PGN - ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA - Jurisprudencia

ACCION POPULAR-Por inadecuadas instalaciones de los juzgados de cali que impiden el acceso a la justicia. ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-Como derecho fundamental y como derecho colectivo/ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAJurisprudencia La Corte Constitucional se refirió al acceso a la administración de justicia como derecho fundamental en los términos siguientes: El derecho fundamental de acceso a la administración de justicia se encuentra consagrado en el artículo 229 de la norma superior en los siguientes términos: Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado. Este derecho ha sido entendido como la posibilidad reconocida a todas las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley. Por medio de su ejercicio se pretende garantizar la prestación jurisdiccional a todos los individuos, a través del uso de los mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento jurídico. De esta forma, el derecho de acceso a la administración de justicia constituye un presupuesto indispensable para la materialización de los demás derechos fundamentales, ya

que, como ha señalado esta Corporación “no es posible el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas por el Legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso”. Por consiguiente, el derecho de acceso a la administración de justicia se erige como uno de los pilares que sostiene el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez que abre las puertas para que los individuos ventilen sus controversias ante las autoridades judiciales y de esta forma se protejan y hagan efectivos sus derechos. Como se puede observar el derecho en mención tiene un contenido múltiple, del cual se pueden identificar tres categorías (i) aquéllas que tienen que ver con el acceso efectivo de la persona al sistema judicial; (ii) las garantías previstas para el desarrollo del proceso; y (iii) finalmente las que se vinculan con la decisión que se adoptó dentro del proceso en cuestión o la ejecución material del fallo. TERMINOS PROCESALES-Incumplimiento en el acceso a la justicia/VIGILANCIA JUDICIAL ADMINISTRATIVA-Como mecanismo de protección ante la mora para el acceso a la justicia. Evidentemente, el incumplimiento de los términos procesales podría atentar contra el acceso a este derecho si se configurara una mora judicial injustificada, la cual e evidencia cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de

una autoridad judicial. Un mecanismo para establecer si se presenta dicha mora es la solicitud de vigilancia judicial administrativa, que es un mecanismo de control, reglamentado mediante Acuerdo No. PSAA11-8716 DE 2011, para que la justicia se administre oportuna y eficazmente y cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de los despachos judiciales, ubicados en el ámbito territorial de Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 19 Tel. 5878750 Ext.: 11931/33 www.procuraduria.gov.co 2 circunscripción territorial de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura. ACCIÓN POPULAR-Por imposibilidad al acceso a la justicia ante las inadecuadas instalaciones de los juzgados/VIGILANCIA JUDICIAL ADMINISTRATIVA-Se comprobó que en los despachos a los que se refirieron estas actuaciones no hubo mora judicial injustificada. En su recurso de alzada el actor reiteró los argumentos que adujo a lo largo del expediente. Dijo que las instalaciones de los juzgados de pequeñas causas laborales y los de algunos juzgados penales son inadecuadas. Sin embargo, tanto en el concepto de la agente del Ministerio Público como en el fallo recurrido aparecen referencias a inspecciones judiciales en las que se constató que las instalaciones de los juzgados referidos son idóneas para el servicio que ellos prestan. El Ministerio Público, al no poder visitar la ciudad de Cali por razón de restricciones de la movilidad asociadas a la

emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID19, debe atenerse a lo que aparece probado en el expediente. Allí aparece el acta de una diligencia de inspección judicial que tuvo lugar el 5 de julio de 2018, en la que intervinieron la Magistrada Ponente del Tribunal Administrativo Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, Dra. XXX, el actor popular y otros funcionarios (fls. 129, 129v y 130). Allí consta, en lo que se refiere a tres juzgados de pequeñas causas laborales que operan en el Centro Comercial Plaza Caycedo ubicado en la carrera 5 con calle 12 No. 12-28, que sus instalaciones son idóneas para la administración de justicia. Respecto del Juzgado Segundo concluyó que funciona en tres locales que cuentan con aire acondicionado y [t]odos los espacios presentan su debida iluminación y equipos tecnológicos. Respecto del Juzgado Primero encontraron que en ese espacio hasta el 6 de mayo de 2018 funcionaban 6 juzgados de la especialidad, de los cuales 3 fueron reubicados, y aun faltaba uno por reubicar. Una vez ello ocurra el local que ocupa será destinado al Juzgado Tercero. En cuanto a este, concluyeron que hay falta de espacio, aunque cuenta con aire acondicionado e iluminación. Acto seguido visitaron dos juzgados penales de conocimiento y observaron que en uno de ellos (el 34) el Despacho del Juez adolece de ruido por la instalación de 4 aires acondicionados. Mientras que el otro (el 35) observó que se necesitaban más baños, puesto que solo tienen 2 en el piso, y que falta seguridad para los funcionarios.

ACCIÓN POPULAR-Se desechan los planteamientos, puesto que el inmueble de los Juzgados reúne las condiciones técnicas, arquitectónicas y de seguridad/ACCION POPULAR-No se demostró que se hubiera vulnerado el derecho colectivo a la administración de justicia. Y efectivamente en la Certificación No. 202-16 del 15 de junio de 2016 la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali-Valle de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura desechó los planteamientos del actor, puesto que el inmueble donde actualmente se encuentran funcionando los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Cali, reúne las condiciones técnicas, arquitectónicas y de seguridad, correspondientes al decoro que debe caracterizar las Sedes Judiciales y Administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional en razón de la misión que allí se cumple, como es la Administración de Justicia. Todo lo anterior ocurrió sin que mediara petición del accionante (fls. 100 y 100v). El Ministerio Público concluye que las autoridades competentes adoptaron medidas para mejorar la calidad de la planta física 3 de los juzgados de pequeñas causas, la cual seguramente en la época de los escritos iniciales del actor era insuficiente para que el servicio pudiera prestarse de forma adecuada y respetuosa con la dignidad de los trabajadores y de los usuarios. Entonces, para la época del fallo apelado estas medidas ya habían sido implementadas y las deficiencias advertidas ya habían sido corregidas, o estaban en curso de serlo. Si bien seguramente no hay duda de que siempre se podrá hacer más

para dignificar la administración de justicia, no hay prueba en el expediente de que las deficiencias advertidas subsistan y sean de tal entidad que afecten el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. El actor no probó que los juzgados de ejecuciones siguieran operando en condiciones que afecten materialmente los servicios, ni tampoco demostró que él, o alguna otra persona, se haya visto obstaculizada en forma alguna en el acceso a la administración de justicia. Por tanto no demostró que, por este concepto, se hubiera vulnerado el derecho colectivo a la administración de justicia. 4 Concepto 048-E-2020-625975 Bogotá D.C., 9 de marzo de 2021 Señores

MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera

E. S. D.

Consejero Ponente: Doctor OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Referencia: 76001-23-33-000-2015-01454-02

Asunto: Acción Popular –Acceso a la justicia

Actor: JOSÉ LUIS YARPAZ MORALES

Demandado: LA NACIÓN-RAMA JUDICIAL-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-SECCIONAL VALLE De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277, numerales 1, 3 y 7 de la Constitución Política; 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 30, 37 y 44 del Decreto 262 del 2000; Decreto 1408 de 2019 y las Resoluciones 017 de marzo 4 de 2000, 371 de 6 de octubre de 2005 y 038 de 22 de enero de 2021, expedidos por el Procurador General de la Nación, esta

agencia del Ministerio Público procede a emitir concepto dentro del trámite de la segunda instancia en el asunto de la referencia.

ANTECEDENTES

1. Previos a la acción popular.

a. El 27 de octubre de 2015 el actor presentó un derecho de petición ante el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura del Valle, bajo el encabezado Solicitud de medidas de protección con miras a garantizar la administración pronta de justicia. Allí se quejó de que, como parte del Plan Nacional de Descongestion, se creó en Cali una oficina de ejecución civil municipal y 9 juzgados de ejecución civil municipal (de los que para esa fecha quedaban 8). Pero, según dijo, esto no solucionó la situación de congestión en este ámbito, sino que lo agravó porque para cada uno de estos juzgados se dispuso de un área de menos de 2 m2 y apenas dos funcionarios, lo que afectó incluso la salud de los funcionarios y de que quienes a ellos acuden. Sus circunstancias no son conducentes a una correcta administración de justicia: Estos juzgados de ejecución civil mpal, con todo respeto, lejos de descongestionar, lo que han hecho es congestionar y traumatizar el tràmite del proceso. Aquì en los juzgados civiles mpales de ejecución hay que pedir todo con un turno: turno para ver el expediente, turno para entregar un memorial, turno para solicitar un título de depòsito judicial, turno para que nos entregue ese título de depòsito judicial……turno para cada actuación…… (la cita es textual). 5 De esta manera, a su juicio, se vulneraron los derechos colectivos de acceso a

la administración de justicia previstas en la ley estatutaria: celeridad (art. 4º) y eficiencia (art. 7º). Para remediar esta situación contraria a derecho, solicitó que se asignara a cada juzgado de ejecución civil municipal una sede digna, debidamente adecuada, y con el personal necesario; que se crearan en propiedad al menos 4 juzgados civiles de ejecución municipal y que se designara a los funcionarios de las listas de aprobados en concurso de méritos. b. En escrito del 5 de noviembre de 2015 el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca respondió que las condiciones deprecadas por el peticionario ya se habían cumplido, salvo la de designar personal de las listas de elegibles, puesto que las mismas no existían.

2. La acción popular. El actor inició acción popular contra la Rama Judicial-Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, en la cual reiteró lo solicitado en su derecho de petición y alegó que aquí se veían violados y amenazados los derechos colectivos relacionados en el Tít. VIII, Cap. I, arts. 228 y 229 de la Constitución Política de Colombia, relacionados con la administración de justicia diligente.

3. La sentencia de primera instancia. Tras diversas situaciones procesales el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Valle del Cauca (M.P. Zoranny Castillo Otálora) profirió el 3 de abril de 2019 un fallo en el que negó las pretensiones del actor, aunque se abstuvo de condenarlo en costas, con

fundamento en las siguientes razones:

a. En el expediente obran pruebas de que los juzgados civiles municipales de ejecución de Cali, que fueron creados por el Acuerdo No. PSAA15 10402 del 29 de octubre de 2015 en forma permanente, cuentan con una sede digna debidamente adecuada y muy organizada compuesta por despachos independientes con su respectivo equipo de trabajo (oficio CSJV15 1327 del 5 de noviembre de 2015 del Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca; Inspección judicial practicada el 5 de julio de 2018 al despacho de varios juzgados que funcionan en el Centro Comercial Plaza Caicedo). Consta que los juzgados civiles municipales de ejecución de sentencias y la oficina de apoyo de los mismos se cerraron por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle los días del 27 al 29 de enero de 2016 para efectos de su traslado a otras instalaciones. Y consta que el Consejo Seccional de la Judicatura en múltiples ocasiones en 2015 y 2016 se abstuvo de iniciar vigilancia judicial administrativa a pesar de las reiteradas solicitudes del aquí accionante. El Despacho constató que los juzgados Primero, Segundo y Tercero de pequeñas causas laborales que funcionan en el Centro Comercial Plaza Caicedo tercer piso cuentan con aire acondicionado, ascensor, amplias áreas a su disposición, están iluminados y tienen puntos eléctricos para los equipos tecnológicos. Cada despacho cuenta con 4 empleados. Igualmente constató que las condiciones eran adecuadas en otros despachos judiciales de Cali.

6 b. A pesar de sus quejas sobre malas condiciones de los juzgados de ejecuciones, el actor no presentó ninguna prueba de que ellas impidieran el acceso a los usuarios del servicio. c. Tampoco probó que el nombramiento de jueces y empleados judiciales en provisionalidad y no de la lista de elegibles vulnere el acceso a la administración de justicia. Pero los nombramientos provisionales está permitidos en la ley regulados en esta, por lo que son medios válidos para proveer las necesidades del servicio. En todo caso, aunque al tiempo de la petición inicial del actor no había listas de elegibles para proveer los cargos de los juzgados en mención, posteriormente las listas se integraron tras varias convocatorias al efecto. d. Las múltiples solicitudes vigilancia judicial presentadas por el actor no prueban una lesión del acceso a la administración de justicia, no solo porque el Consejo Seccional de la Judicatura no encontró mérito para adelantarlas, sino porque la mora judicial… debe valorarse frente a la connotación del derecho fundamental del solicitante, en la medida en que… el derecho de acceso a la administración de justicia en su contexto colectivo es un derecho de realización progresiva en donde el Estado y concretamente la Rama Judicial está sometida no solo a sus limitaciones presupuestales, sino a la situación de público conocimiento de la excesiva demanda de justicia y a la constante necesidad de ampliar el mapa judicial del país para hacer presencia institucional en todo el territorio nacional.

4. El recurso de apelación. El actor hizo uso del recurso de apelación, alegando que el a quo había incurrido en DESCONOCIMIENTO ABRUMADOR DE LA PRUEBA

RECAUDADA, pues, a pesar de lo probado en el expediente, las condiciones locativas en que operan los juzgados de pequeñas causas laborales de Cali, así como algunos juzgados penales, son inadecuadas. Aunque se hayan realizado varias convocatorias para integrar listas de elegibles, se siguen nombrando personas en provisionalidad, personas sin la formación necesaria, por lo cual cometen muchos errores, lo cual lleva a la morosidad en las decisiones respectivas. Que el Consejo Seccional de la Judicatura no hubiera avocado las varias solicitudes de vigilancia judicial presentadas por el actor, no significa que las actuaciones de los despachos hubieran sido oportunas, sino que, tras la presentación de las solicitudes, pusieron al día su morosidad. Alega que incluso la magistrada ponente en el proceso de primera instancia, así como un colega de Sala, fueron objeto de vigilancia judicial y solo se pusieron al día ante la solicitud de vigilancia judicial presentada por el acucioso Abogado, lo que le mereció el resentimiento del despacho. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO En los términos de la apelación se debe establecer si la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca de negar el petitum de esta acción popular fue acorde o contrario a derecho, a la luz del argumento aducido en el recurso de alzada. Primeramente el Ministerio Público se referirá al alcance del acceso a la administración de justicia como derecho fundamental y como derecho colectivo. A partir de ello procederá entonces a rendir su concepto.

1. El acceso a la administración de justicia como derecho fundamental y como derecho colectivo.

7 La Corte Constitucional se refirió al acceso a la administración de justicia como derecho fundamental en los términos siguientes: El derecho fundamental de acceso a la administración de justicia se encuentra consagrado en el artículo 229 de la norma superior en los siguientes términos: Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado. Este derecho ha sido entendido como la posibilidad reconocida a todas las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley. Por medio de su ejercicio se pretende garantizar la prestación jurisdiccional a todos los individuos, a través del uso de los mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento jurídico. De esta forma, el derecho de acceso a la administración de justicia constituye un presupuesto indispensable para la materialización de los demás derechos fundamentales, ya que, como ha señalado esta Corporación “no es posible el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas por el Legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso”. Por consiguiente, el derecho de acceso a la administración de justicia se erige como uno de los pilares que

sostiene el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez que abre las puertas para que los individuos ventilen sus controversias ante las autoridades judiciales y de esta forma se protejan y hagan efectivos sus derechos. … Como se puede observar el derecho en mención tiene un contenido múltiple, del cual se pueden identificar tres categorías (i) aquéllas que tienen que ver con el acceso efectivo de la persona al sistema judicial; (ii) las garantías previstas para el desarrollo del proceso; y (iii) finalmente las que se vinculan con la decisión que se adoptó dentro del proceso en cuestión o la ejecución material del fallo.

La primera comprende: (i) el derecho de acción; (ii) a contar con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de derechos y obligaciones; y (iii) a que la oferta de justicia permita el acceso a ella en todo el territorio nacional. La segunda incluye el derecho a (iv) que las controversias planteadas sean resueltas dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas; (v) que éstas sean decididas por un tribunal independiente e imparcial; (vi) a tener todas las posibilidades de preparar una defensa en igualdad de condiciones; (vii) que las decisiones sean adoptadas con el pleno respeto del debido proceso; (viii) que exista un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias; (ix) que se prevean herramientas necesarias para facilitar el acceso a la justicia por parte de las personas de escasos recursos. La última de éstas abarca (x) la posibilidad efectiva de obtener respuesta acorde a derecho, motivada y ejecutable; y que (xi) se cumpla lo previsto en esta1.

Si bien el Ministerio Público no conoce pronunciamientos del Consejo de Estado proferidos en acciones populares en las que se haya invocado como violado el derecho colectivo al acceso a la administración de justicia, entiende que este derecho resulta 1 Corte Constitucional, sentencia T-799-11, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Se omitieron los llamados al pie. 8 violado cuando quienes pretendan tener tal acceso no hayan podido lograrlo debido a alguna circunstancia indebida, como por ejemplo adolecer ciertos despachos judiciales de instalaciones deficientes que les impidan funcionar normalmente, o no contar tales despachos con personal en número idóneo o en calidad suficiente para poder prestar el servicio requerido. No basta entonces afirmar que se presentan estas circunstancias, sino que se debe probar que estuvieron presentes al punto de impedir el ejercicio del derecho de acción, o que cierto despacho judicial no contó con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de derechos y obligaciones, o que la oferta de justicia fue insuficiente y no permitió el acceso a ella en todo el territorio nacional. Estas tres situaciones corresponden a la primera categoría que la Corte Constitucional encontró en el derecho de acceso a la administración de justicia, que es un derecho de contenido múltiple. Evidentemente, el incumplimiento de los términos procesales podría atentar contra el acceso a este derecho si se configurara una mora judicial injustificada, la cual se evidencia cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la

tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial2. Un mecanismo para establecer si se presenta dicha mora es la solicitud de vigilancia judicial administrativa, que es un mecanismo de control, reglamentado mediante Acuerdo No. PSAA11-8716 DE 2011, para que la justicia se administre oportuna y eficazmente y cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de los despachos judiciales, ubicados en el ámbito territorial de circunscripción territorial de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura3

2. El caso presente.

En su recurso de alzada el actor reiteró los argumentos que adujo a lo largo del expediente. Dijo que las instalaciones de los juzgados de pequeñas causas laborales y los de algunos juzgados penales son inadecuadas. Sin embargo, tanto en el concepto de la agente del Ministerio Público como en el fallo recurrido aparecen referencias a inspecciones judiciales en las que se constató que las instalaciones de los juzgados referidos son idóneas para el servicio que ellos prestan. El Ministerio Público, al no poder visitar la ciudad de Cali por razón de restricciones de la movilidad asociadas a la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID19, debe atenerse a lo que aparece probado en el expediente. Allí aparece el acta de una diligencia de inspección judicial que tuvo lugar el 5 de julio de 2018, en la que intervinieron la Magistrada Ponente del Tribunal Administrativo Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, Dra. Zoranny Castillo Otálora, el actor popular y otros funcionarios (fls. 129, 129v y

130). Allí consta, en lo que se refiere a tres juzgados de pequeñas causas laborales que operan en el Centro Comercial Plaza Caycedo ubicado en la carrera 5 con calle 12 2 Corte Constitucional, Sentencia T-186-17, M.P. María Victoria Calle Correa.

3 FORMATO PARA SOLICITUD DE VIGILANCIA JUDICIAL ADMINISTRATIVA ACUERDO No.

PSAA11-8716 DE 2011, publicado en el URL https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2313540/11344505/FORMATO+VIGILANCIA.pdf/ 60da3ea 7-c443-482e-850c-7a3b07f487ef, consultado el 2 de diciembre de 2020 a las 12:15 pm. 9 No. 12-28, que sus instalaciones son idóneas para la administración de justicia. Respecto del Juzgado Segundo concluyó que funciona en tres locales que cuentan con aire acondicionado y [t]odos los espacios presentan su debida iluminación y equipos tecnológicos. Respecto del Juzgado Primero encontraron que en ese espacio hasta el 6 de mayo de 2018 funcionaban 6 juzgados de la especialidad, de los cuales 3 fueron reubicados, y aun faltaba uno por reubicar. Una vez ello ocurra el local que ocupa será destinado al Juzgado Tercero. En cuanto a este, concluyeron que hay falta de espacio, aunque cuenta con aire acondicionado e iluminación. Acto seguido visitaron dos juzgados penales de conocimiento y observaron que en uno de ellos (el 34) el Despacho del Juez adolece de ruido por la instalación de 4 aires acondicionados.

Mientras que el otro (el 35) observó que se necesitaban más baños, puesto que solo tienen 2 en el piso, y que falta seguridad para los funcionarios. Respecto a esta diligencia, la agente del Ministerio Público en la primera instancia, la señora Procuradora 20 Judicial Administrativa II indicó en su concepto: • Inspección judicial efectuada el día 05 de julio de 2018 al Centro Comercial Plaza de Caicedo, ubicado en la carrera 5 con calle 12 No. 12-28 y el material fotográfico adjunto, de la cual se arroja las siguientes conclusiones: o El ascensor se encuentra funcionando o Existen 3 despachos judiciales: Primero, Segundo y Tercero de pequeñas causas Laborales, según se consigna en la diligencia: existe espacio suficiente para las oficinas, se encuentra iluminado, cuenta con aire acondicionado. Para el caso objeto de estudio se tiene que los despachos de los jueces civiles de ejecución, para la fecha de la presentación de la acción popular, se encontraban en las instalaciones del Centro Comercial Plaza de Caicedo ubicado en la carrera 5 con calle 12 No. 12-28, antes del 1 de febrero de 2016 y que se hizo necesaria la reubicación, pues esto se puede desprender de lo sostenido por la propia Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, en tanto señala que mediante contrato de arrendamiento No. 008 de 29 de enero de 2016 se dispuso el traslado [de] los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Cali a las oficinas en el Edificio Entreceibas, ubicado en la calle 8 No. 1-16, a partir del 1 de febrero de 2016 por el término de nueve (9) meses.

Además, según lo sostenido por la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, en la audiencia de pacto de cumplimiento: “la situación que el accionante consideraba como atentatorios (sic) de los derechos colectivos de los usuarios cambiaron (sic) porque la Rama ha hecho unas reubicaciones de despacho que cambian los presupuestos… (Fls. 175 y 175v). Y efectivamente en la Certificación No. 202-16 del 15 de junio de 2016 la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali-Valle de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura desechó los planteamientos del actor, puesto que el inmueble donde actualmente se encuentran funcionando los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Cali, reúne las condiciones técnicas, arquitectónicas y de seguridad, correspondientes al decoro que debe caracterizar las Sedes Judiciales y Administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional en razón de la misión que allí se cumple, como es la Administración de Justicia. Todo lo anterior ocurrió sin que mediara petición del accionante (fls. 100 y 100v). El Ministerio Público concluye que las autoridades competentes adoptaron medidas para mejorar la calidad de la planta física de los juzgados de pequeñas causas, la cual seguramente en la época de los escritos iniciales del actor era insuficiente para que el servicio pudiera prestarse de forma adecuada y respetuosa con la dignidad de los trabajadores y de los usuarios. 10 Entonces, para la época del fallo apelado estas medidas ya habían sido implementadas y las deficiencias advertidas ya habían sido corregidas, o estaban en

curso de serlo. Si bien seguramente no hay duda de que siempre se podrá hacer más para dignificar la administración de justicia, no hay prueba en el expediente de que las deficiencias advertidas subsistan y sean de tal entidad que afecten el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. El actor no probó que los juzgados de ejecuciones siguieran operando en condiciones que afecten materialmente los servicios, ni tampoco demostró que él, o alguna otra persona, se haya visto obstaculizada en forma alguna en el acceso a la administración de justicia. Por tanto no demostró que, por este concepto, se hubiera vulnerado el derecho colectivo a la administración de justicia. Lo propio ocurrió con sus afirmaciones de que se vulneró este derecho por el nombramiento de funcionarios en interinidad y no de las listas de aprobados con el concurso de méritos. Afirmó que, al haber sido nombrados con criterios de amiguismo, estos funcionarios no sabían cumplir las funciones básicas a su cargo, lo que llevaba a que cometieran errores que empeoraban la morosidad en la administración de justicia. Sin embargo no indicó un solo caso en que precisara algún funcionario individual nombrado de esta manera cuya im