PGN - ACCION DE CUMPLIMIENTO - Con vicio de legalidad al aprobar compromisos a cargo de los entes pú

Dependencia: DELEGADA PARA LA MORALIDAD PUBLICA.

Radicación: 212-127021-2005.

Disciplinados: VÍCTOR MANUEL PÁEZ GUERRA, RICARDO EMILIO

CIFUENTES ORDÓÑEZ, PABLO ANTONIO GUÍO TÉLLEZ,

BENIGNO HERNÁN DÍAZ CÁRDENAS, ALIRIO ESPÍRITU

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JAIRO CÉSAR FÚQUENE RAMOS

y ANA ELVIA OCHOA JIMÉNEZ.

Cargo y Entidad: Directores INPEC; Alcaldes Mayores de Tunja; Directores

Generales de Corpoboyacá.

Quejoso: De oficio.

Fecha Hechos: 1º de Junio de 2000 a la fecha.

Asunto: Resolución por la cual se profiere fallo de primera instancia en las presentes diligencias.

Bogotá, D. C. 31 de enero de 2008

I. ASUNTO A TRATAR: Procede el despacho a proferir fallo de primera instancia dentro del actual investigativo disciplinario radicado bajo el número 212-127021-2005, seguido en

contra de VÍCTOR MANUEL PÁEZ GUERRA, RICARDO EMILIO CIFUENTES

ORDÓÑEZ, PABLO ANTONIO GUÍO TÉLLEZ, BENIGNO HERNÁN DÍAZ CÁRDENAS, ALIRIO ESPÍRITU RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JAIRO CÉSAR FÚQUENE RAMOS y ANA ELVIA OCHOA JIMÉNEZ, en su calidad de Directores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC; Alcaldes Mayores de la ciudad

de Tunja, y Directores Generales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá, para la época de los hechos.

II. CUESTION FÁCTICA : 2.1. Hechos: El señor JORGE ENRIQUE CUERVO y la señora ADRIANA CAROLINA CASTRO instauraron acción popular en contra de diversas entidades públicas con el fin de lograr la descontaminación de la Represa “la Playa”, cuerpo hídrico que recibe las aguas residuales provenientes de la ciudad de Tunja, a través del río Jordán, y de la Penitenciaria de El Barne, que los vierte directamente. En el decurso procesal las partes intervinientes suscribieron un pacto de cumplimiento celebrado el 29 de marzo de 2000, aprobado por el juez de instancia por providencia del 1º de junio de 2000, en donde se comprometieron a: “1.- El INPEC, se obligó a tratar en debida forma las aguas residuales provenientes de la Penitenciaria El Barne y a suspender cualquier tipo de contaminación sobre la Represa la Playa.- 2.- El Municipio de Tunja, se obligó que en los tres años siguientes construiría recolectores e interceptores para controlar sus aguas residuales; y dentro de los 4 años siguientes, a la construcción de una Planta de Tratamiento.- 3.- El INAT y USOCHICAMOCHA, se comprometieron a asumir la responsabilidad administrativa en el cuidado, tenencia y manejo del embalse.- 4.- CORPOBOYACÁ, se comprometió a ejercer vigilancia y control sobre la Represa; producir informes trimestrales de la situación del embalse e imponer un Plan de manejo ambiental al propietario.”1

Dentro de las funciones inherentes al despacho del señor Procurador Judicial Ambiental y Agrario de Boyacá, en relación con la verificación de las acciones gubernamentales asumidas en la Acción Popular No 1999-2441, éste funcionario inició incidente de desacato ante la autoridad judicial y en su informe del 9 de junio de 2005 se dejó consignado el incumplimiento sistemático de las obligaciones a cargo de los entes públicos comprometidos con la descontaminación de la represa “la Playa”, dando lugar a la actuación disciplinaria que nos ocupa. 2.2. Ritualidad Procesal: De acuerdo con la comisión impartida por el señor Procurador General de la Nación, la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de Boyacá mediante auto del 19 de Agosto de 20052, dispuso adelantar INDAGACIÓN PRELIMINAR contra funcionarios responsables del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Pacto de Cumplimiento celebrado dentro de la Acción Popular No. 1999-2441, y en procura de absolver las finalidades señaladas en el artículo 150 del C.D.U. – Ley 734 de 2002. Posteriormente, por auto del 12 de enero de 20063, se dispuso apertura de INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, en contra de: LUCAS E. ANTONIO ARIZA

BARRIOS, ARMANDO MARIO MADRID, JUAN LUCAR RESTREPO IBIZA, CARLOS

ALTUSARRA DEL CAMPO, JOSE ANTONIO CAMPOS LUX, JOSE ARTURO

GARCÍA LOZANO y LUIS EDUARDO GÓMEZ GALLEGO, Directores del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras “INAT”; FABIO CAMPOS SILVA, VÍCTOR

MANUEL PÁEZ GUERRA y RICARDO EMILIO CIFUENTES ORDÓÑEZ, Directores Generales del Instituto Nacional Penitenciario “INPEC”; PABLO ANTONIO GUÍO TÉLLEZ y BENIGNO HERNÁN DÍAZ CÁRDENAS, Alcaldes del Municipio de Tunja, y, ALIRIO ESPÍRITU RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JAIRO CÉSAR FÚQUENE RAMOS y ANA ELVIA OCHOA JIMÉNEZ, Directores Generales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”; por no haber dado cumplimiento a los compromisos adquiridos en el PACTO DE CUMPLIMIENTO celebrado el 29 de Marzo de 2000 y aprobado por el Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá en fallo de Junio 1 de 2000. Providencia debidamente notificada mediante edicto emplazatorio, visible a folio 891 del cuaderno original No 4, desfijado el 27 de febrero de 2006.4 Por auto del 12 de julio de 2006 se dictó pliego de cargos en contra de: VÍCTOR

MANUEL PÁEZ GUERRA, RICARDO EMILIO CIFUENTES ORDÓÑEZ, PABLO

ANTONIO GUÍO TÉLLEZ, BENIGNO HERNÁN DÍAZ CÁRDENAS, ALIRIO ESPÍRITU RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JAIRO CÉSAR FÚQUENE RAMOS y ANA ELVIA OCHOA JIMÉNEZ en su calidad de Directores del Instituto Nacional penitenciario y Carcelario –INPEC; Alcaldes Mayores de la ciudad de Tunja y

Directores Generales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá, para la época de los hechos. Ejecutándose las labores pertinentes a fin de notificar la anterior decisión a los disciplinables se fijó edicto emplazatorio, de 1 Reseña fáctica del Pliego de Cargos del 12 de julio de 2006 proferido en las presentes diligencias. 2 Ver folio 100 cuaderno original No 1. 3 Ver folio 287 cuaderno original No 2. 4 Folio 893 del cuaderno original No 4. 2 fecha 8 de agosto de 2006, ante la imposibilidad de lograr la comparecencia del investigado RICARDO EMILIO CIFUENTES ORDÓÑEZ y/o su apoderada doctora SONIA GUZMÁN MUÑOZ5. Es de anotar, que la referida apoderada, presentó los descargos el día 29 de agosto de 2006.6 Por auto del 27 de enero de 2007 la Procuraduría Judicial en Asuntos Ambientales y Agrarios da aplicación al artículo 168 del C.D.U.- Ley 734 de 2002 con la práctica de una serie de pruebas solicitadas en los descargos7. A instancia de parte se solicitó la práctica de unas pruebas y dicho Despacho negó las mismas por auto del 15 de junio de 2007 y resolvió el recurso horizontal interpuesto por el sujeto procesal afectado, según providencia del 28 del mismo mes y año pasado8. Agotada la etapa probatorio en la fase de juicio el instructor, por auto del 23 de agosto de 2007, ordena correr el traslado de rigor para presentar ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.9

Finiquitado el trámite respectivo se remiten las diligencias por oficio PJAA 1709 del 13 de septiembre de 2007 por parte de la Procuraduría Judicial II en Asuntos Ambientales y Agrarios de Boyacá para proferir el fallo de primera instancia, conforme designación especial realizada por el señor Procurador General de la Nación a la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública. La División de Registro, Control y Correspondencia con oficio No 083206-2007 del 19 de septiembre de 2007 hace entrega del expediente a éste Despacho10. 2.3. De la prescripción de la acción disciplinaria: De acuerdo con la reseña procesal antecedente éste Despacho observa que pese al diligenciamiento presto de la ritualidad procesal por parte del funcionario instructor se tiene que dar aplicación a los artículos 30 y 73 del C.D.U. – Ley 734 de 2002, en consonancia con el artículo 34 de la Ley 200 de 1995, códificación disciplinaria anterior, sobre prescripción de la acción disciplinaria a favor del señor VÍCTOR MANUEL PÁEZ GUERRA, Mayor General ®, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 19’104.509, expedida en Bogotá, quien desempeñó el cargo de Director del Instituto Nacional Penitenciario y CarcelarioINPEC, desde el 9 de Julio de 2001 hasta el 20 de Agosto de 2002. (fl. 163 del cuaderno original No 1) Efectuado el análisis de los hechos materia de las presentes diligencias, a fin de colegir la existencia o no de los presupuestos señalados en el artículo 73 del C.D.U.

– Ley 734 de 2002, y en particular de una causal por la cual se concluya que no se puede proseguir la presente actuación, es pertinente fijar la fecha de la comisión de las conductas investigadas, máxime la restricción que impone el artículo 30 del

C.D.U. que refiere:

CODIGO DISCIPLINARIO UNICO, LIBRO I, PARTE GENERAL, TITULO III, LA

EXTINCION DE LA ACCION DISCIPLINARIA: CAPITULO SEGUNDO Prescripción de la acción disciplinaria 5 Folio 1894 del cuaderno original No 8. 6 Folios 1896 a 1898 ibídem. 7 Folio 2041 del cuaderno original No 9. 8 Folio 2297 del cuaderno original No 10. 9 Folio 2347 ibídem. 10 Folio 2520 op cit. 3 Art. 30. Términos de prescripción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto. En el término de doce años, para las faltas señaladas en los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del artículo 48 y las del artículo 55 de este código. (aparte declarado Inexequible: C-948-02) Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas. Parágrafo. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique.

La cuestión fáctica materia de análisis ha sido debidamente recogida en éstas diligencias al proferirse el auto de apertura formal de investigación disciplinaria y el pliego de cargos de fecha 12 de julio de 2006, en donde se analiza el presunto incumplimiento de varias autoridades estatales al pacto suscrito dentro de la acción popular 1999-2441 cursada en el Tribunal Administrativo de Boyacá; y que en el caso del INPEC “se obligó a tratar en debida forma las aguas residuales provenientes de la Penitenciaria El Barne y a suspender cualquier tipo de contaminación sobre la Represa La Playa”, en donde la conducta reprochable al disciplinado se haría exigible hasta la fecha de culminación del ejercicio de su cargo como Director General del INPEC., lo que aconteció el 20 de Agosto de 2002, con lo cual, desde ese día y hasta la fecha ya han transcurrido más de 5 años y se dará aplicación a la normatividad en cita, siendo relevante en acotar que en vigencia de la Ley 200 de 1995, anterior codificación disciplinaria en su artículo 34 también contemplaba en igual sentido el término de prescripción de la acción disciplinaria como lo hace el actual artículo 30 de la Ley 734 de 2002. En consecuencia se procederá a decretar el archivo definitivo de las diligencias en su favor del disciplinable VÍCTOR MANUEL PÁEZ GUERRA por prescripción de la acción disciplinaria iniciada en su contra. Por tal razón, el Despacho se abstendrá de emitir pronunciamiento alguno en relación con los cargos que le fueran elevados en su momento y los argumentos de defensa

correlativos.

III. COMPETENCIA PARA DECIDIR: En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7º del Decreto 262 de 2000, el señor Procurador General de la Nación ordenó, por auto del 26 de julio de 200511, radicar la competencia para conocer de las presentes diligencias y el conocimiento de los hechos investigados en el señor Procurador Judicial II en Asuntos Ambientales y Agrarios de Boyacá. Delegación, la anterior modificada y complementada por auto del 6 de diciembre de 2005 “en el sentido de mantener la designación..., hasta antes del fallo de primera instancia, decisión que será proferida por el Procurador Delegado para la Moralidad Pública, a quien con base en el artículo 7º, numeral 19, del Decreto 262 de 2000, se designa funcionario especial de primera instancia”12.

11 Folio 99 del C. O. No 1 12 Folio 160 del Cuaderno de Recusación. 4 Es de resaltar que éste mismo Despacho fue designado por el señor Procurador General de la Nación, acorde con las facultades atribuidas por el artículo 7º, numerales 6º, 7º, 19 y parágrafo del Decreto 262 de 2000, “para resolver la recusación presentada por la investigada ANA ELVIA OCHOA JIMÉNEZ dentro del proceso disciplinario 212-127021/05 contra el Procurador Judicial Ambiental y Agrario de Boyacá”, según auto del 15 de septiembre de 2006.13

IV. IDENTIDAD E INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS DISCIPLINABLES: El funcionario instructor, por auto del 12 de julio de 2006, profirió pliego de cargos en

contra de los siguientes servidores públicos, para la época de los hechos:

1. RICARDO EMILIO CIFUENTES ORDÓÑEZ, Mayor General ®, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 14’245.572 expedida en Melgar, quien desempeñó el cargo de Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, desde el 20 de Agosto de 2002 hasta el 27 de Octubre de 2005 (fl. 164).

2. PABLO ANTONIO GUÍO TÉLLEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 6’760.876 expedida en Tunja, quien se desempeñó como Alcalde Mayor de Tunja, desde el 1 de Enero de 2001 al 31 de Diciembre de 2003 (fl. 255).

3. BENIGNO HERNÁN DÍAZ CÁRDENAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 6’767.568 expedida en Tunja, quien se desempeñó como Alcalde Mayor de Tunja, desde el 1 de Enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2007 (fl. 267).

4. ALIRIO ESPÍRITU RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 6’753.473 expedida en Tunja, quien laboró como Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, desde el 1° de Enero de 1995 hasta el 28 de Octubre de 2003 (fl. 195).

5. JAIRO CÉSAR FÚQUENE RAMOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía

número 4’080.556 expedida en Cómbita, quien laboró como Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, desde el 28 de Octubre de 2003 hasta el 31 de Diciembre de 2003 (fl. 197).

6. ANA ELVIA OCHOA JIMÉNEZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 40’022.236 expedida en Tunja, quien labora como Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, desde el 2 de Enero de 2004 hasta la actualidad (fl. 198).

V. DEL ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LOS CARGOS, DE LOS

DESCARGOS Y DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR LOS DISCIPLINABLES. 5.1. De los cargos, descargos y alegatos de conclusión: En el auto de cargos del 12 de julio de 2006, se definió el juicio de exigibilidad en materia disciplinaria en contra de los disciplinables reseñados en el acápite anterior, 13 Folio 162 ibídem. 5 y se dispuso por el Despacho instructor que su conducta es, al parecer, relevante en materia disciplinaria. Es por ello que procederá el Despacho a su breve reseña procesal, al igual que de los descargos y alegaciones correlativas presentadas por los sujetos procesales. 5.1.1 DISCIPLINABLE RICARDO EMILIO CIFUENTES ORDÓÑEZ: Del Pliego de Cargos: Se señaló por el funcionario instructor en el pliego de cargos el reparo funcional al disciplinable RICARDO CIFUENTES ORDÓÑEZ, en los siguientes términos:

“II.- PARA EL MAYOR GENERAL ® RICARDO EMILIO CIFUENTES

ORDOÑEZ CARGO RICARDO EMILIO CIFUENTES ORDOÑEZ, en su condición de Servidor Público como Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario “INPEC”, incurrió en falta disciplinaria por desconocer los deberes que como servidor público estaba obligado a acatar y respetar establecidos a través del Numeral 1° del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, al incumplir el PACTO DE CUMPLIMIENTO; decisión judicial proferida por el Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá, el 1° de Junio de 2000; mediante el cual el INPEC se comprometió a tratar en debida forma las aguas residuales provenientes de la Penitenciaria El Barne y a suspender cualquier tipo de contaminación sobre la Represa La Playa.- El referido PACTO DE CUMPLIMIENTO como resultado de la acción popular, fue suscrito por el doctor DANIEL CARDOZO PEREZ, obrando en su condición de apoderado del INPEC, Entidad ésta que fue demandada directamente en la referida acción popular y que para los años 2002 (Agosto 20) hasta 2005 (Octubre 27), estaba representada por el Mayor General ® RICARDO EMILIO CIFUENTES ORDOÑEZ, quien en tal condición quedaba afectado por la sentencia y por ende era responsable de su cumplimiento, máxime si tenemos en cuenta lo dispuesto en el Inciso final del Artículo 27 de la Ley 734 de 2002.- En este evento, se pudo constatar que precisamente por seguir con la contaminación en la Represa La Playa, se profirió por parte de

CORPOBOYACÁ, el auto No. 004-205, por medio del cual se ordenó REQUERIR al Fondo de Infraestructura Carcelaria para que en un plazo máximo de tres (3) (sic), se hicieran los ajustes técnicos necesarios a los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en relación con las Penitenciarias Regionales y la Penitenciaria El Barne, ello en procura de garantizar un debido tratamiento de aguas residuales (fls. 22 a 24). Advirtiendo igualmente este Despacho, que en el contenido de dicho auto, se aprecia que con anterioridad ya se habían efectuado tres (3) requerimientos por la misma causa; requerimientos éstos que se allegaron a las presentes diligencias. De igual manera en el citado AUTO aparece que de la Visita practicada por CORPOBOYACÁ en compañía de la Procuraduría Agraria se 6 concluye que la Planta de Máxima Seguridad se encuentra subdiseñada ya que en horas pico se rebosa produciendo vertimiento al suelo y que el efluente que genera la Planta se mezcla en una estructura que ha sido diseñada para el drenaje de aguas de escorrentía y lluvias; se señala igualmente que la planta de Mediana Seguridad, se encuentra saturada, al aire libre y que las plantas presentan problemas de carácter operativo e impactos ambientales adversos.- Igualmente, se advierte, que el INPEC a través del Coordinador Regional Central y del Director de La Penitenciaria El Barne, ha sido requerido en diversas oportunidades, tales como mediante las Resoluciones 0201, 0202 y 0203 de Marzo 3 de 2003 (fls. 979, 963 y 971); para que cesen la

contaminación de la Represa La Playa, entre otras cosas para, implementar un sistema de tratamiento y disposición de aguas residuales provenientes de la actividad porcícola, tramitar y obtener el permiso de vertimiento industrial, llegando incluso a través de la Resolución No. 001297 de Diciembre 29 de 2005 ha imponer medida preventiva consistente en la suspensión inmediata de las actividades de explotación porcicola y de vertimiento de aguas residuales provenientes del centro carcelario al recurso hídrico de la represa La Playa, sin ningún tratamiento y que de continuarse con estas actividades se puede derivar daño o peligro para los recursos naturales renovables y para la salud humana (fl. 969); circunstancia ésta que demuestra el reiterado incumplimiento a las normas de protección a un ambiente sano que conllevan a un peligro inminente de los recursos naturales renovables.” De los descargos y Alegatos de Conclusión: Descargos: La doctora SONIA GUZMÁN MUÑOZ presenta escrito de descargos en representación del disciplinable RICARDO EMILIO CIFUENTES ORDÓÑEZ14. Señala la apoderada que no es cierto que el INPEC no haya tratado en forma “ambientalmente óptima” las aguas residuales provenientes del centro carcelario del Barne, prueba de ello son los contratos de obra pública visible a folio 149 y subsiguientes de la actuación, que el INPEC realizó a través de los contratistas las adecuaciones generales en la mencionada penitenciaria, que incluían la red sanitaria, las cajas de inspección sanitarias y lechos de secado de lodos; con lo cual,

su poderdante realizó todas las gestiones para dar cumplimiento a las obligaciones contraidas por el INPEC. De acuerdo a la imputación disciplinaria, a titulo de culpa, las circunstancias por las cuales no pudo dar cumplimiento en forma oportuna su poderdante, en criterio de la defensa, son exonerativas de responsabilidad. Revisado el contenido del artículo 65 del Código Civil su defendido no incurrió en ninguna de las formas de culpa allí reseñadas.

Alegatos de conclusión: El doctor RODRIGO GUERRERO ROBAYO, en su calidad de apoderado del disciplinable RICARDO EMILIO CIFUENTES ORDÓÑEZ, presenta alegatos de conclusión15 por medio de los cuales solicita la exoneración de su defendido por que “no se acreditó ninguna prueba que pudiera comprometer irregularidades u omisiones de ninguna naturaleza”. No es cierto que el Instituto Nacional Penitenciario

14 Folio 1896 del cuaderno original No 8. 15 Folios 2366 a 2368 del cuaderno original No 10. 7 y Carcelario – INPEC haya faltado al cumplimiento de las obligaciones nacidas del pacto de cumplimiento en la acción popular instaurada por el señor JORGE ENRIQUE CUERVO para lograr la descontaminación de la represa la Playa, prueba de ello son los contratos de obra aportados al plenario, en donde reitera la defensa, se hizo las adecuaciones relacionadas con la red sanitaria, las cajas de inspección sanitarias y lechos de secado de lodos; y de acuerdo a la imputación disciplinaria a titulo de culpa, revisado el contenido del artículo 65 del Código Civil, su defendido no incurrió en ninguna de las formas de culpa allí reseñadas.

5.1.2. DISCIPLINABLE PABLO ANTONIO GUÍO TÉLLEZ: Del Pliego de Cargos: Se señaló por el instructor en el auto de cargos el reparo disciplinario y funcional del

señor PABLO ANTONIO GUÍO TÉLLEZ, así:

“III.- PARA EL DOCTOR PABLO ANTONIO GUIO TELLEZ CARGO PABLO ANTONIO GUIO TELLEZ, en su condición de Servidor Público como Alcalde Mayor de Tunja, incurrió en falta disciplinaria por desconocer los deberes que como servidor público estaba obligado a acatar y respetar establecidos a través del Numeral 1° del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, al incumplir el PACTO DE CUMPLIMIENTO; decisión judicial proferida por el Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá, el 1° de Junio de 2000; mediante el cual el Municipio de Tunja, se comprometió a la construcción de los colectores que contaminan el río Jordán o chulo y la vega, más los interceptores correspondientes en un plazo de 3 años, contados a partir de la fecha (Marzo 29 de 2000) y en un plazo de 4 años contados también a partir de la fecha, a la construcción de la Planta de Tratamiento.- El referido PACTO DE CUMPLIMIENTO como resultado de la acción popular, fue suscrito por el doctor JOSE FERNANDO CAMARGO, obrando en su condición de apoderado del Municipio de Tunja, Entidad ésta que fue demandada directamente en la referida acción popular y que para los años 2001 a 2003, estaba representada por el doctor PABLO ANTONIO GUIO

TELLEZ, quien en tal condición quedaba afectado por la sentencia y por ende era responsable de su cumplimiento, máxime si tenemos en cuenta lo dispuesto en el Inciso final del Artículo 27 de la Ley 734 de 2002.- En este evento, se pudo constatar que si bien es cierto, se han construido algunos interceptores y colectores, tampoco es menos cierto que en la actualidad (año 2006), todavía se está llevando a cabo la construcción de algunas de estas obras, lo cual según el compromiso adquirido en el PACTO DE CUMPLIMIENTO, debió haberse llevado a cabo dentro de los 3 años siguientes, es decir, que a 2003 estas obras debían haber quedado culminadas completamente. Igualmente, está plenamente demostrado que la Planta de Tratamiento que debía haberse construido dentro de los 4 años siguientes, esto es, en el año 2004 en la actualidad apenas se adquirió el lote donde eventualmente se va a construir dicha Planta de Tratamiento.” 8 De los descargos y Alegatos de Conclusión: Descargos: En forma directa el disciplinable PABLO ANTONIO GUÍO TÉLLEZ presenta su escrito de descargos16 por medio del cual pone en conocimiento algunas circunstancias que afectaron el cumplimiento del acuerdo asumido por el alcalde de Tunja de la época JAIRO ANÍBAL DÍAZ MÁRQUEZ en la acción popular materia de análisis, en donde el término de 3 años para la construcción de los colectores que contaminan el río Chulo y La Vega, más los interceptores correspondientes, fue amparado en el Convenio Tripartita No 022 de apoyo financiero entre el Ministerio de

Desarrollo Económico, el municipio de Tunja y la empresa SERA Q.A E.S.P. S.A. del 8 de noviembre de 1999, cuyo objeto fue la ejecución del proyecto “Optimización General de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado del área urbana del Municipio de TunjaBoyacá”. Se indica que la administración antecesora, a cargo del burgomaestre JAIRO ANÍBAL DÍAZ MÁRQUEZ, para las vigencias fiscales de 1999 y 2000, realizó unas acciones que afectaron el cumplimiento del convenio y los recaudos de las vigencias futuras que lo soportaban a saber: 1. Incumplimiento de la cláusula sexta del convenio 022 para los años 1999 y 2000 en la asignación de recursos (Anexo Carpeta No 1); 2. Celebración del contrato de concesión No 093-2000 con la Unión Temporal Hunza, en donde se cedió la sobretasa a la gasolina por 3 años a partir de la vigencia 2001, por lo cual no se contaron con tales recursos; 3. En el año 2000 se reprogramó el servicio de la deuda y se pignoraron los recursos de predial, industria y comercio y los ingresos corrientes de la Nación, por lo cual, para el año 2001, se pagó por tales conceptos la suma de $ 2.450 millones. Las anteriores decisiones de la administración antecesora dieron lugar a la disminución de los recursos de inversión para el presupuesto del año 2001, según Acuerdo 010 del citado año, motivando a que, a través de la Secretaría de Hacienda, se replanteara el convenio de aportes del municipio de Tunja para los años 2001 y

2002, como se informó a la doctora ALCIRA MANRIQUE, delegada del Ministerio de Desarrollo para el convenio 022/99, el 26 de abril de 2001. En igual sentido se libró comunicación a la Directora de Agua Potable y Saneamiento Básico del citado ministerio, para cobijar tanto el convenio como el acuerdo de pacto de cumplimiento según oficio del 9 de mayo de 2001. Los ajustes realizados, con aprobación del Ministerio según comunicaciones del 1° y 28 de junio de 2001 se adoptaron por el cabildo municipal en los Acuerdos 026 del 16 de julio y 0039 del 3 de septiembre de 2001. Para el año 2002 la Secretaría de Hacienda Municipal eleva informe general del desarrollo del convenio el 17 de octubre y solicita el reajuste de los compromisos para la vigencia 2002 y su ampliación hasta el año 2004; en donde se tramitó petición de la alcaldía de fecha 22 de octubre de 2002 ante la Dirección General de Agua Potable y se aprobó por el Concejo Municipal el Acuerdo 050 modificatorio del 039 de 2001 para comprometer vigencias futuras. Refiere el disciplinado que, en la comunicación del 13 de noviembre de 2002, el doctor AUGUSTO OSORIO GIL, Director General de Agua Potable, precisa comentarios en relación al Convenio 16 Folios 1857 a 1880 del cuaderno original No 8. 9 022/99, que comparte el investigado y colige que tal acuerdo fue suscrito por la administración municipal del momento sin atender la verdadera realidad económica de las arcas del municipio de Tunja.

Adicionalmente, reseña el disciplinable, que a fin de dar cumplimiento al pacto se desconoció por el compromisario del municipio de la época la complejidad del proceso constructivo de los colectores e interceptores, su diseño y especificaciones técnicas y que además se requería autorización de entidades, tales como FERROVIAS y FENOCO S.A., y de propietarios particulares de los predios involucrados en las obras. Refiere el investigado que con el fin de cumplir las erogaciones del convenio 022/99 y del pacto de cumplimiento tramitó el proyecto de acuerdo No 16 del 25 de marzo de 2003, a fin de conseguir un empréstito por $ 3.000 millones, pero fue rechazado por los miembros de la corporación municipal. Procediendo la insistencia por parte del burgomaestre el cabildo aprueba el Acuerdo No 0015 del 23 de mayo de 2003 cuyos recursos se destinarían a financiar las inversiones del proyecto “Optimización General de los sistemas de acueducto y alcantarillado del área urbana del municipio de TunjaBoyacá”. Así, se propuso la modificación del Acuerdo 022/99 para una duración de 5 años y se inició la licitación No 003 de 2003 por $ 1.996.945.443.20. Sobre el reparo elevado en el sentido de la no construcción de la planta de tratamiento dentro de los 4 años siguientes al pacto, efectivamente solo se adquirió el lote de terreno para su ubicación, pero además realizó las siguientes acciones: Radicación ante la Comisión Nacional de Regalías el 17 de junio de 2002 del proyecto “Construcción planta de tratamiento de aguas residuales de Tunja, primera

etapa un módulo de 120 l/s”. Las gestiones del municipio y del departamento ante Planeación Nacional con la finalidad de lograr la descontaminación del Rió Chicamocha y la viabilidad de la propuesta dio como resultado que la Directora del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Boyacá, en comunicación del 12 de septiembre de 2003, informara la asignación de $ 3.003 millones para la primera etapa. De todas las gestiones realizadas por la Administración a su cargo se informó al alcalde electo señor BENIGNO HERNÁN DÍAZ según actas suscritas en reuniones acaecidas los días 15 y 18 de diciembre de 2003, celebradas en la alcaldía de Tunja y en el Ministerio de Desarrollo. Refiere el disciplinable PABLO ANTONIO GUÍO TÉLLEZ que el error incurrido por la persona que suscribió el pacto de cumplimiento se debió por no prever las incidencias del mismo “...por cuanto en el plan financiero del proyecto, estableció en el periodo 1999-2000, inversiones por $ 24.676 millones; de los cuales el 42% son recursos de origen municipal, 33% con recursos de la empresa SERA Q.A, y 25% con recursos de apoyo financiero de la nación (Ver tabla I y II del capitulo II cuaderno I). A 31 de diciembre de 2003 (fin de mi mandato) el avance del proyecto para atender el planteamiento inicial del convenio y por ende del pacto de cumplimiento correspondía al 80% con inversiones superiores a los $ 19.500 millone