PGN - ACCION CONTRACTUAL - Que se declare el incumplimiento tanto de lo dispuesto en el acto de adju

Expediente 42.318 (00237) ACCIÓN CONTRACTUAL-Que se declare el incumplimiento tanto de lo dispuesto en el acto de adjudicación, como lo pactado en el contrato de prestación de servicios COSA JUZGADA-Que sea decretada la nulidad La cosa juzgada se enmarca dentro de la causal de nulidad prevista en el numeral 3 del artículo 140 del C. P.C, la que además es insaneable y puede ser declarada de oficio al tenor de lo dispuesto en el inciso final del artículo 144 y 145 del C.P.C, respectivamente. La declaratoria de nulidad por razón y causa de cosa juzgada impide adelantar el trámite de la instancia e implica decretar la terminación del proceso La cosa juzgada se puede proponer como excepción y/o como nulidad CONTRATO DE MANDATO-Jurisprudencia de la Corte Constitucional COPIAS-Valor probatorio Si bien esta Delegada venía conceptuando aplicando con rigor la previsión contenida en el artículo 254 del C.P.C. sobre la autenticidad de las copias, considerando la evolución de la jurisprudencia a la luz de principios constitucionales, modifica su tesis para considerar viable que las copias sean valoradas, acogiendo reciente posición jurisprudencial del Consejo de Estado PRUEBAS-La omisión resulta imputable a la parte demandante

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 063 /2012

Bogotá, D.C., 21 de marzo de 2012 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

CdeE./FMSG/RYPHC 1

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente 42.318 (00237) Consejero Ponente Dr. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

E. S. D.

Ref: Proceso No 42.318 (25000232600020000023702)

Acción Contractual

Actor: CARLOS ALBERTO NAVIA RAFFO Demandado: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1 DEMANDA.- En ejercicio de la acción de controversias contractuales, ALBERTO NAVIA RAFFO instauró demanda1 contra el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, a fin de que se declare que éste incumplió tanto lo dispuesto en el acto de adjudicación, como lo pactado en el contrato de prestación de servicios No 128 de 7 de noviembre de 1997 y su otro si, al darlo por terminado en forma arbitraria y sin justa causa. Como pretensión subsidiaria pide se declare que por causas imputables a la entidad demandada se rompió la ecuación financiera del contrato, pues tan sólo se le pagaron honorarios por atender 200 demandas, cuando realmente atendió 214 procesos judiciales. 1.2 CONTESTACION DE LA DEMANDA.- El Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá (fls 54 a 61 c. ppal) se opuso las pretensiones y propuso las siguientes

excepciones: - Pleito pendiente.- pues advierte que el Distrito Capital instauró demanda en ejercicio de la acción contractual contra el Dr. Carlos Alberto Navia Raffo, proceso que cursa en la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual versa sobre la misma causa petendi y entre las mismas partes. - Excepción de oficio.- se declare la que resulte probada en el proceso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 306 del C.P.C., en concordancia con el artículo 164 del C.C.A. 1 26 de enero de 2000 (fl 40 c. ppal)

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profesional desarrollada, pues lamentablemente la principal prueba no fue allegada al proceso por causas ajenas a su voluntad. Que los documentos aportados al proceso demuestran la existencia del contrato de prestación de servicios y el alcance de la gestión encomendada al profesional del derecho, por tanto no es posible concluir que su objeto quedó limitado a la contestación de las demandas, máxime cuando los respectivos poderes le fueron revocados en forma abrupta e intempestiva y después de haber transcurrido más de un año de su gestión profesional. Que los poderes otorgados no lo fueron única y exclusivamente para contestar las demandas, por tanto no podía ética ni profesionalmente abandonar los procesos y siguió atendiéndolos ejerciendo la vigilancia de rigor, asistiendo a la práctica de pruebas y demás diligencias, lo anterior con fundamento en las funciones propias del mandato que le había sido otorgado sin restricción alguna. Que lo pactado en el contrato era reconocer $2.000.000 por la atención integral de los procesos, pero por efectos fiscales solo se pagaría la suma de $600.000 2 En sentencia de 14 de julio de 2011 (fls 265 a 274 c. 4)

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2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Planteamiento preliminar. Que se decrete la nulidad por cosa juzgada

Observa el Ministerio Público que por ausencia de prueba el a-quo declaró no probada la excepción de pleito pendiente propuesta por la entidad demanda. Sin embargo en esta instancia el apoderado del Distrito Capital aportó en copia simple la sentencia de segunda instancia de 12 de agosto de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso contractual No 25000232600020000090, promovido en contra del hoy demandante (Dr. Calos Alberto Navia Raffo), por medio de la cual revocó la sentencia de primera instancia y liquidó judicialmente el contrato de prestación de servicios No 128 de 1997. A juicio del Ministerio Público ello configura una causal de nulidad insaneable que puede ser declarada de oficio, siempre y cuando se cuente con prueba idónea y suficiente que de certeza sobre la existencia y ejecutoria de la providencia en comento, pues a partir de ese conocimiento se evidenciaría la configuración de cosa juzgada3, dado que el objeto de la controversia que ocupa la atención de la Sala tiene relación directa con la liquidación judicial del contrato 128 de 1997 que ya fue definido en la providencia de 12 de agosto de 2009. La cosa juzgada se enmarca dentro de la causal de nulidad prevista en el numeral 3 del artículo 140 del C. P.C4, la que además es insaneable y puede ser declarada 3 la cosa juzgada es una institución jurídica procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los

citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica. 4“Nulidades Procesales(…) El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos (…) 3° Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite integralmente la respectiva instancia”

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nulidad del proceso con que se pretende revivir uno anterior legalmente terminado por una sentencia ejecutoriada, desistimiento o perención, ocurridos en el primero o de transacción acordada por las partes litigantes. Cualquiera de los eventos que se dejan indicados ponen fin al proceso, se repite, lo cual significa que cualquier otro que se promueva posteriormente sobre el mismo objeto, con la misma causa y entre las mismas partes, estará afectado de nulidad, porque tiende a revivir la litis anterior y porque atenta contra el principio de cosa juzgada. Las partes están facultadas para alegar todo motivo de nulidad de que adolezca un proceso, “en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia”; el juez a su turno, durante la misma oportunidad, podrá declarar las que observe y que no hayan sido saneadas”8 (resalto y subrayo) De conformidad con lo antes expuesto, el Misterio Público sugiere de manera respetuosa a la H. Sala proferir auto de mejor proveer, para solicitarle al Tribunal Administrativo de Cundinamarca remita copia auténtica, con constancia de ejecutoria, de la referida sentencia. Una vez verificado que dicha decisión ya dirimió controversia sobre el mismo objeto, por la misma causa y entre las mismas 5 “No podrán sanearse las nulidades de que tratan las nulidades 3° y 4° del artículo 140 (…)” 6 “(…) En cualquier estado del proceso antes de dictar sentencia, el juez deberá declarar de oficio las nulidades insaneables que observe (…)” 7 Articulo 147 e inciso final del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil “El auto que decrete la nulidad de

todo el proceso, o de una parte del mismo sin la cual no fuere posible adelantar el trámite de la instancia (…)” “También podrán proponerse como previas las excepciones de cosa juzgada, transacción y caducidad de la acción” 8 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, sentencia de 2 de diciembre de 1975

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“(…) es sabido el contrato de mandato es uno entre los diversos negocios jurídicos de gestión y consiste, de conformidad con los artículos 2142 del Código Civil y 1262 del Código de Comercio, en que el mandatario se encarga de adelantar negocios jurídicos o actos de comercio, por cuenta del mandante, con representación o sin ella. En tanto el apoderamiento es un acto unilateral, que puede ser aceptado o no, en virtud del cual una persona autoriza a otra para actuar a su nombre y representación. Ahora bien, lo que ordinariamente ocurre es que el contrato de gestión precede y genera el acto de apoderamiento, pero esta íntima relación no permite confundir los efectos de uno y otro, porque mientras el acto de apoderamiento es oponible a quienes por causa del mismo se relacionan con el poderdante y con el apoderado, el contrato de gestión rige las relaciones internas entre estos de manera preferente al acto de apoderamiento, pero sin trascender a quienes se vinculan con el apoderado y el poderdante por razón de la representación, porque con respecto de aquellos el contrato de gestión viene a ser res inter alios acta. (…) Así las cosas, el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil no regula el contrato de mandato que eventualmente puede existir entre el abogado y su cliente, sino el acto de apoderamiento que le permite a un sujeto procesal o a un interviniente en juicio, ser

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Expediente 42.318 (00237) técnicamente representado. Representación que requiere de una especial regulación, dada sus particularidades. (…) (…) la posibilidad de revocar el poder en cualquier momento procesal denota que el legislador está dando cumplimiento a su deber constitucional de garantizar a todas las personas vinculadas en un proceso la posibilidad de estar presentes en el mismo, sin perjuicio del ejercicio del derecho de postulación, de manera tal que su interés, como titular del derecho fundamental a la defensa, prevalezca sobre la intervención del letrado, desde el inicio hasta la terminación de la litis –artículo 2º C.P.-. (..) No se puede, entonces, condicionar, como pretende el actor, el ejercicio del derecho a la revocatoria del acto de apoderamiento, de quien está siendo representado en juicio, a una previa y debida justificación, porque tal revocatoria no descalifica per se al profesional del derecho actuante, no resulta abusiva, ni quebranta su derecho a percibir los honorarios causados con su actuación, simplemente indica que el poderdante no será representado más por el abogado actuante, porque el titular del derecho a la participación en juicio así lo resolvió. Lo anterior, porque la revocatoria del poder pone fin a la representación en juicio, con pleno efecto respecto de los sujetos procesales y de los terceros intervinientes, pero no desconoce el contrato de gestión; el que, de existir, rige de manera preferente las relaciones entre poderdante y apoderado y al que éstos se deberán remitir para arreglar sus diferencias, entre las cuales aquellas generadas por razón de la revocatoria injustificada del poder, tienen especial importancia.

En consecuencia, tampoco las disposiciones en estudio quebrantan los artículos 25, 83, y 95 constitucionales, en cuanto el inciso primero del artículo 69 en estudio prevé que dentro del mismo proceso, mediante el trámite incidental, el abogado afectado con la revocatoria del poder inste la determinación de sus honorarios, lo que no obsta, para que, si así lo prefiere, acuda a otra vía procesal, en la que no solo se regulen los emolumentos a que tiene derecho por la actuación realizada, sino que se evalúe el ejercicio del derecho del poderdante a la revocación, por parte del poderdante, con el objeto de que sea compelido a indemnizar los perjuicios que puede haber causado por haber procedido a una revocatoria abusiva, o sin consultar los derechos del afectado. (…) (resalto y subrayo) 2.2 Caso concreto 2.2.1 Hechos probados.

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PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente 42.318 (00237) Si bien esta Delegada venía conceptuando aplicando con rigor la previsión contenida en el artículo 254 del C.P.C. sobre la autenticidad de las copias, considerando la evolución de la jurisprudencia a la luz de principios constitucionales, modifica su tesis para considerar viable que las copias sean valoradas, acogiendo reciente posición jurisprudencial del Consejo de Estado9: “2.1. La entidad demandada allegó en copia simple varios de los documentos que

integraron el expediente administrativo de protección a favor del menor Sebastián Rojo Jiménez, medios de convicción que serán valorados en esta instancia por las siguientes razones: i) porque son documentos cuyos originales se encuentran en poder del ICBF – concretamente en sus archivos–, ii) fueron aportados por el propio instituto, razón adicional para reconocerles valor probatorio, y iii) en los términos de esta Subsección, es procedente apreciar las copias simples siempre y cuando hayan obrado a lo largo del plenario, conforme al principio constitucional de buena fe, puesto que han estado sometidas al principio de contradicción, por las partes. Sobre el particular, en reciente providencia se discurrió así: “Lo primero que advierte la Sala es que el proceso penal fue aportado en copia simple por la parte actora desde la presentación de la demanda, circunstancia que, prima facie, haría invalorable los medios de convicción que allí reposan. No obstante, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor probatorio a la prueba documental que si bien se encuentra en fotocopia, ha obrado en el proceso desde el mismo instante de presentación del libelo demandatorio y que, por consiguiente, ha surtido el principio de contradicción. “En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de las sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial. “En el caso sub examine, por ejemplo, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue acompañada con la demanda y,

especialmente, la copia simple del proceso penal que se entregó como anexo de la misma, circunstancia que no acaeció, tanto así que los motivos de inconformidad y que motivaron la apelación de la providencia de primera instancia por parte de las demandadas no se relacionan con el grado de validez de las pruebas que integran el plenario sino con aspectos sustanciales de fondo que tienen que ver con la imputación del daño y con la forma de establecer la eventual participación en la producción del mismo. 9SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C. 9 de mayo de 2011. Radicación número: 05001-23-31-000-200101546-02(36912)

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PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente 42.318 (00237) “Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor probatorio a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas. “El anterior paradigma fue recogido de manera reciente en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –que entra a regir el 2 de julio de 2012– en el artículo 215 determina que se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tienen el mismo valor del original cuando no hayan sido

tachadas de falsas; entonces, si bien la mencionada disposición no se aplica al caso concreto, lo cierto es que con la anterior o la nueva regulación, no es posible que el juez desconozca el principio de buena fe y la regla de lealtad que se desprende del mismo, máxime si, se insiste, las partes no han cuestionado la veracidad y autenticidad de los documentos que fueron allegados al proceso.”10 “ (resalto y subrayo) Algunos soportes documentales fueron aportados en copia simple por la parte actora, entre ellos la comunicación de 27 de octubre de 1997 (fls 11 c.2), la cual será estimada como prueba, pues fue allegada junto con la demanda y obró como prueba a lo largo del proceso, y la entidad demandada no cuestionó su veracidad ni autenticidad. Valorado en conjunto el acervo probatorio debidamente aportado al proceso11, se tiene acreditado lo siguiente:

• La Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, D.C., mediante comunicación de 27 de octubre de 1997, informó al doctor Carlos Alberto Navia Raffo (fl 11 c. 2): “Estudiadas las diferentes propuestas para atender los procesos que en contra de Santa

Fe de Bogotá, D.C., cursan en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en los Juzgados de Circuito Laboral, por supresión de cargos en entidades distritales, o por solicitud de nivelación salarial, la administración distrital reconocerá honorarios a razón de Dos Millones de Pesos ($2.000.000,00) por proceso, sin incluir recurso de extraordinario;

10 (pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de marzo de 2011, exp. 20171, M.P. Enrique Gil Botero. 11 Unas aportadas en original junto con la demanda (fls 17, 18, 23, 24 a 26, 34 a 62 c.2), otras solicitadas por la actora (fl 34 a 35 c. ppal) y coadyuvadas por la entidad demandada (fl 60 c. ppal), decretadas por el Tribunal en el auto de apertura a pruebas (fls 63 a 64 c. ppal) y allegadas en copia auténtica por la Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaria General (fls 100 a 240 c. 2)

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PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente 42.318 (00237) sin embargo la administración lo contratará para atender procesos por etapas, de conformidad con las disponibilidades presupuestales de la respectiva vigencia fiscal. Con recursos de la vigencia fiscal de 1997, la administración puede contratar sus servicios por contestar las demandas correspondientes a doscientos (200) procesos y reconocerle como honorarios por cada contestación de demanda la suma de seiscientos mil pesos ($600.000) En el caso de que por cualquier circunstancia no sea posible contestar alguna demanda o algunas demandas, los honorarios recibidos se causaran por la atención durante 1998 de un número de procesos igual al número de demandas no

contestadas o contestando de nuevos procesos, para lo cual se otorgarán los respectivos poderes. Si usted, lleva el proceso hasta la culminación de la primera y/o segunda instancia, las sumas recibidas por la atención de cada una de las etapas, se abonarán al valor total de los de honorarios señalados anteriormente.” (resalto y subrayo) - El 7 de noviembre de 1997, el Distrito Capital de Santafé de Bogotá y el abogado Carlos Alberto Navia Raffo suscribieron el contrato de prestación de servicios No 128 (fls 163 a 166 c. 2), cuyo objeto se suscribió a que: “EL CONTRATISTA se compromete para con la Alcaldía Mayor-Secretaria General a actuar como apoderado judicial en representación del Distrito Capital para contestar las demandas correspondientes a doscientos (200) procesos contenciosos administrativos, de conformidad con los poderes que se le otorguen. PARAGRAFO: La Alcaldía Mayor Secretaría General podrá adicionar, modificar y prorrogar el presente contrato” (resalto y subrayo) - Se cumplió con el requisito del registro del presupuestal del compromiso, como lo evidencia el denominado “certificado de reserva presupuestal “de fecha 7 de noviembre de 1997, suscrito por el responsable del presupuesto de la Alcaldía Mayor, por la suma de $120.000.000 con destino al cumplimiento del contrato de prestación de servicios No 128 a nombre de Carlos Alberto Navia Raffo (fl 162 c.2)

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente 42.318 (00237) - En las cláusulas tercera, cuarta y quinta las partes pactaron el valor, forma de pago y plazo, respectivamente: “VALOR: Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato es de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000) por contestar las demandas. CUARTA.- FORMA DE PAGO: El Distrito Capital Alcaldía Mayor-Secretaría General, reconocerá por honorarios profesionales el valor total del contrato, una vez ejecutado, previa aprobación del proyecto de contestación de las demandas por parte de la Oficina de Asuntos Judiciales. QUINTA.- PLAZO: La duración del presente contrato será por el término necesario para la ejecución total objeto estipulado en la cláusula primera de este contrato.” - A pesar de lo estipulado sobre la forma de pago, sin que se conozca la razón para ello, el valor total del contrato fué pagado en forma anticipada (cfr oficio de 24 de diciembre de 1998, folios 40 a 52 c. 2) “(…) Según reporte de la Oficina de Presupuesto el día 5 de diciembre de 1997 con O.P No 1652 se canceló el valor total del contrato, es decir la suma de 120 millones de pesos, sin que este se hubiera ejecutado como lo exigía la forma de pago y acorde a la modificación efectuada que trasladaba la ejecución a la fecha de terminación, es decir, a la fecha en que hubiere contestado 200 demandas o atendido igual número de procesos

durante 1998. A folio 229 del cuaderno 2, obra la orden de pago No 1652 de diciembre 5 de 1997, por valor de $120.000.000, a favor del Dr. Carlos Alberto Navia Raffo con cargo al contrato de prestación de servicios No 128 de 1997. - El 10 de diciembre de 1997, las partes suscribieron otrosí aclaratorio al contrato 128, para adicionar el siguiente parágrafo a la cláusula primera (fls 153 c. 2) “PARAGRAFO: En el caso de que por cualquier circunstancia no fuere posible contestar alguna o algunas de las demandas conforme a los poderes otorgados, los honorarios recibidos se abonaran o acreditaran al Contratista por la atención de igual número de procesos durante 1998, o contestando las demandas de nuevos procesos para lo cual se otorgarán los respectivos poderes; en el evento de procesos nuevos el plazo automáticamente se prorrogará por doce (12) meses más y, en consecuencia, el Contratista ampliará la garantía única y presentará ante la Oficina de Asuntos Judiciales informes bimestrales del estado en que se encuentren los procesos con sus respectivas actuaciones.” (resalto y subrayo)

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PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente 42.318 (00237) - El Director de Asuntos Judiciales de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante

comunicación de 10 de marzo de 1998 solicitó al abogado Carlos Alberto Navia Raffo (fl 23 c. 2): “rendir el informe mensual de las demandas a usted asignadas, el día 13 de cada mes, en diskette, en el formato que anexo, incluyendo en éste las que le fueron rechazadas por el Tribunal y caducidad de la acción, lo mismo que los procesos que le fueron asignados para presentar alegatos de conclusión” - El 19 de marzo de 1998, el contratista en respuesta a lo solicitado presentó un informe de la gestión realizada, en el cual relaciona 24 procesos, por número de radicado, nombre del actor y magistrado ponente, como la fecha de fijación en lista y aquella en que contestó la demanda en cada uno de ellos (fls 24 a 25 c. 2). - En los meses de abril, mayo, junio, agosto y noviembre de 1998, el contratista presentó en diskette los informes de la gestión realizada con cargo al contrato 128 de 1997 (fls 28 a 32 c. 2). Sin embargo al proceso no se aportó prueba directa de las actuaciones adelantadas en cada uno de los procesos, como tampoco los diskettes que afirma contienen dicha información. - El Director de Asuntos Judiciales, en su condición de interventor del contrato, mediante comunicación de 24 de noviembre de 1998 solicitó al Dr. Carlos Alberto Navia Ferro la remisión urgente de (fls 36 c. 2): “la carpeta contentiva del archivo de todos los procesos a su cargo, dichos expedientes deben tener como mínimo copia del traslado de la demanda, copia del poder, copia donde

hayan sido presentado alegatos de conclusión, copias de las sentencias donde se haya dictado fallo, copia de los recursos de apelación presentados y copia del auto de archivo del proceso donde haya ocurrido este fenómeno” - El 4 de diciembre de 1998, el hoy demandante (junto con dos abogados más) presentó derecho de petición ante la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el cual expresan sus puntos de vista respecto de la gestión realizada en cada uno de los procesos y la forma como en su sentir debían ser cancelados los honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios (fls 37 a 39 c. 2), pues reclama:

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antecedentes del contrato No 128 de 7 de noviembre de 1997, precisa sobre el objeto