OEA - Informe ASCA doc. 84 25 rev. 2 de 2025

PARTICIPACIÓN DE ACTORES SOCIALES EN LAS OEA/Ser.E

ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CUMBRES DE LAS AMÉRICAS ASCA/doc. 84/25rev.2

18 noviembre 2025

Original: Textual

INFORME SOBRE LAS CONSULTAS NACIONALES CON

SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES

CAMINO A LA X CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

(Julio de 2025)

Resumen Ejecutivo 3

Executive Summary 5

Résumé 7

Resumo Executivo 10

ANTIGUA Y BARBUDA 13

ARGENTINA 16

BARBADOS 20

BELIZE 31

BRASIL 35

CANADA 42

CHILE 46

COLOMBIA 51

COSTA RICA 55

DOMINICA 65

ECUADOR 70

EL SALVADOR 74

GRENADA 78

GUATEMALA 81

GUYANA 86

HAITI 89

HONDURAS 92

JAMAICA 95

MÉXICO 99

HAITI 89

HONDURAS 92

JAMAICA 95

MÉXICO 99

PANAMÁ 101

PARAGUAY 105

PERÚ 112

REPÚBLICA DOMINICANA 116

SAINT KITTS AND NEVIS 122

SAINT LUCIA 128

SURINAME 133

THE BAHAMAS 140

TRINIDAD Y TOBAGO 145

UNITED STATES 147

URUGUAY 151

VENEZUELA 156

## Resumen Ejecutivo

En julio de 2025, se llevaron a cabo 31 consultas nacionales de la sociedad civil y actores sociales. Estas fueron convocadas por la entonces Secretaría de Cumbres, actual Departamento de Cumbres de las Américas, en coordinación con el país anfitrión de la X Cumbre de las Américas, el gobierno de República Dominicana. Estas consultas tuvieron como propósito propiciar un diálogo abierto, generar intercambios y formular propuestas en torno al tema central de la X Cumbre de las Américas: “Construyendo un Hemisferio Seguro, Sostenible y de Prosperidad Compartida”, que se celebrará en Punta Cana, en diciembre de 2025.

La participación de más de 400 organizaciones y actores sociales permitió construir un conjunto de recomendaciones en cuatro áreas prioritarias: seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, seguridad hídrica y seguridad energética. Las deliberaciones pusieron de relieve la interdependencia de estos pilares y la urgencia de promover una gobernanza inclusiva y responsable, resiliente frente al cambio climático y orientada al bienestar de las personas.

Los aportes subrayaron principios transversales que deberían guiar las políticas hemisféricas. En primer lugar, la protección de los derechos humanos y la inclusión plena de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, personas LGBTQ+ y personas con discapacidad. En segundo lugar, la consolidación de la buena gobernanza, mediante la lucha efectiva contra la corrupción, el fortalecimiento de la independencia judicial y la rendición de cuentas. En tercer lugar, la necesidad de integrar la acción climática y la resiliencia en todos los sectores, incorporando la reducción del riesgo de desastres, estrategias de adaptación y soluciones basadas en la naturaleza. Finalmente, se resaltó la importancia de profundizar la cooperación regional a través de marcos de colaboración como la OEA y otras organizaciones, la creación de fondos compartidos y el establecimiento de observatorios hemisféricos que permitan abordar de manera conjunta los desafíos transnacionales.

En materia de seguridad ciudadana, los participantes advirtieron que la inseguridad socava la confianza ciudadana, amenaza la democracia y debilita el desarrollo. Las recomendaciones se orientaron a reforzar el Estado de derecho mediante la aplicación rigurosa de los marcos anticorrupción internacionales, el fortalecimiento de la independencia judicial y la garantía de procesos electorales transparentes. Se planteó también la necesidad de políticas inclusivas que aseguren el acceso universal a servicios de salud y educación, en particular para grupos en situación de vulnerabilidad. La juventud fue considerada un actor clave en la construcción de comunidades seguras, proponiéndose programas de formación en valores, mentorías intergeneracionales y oportunidades de participación. La seguridad digital emergió como un desafío creciente, con llamados a establecer marcos normativos que protejan la privacidad y regulen el uso de tecnologías de vigilancia, inteligencia artificial y datos. Asimismo, se destacó la creación de plataformas regionales que fortalezcan la cooperación entre gobiernos locales, universidades y organizaciones sociales en el diseño de estrategias preventivas.

Las recomendaciones sobre seguridad alimentaria identificaron como retos principales la desigualdad, la dependencia de importaciones y los impactos del cambio climático. Se destacó la necesidad de fortalecer la producción local, apoyar a pequeños agricultores, promover huertos comunitarios y consolidar cooperativas rurales. Se subrayó la importancia de políticas fiscales que incentiven el consumo de alimentos nutritivos y limiten productos nocivos, así como de programas de educación en nutrición. La innovación se presentó como un motor de transformación a través de la agroindustria, el aprovechamiento de productos autóctonos y la economía circular, con el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos. La juventud fue nuevamente identificada como actor estratégico mediante programas de capacitación agrícola y oportunidades de emprendimiento en el sector alimentario. Se propuso además fomentar la cooperación regional mediante el intercambio de experiencias sobre cultivos tradicionales y la promoción de espacios que fortalezcan la identidad alimentaria hemisférica.

En el ámbito de la seguridad hídrica, se reiteró que el agua debe ser entendida como un derecho humano y un bien público. Se señaló la necesidad de contar con información desagregada que permita diseñar políticas adaptadas a las realidades específicas, en especial en regiones donde la escasez de agua es un desafío crítico. Las comunidades enfatizaron la importancia de su participación directa en el monitoreo de los recursos hídricos y la integración de saberes ancestrales en la gestión sostenible del agua. Se insistió en el desarrollo de infraestructura resiliente, incluyendo la cosecha de agua de lluvia, los sistemas de alerta temprana y la restauración de cuencas. Se reconoció también la estrecha relación entre la seguridad hídrica y la salud pública, señalando la necesidad de integrar la gestión del agua con los sistemas de atención sanitaria. En el plano normativo, se recomendó emprender reformas participativas que garanticen el acceso equitativo y se rechazó la privatización de este recurso vital. A nivel regional, se propuso la creación de instituciones que fiscalicen y protejan los recursos hídricos.

Las discusiones sobre seguridad energética se centraron en el equilibrio entre el acceso, la asequibilidad y la acción frente al cambio climático. Los aportes destacaron la urgencia de avanzar hacia una transición acelerada a fuentes renovables como la solar, eólica, marina y de biomasa, con metas concretas que permitan medir el progreso. Se promovió la descentralización energética mediante cooperativas y redes comunitarias que garanticen el acceso en zonas rurales y apartadas. La eficiencia y la innovación fueron señaladas como elementos esenciales, con propuestas de actualización de los códigos de construcción, desarrollo de programas de eficiencia en el consumo de energía y exploración de nuevas tecnologías de almacenamiento. Las organizaciones advirtieron sobre el riesgo de prácticas monopólicas en el sector y llamaron a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la regulación. En materia de cooperación regional, se recomendó avanzar hacia la interconexión de redes eléctricas y el comercio energético entre países, como mecanismos para aumentar la resiliencia y reducir los costos.

De manera transversal, las consultas remarcaron que las cuatro dimensiones de la seguridad ciudadana, alimentaria, hídrica y energética son inseparables y requieren sistemas de gobernanza inclusivos, resilientes y centrados en las personas. La sociedad civil y los actores sociales coincidieron en que la construcción de un hemisferio seguro, sostenible y próspero solo será posible si se reconoce a estos sectores como socios plenos en el diseño y la implementación de las políticas públicas.

Las Consultas Nacionales constituyen la antesala de los Diálogos Nacionales, en los cuales representantes de sociedad civil y actores sociales presentan sus propuestas a los Coordinadores Nacionales del Proceso de Cumbres de sus respectivos países, como parte de la fase preparatoria de la X Cumbre de las Américas. Las recomendaciones compiladas en este informe serán remitidas a la Presidencia del Proceso de Cumbres de las Américas, el Gobierno de la República Dominicana y al Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) para su debida consideración.

La organización de las consultas estuvo a cargo de la entonces Secretaría de Cumbres de las Américas de la OEA, actual Departamento de Cumbres de las Américas, con el apoyo de las Oficinas Nacionales de la OEA, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), instituciones que integran el Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC), universidades y organizaciones sociales vinculadas al Proceso de Cumbres de las Américas.

## Executive Summary

During July 2025, a total of 31 national consultations with civil society and social actors were held, convened by the Summits Secretariat (since renamed the Department of Summits of the Americas) in coordination with the host country of the X Summit of the Americas, the Government of the Dominican Republic. The consultations were intended to foster an open dialogue, encourage exchanges, and formulate proposals on Building a Secure and Sustainable Hemisphere with Shared Prosperity,which is the central theme of the X Summit of the Americas, to be held in Punta Cana in December 2025.

The participation of more than 400 organizations and social actors led to the production of a set of recommendations in four priority areas: citizen security, food security, water security, and energy security. The discussions highlighted the interdependence of those pillars and the urgent need for a governance model that is inclusive and accountable, resilient to climate change, and oriented toward people’s well-being.

The contributions highlighted crosscutting principles that should guide hemispheric policies: First, the protection of human rights and the full inclusion of women, youth, Indigenous peoples, Afro-descendants, migrants, LGBTQ+ people, and persons with disabilities. Second, the consolidation of good governance, through the effective combat of corruption and the strengthening of judicial independence and accountability. Third, the need to incorporate climate action and resilience into all sectors, including disaster-risk reduction, adaptation strategies, and nature-based solutions. Finally, the participants highlighted the importance of deepening regional cooperation through collaborative frameworks such as the OAS and other organizations, the creation of shared funds, and the establishment of hemispheric observatories in order to jointly address crossborder challenges.

In the area of citizen security, the participants said that insecurity undermined citizen confidence, threatened democracy, and weakened development. Their recommendations were aimed at strengthening the rule of law by rigorously enforcing international anticorruption frameworks, strengthening judicial independence, and ensuring transparent electoral processes. They also spoke of the need for inclusive policies to ensure universal access to health and education services, particularly for vulnerable groups. Young people were identified as key actors in the construction of safe communities, and proposals were made for training programs on values, intergenerational mentoring, and opportunities for participation. Digital security emerged as a growing challenge, with calls for regulatory frameworks to protect privacy and regulate the use of surveillance, artificial intelligence, and data technologies. Emphasis was also placed on the creation of regional platforms to strengthen cooperation between local governments, universities, and social organizations in the design of preventive strategies.

The food security recommendations identified inequality, import dependency, and the impacts of climate change as the main challenges. The need to strengthen local production, support small farmers, promote community gardens, and consolidate rural cooperatives was highlighted. The participants underscored the importance of fiscal policies to encourage the consumption of nutritious foods and limit harmful products, together with nutrition education programs. Innovation was identified as a driver of transformation through agribusiness, the use of local products, and the circular economy, with the aim of reducing food waste. Young people were again identified as strategic stakeholders through agricultural training programs and entrepreneurship opportunities in the food sector. Proposals were also made to foster regional cooperation through exchanges of experiences on traditional crops and the promotion of venues for strengthening the hemispheric food identity.

In the area of water security, the participants reiterated that water must be understood as a human right and a public good. They pointed to the need for disaggregated information to enable the design of policies adapted to specific realities, especially in regions where water scarcity is a critical challenge. Communities emphasized the importance of their direct participation in the monitoring of water resources and the incorporation of ancestral knowledge into sustainable water management. They emphasized the development of resilient infrastructure, including rainwater harvesting, early-warning systems, and watershed restoration. The close relationship between water security and public health and the need to integrate water management with health care systems were also recognized. In the regulatory sphere, the participants recommended undertaking participatory reforms to ensure equitable

access to this vital resource, and they rejected its privatization. The participants proposed the creation of institutions at the regional level to monitor and protect water resources.

The discussions on energy security focused on the balance between access, affordability, and climate action. Participants highlighted the urgent need to move toward an accelerated transition to renewable sources such as solar, wind, marine, and biomass, with concrete targets against which to measure progress. Energy decentralization could be promoted through cooperatives and community networks to ensure access in rural and remote areas. Efficiency and innovation were identified as key elements, with proposals to update building codes, develop energy efficiency programs, and explore new storage technologies. The organizations warned of the risk of monopolistic practices in the sector and called for greater transparency, accountability, and citizen participation in its regulation. Regarding regional cooperation, they recommended that progress be made with the interconnection of electricity grids and energy trading between countries, as mechanisms to increase resilience and reduce costs.

In their crosscutting contributions, the consultations emphasized that the four dimensions of citizen, food, water, and energy security were inseparable and demanded inclusive, resilient, and people-centered governance systems. The social actors and civil society agreed that building a safe, sustainable, and prosperous Hemisphere would only be possible if those sectors were recognized as full partners in the design and implementation of public policies.

The National Consultations are the prelude to the National Dialogues, at which representatives of civil society and social actors are to present their proposals to their countries’ National Summits Coordinators, as part of the preparations for the X Summit of the Americas. The recommendations compiled in this report will be forwarded to the Government of the Dominican Republic as Chair of the Summits of the Americas Process and to the Summit Implementation Review Group (SIRG) for their consideration.

The consultations were organized by the Summits of the Americas Secretariat (since renamed the Department of Summits of the Americas) with the support of the OAS National Offices, the Mission to Support the Peace Process in Colombia (MAPP/OAS), the institutions that make up the Joint Summit Working Group (JSWG), universities, and social organizations involved with the Summits of the Americas Process.

## Résumé

En juillet 2025, 31 consultations nationales ont été menées auprès de la société civile et des acteurs sociaux. Elles ont été organisées par le Secrétariat aux Sommets, aujourd’hui Département des Sommets des Amériques, en coordination avec le pays hôte du dixième Sommet des Amériques, le gouvernement de la République dominicaine. Ces consultations avaient pour objectif de favoriser un dialogue ouvert, de susciter des échanges et de formuler des propositions autour du thème central du dixième Sommet des Amériques : « Bâtir un continent sûr, durable et marqué par une prospérité partagée », qui se tiendra à Punta Cana en décembre 2025.

La participation de plus de 400 organisations et acteurs sociaux a permis d’élaborer un ensemble de recommandations dans quatre domaines prioritaires : la sécurité des citoyens, la sécurité alimentaire, la sécurité de l’approvisionnement en eau et la sécurité énergétique. Les délibérations ont mis en évidence l’interdépendance de ces piliers et combien il est urgent de promouvoir une gouvernance inclusive et responsable, résiliente face au changement climatique et axée sur le bien-être des personnes.

Les contributions ont mis en avant les principes transversaux qui devraient guider les politiques continentales. Premièrement, la protection des droits de la personne et la pleine inclusion des femmes, des jeunes, des peuples autochtones, des personnes d’ascendance africaine, des migrants, des personnes LGBTQ+ et des personnes en situation de handicap. Deuxièmement, la consolidation d’une gouvernance saine, grâce à une lutte efficace contre la corruption, au renforcement de l’indépendance judiciaire et l’obligation de répondre de ses actes. Troisièmement, la nécessité d’intégrer l’action climatique et la résilience dans tous les secteurs, en incorporant la réduction des risques de catastrophe, les stratégies d’adaptation et les solutions fondées sur la nature. Enfin, l’importance d’approfondir la coopération régionale a été soulignée, à travers des cadres de collaboration tels que l’OEA et d’autres organisations, la création de fonds communs et la mise en place d’observatoires continentaux permettant d’aborder conjointement les défis transnationaux.

En matière de sécurité des citoyens, les participants ont souligné que l’insécurité sape la confiance des citoyens, menace la démocratie et affaiblit le développement. Les recommandations visaient à renforcer l’état de droit par l’application rigoureuse des cadres internationaux de lutte contre la corruption, la consolidation de l’indépendance judiciaire et la garantie de processus électoraux transparents. La nécessité de mettre en place des politiques inclusives garantissant l’accès universel aux services de santé et d’éducation, en particulier pour les groupes vulnérables, a également été soulignée. Les jeunes ont été considérés comme des acteurs clés dans la construction de communautés sûres, et des programmes de formation aux valeurs, de mentorat intergénérationnel et de possibilités de participation ont été proposés. La sécurité numérique est apparue comme un défi croissant, avec des appels à la mise en place de cadres réglementaires protégeant la vie privée et régissant l’utilisation des technologies de surveillance, de l’intelligence artificielle et des données. De même, l’accent a été mis sur la création de plateformes régionales visant à renforcer la coopération entre les gouvernements locaux, les universités et les organisations sociales dans la conception de stratégies préventives.

Les recommandations en matière de sécurité alimentaire ont identifié comme principaux défis l’inégalité, la dépendance vis-à-vis des importations et les répercussions du changement climatique. La nécessité de renforcer la production locale, de soutenir les petits agriculteurs, de promouvoir les jardins communautaires et de consolider les coopératives rurales a été soulignée. L’importance de politiques fiscales encourageant la consommation d’aliments nutritifs et limitant les produits nocifs, ainsi que de programmes d’éducation nutritionnelle, a été mise en avant. L’innovation a été présentée comme un moteur de transformation grâce à l’agro-industrie, à l’utilisation de produits locaux et à l’économie circulaire, dans le but de réduire le gaspillage alimentaire. Les jeunes ont de nouveau été identifiés comme des acteurs stratégiques grâce à des programmes de formation agricole et à des possibilités d’entrepreneuriat dans le secteur alimentaire. Il a également été proposé de promouvoir la coopération régionale par l’échange d’expériences sur les cultures traditionnelles et la promotion d’espaces qui renforcent l’identité alimentaire du continent.

Dans le domaine de la sécurité de l’approvisionnement en eau, il a été réaffirmé que l’eau doit être considérée comme un droit de la personne et un bien public. La nécessité de disposer d’informations ventilées permettant de concevoir des politiques adaptées aux réalités spécifiques a été relevée, en particulier dans les régions où la pénurie d’eau constitue un défi critique. Les communautés ont mis en relief l’importance de leur participation directe au suivi des ressources en eau et à l’intégration des connaissances ancestrales dans la gestion durable de l’eau. L’accent a été mis sur le développement d’infrastructures résilientes, notamment la collecte des eaux de pluie, les systèmes d’alerte précoce et la restauration des bassins versants. Le lien étroit entre la sécurité de l’approvisionnement en eau et la santé publique a également été reconnu, marquant la nécessité d’intégrer la gestion de l’eau aux systèmes de soins de santé. Sur le plan réglementaire, il a été recommandé d’entreprendre des réformes participatives garantissant un accès équitable et la privatisation de cette ressource vitale a été rejetée. À l’échelle régionale, la création d’institutions chargées de contrôler et de protéger les ressources en eau a été proposée.

Les discussions sur la sécurité énergétique ont porté principalement sur l’équilibre entre l’accès, le caractère abordable et la lutte contre le changement climatique. Les contributions ont souligné l’urgence d’embrasser une transition accélérée vers les sources renouvelables telles que l’énergie solaire, éolienne, marine et la biomasse, avec des objectifs concrets permettant de mesurer les progrès accomplis. La décentralisation énergétique a été encouragée par le biais de coopératives et de réseaux communautaires garantissant un accès dans les zones rurales et isolées. L’efficacité et l’innovation ont été identifiées comme des éléments essentiels, avec des propositions visant à mettre à jour les codes de construction, à développer des programmes d’efficacité énergétique et à explorer de nouvelles technologies de stockage. Les organisations ont mis en garde contre le risque de pratiques monopolistiques dans le secteur et ont appelé à renforcer la transparence, la responsabilité et la participation citoyenne dans la réglementation. En matière de coopération régionale, il a été recommandé de progresser vers l’interconnexion des réseaux électriques et le commerce d’énergie entre les pays, en tant que mécanismes permettant d’accroître la résilience et de réduire les coûts.

De manière transversale, les consultations ont mis en évidence que les quatre dimensions que sont la sécurité des citoyens, la sécurité alimentaire, la sécurité de l’approvisionnement en eau et la sécurité énergétique sont indissociables et nécessitent des systèmes de gouvernance inclusifs, résilients et centrés sur les personnes. La société civile et les acteurs sociaux sont convenus que la construction d’un continent sûr, durable et prospère ne sera possible que si ces secteurs sont reconnus comme des partenaires à part entière dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques.

Les consultations nationales constituent le prélude aux dialogues nationaux, à l’occasion desquels les représentants de la société civile et les acteurs sociaux présentent leurs propositions aux coordonnateurs nationaux du processus des Sommets de leurs pays respectifs, dans le cadre de la phase préparatoire du dixième Sommet des Amériques. Les recommandations compilées dans ce rapport seront transmises à la présidence du processus des Sommets des Amériques, au gouvernement de la République dominicaine et au Groupe d’évaluation de la mise en œuvre des initiatives des Sommets des Amériques (GRIC) pour examen.

L’organisation des consultations a été assurée par le Secrétariat aux Sommets des Amériques de l’OEA, désormais Département des Sommets des Amériques, avec le soutien des bureaux nationaux de l’OEA, la Mission d’appui au processus de paix en Colombie (MAPP/OEA), les institutions qui composent le Groupe de travail mixte sur les Sommets (GTCC), les universités et les organisations sociales liées au processus des Sommets des Amériques.

## Resumo Executivo

Em julho de 2025, foram realizadas 31 consultas nacionais da sociedade civil e dos atores sociais, convocadas pela então Secretaria de Cúpulas, atual Departamento de Cúpulas das Américas, em coordenação com o anfitrião da Décima Cúpula das Américas, o Governo da República Dominicana. Essas consultas tiveram por objetivo propiciar um diálogo aberto, gerar intercâmbios e formular propostas em torno do tema central da Décima Cúpula das Américas, “Construindo um Hemisfério seguro, sustentável e de prosperidade compartilhada”, que será realizada em Punta Cana, em dezembro de 2025.

A participação de mais de 400 organizações e atores sociais possibilitou a elaboração de um conjunto de recomendações em quatro áreas prioritárias: segurança cidadã, segurança alimentar, segurança hídrica e segurança energética. As deliberações salientaram a interdependência desses pilares e a urgência de que se promova uma governança inclusiva e responsável, resiliente frente à mudança climática e voltada para o bem-estar das pessoas.

As contribuições ressaltaram princípios transversais que deveriam orientar as políticas hemisféricas. Em primeiro lugar, a proteção dos direitos humanos e a inclusão plena de mulheres, jovens, povos indígenas, afrodescendentes, migrantes, pessoas LGBTQ+ e pessoas com deficiência. Em segundo lugar, a consolidação da boa governança, mediante a luta efetiva contra a corrupção, o fortalecimento da independência judicial e a responsabilização. Em terceiro lugar, a necessidade de que se incorpore a ação climática e a resiliência a todos os setores, integrando a redução do risco de desastres, estratégias de adaptação e soluções baseadas na natureza. Finalmente, ressaltou-se a importância do aprofundamento da cooperação regional, mediante estruturas de colaboração, como a OEA e outras organizações, a criação de fundos compartilhados e o estabelecimento de observatórios hemisféricos que permitam abordar de maneira conjunta os desafios transnacionais.

Em matéria de segurança cidadã, os participantes alertaram que a insegurança corrói a confiança do cidadão, ameaça a democracia e fragiliza o desenvolvimento. As recomendações se voltaram para o reforço do Estado de Direito, mediante a aplicação rigorosa das estruturas internacionais de combate à corrupção, o fortalecimento da independência judicial e a garantia de processos eleitorais transparentes. Suscitou-se também a necessidade de políticas inclusivas que assegurem o acesso universal a serviços de saúde e educação, em especial para grupos em situação de vulnerabilidade. A juventude foi considerada um ator-chave na construção de comunidades seguras, propondo-se programas de formação em valores, mentorias intergeracionais e oportunidades de participação. A segurança digital surgiu como um desafio crescente, com apelos para o estabelecimento de estruturas normativas que protejam a privacidade e regulamentem o uso de tecnologias de vigilância, inteligência artificial e dados. Também se destacou a criação de plataformas regionais que fortaleçam a cooperação entre governos locais, universidades e organizações sociais na formulação de estratégias preventivas.

As recomendações sobre segurança alimentar identificaram como obstáculos principais a desigualdade, a dependência de importações e os impactos da mudança climática. Destacou-se a necessidade do fortalecimento da produção local, do apoio a pequenos agricultores, da promoção de hortas comunitárias e da consolidação de cooperativas rurais. Salientou-se a importância de políticas fiscais que incentivem o consumo de alimentos nutritivos e limitem produtos nocivos, bem como de programas de educação em nutrição. A inovação se apresentou como motor de transformação, por meio da agroindústria, do aproveitamento de produtos autóctones e da economia circular, com o objetivo de reduzir o desperdício de alimentos. A juventude foi novamente identificada como ator estratégico, mediante programas de capacitação agrícola e oportunidades de empreendimento no setor alimentar. Propôs-se, além disso, fomentar a cooperação regional, mediante o intercâmbio de experiências sobre cultivos tradicionais e a promoção de espaços que fortaleçam a identidade alimentar hemisférica.

No âmbito da segurança hídrica, reiterou-se que a água deve ser entendida como um direito humano e um bem público. Salientou-se a necessidade de que se disponha de informações desagregadas que permitam formular políticas adaptadas às realidades específicas, em especial em regiões em que a escassez de água é um desafio crítico. As comunidades enfatizaram a importância de sua part