OEA - Informe XXXIV GAPECA doc. 33 25 de 2025

QUINTA REUNIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES DE OEA/Ser.K./XXXIV

POLÍTICAS PENITENCIARIAS Y CARCELARIAS GAPECA/doc.33/25

DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA 21 octubre 2025

21 y 22 de octubre de 2025 Original: español

Antigua Guatemala, Guatemala

INFORME DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL PRESENTADO POR EL SECRETARIO IVAN MARQUES CONTENTE DURANTE LA SESIÓN INTRODUCTORIA DE LA QUINTA REUNIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES

DE LAS POLÍTICAS PENITENCIARIAS Y CARCELARIAS

DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA

21 de octubre de 2025 – Antigua Guatemala, Guatemala

Muchas gracias, presidente.

Muy buenos días a todos y a todas.

Es un honor dirigirme a ustedes en esta hermosa ciudad de Antigua, Guatemala, con el propósito de avanzar en un tema prioritario para la región: la renovación carcelaria y la transformación de los sistemas penitenciarios hacia modelos más humanos, seguros, eficaces y respetuosos de la dignidad y los derechos humanos.

Nuestra presencia aquí hoy evidencia un compromiso compartido: fortalecer la cooperación y el intercambio de experiencias entre los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, con el objetivo de modernizar las políticas penitenciarias y carcelarias. Estas políticas son un pilar esencial en la consolidación del Estado de derecho, la seguridad ciudadana y la justicia en nuestras sociedades.

Es para mí un privilegio presentar, en nombre de la Secretaría de Seguridad Multidimensional, el informe de avances en el marco de la Quinta Reunión de Autoridades Responsables de Políticas Penitenciarias y Carcelarias de los Estados Miembros de la OEA. Este informe da cuenta del seguimiento a los mandatos emanados de reuniones anteriores y de la Asamblea General, así como de los esfuerzos realizados por la Secretaría para fortalecer las capacidades institucionales de los sistemas penitenciarios de la región.

La OEA, a través de la Secretaría de Seguridad Multidimensional, ha acumulado una amplia experiencia en el intercambio de información y buenas prácticas, el desarrollo de marcos normativos y el diseño de políticas penitenciarias. Hoy deseo destacar algunos de los proyectos más emblemáticos que reflejan ese compromiso.

Permítanme iniciar con el Proyecto “Más allá de los muros: Fortaleciendo las capacidades de gestión del sistema penitenciario de Honduras”, implementado de 2020 a 2022 por el Departamento de Seguridad Pública de esta Secretaría.

El 3 de febrero de 2020, en el marco de la IV Reunión de Autoridades Responsables de las Políticas Carcelarias o Penitenciarias, se firmó en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el acuerdo de cooperación para el desarrollo de una estrategia penitenciaria para Honduras entre la Secretaría General de la OEA y el Gobierno de la República de Honduras, a través del Instituto Nacional Penitenciario.

Este acuerdo reflejó la voluntad del Estado hondureño de transformar su sistema penitenciario conforme a los estándares internacionales y a los principios de derechos humanos.

El acuerdo establecía el desarrollo de un diagnóstico inicial, una estrategia penitenciaria y un plan de acción para fortalecer las capacidades institucionales del INP en el corto, mediano y largo plazo, con base en la realidad del sistema penitenciario hondureño. En ese sentido, este proyecto tuvo como objetivo fortalecer las capacidades institucionales del Instituto Nacional Penitenciario, mejorar la gestión penitenciaria, la calidad de vida de las personas privadas de libertad y del personal, y promover la reinserción social, contribuyendo así al fortalecimiento del Estado de derecho.

El proceso inició con un diagnóstico exhaustivo que hizo un repaso de las condiciones actuales del sistema penitenciario, el funcionamiento de los centros penitenciarios, la capacidad operacional del Instituto Nacional Penitenciario, la modernización de la carrera penitenciaria y los mecanismos de coordinación institucional, entre otros. Se identificaron los principales avances registrados y los principales desafíos para fortalecer el sistema penitenciario.

El diagnostico, que buscó involucrar a todos los operadores vinculados al sistema penitenciario, incluyó encuestas a 1,488 personas privadas de libertad en seis centros penitenciarios y 89 entrevistas a actores clave que incluyeron directores y funcionarios de los centros penitenciarios, agentes penitenciarios, representantes de organismos internacionales y de la sociedad civil, y miembros del poder judicial, incluidos jueces de ejecución y defensores públicos.

Con base en este diagnóstico, se elaboró una estrategia penitenciaria nacional que servirá de guía para las acciones del INP en los próximos años, compuesta por diez ejes estratégicos y 73 líneas de acción.

Los diez ejes prioritarios están orientados a fortalecer la gestión, seguridad y gobernanza del sistema penitenciario, con un enfoque en derechos humanos y reinserción social. Estos abarcan el fortalecimiento institucional mediante la actualización normativa, el desarrollo de manuales y protocolos operativos, y la modernización de la gestión administrativa.

En materia de seguridad y control, promueven la profesionalización del personal, el uso responsable de la fuerza y la incorporación de infraestructura y tecnologías adecuadas.

Asimismo, impulsan la mejora de la infraestructura, el fortalecimiento de los programas de salud, educación y bienestar integral intramuros y un modelo de rehabilitación social, educativa y laboral adaptado a las características de cada población, acompañado de mecanismos de asistencia postpenitenciaria que faciliten la reintegración efectiva.

También contemplan la creación de una academia penitenciaria, la prevención de la corrupción, el desarrollo de sistemas de información y una unidad de inteligencia penitenciaria para sustentar decisiones basadas en evidencia.

Finalmente, la estrategia enfatiza el monitoreo, la evaluación y la rendición de cuentas, mediante unidades de investigación científica, control presupuestario y acceso público a la información, consolidando un sistema penitenciario más transparente, eficiente y humano.

De forma paralela a la elaboración de la estrategia penitenciaria, se elaboró un Plan de Acción, el cual desarrolla las 73 líneas de acción de la estrategia y establece el objetivo principal de cada acción, los responsables y el tiempo en el que deberá ejecutarse cada línea, al tiempo que desglosa las actividades a desarrollarse e indica el resultado esperado con su implementación.

Esta estrategia constituye un instrumento técnico integral que combina planificación, gestión y evaluación con un enfoque de derechos humanos, equidad de género y reinserción social efectiva. Su implementación es un paso decisivo hacia un sistema penitenciario más eficiente, digno y sostenible.

En complemento a los esfuerzos de modernización penitenciaria, la OEA, a través de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), ha impulsado diversas iniciativas para reducir la sobrepoblación carcelaria y promover alternativas al encarcelamiento en 17 Estados Miembros, gracias al liderazgo de los Estados participantes y con el invaluable apoyo de socios como Canadá, Estados Unidos, Italia y Trinidad y Tobago.

Mediante asistencia técnica y promoción de la cooperación horizontal, estos programas:

• Limitan el uso del encarcelamiento a los delitos más graves, descongestionan el sistema penitenciario y limitan el uso de la prisión preventiva, - Y a su vez, promueven la implementación de respuestas orientadas a la integración social alejándose de un enfoque punitivo del sector justicia, creando una vinculación institucional con programas y servicios que propician la integración en las comunidades, incluyendo la perspectiva de género, derechos humanos, considerando edades y el contexto cultural, de conformidad con las legislaciones nacionales y recomendaciones internacionales pertinentes.

En México, gracias al proyecto “Implementación de Programas de Justicia Terapéutica en México”, implementado con el apoyo de Estados Unidos, el Programa de Justicia Terapéutica (PJT) logró un sólido fortalecimiento institucional y expansión, operando actualmente en ocho estados y con catorce estados con capacidades de iniciar, cubriendo las etapas prejudiciales, judicial y de ejecución de la sentencia.

En el marco de este proyecto:

• Se capacitó a más de 3,110 profesionales del sector. - Se elaboraron herramientas estratégicas como la Guía de Servicios Complementarios, el Catálogo de Servicios de Reinserción Social y un Protocolo de Entrevista de Encuadre para desarrollar el Plan de Actividades de Reinserción Social de los participantes. - Se llevaron a cabo 14 reuniones interinstitucionales y 47 talleres, además de la participación en seis eventos nacionales e internacionales.

Este esfuerzo contribuyó directamente a disminuir el uso de la prisión, garantizando acceso a tratamiento para el consumo problemático de sustancias y fomentando la integración social de los participantes.

Asimismo, en Colombia, conjuntamente con el Departamento de Seguridad Pública,2 se desarrolló y piloteó un instrumento técnico para asistir a jueces y defensores públicos en la toma de decisiones, en el marco del proyecto “Uso Inteligente de Alternativas al Encarcelamiento e Imposición de Penas a Través de una Mejor Información en Colombia” con el apoyo de Estados Unidos.

• Este instrumento, desarrollado para la fase de ejecución de la pena, recopila datos e información clave sobre las personas condenadas para fortalecer el diseño de políticas públicas y facilitar, cuando es pertinente, una posible asignación a un programa de alternativas al encarcelamiento. - La fase piloto de esta herramienta incluyó a 526 personas condenadas.

Por otro lado, de la mano del Ministerio de Justicia y del Derecho y otras contrapartes internacionales, la SE-CICAD ha apoyado la implementación de la ley de utilidad pública (2292 del 2023).

• Esta ley creó un mecanismo de pena alternativa para mujeres cabeza de familia o de hogar condenadas por delitos relacionados con las drogas o con una pena de menos de 8 años. - Las penas alternativas de esta ley prevén la prestación de servicios comunitarios. Los resultados del pilotaje indicaron que no se han reportado casos de reincidencia en las personas a quien se otorgó el beneficio. - En total, dentro de este proyecto, se llevaron a cabo 47 espacios de formación entre sensibilizaciones y capacitaciones a operadores y otros actores clave. En estos espacios, participaron un total de 568 profesionales.

De la misma forma, en el Perú, en el marco del proyecto “Justicia Terapéutica para Adolescentes en Conflicto con la Ley con Trastornos por Uso de Sustancias en Perú”, con el apoyo de Estados Unidos, se ha trabajado en el fortalecimiento y la ampliación de los programas de justicia terapéutica dirigidos a adolescentes con consumo problemático de sustancias en conflicto con la ley penal, tanto en la etapa prejudicial como en la de ejecución.

• Los programas tienen como finalidad fortalecer la capacidad institucional para operar programas efectivos de justicia terapéutica, brindar acceso a tratamiento y rehabilitación a adolescentes con trastornos por uso de sustancias, promover una vida libre de drogas y reducir la reincidencia delictiva, así como favorecer su reinserción social y fortalecimiento de vínculos familiares. - La SE-CICAD/UFI facilitó apoyo técnico a través de actividades de sensibilización y capacitación para profesionales del sector justicia y salud, promoviendo la coordinación multisistémica y la revisión de protocolos y documentos operativos del programa. Como resultado, 273 operadores de justicia terapéutica fueron capacitados y sensibilizados en cinco jornadas especializadas. - La implementación se llevó a cabo en los distritos fiscales de Lima Centro, Arequipa, Ayacucho, Callao, Lima Noroeste y Lima Norte, así como en los distritos judiciales de Puente Piedra–Ventanilla, Ayacucho, Callao, Huaura, Lima Este, Lima Norte, Lima Centro y La Libertad.

El proyecto “Correos Humanos de Drogas: Fortalecimiento de Capacidades Institucionales en Derechos Humanos y Género: Prevención, integración social y alternativas al encarcelamiento”, implementado con el apoyo financiero de Canadá/ACCBP, se encuentra actualmente en su primera fase de implementación.

Se trata de un proyecto transversal en el que colaboran varios departamentos y entidades de la OEA. Sus objetivos incluyen la reducción de la sobrepoblación penitenciaria mediante la prevención del reclutamiento y la disminución de la reincidencia de personas utilizadas como correos humanos en el tráfico de droga, mediante el fomento de programas de integración social.

Los países beneficiarios en las Américas son Colombia, Jamaica y Perú. Gracias a la colaboración y a través de la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito, el proyecto se implementa de manera simultánea en Kenia y Sudáfrica.

Actualmente, se están realizando:

• Entrevistas en cárceles e institutos penitenciarios en los países participantes, para la elaboración de diagnósticos situacionales. Se han realizado hasta ahora más de 200 entrevistas en prisiones de Perú y de España donde hay personas cumpliendo sentencia por este motivo. - Basándose en los resultados de los estudios diagnósticos se están llevando a cabo herramientas y protocolos con enfoque de derechos humanos y género. - En 2025 y 2026 se llevarán a cabo capacitaciones para personal vinculado a los distintos procesos involucrados con la problemática de correos humanos, entre ellos, fiscalías, policías, aduanas y servicios sociales.

El proyecto impulsa:

• La adopción de medidas que permitan el fortaleciendo la coordinación interinstitucional entre justicia, seguridad, y procesos de integración social. - Actividades de capacitación y sensibilización que permitirán mejorar las capacidades de los operadores de justicia y control fronterizo para aplicar respuestas proporcionales y con enfoque diferenciado. - El diseño e implementación de modelos especializados de integración social para población que ha sido utilizada como correos humanos de drogas, reduciendo el riesgo de reincidencia y aliviando la presión sobre los sistemas penitenciarios.

Entre 2017 y 2025, en el marco del proyecto “Gestión de Caso y Atención Integral para la Integración Social de Personas en Conflicto con la Ley por Delitos Relacionados con Drogas”, implementado con el apoyo de Estados Unidos, se desarrolló un modelo de colaboración multisectorial entre los sectores justicia, salud y servicios sociales, para facilitar los procesos de integración social de las personas con trastornos por consumo de sustancias en conflicto con la ley por delitos relacionados con drogas.

• En 2023, la SE-CICAD publicó un Manual Técnico de Gestión de Caso y Atención Integral. - En Trinidad y Tobago, se piloteó el modelo con la creación de un programa bajo el liderazgo del Departamento de Libertad Condicional, que desde 2025 funciona de manera permanente y atiende a más de 50 participantes en ambos territorios. - Además, se realizaron actividades de capacitación sobre el modelo en Colombia, Costa Rica, Jamaica y República Dominicana, beneficiando a 323 profesionales; se formaron 26 instructores internacionales para su difusión global; y se desarrolló un modelo adaptado a población adolescente, actualmente en fase de finalización.

Gracias al proyecto “Monitoreo y Evaluación de los Tribunales de Tratamiento de Drogas y otros Modelos de Alternativas al Encarcelamiento” implementado desde el 2018 con el apoyo financiero de Canadá, se ha fortalecido la capacidad institucional de monitoreo y evaluación de programas de alternatividad penal en el hemisferio. En ese marco:

• Se publicó y difundió un Manual Técnico para el Monitoreo y la Evaluación Científica intitulado “Tribunales de Tratamiento de Drogas en las Américas”. - Se fortaleció la capacidad institucional para llevar a cabo monitoreo y evaluación en 10 países del hemisferio: Barbados, Colombia, Costa Rica, Guyana, Jamaica, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago. - Se realizaron estudios diagnósticos en siete países del hemisferio. - Se apoyó la formulación de un cuadro de indicadores sobre alternativas al encarcelamiento que pueden ser aplicados en toda la región.

Paralelamente, el proyecto “Fortalecimiento de las Comunidades Terapéuticas y Centros de Tratamiento en América Latina y el Caribe con Apoyo Italiano (FOCTALI)”, implementado desde 2019 en cuatro fases y con participación de diez países[[1]](#footnote-2), ha promovido el intercambio de buenas prácticas sobre integración social de personas con trastornos por consumo de sustancias en conflicto con la ley penal, incluyendo formación para más de 600 profesionales de las comisiones de drogas y sociedad civil de los países participantes, visitas de estudio a Italia y la elaboración de recomendaciones técnicas, junto a la Comunidad Terapéutica San Patrignano.

Finalmente, el proyecto “Género en el Sistema de Justicia Penal: Alternativas al Encarcelamiento para Delitos Relacionados con Drogas”, apoyado por Canadá/ACCBP, ha impulsado modelos sensibles al género en todas las etapas del sistema de justicia penal. Su primera fase, implementada entre el 2018 y el 2022, produjo diagnósticos en cinco países[[2]](#footnote-3) con el fin de explorar y comprender mejor el nivel de incorporación del enfoque de género en los sistemas de justicia penal, así como un compendio de buenas prácticas sobre alternativas al encarcelamiento por delitos vinculados con drogas desde una perspectiva de género.

La segunda fase, denominada “Promoción del Desarrollo y la Implementación de Alternativas al Encarcelamiento por Delitos Relacionados con Drogas sensibles al Género" e implementada entre 2023 y 2026, apoya a ocho Estados de las Américas[[3]](#footnote-4) en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para incorporar la perspectiva de género en la justicia penal, promoviendo políticas que prioricen la rehabilitación y la reintegración sobre el encarcelamiento. A través de investigaciones regionales, capacitaciones, desarrollo de herramientas técnicas y fortalecimiento de redes interinstitucionales, se promovió el acceso a información sobre delitos relacionados con drogas con enfoque de género, se identificaron buenas prácticas sobre proporcionalidad de las penas y se difundieron alternativas al encarcelamiento, contribuyendo así a sistemas penitenciarios más humanos y sostenibles en la región.

Apreciables ministras, ministros y representantes:

La construcción de sistemas penitenciarios más humanos y eficaces requiere voluntad política, recursos sostenibles y una visión integral que combine seguridad, rehabilitación y reinserción social.

Apreciables ministras, ministros y representantes:

La construcción de sistemas penitenciarios más humanos y eficaces requiere voluntad política, recursos sostenibles y una visión integral que combine seguridad, rehabilitación y reinserción social.

Lo que hoy hemos compartido representa una muestra del amplio trabajo que realiza la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA en apoyo a los Estados Miembros. A través de estos esfuerzos integrales, reafirmamos nuestro compromiso con la cooperación regional, el fortalecimiento institucional y la promoción de políticas públicas más humanas y sostenibles en materia de seguridad y justicia.

Expresamos nuestro profundo agradecimiento a los socios y donantes que hacen posible esta labor, y reiteramos nuestra plena disposición para continuar colaborando con todos ustedes en la construcción de sistemas penitenciarios más justos, inclusivos y centrados en la persona.

Muchas gracias.

Presentación: enlace

RA00380S01

1. Argentina, Chile, Colombia, Guyana, Jamaica, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay. ↑

2. Argentina, Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Jamaica. ↑

3. Argentina, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Jamaica, Perú y Trinidad y Tobago. ↑