación de todos y cada uno.

La Cumbre de las Américas, desde su primera edición en 1994, ha logrado convertirse en un espacio importante para la generación de consensos hemisféricos. Hasta ese año, el mecanismo de diálogo de mayor alcance para la región tenía sede en la Organización de los Estados Americanos (OEA) a nivel de embajadores y ocasionalmente de cancilleres. Las cumbres anteriores a 1994 remontan lejos: a la de Ciudad de Panamá, Panamá, en 1956 y a la de Punta del Este, Uruguay, en 1967.

La Cumbre de las Américas constituye la instancia más formalizada y sistemática de diálogo hemisférico. Hasta la fecha, se han realizado once reuniones cumbre, nueve regulares y dos especiales: Miami, 1994; Santa Cruz de la Sierra, 1996; Santiago, 1998; Quebec, 2001; Monterrey, 2004; Mar del Plata, 2005; Puerto España, 2009; Cartagena de Indias, 2012; Ciudad de Panamá, 2015; Lima, 2018; y Los Ángeles, 2022.

En el marco del Proceso de Cumbres de las Américas, se han gestado importantes aportes para el sistema interamericano tales como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que fue impulsada en la Cumbre de Santiago, como lo fue el impulso a la Carta Democrática Interamericana en la Cumbre de Quebec, y el Programa Interamericano de Datos Abiertos para Prevenir y Combatir la Corrupción (PIDA) en la Cumbre de Lima, entre otros.

Reconocida como una Zona de Paz por la ausencia de conflictos armados entre países, la región tiene una larga historia de buscar la integración, de cooperar y de trabajar de forma coordinada para enfrentar los desafíos comunes. En el mundo de hoy sólo es posible dar respuesta efectiva a los principales retos que enfrenta la sociedad global a través del multilateralismo, la cooperación y la integración. Las grandes disrupciones que están transformando el mundo son de naturaleza global, y ningún país en el mundo puede enfrentar estos cambios de forma aislada o separada de la comunidad de países. De la misma manera, los estrechos vínculos entre nuestros países determinan que no es posible caminar de manera firme hacia una prosperidad compartida, con más oportunidades para más gente en todos los países, sino es a través del diálogo y la cooperación hemisférica.

Los países del Hemisferio están conscientes de que la tarea involucra no sólo a los gobiernos sino también al sector privado, a la sociedad civil y a los organismos multilaterales de desarrollo, todos, actores fundamentales en la consolidación de las Américas como un hemisferio donde la prosperidad, la seguridad humana y el manejo sostenible de sus abundantes recursos ambientales es posible.

La Décima Cumbre de las Américas, encaminada hacia la construcción de un Hemisferio seguro, sostenible y de prosperidad compartida, será un conclave en el que se reconocerá que no es posible el desarrollo ni alcanzar mayores niveles de bienestar si no se cuenta con seguridades básicas garantizadas por políticas públicas que posicionan al ser humano al centro de la acción pública.

La República Dominicana asume el compromiso de trabajar con una visión hemisférica, y en estrecha coordinación y colaboración con actores claves para identificar oportunidades en la definición e implementación de políticas públicas y programas de inversión y cooperación a escala, tanto públicas como privadas, capaces de dar respuesta a los múltiples retos, sean estos sistémicos como más recientes, que enfrenta la región.

La Décima Cumbre de las Américas, prevista a llevarse a cabo a fines de 2025, es una oportunidad para reiniciar el camino hacia los consensos, fortalecer las alianzas hemisféricas y avanzar hacia el Hemisferio que queremos.

1. El contexto actual: un punto de inflexión

Las Américas, al igual que el resto del mundo, vive tiempos de incertidumbre y retos geopolíticos, socioeconómicos y ambientales que requieren acciones urgentes que garanticen la seguridad humana en múltiples dimensiones. Acelerar la industrialización de la región, combinando la inversión de capitales locales y extranjeros como base para acelerar impulsar el crecimiento económico, generar más oportunidades para la gente y crear empleos de más calidad es una tarea urgente.

Nadie pone en duda los niveles de crecimiento alcanzados por muchos de nuestros países. No obstante, esto no ha permitido la reducción de la brecha requerida para superar los niveles de pobreza que impactan a importantes sectores sociales. Por sus profundas brechas socioeconómicas, América Latina y el Caribe tiene niveles de pobreza y pobreza extrema que alcanzan al 27,3% y 10,6% de la población, respectivamente[[1]](#footnote-2)/, y una limitada movilidad social debido a limitaciones en el acceso a educación, salud, nutrición y empleo. La pobreza y la inseguridad siguen estando interrelacionadas, una realidad que amerita urgente atención.

Estas condiciones no sólo producen desequilibrios económicos, sociales y ambientales, sino que impiden una mayor cohesión y configuran entornos propicios para el surgimiento y la proliferación de dinámicas de inseguridad humana y, ciudadana, y de criminalidad organizada. A pesar de ser solamente el 8% de la población mundial, América Latina y el Caribe representan el 30% global de la tasa de homicidios violentos en contextos en los que no existen ni conflictos interestatales ni guerras civiles.

El impacto de la pobreza y la violencia incide en la estabilidad regional al limitar la capacidad de los gobiernos para responder de forma efectiva y de ser posible conjunta, ante las amenazas del crimen organizado. La violencia le cuesta a Latinoamérica, conforme a datos provistos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aproximadamente un 3.44% del producto interno bruto regional[[2]](#footnote-3)/, una cantidad similar a nuestro gasto total en infraestructura.

Enfrentar y disminuir la migración, la inseguridad ciudadana, la violencia y el accionar del crimen transnacional pasa por retomar el camino del desarrollo sostenible y acelerar acciones para que la población perciba los beneficios del crecimiento económico, el Estado de derecho y la democracia.

Los eventos climáticos extremos tienen un impacto directo en la vida de las personas, pues inciden directamente, y de forma interconectada, en la seguridad humana y ciudadana, la salud, así como en la seguridad hídrica, alimentaria y energética. El aumento de las lluvias y las temperaturas más cálidas crean condiciones propicias para la proliferación de vectores de enfermedades, expandiendo el alcance de enfermedades como el dengue, la malaria y el virus del Zika.

Los eventos climáticos extremos alteran los patrones de disponibilidad del agua mediante sequías y la consecuente disminución de las reservas de agua dulce, lo que a su vez repercute en la agricultura, la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica y la seguridad energética. Desastres naturales como inundaciones, huracanes, tifones, tornados, tormentas eléctricas, erosión e incendios forestales, también relacionados con al aumento de la temperatura, amenazan las prácticas productivas, especialmente agrícolas, limitando las posibilidades económicas e impactando en el medio ambiente, en la salud y en la de movilidad humana.

A las causas tradicionales de migración, que históricamente han estado relacionadas con crisis sociales, económicas o políticas, se suman importantes flujos de desplazamiento relacionados con eventos climáticos extremos, la destrucción de bosques, zonas agrícolas, de ganadería o de pesca. Sumado a lo anterior, la movilidad humana está influenciada por la disponibilidad de alimentos y agua. Al aumentar la sequía y la erosión de los suelos, no solo se reduce la capacidad de producción de alimentos y aumenta el estrés hídrico, también impacta la generación de energía de fuentes renovables como la hidroeléctrica. Estas condiciones generan amenazas existenciales a la vida de los seres humanos, pero también a la estabilidad y legitimidad de los gobiernos, que deben hacer frente a dichos retos, en condiciones de escasez de recursos.

Las debilidades de la región son muchas, pero también sus fortalezas. El continente americano tiene una superficie de más de 42 millones de kilómetros cuadrados y es reconocido por sus vastos recursos naturales, resultado de su gran diversidad geográfica y de ecosistemas. Considerados en su conjunto, los países de América Latina y el Caribe han mostrado ser relativamente resilientes ante la creciente incertidumbre que afecta a la economía mundial; es igualmente reconocido el liderazgo económico global de Estados Unidos y su predominio sobre las tecnologías de la cuarta revolución industrial, así como la riqueza natural y el amplio desarrollo de Canadá.

En las últimas décadas, el aumento de la inversión privada en áreas vitales para el desarrollo de la región, incluyendo en las áreas de comercio, infraestructura y conectividad, y el desarrollo de la pequeña y mediana industria han tenido un impacto significativo en las economías del Hemisferio, en la creación de empleo, la creación de oportunidades y en la reducción de la pobreza. Los esfuerzos desplegados hacia la consolidación de la democracia y la gobernanza, contra la corrupción y el respeto al Estado de derecho son ampliamente reconocidos.

La región continua en sus esfuerzos por alcanzar una mayor integración regional para a través de ella hacer crecer de manera sostenida sus economías, intercambiar conocimientos e incentivar la innovación, aumentar la cohesión social y enfrentar desafíos compartidos, incluyendo aquellos relativos a la seguridad ciudadana, los efectos del cambio climático, la inseguridad alimentaria, las crisis sanitarias. Un esfuerzo coordinado permitirá a las naciones implementar soluciones más efectivas y sostenibles garantizando la resiliencia a largo plazo.

1. Afianzar Seguridades en el Hemisferio de las Américas

“Sin seguridad no hay desarrollo”

Luis Abinader, Presidente de República Dominicana, 2023

La seguridad humana como punto de partida

1. Afianzar Seguridades en el Hemisferio de las Américas

“Sin seguridad no hay desarrollo”

Luis Abinader, Presidente de República Dominicana, 2023

La seguridad humana como punto de partida

En un mundo marcado por turbulencias e incertidumbres, la Décima Cumbre de las Américas puede hacer un aporte significativo planteando con fuerza la necesidad de construir seguridades. La seguridad, pilar fundamental para el desarrollo sostenible, proporciona el entorno necesario para que las personas puedan vivir con dignidad, libertad y oportunidades de crecimiento. En su sentido más amplio, la seguridad como elemento fundamental para alcanzar un desarrollo centrado en las personas y el bienestar humano, la equidad, los derechos, la inclusión y el respeto a la naturaleza; y donde los desarrollos científicos y tecnológicos contribuyan al alcance del desarrollo sostenible y la prosperidad compartida.

La seguridad ciudadana es una dimensión central de la seguridad humana fundamental para la convivencia, porque hace énfasis en las personas como el objeto de las políticas públicas que procesan los temas de seguridad. Mas allá de las visiones convencionales de seguridad nacional, que tienen por objeto la preservación del Estado, su territorio, sus competencias y sus instituciones, en la seguridad ciudadana, la preocupación central de las políticas públicas, son las condiciones sociales y normativas que garantizan la vida de relación social de las personas y las comunidades, así como su preservación y bienestar.

Garantizar un ambiente seguro es indispensable para atraer inversiones, facilitar el comercio y promover la creación de empleo. La seguridad ciudadana reduce la violencia y el crimen, lo que permite a las personas vivir sin miedo y participar activamente en la sociedad. En resumen, la seguridad en todas sus dimensiones es un componente vital para el desarrollo sostenible. Sin ella, es imposible lograr un progreso equitativo y duradero que beneficie a toda la sociedad.

Una alianza hemisférica sólida orientada a la acción y resultados tangibles

Consciente de los retos que en materia de seguridades encara la región, y construyendo sobre las oportunidades y fortalezas existentes en los países de las Américas en su conjunto, República Dominicana, como país anfitrión de la X Cumbre, ha identificado la necesidad imperiosa de abrir nuevos debates y reorientar otros ya iniciados sobre temas relacionados con la seguridad humana entendida en sus distintas dimensiones, a saber:

1. Seguridad ciudadana

La inseguridad ciudadana y comunitaria es sin duda la dimensión más apremiante. En prácticamente todos los países de la región, sin excepción, la inseguridad ciudadana y comunitaria es uno de los problemas más extendidos en las Américas, afectando a millones de personas en su vida cotidiana. El crimen organizado, incluyendo el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas juegan un papel significativo en la inseguridad ciudadana y comunitaria en la región. Las organizaciones criminales que operan a gran escala y a nivel internacional socavan la seguridad del Estado y el Estado de derecho. Estas prácticas operan en contextos de debilidad institucional y vulnerabilidad de los organismos policiales, militares y los sistemas de justicia.

La inseguridad tiene un impacto económico y social significativo para la región. El robo, el vandalismo y la extorsión pueden llevar a una disminución de la inversión y afectar negativamente el clima de negocios. El constante temor a ser víctima de la delincuencia tiene un efecto corrosivo en el tejido social y en la salud mental de los ciudadanos. La desconfianza hacia los demás y hacia las autoridades, el estrés postraumático y otros problemas de salud mental son patrones comunes en comunidades afectadas por altos niveles de inseguridad. Los costos asociados con la atención médica para las víctimas de la violencia y el fortalecimiento de las medidas de seguridad representan una carga considerable para las economías locales y nacionales.

Frente a estos desafíos, el Hemisferio ha desplegado ingentes esfuerzos. En el marco del Proceso de Cumbres de las Américas, importantes discusiones se han dedicado desde sus inicios al tema de seguridad reflejado en diversos mandatos adoptados[[3]](#footnote-4)/. Del mismo modo, las delegaciones de los Estados Miembros de la OEA, reunidas en Antigua, Guatemala, en 2013, en el marco de la celebración del cuadragésimo tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea General, aprobaron la Declaración de Antigua, Guatemala “Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas’’[[4]](#footnote-5)/. La Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo periodo extraordinario de sesiones adoptó una resolución conjunta reflejada en el documento de compromiso: “Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas”[[5]](#footnote-6)/.

Las brechas sociales del Hemisferio, en particular, la falta de oportunidades, son uno de los principales factores que contribuyen a la inseguridad ciudadana en las Américas. La falta de oportunidades laborales y educativas, junto con la pobreza extrema, favorece la delincuencia y la emigración. Muchas personas, especialmente los jóvenes, se ven empujadas hacia actividades ilícitas y/o a abandonar sus países y comunidades de origen como una forma de supervivencia.

Los flujos migratorios irregulares en las Américas obedecen primordialmente a causas económicas, ambientales y políticas. No obstante, el consenso actual sobre el tema ha identificado varios desafíos, entre ellos las capacidades gubernamentales de control de las fronteras.

Urge encontrar modelos alternativos para mejorar la seguridad ciudadana. La naturaleza transnacional del crimen organizado requiere una cooperación estrecha entre los países de las Américas. Intercambiar información, coordinar esfuerzos y apoyar acciones conjuntas de reducción de la criminalidad es vital. La creación de redes de vigilancia vecinal, programas de mentoría para jóvenes en riesgo y actividades que fomenten la cohesión social pueden contribuir a un entorno más seguro.

Los organismos multilaterales de financiamiento para el desarrollo de la región, a través de los múltiples programas orientados a fortalecer la seguridad ciudadana y comunitaria para la reducción del crimen, proponen acciones para generar espacios seguros y libres de miedo, entre las que se destacan: impulsar políticas de prevención del delito y la violencia para disminuir los eventos criminales; promover el uso de datos e información para la toma de decisiones; entre otras. Estas iniciativas implementadas en diferentes países de la región a través del uso de instrumentos financieros de crédito, cooperación no reembolsable, asistencia técnica y la cooperación Sur-Sur y con el apoyo de gobiernos, empresas del sector privado y organizaciones comunitarias están modelando soluciones que han demostrado cambios y generan lecciones y aprendizajes que ayudarían a la región a encontrar nuevos modelos eficaces de fortalecer la seguridad en los territorios y en las comunidades más vulnerables.

La Cumbre de las Américas podría ser la ocasión para la creación de una Plataforma Hemisférica de Acción para la Seguridad Ciudadana y Comunitaria. Esta buscaría la construcción de una agenda compartida y acciones coordinadas entre los gobiernos del Hemisferio, los organismos multilaterales, actores del sector privado y la sociedad civil para dar una respuesta programática y de inversión de mayor escala, capaz de provocar cambios positivos y tangibles para los países y sus ciudadanos. Se trataría de una iniciativa financiera y de capacidades conmensurada con la dimensión del reto sobre seguridad ciudadana y comunitaria enfrentan los países del Hemisferio.

1. Seguridad alimentaria

Existe una relación estrecha entre la inseguridad alimentaria, la falta de oportunidades y el crimen: las tres impulsan de manera dramática la migración. Por ello urge pensar en medidas que permitan de cierta forma mejorar la disponibilidad y calidad de alimentos pues el hambre es un obstáculo importante para la generación de oportunidades que permitan la movilidad social y reduzcan la incidencia del crimen.

En el actual escenario regional, resulta preocupante que el 74% de los países de América Latina y el Caribe son muy vulnerables a eventos climáticos extremos que impactan su seguridad alimentaria[[6]](#footnote-7)/. Ello implica la necesidad urgente de robustecer los mecanismos de producción y distribución de alimentos que impidan que el aumento del hambre se expanda en la región.

América Latina y el Caribe exporta un cuarto de toda su producción agrícola y se estima generará aproximadamente un 25% de las exportaciones agrícolas y de pesca de todo el planeta para el 2028[[7]](#footnote-8)/, lo cual nos posiciona como una potencia exportadora de esos rubros en cuyos hombros descansa en gran medida la seguridad alimentaria del mundo. De igual forma, conforme datos provistos por el Foro Económico Mundial, nuestra región posee el mayor potencial agrícola y disponibilidad de agua per cápita del planeta, pues con solo 15% de la superficie del planeta, recibimos un 29% de toda la precipitación y tenemos 40% del agua dulce[[8]](#footnote-9)/.

Se hacen grandes y múltiples esfuerzos en la región para garantizar el acceso a una alimentación nutritiva a tiempo y suficiente a la población. No obstante, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 37.5% de la población de la región enfrenta inseguridad alimentaria moderada o grave. En una región exportadora neta de alimentos, 43 millones de personas en América Latina y el Caribe padece hambre. La inseguridad alimentaria de la región es casi 8 puntos porcentuales por encima del nivel mundial.

Esa carencia afecta de manera desigual a distintos grupos de la población siendo las mujeres y los habitantes de las zonas rurales, donde se produce la mayor parte de los alimentos, los más vulnerables. Las dificultades de acceso a los alimentos resultan de las desigualdades económicas y muy especialmente de los altos niveles de pobreza y pobreza extrema presentes en la región.

A la par de la inseguridad alimentaria y la malnutrición, el creciente sobrepeso y la obesidad y sus consecuencias en la salud de las personas, junto a la pérdida y desperdicio de alimentos continúan siendo un reto para la región.

La agricultura debe potenciar su papel a la hora de abordar desafíos claves, como la lucha contra la pobreza, la erradicación del hambre, la mejora de la nutrición, al tiempo que se enfrentan a eventos climáticos extremos, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la desertificación. Si bien se reconoce que no existe una solución única para los desafíos de la agricultura y los sistemas alimentarios, es imperativo apoyar a los países para mejorar su capacidad de producción y comercialización de alimentos.

En vista de la interacción dinámica entre la agricultura y el comercio alimentario a nivel mundial, reconocemos la interdependencia de los países para lograr la seguridad alimentaria y la nutrición, la inocuidad de los alimentos y la sostenibilidad mediante políticas comerciales abiertas compatibles con las normas internacionales establecidas. Si bien reconocemos la importancia de la producción nacional, la diversificación de la oferta internacional, regional y local también es una forma importante de fortalecer la resiliencia de las cadenas mundiales de suministro de alimentos a las perturbaciones externas.

El mundo produce suficiente alimento para erradicar el hambre y la malnutrición. De manera colectiva, el Hemisferio cuenta con el conocimiento, la tecnología y los recursos para derrotar el hambre y la pobreza. Necesitamos más voluntad política para crear las condiciones capaces de ampliar el acceso a alimentos a tiempo, sanos y suficientes a toda la población del Hemisferio. Estos desafíos sin precedentes exigen un compromiso mayor y más efectivo, financiación y acciones a todos los niveles, así como políticas sólidas para fomentar sistemas alimentarios más incluyentes, sanos y sostenibles.

Un ejemplo loable sobre el que podemos construir es la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza[[9]](#footnote-10)/, lanzada en la cumbre del G20 de Río de Janeiro en 2024 y la cual cuenta con la adhesión de más de 80 países —incluyendo un número importante de países de las Américas—, y organismos multilaterales de desarrollo, por tratarse de una respuesta en búsqueda de acelerar esfuerzos hacia la erradicación del hambre y la pobreza, reducir las inequidades y contribuir a la revitalización de alianzas globales para lograr el desarrollo sostenible.

1. Seguridad energética

Enfrentados, como estamos a eventos climáticos extremos, la seguridad energética implica tener la capacidad de garantizar un suministro constante, confiable y sostenible de energía que satisfaga las necesidades de la sociedad, al tiempo que se mitigan los riesgos asociados a crisis geopolíticas, fluctuaciones de mercado y eventos climáticos extremos.

En las Américas, la seguridad energética adquiere importancia estratégica debido a la riqueza en recursos naturales, como petróleo, gas natural y energías renovables, que posicionan a la región como un actor clave en el mundo. Sumado a ello, nuestra región posee dos tercios de las reservas globales de litio y 40% del cobre, ambos elementos esenciales de la creciente industria de fabricación de baterías.

Esta abundancia coexiste con retos significativos, incluidos los desafíos para diversificar las fuentes energéticas y garantizar un acceso equitativo a los servicios básicos. Esto demanda un enfoque coordinado que integre políticas energéticas, estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático, resiliencia de las cadenas de suministro de energía limpia y medidas para reducir las desigualdades internas en el acceso a la energía.

La integración energética regional es fundamental para la seguridad energética en el Hemisferio. En América Latina y el Caribe, iniciativas como el Sistema de Interconexión Eléctrica de América Central (SIEPAC)[[10]](#footnote-11)/ han demostrado el potencial de la cooperación para fortalecer el suministro eléctrico y mejorar su eficiencia.

Los eventos climáticos extremos son una de las principales amenazas para la seguridad energética en el hemisferio occidental, impactando tanto la infraestructura como la provisión de servicios. Los huracanes, sequías e inundaciones han demostrado su capacidad para interrumpir los servicios eléctricos, desde la generación hasta la distribución. En América Latina, las sequías prolongadas han reducido la capacidad de generación hidroeléctrica, una de las principales fuentes de energía en países como Brasil, Ecuador y Paraguay. A esto se suman las altas temperaturas que afectan las redes eléctricas y aumentan el consumo energético en sectores críticos como la refrigeración y la agricultura.

La vulnerabilidad de la infraestructura energética ante estos eventos pone de manifiesto la necesidad de inversiones en resiliencia climática. Esto incluye fortalecer las redes eléctricas, diversificar las fuentes de generación y promover sistemas descentralizados que reduzcan la dependencia de infraestructuras centralizadas y vulnerables. Proyectos como los sistemas de micro redes, ya implementados en algunas partes del Caribe, son un ejemplo de cómo la tecnología puede mitigar estos riesgos y garantizar un suministro estable frente a crisis climáticas.

Las brechas en el acceso a la energía son un desafío persistente en América Latina y el Caribe. Según datos recientes, más de 20 millones de personas en la región no tienen acceso a electricidad, una situación que afecta desproporcionadamente a las comunidades rurales y marginadas. Esto no solo contribuye a perpetuar ciclos de pobreza, sino que también limitan el desarrollo económico y social de los países afectados.

1. Seguridad hídrica

La seguridad hídrica se relaciona con la posibilidad de acceder al agua, en cantidad y calidad adecuadas para el sustento humano, la salud y el desarrollo socioeconómico, considerando las distintas condiciones de los ecosistemas y desarrollando la resiliencia frente a amenazas como la sequía, crecidas y la contaminación.

La seguridad hídrica es una preocupación relativamente nueva que ha adquirido una gran relevancia producto de los efectos combinados de dos factores: una gestión deficiente de las aguas disponibles y el acceso extremadamente desigual al recurso.

Con el 45% de los recursos hídricos del mundo, el desarrollo del Hemisferio se ha visto impulsado inadvertidamente por el agua. Considerada en su conjunto, la región de América Latina y el Caribe es la región más rica del mundo en recursos hídricos y debido a su desigual distribución en diferentes ecosistemas, es imperante desarrollar un uso sostenible del recurso que permita preservar su existencia. Garantizar la seguridad hídrica pasa por ampliar y fortalecer iniciativas que protejan las cuencas hidrográficas promoviendo el desarrollo de infraestructuras sostenibles.

La X Cumbre de las Américas puede jugar un papel importante en avanzar discusiones y acordar acciones conjuntas destinadas a ampliar y fortalecer iniciativas como los Fondos de Agua que buscan proteger las cuencas hidrográficas promoviendo el desarrollo de infraestructuras sostenibles. Estos se definen como mecanismos financieros y de gobernanza especialmente diseñados para conservar y restaurar ecosistemas fundamentales para el abastecimiento de agua.

Como indica el Banco Mundial en su último reporte sobre la importancia de la gestión del agua[[11]](#footnote-12)/, entender el agua como un recurso estratégico, finito y con la necesidad de una gestión apoyada por una buena infraestructura y consciente del entorno, ayudará a los gobiernos a definir mejores políticas y colaborar con diferentes sectores, concientizando sobre la necesidad de ejercer prácticas sostenibles.

De igual forma, no podemos concebir la seguridad hídrica ni garantizarla, sin ponderar propuestas orientadas al rescate de las cuencas, sobre todo aquellas que sirven para abastecer en muchas ocasiones varios países, por lo que se impone repensar un marco normativo que regule un uso compartido sostenible del agua.

Los ríos muchas veces sirven como límite fronterizo nacional, por lo que su protección y regulación de uso compartido no solo es vital para garantizar disponibilidad del recurso, sino también para evitar reclamos de soberanía o asuntos de seguridad nacional a los que suelen prestarse las demarcaciones fronterizas.

Avanzar con las s