PGN - ACCION DE GRUPO - Al no existir un hecho generador común entre todos los miembros del grupo no

ACCIÓN DE GRUPO-No procede pues la parte demandante no cumplió con la carga probatoria de demostrar el daño hecho generador al que alude el grupo actor ACCIÓN DE GRUPO-Fuente normativa/ ACCIÓN DE GRUPO-Finalidad De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución Política y la Ley 472 de 1998, la acción de grupo tiene por finalidad exclusiva la reparación de perjuicios causados por un daño común a un número plural de personas, Finalidad que deviene de la redacción literal de los artículos 3o y 46 de la citada ley. …En conclusión, la acción de grupo, por su naturaleza indemnizatoria, tiene como finalidad exclusiva el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios que surgen de la responsabilidad del estado como resultado de una relación de causalidad material entre el daño antijurídico y la acción u omisión de la entidad pública. En tal sentido se tiene como referencia la sentencia de la Corte Constitucional C-965 de 2003: ACCIÓN DE GRUPO-Hecho generador del daño/ ACCIÓN DE GRUPO-Se requieren condiciones uniformes en el número plural de personas Corte en la Sentencia C-1062 de 2000 en cuanto a la naturaleza, finalidad y características de la acción de grupo, manifestó lo siguiente:… “En lo relativo a la determinación de la responsabilidad en la causación del daño, para el ejercicio de esta acción es requisito indispensable que existan condiciones uniformes en el número plural de personas. Esto significa que las personas que se han visto afectadas en un interés jurídico deben compartir la misma situación respecto de la causa que originó los perjuicios individuales y frente a los demás elementos atribuibles a la responsabilidad; es decir,

que el hecho generador del daño sea idéntico, que ese hecho haya sido cometido por el mismo agente, o sea referido a un mismo responsable, y que exista una relación de causalidad entre el hecho generador del daño y el perjuicio por el cual el grupo puede dirigir la acción tendiente a la reparación de los perjuicios sufridos. CARGA PROBATORIA-Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen-FALLA DEL SERVICIO-Requisitos Sobre el tema de la carga probatoria, ha estipulado el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de lo cual el Consejo de Estado ha explicado que cuando se imputa responsabilidad del Estado en virtud de una falla del servicio “ se debe probar la existencia de la falla propiamente dicha, el daño antijurídico sufrido por la víctima, es decir aquel que jurídicamente no está obligada a soportar y el nexo de causalidad entre estos dos, es decir que fue ese erróneo e ilegal comportamiento estatal, el que produjo el daño. Esto significa que recae en el demandante la carga de la prueba, en virtud de la cual le corresponde acreditar dichos 1 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No. 15-80 Piso 19º. 5878750 Ext. 11961 SCPK extremos de la falla. Y al respecto, resulta necesario recordar en relación con esta carga, que la misma consiste en que quien afirma un hecho debe probarlo, porque de lo contrario, le

corresponde asumir las consecuencias de que dicho hecho no haya sido debidamente acreditado” (subrayado fuera de texto). CARGA DE LA PRUEBA-La ley estableció unos requisitos para acceder a la asistencia económica como damnificados por la ola invernal de 2011/ CARGA DE LA PRUEBA-Quienes fueron inicialmente censados no aportaron los documentos que acreditaban su relación con el bien inmueble físicamente afectado 2.4.3. Esta Delegada observa que existen unos requisitos para acceder a la asistencia económica, y en el mismo sentido se estableció el procedimiento que debían realizar la autoridades locales y los CLOPAD (FOPAE) quienes debían evaluar el nivel de afectación que se presentaba en su respectiva comprensión territorial, y estableció que “la no inclusión de afectados en la planilla a la fecha señalada, es responsabilidad del CLOPAD en cabeza del respectivo alcalde y por lo tanto la UNGDR no responderá por la asistencia económica correspondiente”. En este punto hacemos una pausa, pues de acuerdo al escaso acervo probatorio, encontramos que al momento de hacer el censo, si bien las personas fueron censadas, estas se encontraban en el inmueble y por lo tanto fueron catalogadas como afectadas por la ola invernal de 2011 por parte del FOPAE, pero a su vez estas no acreditaron su condición de propietarios, arrendatarios o tenedores de los inmuebles afectados, en otras palabras no revisten la idoneidad para acreditar alguna relación con el bien, valga la aclaración, pues si bien, esta se lograba a través con los certificados de libertad y tradición de los respectivos inmuebles, los contratos de arrendamiento o un documento de similar condición, no los

aportaron. Lo anterior fue posible lograr y concretar con ayuda de la depuración de la base de datos, tal como lo menciona el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la cual hace un análisis muy detallado al respecto … No sobra mencionar que de acuerdo al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, es la parte actora a quien le corresponde acreditar de forma plena y completa los actos y hechos jurídicos alegados y soportados, mediante pruebas, documentales, testimoniales etc..., aportadas debidamente al expediente, acreditando de esta manera lo mencionado en su escrito de demanda, tal como lo mencionamos en el numeral 2.2.3 del presente concepto, lo cual es evidente que no ocurrió, toda vez que existe un vacío probatorio en el presente caso, que brinde certeza sobre la responsabilidad de las aquí demandadas. CAUSA DEL DAÑO-Hecho generador/ACCIÓN DE GRUPO-Requiere que se trate de condiciones uniformes con respecto a la causa que generó el daño/ ACCIÓN DE GRUPO-Posición jurisprudencial …Por lo tanto es importante tener en cuenta que la acción de grupo fue establecida en el artículo 88 de la constitución de 1991 y desarrollada por el legislador mediante la Ley 472 de 1998, la cual de manera concisa establece en su artículo 3° “acción de grupo son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No. 15-80 Piso 19º. 5878750 Ext. 11961 SCPK uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas

personas” Por lo tanto, este Despacho se permite indicar que esta acción de grupo procede para obtener el reconocimiento y pago de una indemnización por los perjuicios causados a un grupo no inferior de 20 personas, siempre que se trate de condiciones uniformes con respecto a la causa que generó el daño. …Bajo este entendido, si bien es cierto, en el presente proceso y de acuerdo a las pruebas que fueron practicadas, se logró determinar de manera certera que los presuntos daños alegados por los demandantes no fueron comunes para todos, es decir que algunos de los integrantes del grupo no se encontraban dentro de la manzana de afectación directa, es decir que no cumplían con los presupuestos definidos por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de DesastresUNGRD. ACCIÓN DE GRUPO-Al no existir un hecho generador común entre todos los miembros del grupo no se cumplen los presupuestos exigidos para su procedencia Por otro lado, al no existir un hecho generador común entre todos los miembros del grupo, no se cumplen los presupuestos exigidos para la procedencia de la acción de grupo, y en ese orden no prosperarían las pretensiones de la parte actora, los cuales sostienen que el daño si está configurado y que en síntesis se evidencia con la omisión de las autoridades distritales en particular el FOPAE al no remitir oportunamente el listado definitivo de damnificados con los eventos hidrometeorológicos de la segunda temporada de damnificados comprendida entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011. ACCIÓN DE GRUPO-Se requiere probar el nexo de causalidad/ NEXO CAUSALApreciación clara de circunstancias de tiempo, modo y lugar

Al respecto de lo anterior, esta Delegada encuentra que la UNGRD, respondió indicando que efectivamente hubo una remisión extemporánea de la base de datos por parte del FOPAE, destacando que no es la única razón por la que negó el pago del apoyo económico, sino que esta de debió a circunstancias como: 1 En el censo extemporáneo enviado por el FOPAE se reportó a las personas que no se encontraban en la manzana de afectación directa. Lo cual desvirtúa el hecho generador común (la inundación) pues esta no tuvo la potencialidad de afectar a todos los habitantes de la zona. 2. Se reportó a personas de viviendas en las cuales no hubo ingreso de agua 3.Se reportó a habitantes de segundos pisos y superiores y hasta locales comerciales los cuales no cumplían con la definición de damnificado directo. Así las cosas, este Despacho estima que el apoderado del grupo no brindó los elementos probatorios suficientes que sustenten la afirmación manifestada en la demanda, la cual recalcamos se encuentra en cabeza de las partes y sus apoderados, y más cuando se trata de documentos. Cabe aclarar que para atribuir dicha responsabilidad es necesario que exista un segundo elemento llamado nexo de causalidad, es decir que el daño esté ligado a una falla del Estado, generadas en circunstancias de tiempo, modo y lugar, para finalmente atribuir un título de imputación llamado falla en el servicio. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No. 15-80 Piso 19º. 5878750 Ext. 11961 SCPK ACCIÓN DE GRUPO-Era necesario probar la existencia de la ocurrencia del daño y la

generación y monto de los perjuicios lo que no sucedió 2.4.5. De esta manera, para el Ministerio Público la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es compartida, en el sentido que con la sola afirmación por parte del accionante de la existencia de un daño que ocasionó perjuicios, no se puede acreditar la existencia de los mismos, ya que éstos deben estar debidamente probados, situación que era de conocimiento del actor, toda vez que por ser la acción de grupo exclusiva para buscar el reconocimiento y pago de una indemnización de perjuicios, era necesario probar la existencia de la ocurrencia del daño y la generación y monto de los perjuicios por lo tanto en consecuencia de lo anterior, y con base en el material probatorio allegado, es posible concluir que en el caso sub lite, no le asiste responsabilidad administrativa a ninguna de las entidades demandadas, así mismo es propio decir que el material probatorio aportado por la parte actora fue escaso, pues es claro que si no se cancelaron los subsidios por parte de La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a algunos damnificados no se debió a este hecho, si no a que no cumplían algunos de los requisitos contemplados en la Resolución 074 de 2011. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado

Carrera 5 No. 15-80 Piso 19º. 5878750 Ext. 11961 SCPK PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. 250002341000-2013-00488-01

CONCEPTO No. 181 / 2018

Bogotá D. C., 26 de noviembre de 2018

Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente

Doctora MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO

E. S. D.

Expediente: 250002341000-2013-00488-01

Acción de Grupo Actor: Sandra Milena Casanova Chavarro y otros Demandados: Presidencia de la República y otros.

Sentido del concepto: Solicitud de CONFIRMAR la providencia recurrida / No se encuentran acreditada la existencia del hecho generador al que alude el grupo actor, puesto que no es posible derivar las condiciones uniformes que permitan identificar al grupo / No aparece aportada prueba alguna que permita demostrar el perjuicio ocasionado / La parte demandante no cumplió con la carga probatoria de demostrar el daño hecho generador al que alude el grupo actor/ incumplimiento del primer requisito para la procedencia de la acción de grupo.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento del ordenamiento jurídico, la protección del Patrimonio Público y de los derechos y las garantías fundamentales. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No. 15-80 Piso 19º. 5878750 Ext. 11961 SCPK

1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda La parte demandante señaló como sustento de la acción, en síntesis, lo siguiente: Los hechos se originan en la segunda temporada de lluvias durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011, que ocasionaron

la inundación de las viviendas de los miembros del grupo lo que los convierte en damnificados directos. La UNGRD emitió la Resolución 074 de 15 de diciembre de 2011, mediante: la cual se destinaron recursos para atender a la familias damnificadas directas por la segunda temporada de lluvias, en la que se estableció un apoyo económico de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) para cada damnificado directo como alivio con el fin de restablecer las condiciones de bienestar de las familias, de habitabilidad y de algunos bienes perdidos o averiados; y además, en su artículo 3°, se decretó que los comités locales para la prevención y atención de desastres (en el caso de Bogotá el FOPAE) debían diligenciar la planilla de apoyo económico de los damnificados directos. Entre el 7 de diciembre de 2011 y el 6 de enero de 2012 la Secretaria Distrital de Integración Social censó a las personas (núcleos familiares) afectadas y entregó ayudas humanitarias de emergencia, información que fue validada, consolidada y enviada al FOPAE. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No. 15-80 Piso 19º. 5878750 Ext. 11961 SCPK Por su parte, el FOPAE tenía hasta el 30 de diciembre de 2011 para reportar la información a la UNGRD. El FOPAE entregó en el mes de diciembre de 2011 el registro de 10.610 damnificados de la localidad de Usme y 4.618 de la localidad de Kennedy.

La UNGRD amplió el plazo hasta el 30 de enero de 2012 para que se hiciera entrega de la información de las personas damnificadas con la ola invernal, entidad que remitió el 24 de diciembre de 2011 un consolidado de 16.574 damnificados. Precisa que el FOPAE considera que hay 27.196 familias damnificadas en los términos de la Resolución 074 de 2011. El FOPAE remitió el segundo registro de damnificados a la UNGRD el 28 de febrero de 2012, esto es, en forma tardía, pues el plazo había sido ampliado hasta el 30 de enero de 2012 conforme a la Resolución 002 de 2012. Sostiene que solo una minoría ha accedido al apoyo económico otorgado por la Resolución 074 de 2011. Debido a que se produjo un envío tardío por parte del FOPAE la UNGRD, pues el segundo listado se remitió por fuera del término previsto en la Resolución 074 de 2011, no se aprobó el apoyo económico correspondiente y se dispuso devolver el listado correspondiente, situación que afecta a los miembros del grupo. El Decreto 4579 de 2010, que declaró la situación de desastre nacional, no establece ningún límite en el tiempo para prestar la asistencia humanitaria y la entrega de incentivos de diverso orden a las familias afectadas y se encuentra vigente hasta que el Presidente decrete que ha cesado la situación de desastre. La totalidad de las familias afectadas en las localidades de Usme y Kennedy son 27.196; por lo tanto, todas ellas son beneficiarias del apoyo económico ofrecido por el

Gobierno Nacional; sin embargo, falta por asignar un total de 10.622 que corresponden 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No. 15-80 Piso 19º. 5878750 Ext. 11961 SCPK a la diferencia entre el censo inicial, entregado el 23 de diciembre de 2011 y el censo ajustado realizado por el FOPAE y aprobado por el Comité Distrital de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá el10 de febrero de 2012. Señala como criterios para identificar al grupo: (i) ser damnificado directo por los eventos hidrometeleológicos de la segunda temporada de lluvias ocurrida entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011 en el territorio nacional; (ii) que las personas damnificadas se encuentren en los censos realizados por los comités locales de los municipios afectados; y (iii) que el damnificado directo se encuentre censado por el FOPAE en el listado entregado en diciembre de 2011 en las localidades de Usme y Kennedy, remitido el 24 de diciembre de 2011. Por lo anterior a través de su apoderado judicial, solicitaron que se acceda a las siguientes pretensiones.

1. El Ministro del Interior, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaria Distrital de Integración Social y el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, FOPAE, son responsable por falla en el servicio al no censar, en los plazos contemplados en la Resolución 074 de 2011 y 002 de 2012, emitidas por la

UNGRD, a 10.622 familias, o las que se probare en el proceso, como damnificados directos.

2. Se Condene a las entidades antes referidas a pagar a cada una de las personas que conforman el grupo, como a los demandantes, a una indemnización colectiva compensatoria o monto del apoyo económico que por un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) se otorgó mediante la resolución respectiva, expedida por la UNGRD, en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y ello de diciembre de 2011.

8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No. 15-80 Piso 19º. 5878750 Ext. 11961 SCPK

3. Se condene a las demandadas a pagar a cada uno de los miembros del grupo actor, por concepto de perjuicios morales, la tasación máxima que esté haciendo el Consejo de Estado, en todo caso, no inferior a cien (100) SMMLV.

4. Disponer que dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la decisión se entregue al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos el monto de la indemnización colectiva, conforme al artículo 65, numeral 3 de la Ley 472 de 1998.

5. Reconocer la indemnización correspondiente a las personas que no se integraron al grupo y conforme a ello reconocer en favor del abogado coordinador el 10% de la indemnización que obtenga cada uno de los miembros del grupo.

6. Disponer la publicación de la sentencia conforme a la Ley 472 de 1998, que las condenas sean debidamente indexadas y con la liquidación de intereses respectiva y, finalmente, solicitó la condena en costas conforme al Código de

Procedimiento Civil. 1.2. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en fallo de primera instancia de fecha 28 de septiembre de 2017, denegó las pretensiones de la demanda, a folios 375 a 389 del cuaderno del Consejo de Estado, manifestando lo siguiente:  Indicó que el daño aducido por los actores se consolida en la presente acción de grupo, a que se paguen los perjuicios originados por la presunta falla en el servicio ocasionada por el FOPAE debido a que este no envió en forma oportuna a la UNGRD los registros de damnificados dentro de los términos previsto para ello, lo cual dio lugar a que no se pagara el apoyo económico ofrecido por el Gobierno Nacional. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No. 15-80 Piso 19º. 5878750 Ext. 11961 SCPK  Señaló que resulta pertinente aludir a la regulación establecida por el Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, para atender a las familias damnificadas con la temporada de lluvias ocurridas entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011.  Advirtió que la Resolución 074 de 2011 y la Resolución 002 de 2 de enero de 2012, la UNGRD ordenó pagar la suma de hasta un millón quinientos mil pesos Mcte. ($1.500.000.00) a cada damnificado directo que hubiese sido afectado por los eventos hidrometeleológicos comprendidos entre el 1 de septiembre y el 10

de diciembre de 2011 y que se encontraran en las planillas de apoyo económico diligenciadas por los CLOPAD; y, para el caso de Bogotá, por el FOPAE.  Indicó que con el fin de llevar acabo el trámite descrito, el FOPAE para el caso de Bogotá, debía diligenciar las planillas con la información de los damnificados directos y enviarlas a la UNGRD a más tardar el 30 de enero de 2012, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 002 de 2012.  Delimitó el grupo respecto del cual se debe realizar el estudio objeto del caso, indicando el número de personas, con ayuda de la base de datos aportadas por el actor y la UNGRD, afectadas por la ola invernal ocurrida entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011, la cual ascienden a 27.696 personas censadas, encontrando que hay un grupo de personas que ya recibieron subsidio, y otras que no lo han recibido y de estas últimas solo algunas acreditaron algún tipo de vínculo con el inmueble afectado.  Procedió a realizar una clasificación de la siguiente forma: (i) personas afectadas a las cuales se les asignó el subsidio creado mediante la Resolución 074 de 2011 (Anexo 1 de la presente sentencia); (ii) personas afectadas a las que no se les ha hecho pago del subsidio y respecto de quienes no existe 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No. 15-80 Piso 19º. 5878750 Ext. 11961 SCPK prueba de su vínculo con las viviendas afectadas ni con los hechos materia de

esta acción, esto es, que no acreditaron la condición de propietarios, arrendadores o tenedores de los inmuebles referidos en esta acción (Anexo 2 de la presente sentencia); y (iii) personas a quienes no les fue entregado el subsidio, pero respecto de las cuales se tiene prueba de su vínculo con el inmueble en relación con el cual se solicita les sea reconocido el subsidio (Anexo 3 de la presente sentencia).  La anterior clasificación, tiene como propósito, de una parte, determinar el grupo respecto del cual no se reconoció el subsidio de que se trata, para así poder conocer el número de personas que potencialmente podrían ser indemnizadas y evitar, de ese modo, el reconocimiento y pago de un segundo subsidio a quienes ya les fue reconocido.  Logró establecer de acuerdo a la base de datos: “Anexo 1 de la sentencia: contiene el registro de 12.258 personas respecto de las cuales ya se reconoció el subsidio razón por la cual en relación con estas se negarán las pretensiones por cuanto ya fueron beneficiarias del subsidio previsto en la Resolución 074 de 2011. Anexo 2 de la sentencia: 14,726 personas respecto de las cuales no se reconoció el subsidio previsto en la Resolución 074 de 2011 y tampoco aportaron prueba que permita determinar que tienen una relación con el inmueble respectivo en los términos de la aludida resolución. Anexo 3 de la sentencia: esta relación contiene el listado de cuatro (4) personas a quienes no se les pagó el subsidio previsto en la Resolución 074 de 2011, pero que si acreditaron su relación con el inmueble y respecto de las cuales se procederá a determinar sí el origen del daño alegado por el grupo actor fue el

motivo por el cual no se pagó el subsidio aquí solicitado.” 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No. 15-80 Piso 19º. 5878750 Ext. 11961 SCPK  Indicó que la acción de grupo procede para obtener el reconocimiento y pago de una indemnización por los perjuicios causados a un grupo no inferior a 20 personas, siempre que se trate de condiciones uniformes con respecto a la causa que generó el daño y que la misma sea presentada de forma oportuna.  Así las cosas, expresó que para la procedencia de la acción de grupo se requiere que el hecho generador del daño exista y sea común para todos los miembros del grupo; respecto del cual señaló que la parte actora no logró acreditar la existencia de este hecho generador, puesto que no es posible derivar las condiciones uniformes que permitan identificar al grupo, incumpliendo con el primero de los requisitos para la procedencia de la acción de grupo, por lo cual procedió a negar las pretensiones del presente medio de control. 1.3. Argumentos de la apelación El apoderado de los demandantes interpuso recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferida el 28 de septiembre de 2017, exponiendo los siguientes argumentos, a folio 391 a 401 del cuaderno del Consejo de Estado:  Manifestaron varios motivos de inconformidad los cuales en su orden son:

1. LA VIOLACION DEL PRINCIPIOS BASICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA, CON LA

SENTENCIA APELADA.

2. LA NO VALORACIÓN DEL DEBIDO PROCESO EN EL DESARROLLO DEL

TRÁMITE CONTEMPLADO EN LA RESOLUCIÓN 074 DE 2011.

3. EL AUXILIO O BENEFICIO O COMO LO IDENTIFICAN LAS VICTIMAS EL

DINERO FUE GIRADO AL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES

12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No. 15-80 Piso 19º. 5878750 Ext. 11961 SCPK

4. FALLA AL PRINCIPIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA LA CUAL

NO FUE ANALIZADA POR EL A QUO.

5. EL A QUO IMPONE REQUISITOS FUERA DE LA RESOLUCION 074 DEL

2011 EXPEDIDA POR LA UNGRD PARA ACCEDER AL APOYO

ECONOMICO.

6. DELIMITACIÓN DEL GRUPO

7. DAÑO ALEGADO POR EL GRUPO ACTOR.

8. EXISTENCIA DEL HECHO GENERADOR

9. DIGNIDAD COMO PRINCIPIO FUNDANTE DEL ESTADO COLOMBIANO.

10.DEFECTO PROCEDIMENTAL - DEFECTO FACTICO.

10.1. LA VIOLACIÓN DE LAS CARGAS PÚBLICAS COMO DAÑO ESPECIAL, NO ANÁLISIS.  En lo que respecta con la causal séptima, el daño alegado por el grupo actor, se indica que el apoderado de la parte actora, cumplió con la carga probatoria, toda vez que el grupo de 13.485 cumplen con los requisitos exigidos por la resolución 074 de 2011 y su posterior circular que es estar reportados en los registros suministrado por el CLOPAD (en Bogotá la extinta FOPAE) como cabeza de

familia.  Recordó que en la Sentencia C1062 de 2000 la Corte tuvo la oportunidad de precisar que la “i) acción de clase o de grupo se configura a partir de la preexistencia de un daño que se busca reparar pecuniariamente y en forma individualizada, por todos aquellos que se han visto afectados” y ii) que su ejercicio "está sometido a unos requisitos sustanciales específicos, en cuanto a la legitimación activa y pasiva de la acción, la determinación de la responsabilidad que se pretende determinar y el objeto que pretende proteger".

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No. 15-80 Piso 19º. 5878750 Ext. 11961 SCPK 2.1. Problemas jurídicos. Puede ser expresado en los siguientes términos: 2.1.1. Problemas jurídicos planteados por la parte demandante  ¿La parte demandante cumplió con la carga de probar de manera cierta que se causó un perjuicio directo a los usuarios reclamantes?  ¿La parte actora acreditó la existencia del hecho generador al que alude el grupo actor?  Existe prueba que Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE hoy Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, IDIGER, entregó de manera extemporánea la información, es decir las listas de los damnificados, y que esta haya sido la causa de la falta de pago del subsidio? 2.1.3. Problema jurídico planteado por el Ministerio Público.  ¿Le asiste responsabilidad administrativa y patrimonial a las entidades accionadas

por los presuntos daños y perjuicios ocasionados a los actores, con ocasión de no haberse pagado los subsidios y en consecuencia debe ordenarse el reconocimiento y pago de la correspondiente indemnización a los accionantes? 2.2. Marco teórico Para el caso en cuestión serán tenidos en cuenta los siguientes referentes normativos y jurisprudenciales: 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No. 15-80 Piso 19º. 5878750 Ext. 11961 SCPK 2.2.1. Fuente normativa de la acción de grupo De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución Política y la Ley 472 de 1998, la acción de grupo tiene por finalidad exclusiva la reparación de perjuicios causados por un daño común a un número plural de personas, Finalidad que deviene de la redacción literal de los artículos 3o y 46 de la citada ley. En efecto, ellos prescriben en forma repetida: "Artículo 3° Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. "La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios” Artículo 46: Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios." En cuanto a quiénes conforman el grupo, la Ley 472 de 1998 en el artículo 55

prevé: “Artículo 55. Integración del grupo. Cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones u omisiones, derivadas de la vulneración derechos o intereses colectivos, quienes hubieren sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo. Quien no concurra al proceso, y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes, podrá acogerse posteriormente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información anterior, pero no podrá invocar daños extraordinarios o excepci