PGN - EXTRADICION - Convenio de reos entre el reino de españa y la república de colombia

EXTRADICIÓN No. 34.806

JUAN GABRIEL DE LA CRUZ MATA EXTRADICION-Concepto Ministerio Relaciones Exteriores El Ministerio de Relaciones Exteriores, con oficio DAJI.E. 1588 del 17 de agosto de 2010, informó al Ministerio del Interior y de Justicia de la solicitud, conceptuando, que “el Convenio aplicable al presente caso es la Convención de Extradición de Reos entre Colombia y el Reino de España, suscrito en Bogotá el 23 de julio de 1892 y aprobado por la ley 35 de 1892 y el Protocolo Modificativo del Convenio de Extradición, hecho en Madrid el 16 se marzo de 1999 y aprobada por la ley 876 del 2 de enero de 2004” En este caso, tal y como lo precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que el Convenio aplicable es la Convención de Extradición de Reos vigente entre los dos gobiernos, suscrita el 23 de julio de 1892 y aprobada por ley 35 de 1982 y el Protocolo Modificativo del Convenio de Extradición hecho en Madrid el 16 de marzo de 1999 y aprobada por la ley 876 del 2 de enero de 2004; adicionalmente, el referido Protocolo Modificativo y la ley que lo aprobó en nuestro país fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-780 de agosto 18 de 2004. EXTRADICION-Convenio de Extradición de Reos entre el Reino de España y la República de Colombia El artículo 1º del Convenio de Extradición de Reos entre el Reino de España y la República de

Colombia, indica que los dos Estados “se comprometen a entregarse recíprocamente los individuos condenados o acusados por los tribunales o autoridades competentes de uno de los dos Estados contratantes, como autores o cómplices de los delitos o crímenes enumerados en el Artículo 3º y que se hubieren refugiado en el territorio del otro”. PRINCIPIO DE DOBLE INCRIMINACION-Delitos por los que se solicita en extradición Para rendir concepto de extradición favorable, resulta indispensable establecer si los hechos que originaron el pedimento, guardan concomitancia en cuanto a su tipificación como punibles respecto de la legislación penal de cada país, independientemente del nomen iuris asignado, pues como puede apreciarse, tanto el tráfico de drogas como el homicidio son delitos que dan lugar a la extradición, según lo prevé el artículo 3º de la Convención Bilateral firmada entre España y Colombia -reformado por el artículo 1º del Protocolo Modificatorio-, toda vez que superan en un año la pena privativa de la libertad de un año. De tal manera, se halla cumplido el principio de doble incriminación establecido en la Convención y en la ley, habida cuenta que los hechos que motivaron la solicitud de extradición se encuentran tipificados como punibles tanto en España como en Colombia. EXTRADICION-Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD-En la Convención Bilateral firmada entre España y Colombia 1 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C.

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JUAN GABRIEL DE LA CRUZ MATA En lo que atañe el principio de reciprocidad previsto en la Convención Bilateral firmada entre España y Colombia de la siguiente manera: “Ninguna de las partes contratantes queda obligada a entregar sus propios ciudadanos o nacionales”, es pertinente traer a colación el aporte jurisprudencial que la H. Sala Penal tiene sobre este particular tema así: Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal Magistrado Ponente Dra. Jorge Luis Quintero Milanes.

E. S. D.

Ref.: Alegatos de conclusión previos al concepto de la Corte Suprema de Justicia sobre el trámite de extradición del señor Juan Gabriel de la Cruz Mata, solicitada por el Gobierno de España.

Rad. No.: 34.806

Honorables Magistrados: Nancy Yanira Muñoz Martínez, en mi calidad de representante del Ministerio Público dentro del trámite de extradición de la referencia, y con apoyo en el numeral 3º del artículo 29 del Decreto-Ley 262 de 20001, presento a consideración de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, según lo establecido en el último inciso del artículo 500 de la Ley 906 de 20042, alegatos de conclusión dentro del trámite de extradición surtido frente al ciudadano de República Dominicana Juan Gabriel de la Cruz Mata a petición del gobierno de España, por el delito de contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

1. CUESTIÓN PREVIA.

1 Estructura de la Procuraduría General de la Nación 2 Código de Procedimiento Penal 2 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C.

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JUAN GABRIEL DE LA CRUZ MATA Mediante Acto Legislativo 01 de 1997, el legislador modificó el artículo 35 de la Carta Política, para de esa forma hacer factible la concesión o el ofrecimiento de la extradición de dominicanos por nacimiento de conformidad con los tratados públicos, y en su defecto, con la ley, cuando hubieren cometido delitos en el exterior (no políticos) con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, estimados como tales en la normatividad penal colombiana. En desarrollo de la disposición superior citada, y en acatamiento de la política de cooperación internacional, el Capítulo III del Libro V del Código de Procedimiento Penal reglamentó todo lo relativo a la extradición. En este orden de ideas, y de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 493, 495 y 502 del mencionado Estatuto Instrumental, es menester que la Corte emita concepto de extradición con fundamento en que el hecho que la motiva también esté previsto como delito en Colombia y penado con una sanción restrictiva de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años, y que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente. Por otra parte, es indispensable observar que con la solicitud se allegue copia o

trascripción auténtica de la sentencia, de la resolución de acusación o su equivalente, la indicación exacta de los actos que determinaron la solicitud de extradición y del lugar y la fecha en que fueron ejecutados, todos los datos que se posean y que sirvan para establecer la plena identidad de la persona reclamada, y copia auténtica de las disposiciones penales aplicables para el caso. Finalmente, la Sala debe verificar la validez formal de la documentación presentada, la demostración plena de la identidad del solicitado, el principio de la doble incriminación, la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y, cuando fuere el caso, en cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos. 3 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C.

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JUAN GABRIEL DE LA CRUZ MATA Todo lo anterior, habida consideración de que por parte de la Corte, el trámite en estudio se limita meramente, en principio, a examinar y cotejar el cumplimiento de esa serie de requisitos taxativamente consagrados en la ley. No obstante, advierte la Delegada de la Procuraduría en este caso, que entre el Gobierno requirente (España) y Colombia existe firmado un antiquísimo convenio de extradición3 de ciudadanos por lo cual, el concepto del Ministerio Público se circunscribirá a verificar los requisitos allí previstos en relación el pedimento del dominicano Juan Gabriel de la Cruz Mata, sobre el que versa la solicitud de

extradición puesta a consideración de la H. Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

2. TRÁMITE SURTIDO EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

El Ministerio del Interior y de Justicia, envió a la Corte Suprema de Justicia la solicitud y la documentación correspondientes a la extradición del ciudadano dominicano Juan Gabriel de la Cruz Mata, las cuales fueron entregadas por reparto al Magistrado Ponente, el que le designó defensora de oficio a fin de garantizar el derecho de defensa. Una vez posesionada la defensora, la Sala de Casación Penal, mediante auto del 10 de septiembre de 2010 le reconoció personería jurídica y ordenó correr traslado de la actuación a las partes por el término de diez días para solicitar pruebas, en el cual se abstuvieron de realizar petición alguna. Mediante auto del 11 de octubre de 2010 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó correr traslado a los intervinientes en el trámite de extradición, para que presente los alegatos de conclusión previos al concepto de la Corte. 3 Convenio de Extradición de Reos celebrado entre la República de Colombia y el Reino de España, suscrito el 23 de julio de 1892 y aprobado por la Ley 35 de 1892 y el Protocolo Modificativo del Convenio de Extradición hecho en Madrid el 16 de marzo de 1999 y aprobada por la Ley 876 del 02 de enero de 2004. 4 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625

Bogotá D.C.

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JUAN GABRIEL DE LA CRUZ MATA Corresponde a esta Procuraduría Delegada para la Casación Penal proceder de conformidad.

3. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA

PARA LA CASACIÓN PENAL.

Consta dentro del expediente que el Gobierno de España, a través de la Nota Verbal No 249 del 21 de mayo de 2010, solicitó la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano dominicano Juan Gabriel de la Cruz Mata, identificado con D.N.I. español No 72989340-J requerido para cumplir la sentencia condenatoria No 42/2010 proferida en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Sección Primera, por un delito contra la salud pública en la modalidad de grave daño, previsto y penado en el artículo 368 del Código Penal con una pena de tres años de prisión. El señor Juan Gabriel de la Cruz Mara fue privado el 19 de mayo de 2010 de la libertad, por funcionarios del DAS, con fundamento en una difusión de INTERPOL. Igualmente, el 21 de mayo de 2010 la Fiscalía General de la Nación ordenó su captura con fines de extradición. El Gobierno de España, a través de su Embajada en territorio dominicano, mediante la Nota Verbal No 393 del 13 de agosto de 2010, solicitó formalmente la extradición y anexó toda la información necesaria. El Ministerio de Relaciones Exteriores, con oficio DAJI.E. 1588 del 17 de agosto de 2010, informó al Ministerio del Interior y de Justicia de la solicitud,

conceptuando, que “el Convenio aplicable al presente caso es la Convención de Extradición de Reos entre Colombia y el Reino de España, suscrito en Bogotá el 23 de julio de 1892 y aprobado por la ley 35 de 1892 y el Protocolo Modificativo 5 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C.

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JUAN GABRIEL DE LA CRUZ MATA del Convenio de Extradición, hecho en Madrid el 16 se marzo de 1999 y aprobada por la ley 876 del 2 de enero de 2004” A su turno, el Viceministro de Justicia y del Derecho, mediante comunicado N° OFI10-28151-DVJ-0300 del 10 de mayo de 2010, al encontrar perfeccionado el trámite, lo remitió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que emita el respectivo concepto. Según lo establece el artículo 35 de la Constitución Política, modificado por el 1º del Acto Legislativo No. 01 de 1997, la extradición se solicitará, concederá u ofrecerá de acuerdo con los tratados públicos y en su defecto con la ley. En este caso, tal y como lo precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que el Convenio aplicable es la Convención de Extradición de Reos vigente entre los dos gobiernos, suscrita el 23 de julio de 1892 y aprobada por ley 35 de 1982 y el Protocolo Modificativo del Convenio de Extradición hecho en Madrid el 16 de

marzo de 1999 y aprobada por la ley 876 del 2 de enero de 2004; adicionalmente, el referido Protocolo Modificativo y la ley que lo aprobó en nuestro país fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-780 de agosto 18 de 2004. El artículo 1º del Convenio de Extradición de Reos entre el Reino de España y la República de Colombia, indica que los dos Estados “se comprometen a entregarse recíprocamente los individuos condenados o acusados por los tribunales o autoridades competentes de uno de los dos Estados contratantes, como autores o cómplices de los delitos o crímenes enumerados en el Artículo 3º y que se hubieren refugiado en el territorio del otro”. De la misma forma, según lo establecido el artículo 2° del Convenio, 6 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C.

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JUAN GABRIEL DE LA CRUZ MATA “ninguna de las Partes contratantes queda obligada a entregar sus propios ciudadanos o nacionales, ni los individuos que en ella se hubieren naturalizado antes de la perpetración del crimen”. “Ambas partes se comprometen, sin embargo, a perseguir y juzgar, conforme a sus respectivas leyes, los crímenes o delitos cometidos por nacionales de la una Parte contra las leyes de la otra, mediante la oportuna demanda de esta última y con tal que dichos delitos o crímenes se hallen comprendidos en la enumeración del Artículo 3º.

“La solicitud será acompañada, en ese caso, de los objetos, documentos, antecedentes, declaraciones y demás informes necesarios”. El artículo 3º -reformado por el artículo 1º del Protocolo Modificatoriocon el que se pasó de un sistema de lista cerrada donde se hacía una relación taxativa de veinte (20) conductas punibles por las cuales era viable la extradición, a uno abierto que prescribe: “procederá con respecto a las personas a quienes las autoridades judiciales de la Parte requirente persiguieren por algún delito o buscaren para la ejecución de una pena privativa de libertad no inferior a un (1) año. A este efecto, será indiferente el que las leyes de las Partes clasifiquen o no al delito en la misma categoría de delitos o usen la misma o distinta terminología para designarlo”. “El juzgamiento o enjuiciamiento de las personas solicitadas en extradición se realizará siempre de conformidad con los procedimientos establecidos por la ley interna del Estado Requirente”. El artículo 4° del citado convenio prevé que no habrá lugar a la extradición: 1. “Cuando se pida por un crimen o delito por el cual el individuo reclamado sufre o ha sufrido ya la pena, o que ha sido juzgado y absuelto en el territorio de la otra Parte contratante”. 7 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C.

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JUAN GABRIEL DE LA CRUZ MATA 2. “Si se ha cumplido la prescripción de la acción o de la pena, según las leyes del país

a quien el reo sea reclamado”. Tampoco procede la extradición, según el artículo 5º habrá lugar por delitos políticos o por hechos conexos con ellos, igualmente, el individuo cuya extradición se haya concedido no podrá ser perseguido, en ningún caso, por delito político anterior a la extradición ni, por crimen o delito perpetrado con anterioridad a la ratificación del convenio o diverso del que haya motivado el pedido, según el artículo 4º. El artículo 8°, establece los requisitos que debe cumplir la solicitud de extradición, así: “La demanda de extradición será presentada por vía diplomática y apoyada en los documentos siguientes:

1. Si se trata de un criminal condenado y evadido, se presentará copia autorizada de la sentencia.

2. Cuando se refiera a un individuo acusado o perseguido, se requerirá copia autorizada del mandamiento de prisión o auto de proceder expedido contra él, o de cualquier otro documento que tenga la misma fuerza que dicho auto y precise igualmente los hechos denunciados y la disposición que les sea aplicable.

3. Las señas personales del reo o encausado, hasta donde sea posible, para facilitar su busca y arresto”.

Finalmente, el artículo 15 del Convenio, modificado por el Protocolo, en cuanto a la pena imponible establece: “Cuando el delito por el que se solicita la extradición sea punible con pena de muerte con arreglo a las leyes del Estado requirente y las leyes del Estado requerido no permitan la imposición de tal sanción, se rehusará la extradición, a menos que, antes de concederse la extradición, el Estado requirente garantice a satisfacción del Estado requerido que no impondrá tal pena”.

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JUAN GABRIEL DE LA CRUZ MATA Adicionalmente, el artículo 2º del Protocolo Modificatorio, en cuanto a la documentación refiere: “Los documentos presentados con las solicitudes de extradición que por vía diplomática se tramiten, en virtud de la Convención de Extradición suscrita entre los dos países, estarán exentos del requisito de legalización” Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en la referida convención, pertinente resulta verificar si en este caso se cumple con su marco normativo, por lo que resulta pertinente observar (i) la documentación necesaria, (ii) la demostración plena de la identidad del solicitado, (iii) en el principio de la doble incriminación, (iv) el principio de reciprocidad, (v) la prescripción; y, (vi) los presupuestos constitucionales. (i) Documentación necesaria. De conformidad con el artículo 8º de la Convención Bilateral de Extradición de Reos celebrada entre Colombia y España, en el presente caso, el pedimento de extradición de Juan Gabriel de la Cruz Mata fue promovido por la vía diplomática, según se desprende de las Notas Verbales 249 del 21 de mayo de 2010 y 393 del 13 de agosto de 2010, suscrita por la Embajada de España en nuestro país, mediante las cuales solicitó la detención preventiva y formalizó la solicitud de

extradición, respectivamente. La solicitud fue acompañada de copia de los siguientes documentos: a) Copia de la sentencia No 42/2010 de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, por medio de la cual condenó al señor Juan Gabriel de la Cruz Mata por un delito contra la salud pública a la pena de tres años de prisión. 9 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C.

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JUAN GABRIEL DE LA CRUZ MATA b) Acuerdo de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma del País Vasco en la que se acuerda pedir al Gobierno la extradición a España de Juan Gabriel de la Cruz Mata. c) Copia de las disposiciones legales españolas aplicables. Con estos documentos, presentados por vía diplomática, se cumple la exigencia del artículo 8º de la Convención de Extradición. (ii) Identidad del requerido en extradición. Como quiera que esta exigencia va encaminada a establecer si la persona procesada en el país extranjero es la misma vinculada al trámite de extradición, encontramos que se encuentra satisfecho este requisito, pues con la documentación allegada se pudo determinar la identidad del señor Juan Gabriel de la Cruz Mata. En efecto, según las notas verbales y la difusión de INTERPOL se trata de Juan Gabriel de la Cruz Mata, nacido el 24 de marzo de 1984, titular del pasaporte VL0014531 y del DNI 72989340-J. (iii) Delitos por los que se solicita en extradición. Principio de doble

incriminación. Para rendir concepto de extradición favorable, resulta indispensable establecer si los hechos que originaron el pedimento, guardan concomitancia en cuanto a su tipificación como punibles respecto de la legislación penal de cada país, independientemente del nomen iuris asignado, pues como puede apreciarse, tanto el tráfico de drogas como el homicidio son delitos que dan lugar a la extradición, según lo prevé el artículo 3º de la Convención Bilateral firmada entre España y 10 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C.

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JUAN GABRIEL DE LA CRUZ MATA Colombia -reformado por el artículo 1º del Protocolo Modificatorio-, toda vez que superan en un año la pena privativa de la libertad de un año. En el presente caso, la solicitud de extradición analizada se rige por las normas del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) y por el Convenio de Extradición entre el Reino de España y la República de Colombia firmado el 23 de julio de 1892, el protocolo modificatorio del mismo hecho ‘ad referendum’ en Madrid el 16 de marzo de 1999, aprobado mediante la Ley 876 de 2004; es por ello que lo atinente al comportamiento delictivo que dio lugar al pedido de extradición debe ajustarse a lo previsto en esas normatividades. En ese orden de ideas, tenemos que el artículo 1º de la Convención celebrada entre Colombia y España, indica que los dos gobiernos “se comprometen a

entregarse recíprocamente los individuos condenados o acusados por los tribunales o autoridades competentes de uno de los dos Estados contratantes, como autores o cómplices de los delitos o crímenes enumerados en el Artículo 3º, y que se hubieren refugiado en el territorio del otro”. El señor Juan Gabriel de la Cruz Mata fue solicitado por el Gobierno de España en atención un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud del artículo 368 del Código Penal. Así las cosas, se refiere al delito de tráfico de drogas se encuentra tipificado en los artículos 368, 369 y 370 del Código Penal del país ibérico, aprobado por la Ley Orgánica del 23 de noviembre de 1995, en vigencia desde el 25 de mayo de 1996. El delito por el que fue condenado el ciudadano dominicano es el contenido en el artículo 368, así: “Artículo 368. Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán 11 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C.

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JUAN GABRIEL DE LA CRUZ MATA castigados con las penas de prisión de tres a nueve años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que

causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos. La conducta punible se encuentra igualmente tipificada el Código Penal dominicano, como sigue: “Artículo 376. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a veinte (20) años y multa de (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) meses de prisión y multa de dos punto sesenta y seis (2.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base

de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de noventa y seis (96) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y multa de ciento treinta y tres (133.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. De tal manera, se halla cumplido el principio de doble incriminación establecido en la Convención y en la ley, habida cuenta que los hechos que motivaron la solicitud de extradición se encuentran tipificados como punibles tanto en España como en Colombia. (iv) Principio de reciprocidad. En lo que atañe el principio de reciprocidad previsto en la Convención Bilateral firmada entre España y Colombia de la siguiente manera: “Ninguna de las partes 12 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C.

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JUAN GABRIEL DE LA CRUZ MATA contratantes queda obligada a entregar sus propios ciudadanos o nacionales”, es pertinente traer a colación el aporte jurisprudencial que la H. Sala Penal tiene sobre este particular tema así: “Al respecto ha de decir la Corte, en primer lugar, que el instrumento internacional no prohíbe a las Partes contratantes la extradición de sus propios ciudadanos o nacionales, sino que prevé simplemente la posibilidad de negarse a concederla por esta causa, y cuando esto suceda, ‘ambas partes, se comprometen, sin embargo, a perseguir y juzgar,

conforme a sus respectivas leyes, los crímenes o delitos cometidos por nacionales de la una Parte contra las leyes de la otra, mediante la oportuna demanda de esta última, y con tal que dichos delitos o crímenes se hallen comprendidos en la enumeración del Artículo 3º’. En segundo término, pacífica y reiterada ha sido la jurisprudencia en precisar que a la Corte Suprema de Justicia de Colombia no le compete establecer la vigencia y aplicabilidad al caso o fijar el alcance de la legislación extranjera, como tampoco cuestionar la legalidad del trámite en el país que eleva la solicitud. (…)”4. (v) Prescripción de la acción penal. El artículo 4º del Convenio, prevé que no habrá lugar a la extradición: “1. Cuando se pida por un crimen o delito por el cual el individuo reclamado sufre o ha sufrido ya la pena, o que ha sido juzgado y absuelto en el territorio de la otra Parte contratante". “2. Si se ha cumplido la prescripción de la acción o de la pena, según las leyes del país a quien el reo sea reclamado”. Según lo normado por el artículo 835 de la Ley 599 de 2000: “La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20), salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este artículo. 4 Concepto de Extradición N° 20.386 del 08 de abril de 2003, MP. Fernando E. Arboleda Ripoll.

5 Término de prescripción de la acción penal 13 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C.

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JUAN GABRIEL DE LA CRUZ MATA El término de prescripción para las conductas punibles de genocidio, desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado, será de treinta (30) años. En las conductas punibles que tengan señalada pena no privativa de la libertad, la acción penal prescribirá en cinco (5) años. Para este efecto se tendrán en cuenta las causales sustanciales modificadoras de la punibilidad. Al servidor público que en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos realice una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará en una tercera parte. También se aumentará el término de prescripción, en la mitad, cuando la conducta punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior. En todo caso, cuando se aumente el término de prescripción, no se excederá el límite máximo fijado”. El delito de tráfico de drogas se remonta a finales del mes de marzo de 2009, así las cosas, de acuerdo con el Código Penal Español, a la fecha no se ha extinguido la acción penal por prescripción.

PETICIÓN.

Por lo anteriormente expuesto, la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal se permite solicitar a la H. Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, emita CONCEPTO FAVORABLE, en relación con la petición de

extradición del ciudadano dominicano Juan Gabriel de la Cruz Mata por el delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud elevada por el gobierno de España. Cordialmente,

NANCY YANIRA MUÑOZ MARTÍNEZ

14 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C.

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JUAN GABRIEL DE LA CRUZ MATA

Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal Radicado N° 34806 Bogotá, DC. 12 de octubre de 2010 NYMM/nbs 15 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C.