PGN - ACCION DE CUMPLIMIENTO - Contra del municipio de tunja y otros, con el propósito de que se pro

ACCIÓN POPULAR-Contra del municipio de Tunja y otros, con el propósito de que se proteja el derecho colectivo de transporte que prestaba AUTOBOY desde la vereda Puente de Boyacá hacia Tunja y que desde el año 2016 dicho servicio fue suspendido

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., mayo 26 de 2022 Doctora

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Consejera Ponente – Sección Primera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 22 - 169

Medio de Control: Acción Popular (artículo 88 C.P. - Ley 472 de 1998 – artículo 144 CPACA) Radicado: 15001-23-33-000-2019-00249-01

Actor: Ricardo Cifuentes Torres Demandados: Municipio de Tunja y otros Trámite: Apelación primera instancia Procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto en el asunto de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación interpuesto por los municipios de Tunja y Ventaquemada y el recurso de apelación interpuesto en forma adhesiva por el Ministerio de Transporte, en contra de la sentencia de 22 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, con fundamento en los argumentos que se

exponen a continuación: ANTECEDENTES DEMANDA El señor Ricardo Cifuentes Torres interpuso demanda en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos -acción popular-, en contra del municipio de Tunja y otros, con el propósito de que se proteja el derecho colectivo establecidos en el literal j del artículo 4º de la Ley 472 de

1998, acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, presuntamente vulnerado por las entidades demandadas. Expuso como fundamentos de hecho que, desde hace más de 20 años, la empresa de servicios públicos AUTOBOY venía prestando el servicio público de transporte desde la vereda Puente de Boyacá hacia Tunja y que desde el año 2016 dicho servicio fue suspendido. _____________________________________________________________________________ Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80 - PBX 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080 www.procuraduria.gov.co 15001-23-33-000-2019-00249-01 5aCdeE/JADV/Al

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Afirmó que alrededor de 4000 usuarios se beneficiaban con el transporte en la ruta enunciada, en especial menores de edad que estudian en la ciudad de Tunja. A juicio del actor, la prestación del servicio de transporte público es inherente a la finalidad del estado social de derecho, cuyo fin es promover la prosperidad general, motivo por el cual, ante su vulneración, se justifica la intervención del Estado. CONTESTACIÓN Ministerio de Transporte Se opuso a las pretensiones de la demanda, alegando que conforme al artículo 2.2.1.1.5.1 del Decreto 1079 de 2015, corresponde a las autoridades municipales regular sobre la prestación del servicio y que el servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, en la ruta Tunja – Ventaquemada y viceversa está autorizada por el a las empresas Flota Sugamuxi S.A., Transportes los Muiscas S.A., Autoboy S.A., Los Delfines O.C., y expreso los Patriotas S.A.

Municipio de Tunja Manifestó que la administración municipal no tiene competencia en la vereda Puente de Boyacá, pues ésta hace parte de la jurisdicción territorial del Municipio de Ventaquemada. Sin embargo, sostuvo que la Secretaría de Tránsito y Transporte de Tunja realizó un estudio técnico en el año 2017, con el objeto de caracterizar la problemática evidenciada, con el fin de solicitar ante el Ministerio de Transporte la determinación de una ruta de influencia que cobije el sector de la vereda Puente de Boyacá y que dicha cartera respondió negativamente a su solicitud, aduciendo que no se cumplían con los requisitos exigidos. Afirmó, el Ministerio de Transporte es el encargado de determinar las características de prestación del servicio de transporte, equipos y el esquema para la fijación de tarifas, previa solicitud de las autoridades locales interesadas, en este caso, Municipio de Ventaquemada. Por último, adujo que en varias oportunidades puso en conocimiento del alcalde de Ventaquemada la problemática y le solicitó la autorización para el tránsito de los vehículos de transporte público colectivo municipal de pasajeros de la ciudad de Tunja, sin obtener respuesta; finalmente, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y genérica. CCS Constructores Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, pues corresponde al Estado la prestación de los servicios públicos. ENTIDADES VINCULADAS Agencia Nacional de Infraestructura Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, inexistencia de amenaza o

vulneración de los derechos colectivos por parte de la ANI y falta de legitimación en la causa por pasiva, pues conforme al Decreto 4165 de 2011, dentro de sus funciones no está la concesión de rutas de transporte intermunicipal. Las empresas de Transporte los Muiscas, Autoboy S. A. y Flota Sugamuxi S.A. alegaron que no han omitido deberes legales ni afectado o vulnerado los derechos colectivos enunciados en la demanda. Además, sostuvieron que el servicio de transporte es una actividad regulada por el Estado. Expreso los patriotas, Compañía de transporte Hunza LTDA y la Cooperativa Integral de Transportadores Colonial – COOTRASCOL comparecieron al proceso sin apoderado judicial. SENTENCIA Con providencia de 22 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda en contra de CCS Constructores, la Agencia Nacional de Infraestructura y Transporte los Muiscas S.A., Autoboy S.A., Flota Sugamuxi S.A., Expreso Los Patriotas, Compañía de Transporte Hunza LTDA y Cooperativa Integral de Transportadores Colonial – COOTRASCOL y accedió a las pretensiones de la demanda frente a los demás 2 _____________________________________________________________________________ Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80 - PBX 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080 www.procuraduria.gov.co 15001-23-33-000-2019-00249-01 5aCdeE/JADV/Al E-2022-294919 demandados y por consiguiente declaró que los Municipios de Tunja y Ventaquemada y el Ministerio de Transporte han vulnerado el derecho colectivo al

acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna. En consecuencia, le ordenó a los alcaldes de los municipios de Tunja y Ventaquemada, que dentro de los dos meses siguientes a la notificación, realicen las gestiones necesarias y trámites administrativos ante el Ministerio de Transporte, para solicitar una ruta de influencia que opere desde el municipio de Tunja hasta el Puente de Boyacá y al Ministerio de Transporte, para que, en el término de quince (15) días, contados a partir de la radicación de la solicitud de ruta de influencia que presenten los municipios de Tunja y Ventaquemada, resuelva sobre la autorización de ruta de influencia para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, que corresponda a la ruta entre el municipio de Tunja hasta el Puente de Boyacá. En efecto, para el a quo, está acreditada la vulneración de los derechos colectivos al goce del servicio público de transporte toda vez que, con la construcción de la doble calzada, se dejó de prestar el mismo y, por ende, de garantizarse un servicio vital para movilización de la población que conforma la vereda de Puente de Boyacá. APELACIÓN Municipio de Tunja Solicitó revocar parcialmente el numeral tercero de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, ampliar a 5 meses el término conferido para las entidades territoriales para solicitar una ruta de influencia que opere desde el municipio de Tunja al Puente de Boyacá. El recurrente manifestó estar de acuerdo y acoger la sentencia emitida, por encontrase en armonía con la postura institucional y por considerar que se ajusta al ordenamiento legal, y a los intereses tanto de la comunidad como de la administración municipal; sin embargo, adujo no estar de acuerdo con el término

otorgado para el cumplimiento de la misma, por ser insuficiente. Municipio de Ventaquemada Solicitó modificar la sentencia, manifestando la imposibilidad de realizar los estudios que prevé el artículo 2.2.1.1.5.5. del Decreto 1079 de 2015 dentro de los plazos previstos en la sentencia: “o en todo caso actualizarlos a las condiciones de mercado y flujo de pasajeros”, pues requieren la contratación de consultorías, modificación de los planes de contratación, adelantar estudios previos y un proceso de selección que permita determinar las características de los productos, así como la idoneidad y experiencia de los consultores. Por ello, concluyó que es imposible cumplir con la sentencia adoptada y al mismo tiempo con las disposiciones del Estatuto General de Contratación. Ministerio de Transporte – apelación adhesiva Solicitó modificar la sentencia y en su lugar, declarar que el Ministerio de Transporte no ha vulnerado el derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y, asimismo, ampliar el término otorgando a las entidades condenadas para dar cumplimiento al fallo, pues tanto la elaboración del estudio técnico como su análisis requieren de un tiempo superior al concedido en la decisión. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO PROBLEMA JURÍDICO ¿Se encuentra vulnerado el derecho colectivo previsto en el literal j del artículo 4º de la Ley 472 de 1998, por parte de los municipios de Tunja y Ventaquemada y el Ministerio de Transporte, ante la inexistencia de ruta de influencia que opere desde el Municipio de Tunja hasta el Puente de Boyacá?

MARCO JURÍDICO El artículo 88 de la Constitución Política de 1991 establece la acción popular para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza conforme a la definición legal. 3 _____________________________________________________________________________ Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80 - PBX 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080 www.procuraduria.gov.co 15001-23-33-000-2019-00249-01 5aCdeE/JADV/Al

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Por su parte, el artículo 2º de la Ley 472 de 1998 define la acción popular como el medio procesal para la protección de los derechos e intereses colectivos, indicando que la misma se ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre tales derechos e intereses, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. La misma Ley dispone, en su artículo 9º, que las acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que haya violado o amenace violar los derechos e intereses colectivos, y en su artículo 4º señala como derechos e intereses colectivos susceptibles de ser protegidos mediante esta acción, entre otros, el goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del

patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas, la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles. De otro lado, el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011 dispone que cualquier persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos para lo cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. En todo caso, cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin que en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos. Ahora bien, frente al ejercicio del medio de control que nos ocupa, para la hacer cesar la amenaza o vulneración del derecho, la propia Corte Constitucional ha insistido en que las acciones populares poseen una estructura especial que las diferencia de los demás procesos litigiosos, en cuanto son un mecanismo de protección de los derechos colectivos, a partir de lo cual, como director del proceso, el juez puede conminar, exhortar, recomendar o prevenir, a fin de evitar una eventual vulneración o poner fin a una afectación actual de los derechos colectivos que se pretenden proteger, sin que tal decisión constituya en forma 1 alguna un capricho del juez constitucional .

Y es por lo anterior que un elemento esencial de las acciones populares sea el carácter oficioso con que debe actuar el juez, sus amplios poderes con miras a la defensa de los derechos colectivos, que le facultan para proferir fallos en los que se den órdenes que van más allá de lo pedido por el actor, pues el fin último de este mecanismo no es proteger al demandante, sino resguardar a la comunidad que resulta afectada, comoquiera que el titular de los derechos colectivos es 2 toda la colectividad . Para el Consejo de Estado, es propio del juez de la acción popular amparar los derechos colectivos, incluso yendo más allá de lo pedido por quien la inició, pues el fin último de este mecanismo no es solo la protección del demandante sino la de la comunidad afectada, atendiendo que el titular de los derechos colectivos es ésta, aun cuando su defensa pueda activarse por iniciativa de cualquiera de sus miembros, y que tales derechos guardan una relación estrecha con 3 otros derechos como la vida y la salud, todos ellos, valga recordar, fundamentales . En el caso que nos ocupa se alegó la vulneración del derecho colectivo establecido en el literal j del artículo 4º de la Ley 472 de 1998, acceso a los servicios 4 públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna. Pues bien, frente al servicio público de transporte, de acuerdo con la jurisprudencia , el transporte es una actividad indispensable para la vida en sociedad y “en particular para las relaciones económicas, que conlleva movilizar personas o cosas de un lugar a otro, mediante diferentes medios. Dichos traslados pueden efectuarse dentro del marco de las relaciones privadas, bajo el amparo de la libertad de locomo5 ción (art. 24 Const.), o ejerciendo actividades económicas dirigidas a obtener beneficios por la prestación del servicio (art. 333)” .

1 Entre otras, en la sentencia T-443 de 2013. 2 T-443 de 2013. 3 Entre otras, en la sentencia del Consejo de Estado de 9 de agosto de 2012, Exp.: 73001-23-31-000-2010-00472-01(AP). 4 C-033 de 2014, C-981 de 2010. 5 Ídem. 4 _____________________________________________________________________________ Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80 - PBX 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080 www.procuraduria.gov.co 15001-23-33-000-2019-00249-01 5aCdeE/JADV/Al

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Según la Corte Constitucional, el transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas, mediante vehículos apropiados a cada tipo de infraestructura disponible, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios y sujeta a una contraprestación económica; igualmente es un servicio público, por lo tanto compete al Estado la regulación, control y vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condi6 ciones de calidad, oportunidad y seguridad . En efecto, la regulación del transporte público por parte de las autoridades competentes implica exigir y verificar las condiciones de seguridad, comodidad y 7 accesibilidad requeridas para garantizar a los usuarios la eficiente prestación del servicio, dándole prioridad al uso de los medios masivos . Con relación a las rutas de influencia, el artículo 2.2.1.1.8.1 del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 dispone que es aquella que comunica municipios

contiguos sujetos a una influencia recíproca del orden poblacional, social y económica, que no hacen parte de un área metropolitana definida por la ley, requiriendo que las características de prestación del servicio, los equipos y las tarifas sean semejantes a los del servicio urbano. Su determinación estará a cargo del Ministerio de Transporte, previa solicitud conjunta de las autoridades locales en materia de transporte de los municipios involucrados, quienes propondrán una decisión integral de transporte en cuanto a las características de prestación del servicio, de los equipos y el esquema para la fijación de tarifas. Por su parte, el artículo 2.2.1.1.5.5 dispone que la Autoridad Metropolitana, Distrital o Municipal competente será la encargada de determinar las medidas conducentes a satisfacer las necesidades insatisfechas de movilización. Para el efecto se deben adelantar los estudios que determinen la demanda de movilización, realizados o contratados por la autoridad competente. Cuando los estudios no los adelante la Autoridad de Transporte Competente serán elaborados por Universidades, Centros de Consulta del Gobierno Nacional y Consultores Especializados en el Área de Transporte, que cumplan los requisitos señalados para el efecto por la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte. Pues bien, en el sub lite se encuentra acreditada la vulneración al derecho colectivo previsto en el literal j del artículo 4º de la Ley 472 de 1998, ante la inexistencia de ruta de influencia que opere desde el Municipio de Tunja hasta el Puente de Boyacá, sin que obre prueba que acredite que, a la fecha, la vulneración fue superada. En la sentencia de primera instancia el Tribunal resaltó la necesidad de prestar el servicio de transporte entre Tunja y el Puente de Boyacá; servicio público

que se dejó de prestar con la construcción de la doble calzada, como pasa a verse: “Para la Sala es claro que, con las manifestaciones del actor popular y de los habitantes de la comunidad de Puente de Boyacá quienes insistentemente refirieron la necesidad de una ruta de afluencia que permita el acceso a la comunidad de Puente de Boyacá, quienes vienen desarrollando sus actividades cotidianas en la ciudad de Tunja, y las solicitudes que insistentemente ha elevado el Municipio de Tunja al Municipio de Ventaquemada, además de las gestiones administrativas para que de manera mancomunada soliciten ante el Ministerio de Transporte la implementación de una ruta de influencia de manera eficaz para la prestación del servicio público colectivo hasta la vereda de Puente de Boyacá, permite entrever que en el asunto de marras hay trasgresión de los derechos colectivos al goce del servicio público de transporte toda vez que, con la construcción de la doble calzada se dejó de prestar dicho servicio, hasta los límites del Municipio de Tunja, con lo cual dejó de garantizarse la prestación de un servicio vital para movilización de la población que conforma la vereda de puente Boyacá, en condiciones de eficiencia y oportunidad, hecho que evidentemente causa un agravio a los derechos de las personas que viven en dicha zona y venían haciendo uso del servicio de transporte colectivo”. Ahora bien, los medios de prueba allegados al plenario dan cuenta de las reiteradas solicitudes de la comunidad de la Vereda del Puente de Boyacá, para que se preste el servicio de transporte desde la ciudad de Tunja (folio 33 y siguientes, cuaderno ppal.) 6 C-033 de 2014, C-981 de 2010. 7 C-033 de 2014.

5 _____________________________________________________________________________ Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80 - PBX 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080 www.procuraduria.gov.co 15001-23-33-000-2019-00249-01 5aCdeE/JADV/Al

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También se acreditó que, con el fin de prestar el servicio de transporte en la ruta enunciada, mediante oficio de 31 de agosto de 2015, los alcaldes de Tunja y Ventaquemada solicitaron al Ministerio de Transporte se autorice configurar la Ruta de influencia entre los dos municipios en el sector del Puente de Boyacá, para comunicar a estos dos 2 municipios “a una influencia unilateral de transporte con vehículos del transporte público colectivo terrestre automotor municipal de pasajeros adscritos o vinculados a las empresas habilitadas para la ciudad de Tunja, con el fin de satisfacer las necesidades básicas de transporte y garantizar la seguridad vial, vida e integridad de los usuarios de transporte público” (folio 105 c. ppal.). Igualmente se probó que mediante oficio 20154110306111 de 14 de septiembre de 2015, el Ministerio de Transporte respondió negativamente a la solicitud, indicando que está autorizada la prestación del servicio con varias empresas, que el sector cuenta con adecuados servicios de transporte de pasajeros por carretera, que entre Tunja - Puente de Boyacá (Ventaquemada) existe una distancia aproximada de 25 kilómetros con una población escasa y características que imposibilitan declarar la ruta de influencia, concluyendo que no se cumplen los requisitos exigidos para determinar la ruta (folio 106-107 c. ppal.).

Asimismo, está acreditado que el 15 de diciembre de 2016, el Ministerio de Transporte, atendiendo un derecho de petición del actor, señaló que el servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera entre Tunja – Ventaquemada está autorizado por el Ministerio de Transporte a varias empresas y advirtió que los alcaldes de los dos municipios deben solicitar al Ministerio determinar que la ruta tiene las características de ruta de influencia, para que sea prestada por los vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor colectivo municipal de Tunja. (folio 48 y siguientes, 117 y siguientes, c. ppal.). En efecto, se acreditó que las rutas con origen y/o destino al límite sur de Tunja (Frontera Puente de Boyacá) realizan su retorno en el sector de San Antonio, dejando de atender población en una longitud aproximada de 5.65 kilómetros por sentido, según da cuenta el oficio 20170110009391 de 26 de julio de 2017, suscrito por el Secretario de Tránsito y Transporte de Tunja (folio 133 y siguientes, cuaderno ppal.). Así las cosas, comparte esta Delegada la conclusión a la que arribó la primera instancia al concluir que las entidades llamadas a responder son los municipios de Tunja y de Ventaquemada y el Ministerio de Transporte, a quien le compete determinar que la ruta tiene las características de ruta de influencia para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros. En efecto, el a quo manifestó: “En este caso, al Ministerio de Transporte le corresponde verificar la solicitud y autorizar la misma, siguiendo lo preceptuado en el artículo 3° de la Ley 105 de 1993 (…) y

conforme a lo dispuesto en el Decreto 1075 de 2016 (…) (…) s a las entidades territoriales las que les asiste la obligación de presentar ante el Ministerio de Transporte la Solicitud de autorización para la implementación de una ruta de influencia, por lo que, aun cuando haya sido presta en requerir al Municipio de Ventaquemada para elevar la petición correspondiente ante el Ministerio, no puede ser desvinculada de la presente acción hasta tanto no quede demostrada la cesación de violación de los derechos colectivos, del cual se busca su amparo (…)”. Ahora bien, los recurrentes solicitaron ampliar el término concedido en la decisión de primera instancia para, i) solicitar una ruta de influencia que opere desde el Municipio de Tunja hasta el Puente de Boyacá y ii) resolver sobre la autorización de ruta de influencia para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, que corresponda a la ruta entre el Municipio de Tunja hasta el Puente de Boyacá. Acciones a cargo de los municipios comprometidos y el Ministerio de Transporte, respectivamente. Pues bien, comoquiera que, en su recurso, el municipio de Tunja afirmó que se encuentra en ejecución el Contrato de Consultoría para la Formulación del Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público (PMMEP) y la Estructuración del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de la ciudad y los Estudios de la Estructuración Técnica, Legal y Financiera del Sistema Estratégico Transporte Público (SETP), que determinará y definirá la proyección del modelo de prestación del servicio de transporte público y también que espera recibir hacia finales del mes de mayo los resultados y los productos del contrato de consultoría, “sobre el tiempo de los dos (2) meses otorgados para el cumplimiento de la sentencia”, a juicio de esta Procuraduría Delegada el argumento enunciado no es de recibo, pues, de acuerdo con lo anotado por el recurrente, a la fecha se debieron entregar los resultados del contrato enunciado, insumo para la solicitud requerida. 6 _____________________________________________________________________________ Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80 - PBX 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080 www.procuraduria.gov.co 15001-23-33-000-2019-00249-01 5aCdeE/JADV/Al

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Además, vale la pena recordar que el a quo dispuso que para solicitar una ruta de influencia que opere desde el municipio de Tunja hasta el Puente de Boyacá, debía tenerse como plan de ejecución las áreas de extensión comprendidas en el estudio técnico que en el año 2017 fuera presentado por el Municipio de Tunja, conforme obra a folios 137 y 138 del archivo 0002 expediente SAMAI. En suma, el Ministerio Público comparte la posición del a quo quien encontró vulnerado el derecho colectivo enunciado. Además, como en esta oportunidad los recurrentes no lograron desvirtuar el grado de responsabilidad comprometido dentro de la órbita de sus específicas competencias, ni tampoco se apeló a prueba que acredite que su nivel de responsabilidad resulta atribuible en proporción inferior, a juicio de esta Delegada, debe confirmarse la sentencia de primera instancia. En todo caso, se deja a consideración de la honorable corporación la modificación del término concedido para el cumplimiento de las

obligaciones impuestas, tanto a los municipios comprometidos, como al Ministerio de Transporte. En este orden de ideas, esta Procuraduría Delegada pone en consideración del Consejo de Estado la siguiente, CONCLUSIÓN De conformidad con las normas citadas, con la jurisprudencia invocada, con las pruebas allegadas y practicadas y con las consideraciones y reflexiones consignadas en este concepto, esta agencia del Ministerio Público, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de los derechos fundamentales, con el acostumbrado respeto por la independencia judicial, comedidamente deja a consideración de la Honorable Sala de Decisión CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. De la señora Consejera, respetuosamente, 7 _____________________________________________________________________________ Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80 - PBX 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080 www.procuraduria.gov.co 15001-23-33-000-2019-00249-01 5aCdeE/JADV/Al

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