PGN - JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - Tránsito legislativo para interponer la

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPETICIÓN-Elementos para que proceda la acción Para que proceda la acción de repetición deben concurrir los siguientes elementos: que la entidad pública haya sido condenada al pago de los daños antijurídicos causados o haya acordado mediante conciliación u otro mecanismo alternativo de solución de conflictos dicho pago. Que dicha condena se haya ocasionado por la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario público o un particular que ejerza función pública. Que efectivamente se haya realizado el pago. ACCIÓN DE REPETICIÓN-No se probó el elemento relativo al pago total de la condena por parte de la entidad pública demandante/PRUEBAS-Debe ser demostrado con el documento suscrito por el beneficiario del pago o acreedor del mismo El Ministerio Público considera que en el presente caso, la demandante demostró suficientemente respecto al accionado el primer y segundo elemento, es decir, la condena a la entidad, que surge por la participación del Teniente, en los fatídicos hechos al patrocinar, facilitar y encubrir a los delincuentes que perpetraron la cruel muerte de los funcionarios judiciales en el sitio “La Rochela”, hecho que se evidencia con la copia auténtica de la sentencia del 08 de julio de 1994, la cual fue emitida por el Tribunal Administrativo de Santander, y confirmada en segunda instancia por H. Consejo de Estado, en sentencia de 4 de septiembre de 1997, en donde se accede a las pretensiones de la demanda, documento que fue aportado con las formalidades previstas en el artículo 254 del C.P.C., pero, como bien lo señala el Tribunal de Instancia, al entrar al estudio del

caso concreto, no probó el elemento relativo al pago total de la condena por parte de la entidad pública demandante, elemento que según lo dispuesto por los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 1634 del C.C. debe ser demostrado con el documento idóneo, bien suscrito por el beneficiario del pago o acreedor del mismo, o por la certificación bancaria auténtica que dé cuenta del pago al acreedor del mismo, más no como lo pretende demostrar la accionante, a través de fotocopia autenticada de la Resolución No. 16760 del 31 de diciembre 1997, la cual fue expedida por el Ministro de Defensa de la época, en donde autoriza y reconoce el pago que hay que hacer en razón de la demanda de reparación impetrada, mas no demuestra el pago efectivo realizado al beneficiario o acreedor del mismo. ACCIÓN DE REPETICIÓN-No puede prosperar en razón a que no se acreditó por parte del actor el pago de la condena a través del medio probatorio idóneo Que lo demostrado hasta aquí, queda claro, tal como lo reafirmó el Tribunal Administrativo de Santander en la primera instancia, que al no haberse cumplido con el requisito estudiado por parte de la entidad demandante, por cuanto se trataba de una imposición procesal que correspondía demostrar no pueden prosperar las pretensiones alegadas, para imponer sanción consistente en el pago total o parcial de la suma que la entidad demandante debió reconocer a las víctimas indirectas del daño antijurídico. Por lo tanto, la Procuraduría General de la Nación en función de garantizar la eficacia del

derecho de acción y en representación de los intereses de la sociedad a través de esta Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. Evo Delegada solicita confirmar la sentencia apelada, al no haberse acreditado por parte del actor el pago de la condena a través del medio probatorio idóneo, tal y como lo exigen los artículos 77 y 78 del C.C.A, como requisito de procedencia para poder incoar acción de repetición, y conforme a las normas vigentes para la época de ocurrencia de los hechos. JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Tránsito legislativo para interponer la acción y requisitos para su procedencia 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Evo CONCEPTO No. 96 / 2013

Bogotá, D.C., 06 de mayo de 2013

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor: Mauricio Fajardo Gómez

E. S. D.

EXPEDIENTE: 680012331000200000872 01(45712)

Acción de Repetición

ACTOR: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional DEMANDADO: Luis Enrique Andrade Ortiz Sentido del Concepto: Solicitud de Confirmar de la sentencia apelada / No se demostró el pago de la indemnización de acuerdo a lo prescrito por los artículos 77 y 78 del C.C.A, como requisito para poder acudir en repetición.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y al Patrimonio Público

1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda - hechos La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a través de apoderado

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. Evo judicial, en ejercicio de la acción de repetición consagrada en el artículo 88 del Código Contencioso Administrativo, entabló demanda, contra el señor Luis Enrique Andrade Ortiz, quien actuaba para la época de los hechos como Teniente

del Ejército Nacional, al tener la entidad hoy accionante que desembolsar la suma de doscientos veinticuatro millones cuatrocientos tres mil ochenta y cinco pesos con cuarenta y tres centavos ( $242.403.085.43), por los daños y perjuicios ocasionados con la demanda de Reparación Directa interpuesta por los familiares de la Doctora Mariela Morales Caro, a causa de su fallecimiento en el sitio denominada la Rochela en fecha 18 de enero de 1989, cuando se desempeñaba como Jueza 4ª de Instrucción Criminal Ambulante, reparación a la que accedió el

H. Tribunal Administrativo de Santander el 8 de julio de 1994, y que fuera ratificada por el H. Consejo de Estado el 4 de septiembre de 1997.. 1.2. La contestación 1.2.1. Frente a las pretensiones materia de demanda, el Curador ad litem designado para la defensa del señor Luis Enrique Andrade Ortiz, le da contestación a la demanda manifestando que se allana a la misma, a las pretensiones y que se estará a lo probado. 1.3. Sentencia en primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia de fecha 01 de junio de 2012, resolvió negar las pretensiones de la demanda, basado en los siguientes argumentos (fls. 179 a 186):  Dice que la parte demandante dejó completamente huérfano de prueba un requisito objetivo para la prosperidad de la acción de repetición, incumpliendo así la carga procesal de acreditar los supuestos de hecho de la demanda 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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. Evo referidos al pago, por consiguiente, debe soportar los efectos jurídicos de la omisión en tal sentido, de manera que la Sala se abstendrá de seguir estudiando los demás elementos estructurales, para la procedencia de la pretensiones negando en consecuencia las mismas. 1.4. Argumentos de la apelación El apoderado del ente demandante, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 01 de junio de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en razón a que negó las pretensiones de la demanda, solicitando su revocatoria argumentando lo siguiente:  Consideró que no le asiste razón al a-quo al afirmar que en el caso bajo estudio no se encuentra probado el elemento objetivo que da paso a declarar prospera la acción de repetición; pues de acuerdo al material probatorio aportado con la demanda de repetición, esta claro que la Entidad que representa, cumplió con la obligación surgida de una sentencia condenatoria de la cual fue creador el hoy demandado; y por la cual tuvo que sufragar un pago, que si se analiza razonadamente el material probatorio arrimado a la foliatura, se puede establecer que el dinero salió del patrimonio del Estado, pues no puede el fallador de primera instancia desestimar o poner en tela de juicio una certificación expedida por un agente del estado, sería tanto así como ir en

contravía del principio de la buena fé.  Que prueba de lo anterior es la Resolución No. 0061 del 9 de enero de 2007, mediante la cual se dispuso el pago por valor de ($251.814.795, 96) a favor de Guillermo Alberto Ortiz Castaño, como representante judicial de Wilson Humberto Mantilla; al igual que el certificado expedido por la Secretaria General de la Tesorería del Ministerio de Defensa, en que se da cuenta que 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. Evo efectivamente de realizó el pago de la Resolución 061 a favor del antes mentado.  Por último presenta solicitud especial, para que se requiera a la Tesorería Principal de Mindefensa con el fin de se arrime a la foliatura el comprobante No. 4558 del 21 de agosto de 1998, que hace alusión a la certificación que mal valoró el fallador de primera instancia.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problemas Jurídicos. Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Se encuentra probado en el expediente que el Teniente del Ejército Nacional, señor Luis Enrique Andrade Ortiz, hubiera actuado con culpa grave o dolo en la masacre ocurrida el 18 de enero de 1989, en el sitio denominado la Rochela, que dio lugar a las sentencias condenatorias

contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional proferida por el Tribunal Administrativo de Santander y confirmada por el Honorable Consejo de Estado? 2.1.2. ¿Se cumple con las exigencias de los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo en cuanto a los requisitos de procedibilidad para impetrar la acción de repetición? 2.2. Marco Teórico. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. Evo Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Acción de Repetición.- Tránsito legislativo El Honorable Consejo de Estado respecto al transito legislativo para interponer la acción, ha dicho: “Para dilucidar el conflicto de leyes por el tránsito de legislación, se tiene suficientemente averiguado por la jurisprudencia y la doctrina que la regla general es que la norma nueva rige hacia el futuro, al porvenir, esto es, se aplica a los hechos producidos a partir de su nacimiento y hasta el momento de su derogación; por excepción, puede ser retroactiva, esto es, cobijar hechos o situaciones ocurridas en el pasado y con anterioridad a su vigencia.

Este postulado según el cual, en principio, la ley rige hacia el futuro y no puede ser retroactiva, daría a entender válidamente que los actos o hechos que originaron la responsabilidad civil patrimonial del servidor público, acaecidos con anterioridad a la Ley 678 de 2001 y al inciso según del artículo 90 de la Constitución Política, continuarían rigiéndose por la normatividad anterior, máxime cuando la responsabilidad del agente es subjetiva, en tanto única y exclusivamente compromete su patrimonio por su conducta calificada a título de dolo o culpa grave, de manera que en aras de garantizar el derecho al debido proceso, se impone lo previsto en los incisos segundo y tercero del artículo 29 de la Constitución Política. De acuerdo con la norma anterior, cabe efectuar las siguientes precisiones: Si los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público, son posteriores a la vigencia de Ley 678 de 2001, para determinar y enjuiciar la falla personal del agente público será aplicable esta normativa en materia de dolo y culpa grave, sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter "civil" que se le imprime a la acción en el artículo 2 de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que doctrinal y jurisprudencialmente se han estructurado en torno a la responsabilidad patrimonial por el daño, en lo que no resulte irreconciliable con aquella y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política). Si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la demanda y

posterior condena contra la entidad, fueron anteriores a la expedición de la Ley 678 de 2001, las normas aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. Evo agente público que es la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado. Por consiguiente, si los hechos o actuaciones que dieron origen a la demanda y su posterior condena, son anteriores a la Carta Política de 1991, la normatividad aplicable será la vigente al momento de la conducta del agente público, que correspondía a los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo. En síntesis, en armonía con el derecho constitucional al debido proceso la culpa grave o dolo en la conducta del agente público se debe estudiar de conformidad con las normas vigentes a la fecha o época en que se presentaron las acciones u omisiones que dieron lugar a la sentencia condenatoria contra el Estado o produjeron la conciliación que determinó el pago indemnizatorio a la víctima del daño. 1 Y en la misma sentencia se pronuncio respecto de los requisitos de procedencia de la acción de repetición “En aplicación de lo previsto en los artículos 77 y 78 del Código Contencioso

Administrativo, las condiciones objetivas para que proceda la acción de repetición, como se señaló en esta providencia, consisten en que el Estado haya sido condenado o visto compelido conforme a la ley a la reparación de un daño antijurídico, y que se haya pagado el perjuicio o indemnización impuesto en la condena, todo lo cual debe ser acreditado en el plenario por la entidad pública demandante en el proceso, mediante el aporte de copias auténticas de la sentencia ejecutoriada y copias auténticas de los actos administrativos y demás documentos o pruebas idóneas que demuestren la cancelación de la indemnización del daño; de lo contrario, esto es, si no se cumplen esas dos condiciones y no se acreditan en forma legal dentro del proceso, el Estado no puede ni tiene la posibilidad de sacar avante la acción contra el agente estatal y menos aún la jurisdicción declarar su responsabilidad y condenarlo a resarcir. 2 2.2.3. Constitución Política de Colombia de 1986. Artículo 20.- 1 Consejo de EstadoSección Tercera, Consejera ponente Ruth Estela Correa palacios. Rad. No. 41001-199508354-01 2 Consejo de EstadoSección Tercera, Consejera ponente Ruth Estela Correa palacios. Rad. No. 41001-199508354-01 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.45712 (680012331000200000872 01) . Evo “Los particulares no son responsables ante las autoridades sino por infracción de la Constitución o de las leyes. Los funcionarios públicos lo son por la misma causa y por extralimitación de funciones, o por omisión en el ejercicio de éstas” Artículo 51.- “Las leyes determinarán la responsabilidad a que quedan sometidos los funcionarios públicos de todas clases, que atenten contra los derechos garantizados en este Título” Artículo 62.- “La ley determinará los casos particulares de incompatibilidad de funciones; los de responsabilidad de los funcionarios y modo de hacerla efectiva; las calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos, en los casos no previstos por la Constitución; las condiciones de ascenso y de jubilación; y la serie o clase de servicios civiles o militares que dan derecho a pensión del Tesoro público” 2.2.4. Pruebas en segunda instancia – Procedencia - Principio de Oportunidad Probatoria - se contraría cuando se presentan nuevas pruebas en segunda instancia “Del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo se colige que el período probatorio en la apelación de sentencias, sólo tiene lugar cuando aparecen acreditados algunos de los eventos ahí consagrados. Por ende, en esta oportunidad no se les permite a las partes, como sucede en la primera instancia, allegar o aportar medios probatorios adicionales. En efecto, el hecho que la sentencia apelada negara las pretensiones porque no se acreditó en el proceso algunas situaciones fácticas, no constituye motivo que dé lugar a la presentación de nuevas pruebas en esta instancia; pues dicha

actuación, además de no encontrase descrita en alguno de los casos previstos en el artículo 214 del C. C. A., contraría el principio de la oportunidad probatoria, conforme se lee en sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Consejero Ponente Dr. Hugo Hernando Bastidas, de fecha abril 23 de 2009, en el radicado interno 16965” 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. Evo 2.2.5. Acreditación del pago de la condena para la prosperidad de la Acción de Repetición. Al respecto el H. Consejo de Estado se refrió de la siguiente manera3: "A juicio de la Sala, los documentos relacionados no resultan suficientes para demostrar su cumplimiento efectivo. En efecto, la entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo de la suma dineraria que le fue impuesta por condena judicial, a través de prueba que generalmente es documental, constituida por el acto en el cual se reconoce y ordena el pago a favor del beneficiario y/o su apoderado y por el recibo de pago, de transacción o de consignación y/o paz y salvo que deben estar suscritos por el beneficiario. " Con posterioridad nuevamente refirió4: "De manera que al margen del mérito probatorio de la copia allegada al proceso, la entidad demandante no podía pretender acreditar el pago

con un documento emanado de sus funcionarios y que, además, no da cuenta de que se haya producido el pago efectivo de la condena, pues la orden de pago tan sólo constituye un trámite administrativo que permite viabilizar el desembolso de una suma de dinero con cargo a un rubro presupuestal específico, pero no permite inferir que efectivamente se haya producido el pago a favor del beneficiario de la condena y correlativamente que la entidad se encuentra a paz y salvo por tal concepto. Conforme lo ha expuesto la reiterada jurisprudencia de la Sala, el pago puede acreditarse a través de cualquier medio de prueba, lo esencial es que el elemento de convicción permita inferir que la obligación ha sido efectivamente satisfecha, esto es, que no exista duda alguna en relación con el hecho de que el beneficiario de la condena ha recibido lo adeudado y, El tal 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra, Bogotá, Ocho (8) de Marzo de dos mil Siete (2007) Radicación número: 05001-23-31-000-1997-00999-01 (25749) Actor: NaciónMinisterio de DefensaPolicía Nacional, Demandado: Walter Siachoque castro y Carlos Vicente Calderón España. Acción de Repetición 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra, Bogotá, Ocho (8) de Marzo de dos mil Siete (2007) Radicación número: 05001-23-31-000-1997-00999-01 (25749)

Actor: NaciónMinisterio de DefensaPolicía Nacional, Demandado: Walter Siachoque castro y Carlos Vicente Calderón

España. Acción de Repetición 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. Evo efecto, el interesado puede, bien allegar el documento pertinente suscrito por quien recibió el pago en eL cual conste tal circunstancia o bien el paz y salvo expedido por el beneficiario o la declaración de éste en el mismo sentido. A este respecto la Sala ha precisado: "Lo anterior, por cuanto quien alega haber efectuado un pago, debe probar plenamente que así fue (art. 1626 Y 1757, C.C.), siendo insuficiente su sola afirmación en tal sentido; conforme lo dispone el C.P.C. (art. 232), en principio la prueba de los pagos realizados debe constar por escrito, pero en casos como el presente, no basta que la entidad pública, parte demandante en el proceso, interesada en obtener la condena del demandado, aporte documentos emanados de sus propias dependencias, tales como el acto administrativo de reconocimiento de la obligación, la liquidación de la misma V la orden de pago al acreedor o beneficiario, si en ellos no consta la manifestación expresa de éste sobre su recibo a entera satisfacción, requisito indispensable que brinda certeza sobre el cumplimiento de la

obligación. "En las anteriores circunstancias, y ante la ausencia de la prueba del pago efectivo de la indemnización a la que fue judicialmente condenada la entidad demandante, requisito que es fundamental para la prosperidad de las pretensiones, como que es el que habilita a la Administración para repetir en contra de sus funcionarios o ex funcionarios, resulta imposible acceder a las mismas (. .. )". En el mismo sentido se pronunció la Sala en reciente sentencia del 8 de julio de 2009: " .. .En relación con el caso concreto es necesario resaltar, tal y como se expuso en sentencia proferida por la Sala el 10 de octubre de 2008, que si la responsabilidad cuya declaratoria se pretende se deriva directamente del pago de una condena judicial por parte la entidad pública por razón de la actuación dolosa o gravemente culposa de los demandados, lo mínimo que se debe acreditar es la realización efectiva de dicho pago, para lo cual se requiere una constancia de la cancelación de la indemnización que hubiere emanado de la beneficiaria y/o acreedora que hubiere recibido dicho pago ... " 2.3. Las pruebas obrantes: 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. Evo 2.3.1. Para efectos del presente concepto es preciso destacar las siguientes pruebas que en su momento se arrimaron al plenario, esta son:

 De (fls. 6 a 8 C.Ppal) copia de la Resolución No. 16760 de fecha 31 de diciembre de 1997, mediante la cual se da cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal de Santander, del 8 de julio de 1994 y revocada parcialmente por el Consejo de Estado el 4 de septiembre de 1997, disponiendo el pago de la suma de $242.403.085.43 a favor de Sergio Andres y Nicolás Gutiérrez Morales.  A (fl. 9 del C.Ppal) copia de la Resolución No. 02816 de julio 9 de 1998, por medio de la cual se aclara la Resolución No. 16760, en el sentido de decir que el pago ordenado se haga a favor del Doctor Olegario Gutiérrez Cruz, quien actuó en nombre propio y en representación de sus hijos Sergio Andres y Nicolás Gutiérrez Morales.  A (fl. 10 del C.Ppal) certificación expedida por el Tesorero Principal de Mindefensa, de fecha 22 de febrero de 2002, manifestando que la Resolución No. 16760 del 31 de diciembre de 1997, fue cancelada al señor Olegario Gutiérrez Cruz con el comprobante de egreso No. 4558 del 21 de agosto de 1998, por valor de $ 242.403.085.43 m/cte.  De (fls. 11 a 41 C.Ppal) copia auténtica del proceso contencioso administrativo de reparación directa, adelantado por el Tribunal Administrativo de Santander, donde mediante sentencia del 8 de julio de 1994, declara administrativamente responsable al Mindefensa por los

hechos acaecidos el día 18 de enero de 1989, en los cuales resultó muerta la Doctora Mariela Morales Caro. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. Evo  De (fls. 44 a 63 del C.Ppal) copia de la segunda instancia proferida por el Consejo de Estado de fecha 4 de septiembre de 1997, confirmando lo decidido en la sentencia del 8 de julio de 1994. 2.4. Caso concreto Antes de entrar al análisis del caso en estudio, hay que hacer mención que para que proceda la acción de repetición deben concurrir los siguientes elementos:

1. Que la entidad pública haya sido condenada al pago de los daños antijurídicos causados o haya acordado mediante conciliación u otro mecanismo alternativo de solución de conflictos dicho pago.

2. Que dicha condena se haya ocasionado por la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario público o un particular que ejerza función pública.

3. Que efectivamente se haya realizado el pago.  El Ministerio Público considera que en el presente caso, la demandante demostró suficientemente respecto al accionado el primer y segundo elemento, es decir, la condena a la entidad, que surge por la participación del teniente Luis

Enrique Andrade Ortiz, en los fatídicos hechos al patrocinar, facilitar y encubrir a los delincuentes que perpetraron la cruel muerte de los funcionarios judiciales en el sitio “La Rochela”, hecho que se evidencia con la copia auténtica de la sentencia del 08 de julio de 1994, la cual fue emitida por el Tribunal Administrativo de Santander, y confirmada en segunda instancia por H. Consejo de Estado, en sentencia de 4 de septiembre de 1997, en donde se accede a las pretensiones de la demanda, documento que fue aportado con las formalidades 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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. Evo previstas en el artículo 254 del C.P.C., pero, como bien lo señala el Tribunal de Instancia, al entrar al estudio del caso concreto, no probó el elemento relativo al pago total de la condena por parte de la entidad pública demandante, elemento que según lo dispuesto por los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 1634 del C.C. debe ser demostrado con el documento idóneo, bien suscrito por el beneficiario del pago o acreedor del mismo, o por la certificación bancaria auténtica que dé cuenta del pago al acreedor del mismo, más no como lo pretende demostrar la

accionante, a través de fotocopia autenticada de la Resolución No. 16760 del 31 de diciembre 1997, la cual fue expedida por el Ministro de Defensa de la época, en donde autoriza y reconoce el pago que hay que hacer en razón de la demanda de reparación impetrada, mas no demuestra el pago efectivo realizado al beneficiario o acreedor del mismo.  Igualmente invoca, que se tenga como plena prueba del pago efectivo, la certificación expedida por el Tesorero Principal de Mindefensa, de fecha 22 de febrero de 2000, la que reza que la Resolución 16760 del 31 de diciembre de 1997, fue cancelada al señor Olegario Gutiérrez Cruz, con el comprobante de egreso No. 4558 del 21 de agosto de 1998 por valor de $ 242.403.085.43 m/cte, el cual, la parte actora de manera especial solicita dentro de recurso de apelación en estudio, que se requiera a la Tesorería del Mindefensa a efectos de se arrime a la foliatura, en razón que para el momento en que fue presentada la demanda, las autoridades judiciales administrativas, en sus posiciones no analizaban como requisito probatorio para demostrar el elemento objetivo frente a la acción de repetición, petición a la que no se debe acceder por encontrarse precluido el término para practicar lo solicitado, conforme lo dispone los artículos 118 y 184 del C.P.C., además de que no existía impedimento alguno para que el mismo hubiese sido aportado o solicitado desde el momento mismo de interponer la demanda. 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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