PGN - PRINCIPIO DE LEGALIDAD - Se concreta con la creación de los tipos disciplinarios

EXTRALIMITACION DE FUNCIONES-Adelantar actuaciones disciplinarias, proyectando autos sobre expedientes en su contra y que no estaban a su cargo COMPETENCIA-Al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación TIPICIDAD-Tipos disciplinarios Los tipos disciplinarios son normas con estructura de reglas primarias, es decir que están constituidas por un precepto o supuesto de hecho y por una sanción o consecuencia. El precepto a su vez describe: I. el incumplimiento de deberes; II. la extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones y III. las prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses. PRINCIPIO DE LEGALIDAD-Se concreta con la creación de los tipos disciplinarios Está consagrado, en el derecho disciplinario, en el artículo 4 de la Ley 734 de 2002, en los siguientes términos: El servidor público y el particular en los casos previstos en este código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización. Este principio, en términos generales,se concreta en tres aspectos: I. En la existencia de una ley previa que determine la conducta objeto de sanción; II. En la precisión de la ley para determinar la conducta objeto de reproche y; III. En la precisión de la ley al determinar la sanción que ha de imponerse. Con el principio de legalidad se busca recortar al máximo la facultad discrecional de la administración en ejercicio del poder sancionatorio que le es

propio. (Énfasis añadido). EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES-Al adelantar procesos disciplinarios en su contra sin que le hubieren sido asignados CONDUCTA-Se adecua a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 734 de 2002 Al haber proyectado autos de archivo que no se encontraban asignados por reparto, procesos que seguían en su contra y en los cuales no mediaba la autorización, acuerdo o consenso que permitiera interpretar que le ayudaría a su compañera, con base en las directrices dada por su superior. Por lo anterior, se encuentra demostrada y adecuada la falta disciplinaria imputada. ILICITUD SUSTANCIAL-Afectación del deber funcional Con el fin de establecer si una conducta es o no sustancialmente ilícita, es preciso indagar por el resultado práctico o por la afectación efectiva del interés jurídico que persigue. Las normas disciplinarias tienen como finalidad encauzar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento Rad. N.° 161-7181. IUS-2013-300208 (IUC-D-2013-812-641409) de los cometidos fines y funciones estatales, el objeto de la protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas, el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública Vistas así las cosas, es la afectación del deber funcional el que determina la antijuridicidad, no se trata de un desconocimiento o una simple infracción del deber legal, sino que impone que sustancialmente se atente contra el Estado, sus fines en el marco de la prestación del servicio, o el desarrollo de la labor, o “su campo dinámico, que es el mismo práctico, que

concreta objetivamente la acción respecto de la cual se va a predicar la contrariedad del ordenamiento disciplinario DEBER FUNCIONAL-Su afectación determina la antijuridicidad FUNCION PUBLICA-Principios De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 734 de 2002, la función pública presupone el cumplimiento de principios como la moralidad, la transparencia, la objetividad, la legalidad, la honradez, la lealtad, la igualdad, la imparcialidad, la celeridad, la publicidad la economía, la neutralidad, la eficacia y eficiencia que debe observar cualquier servidor público en el desempeño de su empleo cargo o función. Elementos intrínsecos de la actuación del empleado, y que fueron valorados en la conducta desplegada por el Dr. … y que fueron determinantes en la formulación del pliego de cargos y el fallo del a quo, y que pasarán a ser determinantes en el análisis de la ilicitud sustancial. En el diseño institucional de la entidad considera la Sala que los valores éticos y morales imponen límites a la competencia. En tratándose de la función pública, existen principios que deben regir el comportamiento del conjunto de los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación, como son la integridad en el comportamiento de las personas y las organizaciones, la confianza interpersonal e institucional, la transparencia en las decisiones y en el quehacer entre otras (Énfasis añadido). Y es que el campo dinámico en la prestación del servicio de la entidad impone un deber transparente en el desempeño de los cargos, ínsito al desarrollo de sus funciones y que propugna por generar confianza y

certeza en los actos que se investigan y que contrarían la gestión indebida en el sector público, esto en concordancia con los principios del servidor consagrados en el artículo 22 de la normativa disciplinaria. FUNCION PUBLICA-Fundamento legal/FUNCION PUBLICA-Sustanciar casos que investigan conductas propias vulneran sus principios Aunque pudiera concluirse que la función de sustanciación corresponde a varios de los abogados de la regional, estima la Sala que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 del C.D.U., los valores insignias de la institución como la confianza y la transparencia, la objetividad y la neutralidad, le imponían al disciplinado un especial deber de apartarse y sustraerse del conocimiento de los negocios que se seguían en su contra. En esa medida, los actos que se realizaron con el fin de obtener los expedientes físicos, no asignados, generaron la decisión de anular las decisiones sustanciadas, por parte del procurador regional. Más allá de los motivos que tuviera el disciplinado para la sustanciación de las providencias, o la autorización o consenso para proyectar los archivos, las situaciones descritas contradicen y lesionan los objetivos de la institución que propende hacía la transparencia y probidad de sus actuaciones, y que no puede dar lugar a conductas que controviertan la imparcialidad, neutralidad y confianza. El sustanciar casos en los cuales se investigan conductas propias, vulnera los principios que rigen la función pública, los valores y la ética de la institución, e imponen restricciones mínimas a la competencia. Actuar en actuaciones seguidas contra él, sin el consenso del compañero y presentar un trabajo a base de

argucias, afecta sustancialmente la dinámica de la institución y sitúa al funcionario en un marco de incompetencia y desconfianza, que en este caso, vulneró materialmente los 2 Rad. N.° 161-7181. IUS-2013-300208 (IUC-D-2013-812-641409) principios ya señalados, razón por la cual se considera que la actuación es antijurídica. PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN NORMATIVA-No se evidencia su vulneración El engaño, las artimañas de las que hizo uso, evidencian la planeación que realizó a efectos de sustanciar los providencias de archivo, lo cual desplego con la convicción de que obtendría un beneficio personal mas no institucional, del que no puede predicarse buena fe y que riñe con los valores de la institución, en especial, la confianza y la transparencia, la objetividad y la neutralidad que deben prevalecer en las actuaciones desplegadas. La afectación sustancial resulta evidente e incontrovertible. El funcionario debió cumplir los principios propios de la función pública, y lo dispuesto en el artículo 22 del C.D.U. CULPABILIDAD-Requisitos como causal de exclusión de responsabilidad El precedente del Consejo de Estado ha sido uniforme en señalar que “esta causal de exclusión de responsabilidad conlleva dos requisitos que deben confluir para que sea aceptada por la autoridad disciplinaria a saber: i) Que exista un convencimiento errado y ii) Que el error sea invencible. El primero de los eventos citados se materializa cuando el disciplinado actúa con la total y sincera creencia de que lo hace conforme lo señala el

ordenamiento jurídico, esto es, su proceder lo efectuó de buena fe. El segundo ítem hace alusión a que el error sea invencible, lo que quiere significar que no era humanamente superable en consideración a las condiciones personales del servidor público y las circunstancias en las que se ejecutó la conducta. En palabras de dicha Corporación, el error es invencible cuando « […] su entidad sea tal que sea imposible salir de la equivocación […]» lo que implica que «[…] solo se puede eximir de responsabilidad cuando el ilícito disciplinario se comete de buena fe o por ignorancia invencible ERROR INVENCIBLE-Creencia plena y sincera de que actuaba ajustado al ordenamiento jurídico y que no era humanamente superable De lo dicho emerge con nitidez que se necesitan los siguientes elementos para que se configure la causal de exclusión contenida en el inciso 6º del artículo 28 de la Ley 734 de 2002: i) que exista un convencimiento errado y ii) que el error sea invencible, lo que procede a estudiar la Sala, a continuación. Ahora bien, en relación con el error invencible, debe la Sala analizar la posible previsión o conocimiento que pudiera tenerse con la conducta, tenemos que el Dr…., en su versión libre manifestó que: “ si bien a los servidores públicos se les exige un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, pero en este caso que es de fuerza mayor, debido a que en la naturaleza del ser humano buscar su autoprotección”, insiste además que no existió afectación del deber funcional. (Énfasis añadido). ILICITUD SUSTANCIAL-El Disciplinado tenía conocimiento de su conducta infractora A juicio de la Sala, los actos ejecutados por el Dr…, se realizaron con el conocimiento de la

ilicitud, y el quebrantamiento de principios como la transparencia, la confianza, la objetividad, que no pueden ocultarse con alegar la autorización o consenso en el préstamo de un expediente. La conducta desplegada por el exfuncionario lo sitúa en el umbral del reproche disciplinario, sin que pueda predicarse en este caso, la buena fe o la fuerza mayor. Fundamenta además su actuación en un instinto “autoprotector”, fundamento insuficiente a 3 Rad. N.° 161-7181. IUS-2013-300208 (IUC-D-2013-812-641409) efectos de la trasgresión de los valores propios de la función pública, que son aún más exigibles de la institución, y de sus funcionarios, principios que de sobra conoce en razón de del cargo desempeñado y porque constantemente manejó las implicaciones de su infracción. Realizar y ejecutar estos actos en la penumbra del engaño e intentar mantenerlo, permiten a la Sala inferir el conocimiento de la ilicitud. Si su actuar fue tan diáfano, ¿Por qué no consultó con su superior y colega lo que iba a proyectar? Suscita perplejidad que en su versión libre manifestó que había cometido un error en haber bajado la providencia el mismo, lo cual se corrobora con la documental que obra a folio 312 del cuaderno No 2 de la actuación disciplinaria, creando confusión en su superior, quien tuvo que investigar el asunto. Dejar el nombre de su colega como sustanciadora, convalida el hecho de que conocía que sustanciar un archivo en el que se investigaba el mismo, presentaba un límite a sus competencias.

Desde esta perspectiva, no es factible creer que el actor actuó bajo la convicción errada e invencible de que no se encontraba ante una actuación ilícita. PRINCIPIO INDUBIO PRODISCIPLINADO-Aplicación El artículo 142 de la Ley 734 de 2002 consagra que “No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado”. Es así como proferir una condena en materia disciplinaria exige la convicción y la certeza de que el servidor público incurrió en la falta que se le imputa y, en caso de duda, esta debe resolverse a favor de quien es objeto de investigación. Se alega por parte del disciplinado una evidente contradicción en las declaraciones que obran en la actuación disciplinaria, en lo que tiene que ver con la autorización para proyectar los archivos en los radicados 901-2013 y 919-2013, IUS 100685-2013. Al respecto, de las pruebas recaudadas se encuentra por parte de la Sala que en contraste con las discordancias alegadas, la versión libre rendida por el disciplinado y las providencias de archivo permiten a este órgano colegiado inferir que no existía tal autorización y, por el contrario, se prestaron los expedientes de manera acomodada, disfrazando las reales intenciones del disciplinado, quien en ningún momento fue hablar de su caso con el Dr. …, - su superior-, tal y como se desprende de lo narrado en ese testimonio En suma, las anteriores razones generaron a la Sala total certeza respecto de los actos que sin duda constituyen serios indicios de las intenciones camufladas del Dr. …, motivo por el

cual no hay lugar a la aplicación del principio de “in dubio pro disciplinado”. 4 Rad. N.° 161-7181. IUS-2013-300208

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SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil dieciocho (2018) Aprobado en Acta de Sala Extraordinaria No. 26 Radicación N.°: 161-7181. IUS-2013-300208 (IUC-D-2013-812641409) Disciplinado: GUSTAVO ADOLFO ROLÓN OMAÑA Entidad y cargo: Profesional Universitario Grado 17, adscrito a la Procuraduría Regional de Arauca

Quejosa: INFORME SERVIDOR PÚBLICO VEEDURÍA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Fecha de la queja: 4 de septiembre de 2013

Fecha de los hechos: 22 de agosto de 2013

Asunto: Apelación fallo de primera instancia

P.D. Ponente: Dr. JAIME MEJÍA OSSMAN.

I. ASUNTO POR TRATAR Procede la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación a resolver el recurso de apelación interpuesto por el sancionado Dr. GUSTAVO ADOLFO ROLÓN OMAÑA contra el fallo de primera instancia del 14 de diciembre de 2017, proferido por la Veeduría de esta entidad, que lo declaró responsable de los cargos formulados en el correspondiente pliego y le impuso la sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo por el lapso de un (1) mes, e inhabilidad especial por el mismo término. Dada su desvinculación laboral, la

sanción se convierte al salario básico devengado para el 23 de agosto de 2013, en la suma de $3.808.845.

II. HECHOS Mediante Oficio PARA-2469 del 29 de agosto de 2013, se puso en conocimiento de la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación, los hechos ocurridos en la Procuraduría Regional de Arauca, y que a raíz de la visita que hiciera el asesor de la Oficina de Planeación1 fueron detectados. Se 1 Esta visita fue solicitada por el Procurador Regional de Arauca (E) William Jairo Martínez Hernández. El Asesor de Planeación solicitó la clasificación y depuración de los radicados internos que estaban aumentando considerablemente las estadísticas de la regional. Se encontró que en el trabajo presentado por el doctor Gustavo Adolfo Rolón Omaña se hablaban dos archivos radicados internos que estaban asignados a la Doctora Isabel

5 Rad. N.° 161-7181. IUS-2013-300208 (IUC-D-2013-812-641409) hizo mención de la conducta irregular por parte del Dr.GUSTAVO ADOLFO ROLÓN OMAÑA, funcionario de dicha regional, quien adelantó actuaciones disciplinarias, proyectando autos sobre expedientes que no estaban a su cargo, sino a cargo de la Dra. Isabel Teresa Martínez Peña, funcionaria adscrita a la dependencia y que adelantaba la investigación contra dicho funcionario. ANTECEDENTES PROCESALES La Veeduría asumió el conocimiento de las diligencias y, por medio de auto del 29 de noviembre de 20132, ordenó apertura de la investigación disciplinaria, con el fin de verificar la presunta conducta irregular del

funcionario Dr. GUSTAVO ADOLFO ROLÓN OMAÑA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo152 del CDU. El 21 de abril de 2014, fue rendida versión libre y espontánea3 y el 17 de febrero de 2015 la Veeduría declaró el cierre de la investigación disciplinaria. Seguidamente, mediante auto del 11 de abril de 2016, le formuló el siguiente cargo único al disciplinado: “El Dr. GUSTAVO ROLON UMAÑA, (…) quien para la época de los hechos investigados se desempeñaba como profesional grado 17, adscrito a la Procuraduría Regional de Arauca, proyectó para el día 22 de agosto de 2013, dos (2) autos de archivo en expedientes del mismo número que eran adelantados en su contra y que se encontraban a cargo de la Dra. ISABEL TERESA MARTÍNEZ PEÑA. “Con el comportamiento descrito anteriormente, presuntamente se incurrió en la siguiente falta disciplinaria contenida en la Ley 734 de 2002: “artículo 23. La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en éste Código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen e inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento. (negrillas fuera de texto)4.

Igualmente esta presunta extralimitación de funciones está contenida en el Código Disciplinario Único, como una de las primeras formas de prohibición, la cual, según lo establecido en el numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002: artículo 35 Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido 1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, Teresa Martínez Peña y cuyo disciplinado era Gustavo Rolón Omaña. 2 Confrontar a folio 43 del Cuaderno No. 1 de la actuación disciplinaria. 3 Confrontar folios 89 a 100 del Cuaderno No. 1 de la actuación disciplinaria. 4 Confrontar folios 131 vuelta del Cuaderno No. 1 de la actuación disciplinaria. 6 Rad. N.° 161-7181. IUS-2013-300208 (IUC-D-2013-812-641409) los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo. (negrillas fuera del texto)” La falta fue calificada provisionalmente como grave a título de dolo, pues consideró que las pruebas obrantes en el proceso permiten señalar que el posible comportamiento fue realizado a sabiendas de su cargo, y las funciones que le competen, pues procedió a proyectar decisiones de manera irregular, específicamente, decidir casos que no se encontraban asignados. Se

consideró además, que las motivaciones para proceder a realizar dichos actos, obedecen a favorecerse en actuaciones disciplinarias que se adelantaban en su contra. El auto de cargos fue notificado al disciplinado el 3 de mayo de 2016 y se corrió traslado para que se presentaran en el término de diez (10) días hábiles sus descargos y solicitara las pruebas que considerara pertinentes.5 Mediante auto del 5 de julio de 2016, fueron resueltas las nulidades planteadas en el escrito de descargos.6 Y, mediante providencia del 25 de julio de 2016, fue resuelto el recurso de reposición contra el auto que negó la declaratoria de nulidad, confirmando la decisión. Se decretaron como pruebas la declaración de Isabel Teresa Martínez Peña, William Jairo Martínez Fernández, la realización de la visita especial a la Procuraduría Regional de Arauca, con el fin de constatar el trámite dado a los radicados internos No. 901-2013 y 919-2013 (IUS 100685-2013), en los cuales figuró como sujeto disciplinado el Dr.GUSTAVO ADOLFO ROLÓN OMAÑA.7

III. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA En fallo proferido el 14 de diciembre de 2017, la Veeduría sancionó Dr.

GUSTAVO ADOLFO ROLÓN OMAÑA, con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un mes, e inhabilidad especial por el mismo término. Ante la desvinculación del disciplinado, se convirtió la sanción en la suma de $3’808.845.oo, correspondiente a un mes de salario para el año 2013. Los

argumentos del fallo se contraen a resolver los siguientes aspectos: En relación con la tipicidad de la conducta consideró que con fundamento en las funciones que desempeñaba el disciplinado como Profesional Universitario 5 Confrontar folio 147 del cuaderno 1 de la actuación. 6 Confrontar folio 182 del Cuaderno No. 1 de la actuación disciplinaria. La solicitud de nulidad fue negada por cuanto la solicitud carece de los contenidos en las clausulas previstas para tal efecto, según el artículo 143 de la Ley 734 de 2002, en especial, los principios que orientan su declaratoria, los cuales están previstos en el artículo 310 de la Ley 600 de 2000. Se estudió la falta de competencia con ocasión de la directiva 15 de 2007, aclarando que la competencia corresponde a la veeduría, y al segunda instancia a la Sala Disciplinaria. De otra parte, se manifiesta que no se observa vulneración de los principios que garantizan el debido proceso. 7 Auto del 29 de julio de 2016. Confrontar a folio 210 del Cuaderno No. 1 de la actuación disciplinaria. 7 Rad. N.° 161-7181. IUS-2013-300208

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3PU, Grado 17, adscrito a la Procuraduría General de Arauca, se extralimitó al “adelantar procesos disciplinarios en el campo de su competencia para dar cumplimiento al trámite solicitado”, pues proyectó los autos de archivo en los procesos radicados 901-2013 y 919-2013, IUS-100685-2013, que se seguían en su contra y que estaban a cargo de otro funcionario de la procuraduría.

Señaló la autoridad disciplinaria de primera instancia que la extralimitación funcional, se presenta cuando un servidor público se excede en sus funciones, lo cual, en el caso concreto, se probó con el informe del funcionario que dio inicio a la presente actuación, la visita especial realizada a la dependencia y las declaraciones rendidas en el proceso. Al estudiar la ilicitud sustancial encontró la veeduría que la conducta del Dr. GUSTAVO ADOLFO ROLÓN OMAÑA vulneró los principios de moralidad, objetividad, legalidad, imparcialidad, neutralidad, buena fe y probidad. A su juicio, no se trató de un hecho aislado, sino que impactó la imagen y credibilidad institucional dada la gravedad y la trascendencia de los hechos que fueron conocidos. Se esgrimieron argumentos sustentados en el respeto y el acatamiento del ordenamiento jurídico que limita el actuar de los servidores públicos y se cuestionó el quebrantamiento de valores éticos como la buena fe, la probidad, la honestidad, transparencia, y responsabilidad. De otra parte, resaltó que en los procesos proyectados no aparecen las iniciales del disciplinado, razón por la cual se infiere su deseo de ocultar dicha conducta. En relación con la culpabilidad se concluyó que el Dr. GUSTAVO ADOLFO ROLÓN OMAÑA actuó con premeditación, pues no tenía autorizado adelantar el trámite realizado. Que se valió de engaños para acceder a los radicados ya referenciados, con la finalidad de sacar provecho. Se agregó que: “Riñe con la lógica elemental el hecho conforme al cual el aquí investigado diga que se

encontraba autorizado por la doctora ISABEL TERESA MARTINEZ PEÑA y con el visto bueno del doctor WILLIAM JAIRO MARTINEZ FERNÁNDEZ, en su calidad de Procurador Regional de Arauca (E)”, cuando no escribió sus iniciales en la providencia, con lo cual se demostró que no quería que se enteraran de lo ocurrido y, en cambio, utilizó las de la Dra. MARTÍNEZ PEÑA. Por último, calificó la conducta como grave, y, siguiendo lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 734 de 2002 y lo señalado en el artículo 43 numerales 5º y 6º, la falta fue imputada a título de dolo.

IV. RECURSO DE APELACIÓN El recurso de apelación fue interpuesto y sustentado dentro del término legal, y como argumentos de inconformidad expuso los siguientes: Aclaró el recurrente que sustanció los casos, puesto que sus superiores tenían pleno conocimiento y lo autorizaron a proyectar esos dos autos, manifestaciones que se hicieron verbalmente. Indicó que en muchas

8 Rad. N.° 161-7181. IUS-2013-300208 (IUC-D-2013-812-641409) ocasiones, se trabajaba mancomunadamente, para “sacar todos los radicados”. Alegó que no existe extralimitación en el ejercicio de sus funciones, pues teniendo en cuenta lo señalado en la Resolución No.253 del 9 de agosto de 2012, actuó dentro de sus competencias, con autorización del procurador regional, y la compañera que los tenía asignados. A su modo de ver, no incurrió en ninguna prohibición conforme lo establece el artículo 35 del C.D.U.

Insistió en que las providencias fueron proyectadas sin mala fe y con autorización conjunta y verbal del jefe y de su compañera de trabajo. Manifestó que no se configuró dolo en su actuación y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 28 del C.D.U, numerales 2º y 6º, se encuentra excluido de responsabilidad al encontrarse ante la convicción errada e invencible de que la conducta no constituyó falta disciplinaria. Frente a la antijuridicidad, explicó que no quebrantó sustancialmente los deberes que el cargo le impone y que tampoco contrarió los fines esenciales del Estado y mucho menos el correcto funcionamiento de la Procuraduría Regional de Arauca. En consideración de lo prescrito en el artículo 5º de la Ley 734 de 2002, no vulneró los principios que rigen la función pública y su actuación fue transparente e imparcial. Precisó que se trataba de preservar el principio de celeridad. En vista de que en su caso se enfrentó su versión de los hechos a las declaraciones de la Dra. Martínez y del Dr. William Martínez. Hizo énfasis en que cualquier duda generada en esa valoración, debió ser resuelta a su favor. Adicionalmente, en virtud del artículo 21 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con lo dispuesto en artículo 11 del CP, no puede tomarse de manera irrestricta toda afectación y considerarlo como una lesión efectiva del injusto disciplinario, esto en virtud de los principios de integración normativa, “insignificancia” y lesividad. Controvirtió la declaración de Isabel Martínez, puesto que esta aceptó que le

entregó los procesos de manera voluntaria. Manifestó que existen pruebas que conducen a absolverlo disciplinariamente, y que si bien pueden conducir a la certeza de los hechos, no prueban la configuración de la falta disciplinaria. Planteó la inexistencia del dolo en la conducta endilgada y afirmó que actuó de buena fe y que las labores que le fueron encomendadas se ejecutaron. Solicitó la aplicación del principio de reformatio in pejus, y la revocatoria del fallo de primera instancia.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA 6.1 Competencia Con fundamento en la función otorgada en el numeral 1º, artículo 22 del

9 Rad. N.° 161-7181. IUS-2013-300208 (IUC-D-2013-812-641409) Decreto Ley 262 de 2000 la Sala Disciplinaria procede a conocer en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto por el Dr. GUSTAVO ADOLFO ROLÓN OMAÑA, respecto del fallo proferido el 14 de diciembre de 2017, por la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación, mediante el cual se le sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un mes. El ámbito funcional de esta Sala se encuentra delimitado por el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, que dice que «[e]l recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación».

6.2 De lo que está probado en la presente actuación Que el Dr. GUSTAVO ADOLFO ROLÓN OMAÑA se desempeñó en la Procuraduría General de la Nación como Profesional Universitario, Código 3PU, grado 17 de la Procuraduría Regional de Arauca, del 5 de diciembre de 2011 al 4 de junio de 2012 y del 6 de junio de 2012 al 17 de octubre de 2013.8 6.3. Análisis y valoración jurídica Del recurso de apelación presentado se pueden extraer tres argumentos de los que se debe ocupar la Sala:  Tipicidad: alegó el disciplinado que no se configuró la conducta reprochada, pues actuó en el ejercicio de sus competencias. Hace énfasis en que se encontraba autorizado para la sustanciación de los radicados, tanto por el procurador regional, como por la persona que los tenía a su cargo.  Ilicitud Sustancial: el fundamento del recurso se contrae a señalar que no quebrantó sustancialmente los deberes que el cargo le impone, no contrarió los fines esenciales del Estado, ni tampoco el correcto funcionamiento de la Procuraduría Regional de Arauca. Su actuación fue transparente e imparcial y buscó preservar el principio de celeridad sic (“artículo 5º de la Ley 734 de 2002”9). En adición a lo anterior, atendiendo lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 734 de 200 y, en concordancia con lo prescrito en artículo 11 del CP, afirmó que no puede tomarse de manera irrestricta toda afectación, y considerarlo

como una lesión efectiva del injusto disciplinario, esto en virtud de los principios de integración normativa, “insignificancia” y lesividad.  Culpabilidad: a su juicio, no se configuró el dolo en su actuación, puesto que se encuentra excluido de responsabilidad al tener la convicción errada e invencible de que la conducta no constituyó falta disciplinaria. 8 Confrontar a folio 55 del Cuaderno No. 1 de la actuación disciplinaria. 9 Confrontar a folio 434 del Cuaderno No. 1 de la actuación discipilnaria. 10 Rad. N.° 161-7181. IUS-2013-300208 (IUC-D-2013-812-641409)  Valoración probatoria: estima que fue vulnerado el principio de “in dubio pro disciplinado”, pues la contradicción existente entre su versión libre y la declaración de la Dra. Martínez, debe favorecerlo. Controvirtió las declaraciones que obran en el expediente, pues en su perspectiva, es claro que los procesos le fueron entregados de manera voluntaria, que las órdenes fueron verbales y, además, actuó de buena fe. Tipici