PGN - ACCION DE GRUPO - Cómputo de la caducidad según la jurisprudencia del consejo de estado

ACCIÓN DE GRUPO-Contra Policía Nacional, la Armada Nacional y Ejército Nacional, por los daños antijurídicos causado ocasionadas por su inactividad que culminaron con el desplazamiento forzado a que se vieron avocados los habitantes de los corregimientos y veredas del municipio de Alto Baudó ACCIÓN DE GRUPO-Finalidad ACCIÓN DE GRUPO-Caducidad La Ley 472 de 1998 en su artículo 47 reguló el término para el ejercicio de la acción de grupo en el término de dos años contados a partir de “la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerable causante del mismo”. Por su parte, el CPACA en su artículo 164, literal h dispone que en este medio de control “la demanda deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño”. ACCIÓN DE GRUPO-Cómputo de la caducidad según la jurisprudencia del Consejo de Estado Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que en eventos de desplazamiento forzado al tratarse de hechos con efectos continuados o de tracto sucesivo, y aún así proferida la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, el término de caducidad debe contarse a partir de la cesación del daño, esto es, “cuando la persona aparezca, sea liberada o cuando estén dadas las condiciones de seguridad para retornar al lugar de origen 1 Radicación No 27001-23-31-000-2018-00003-01 Acción de grupo Concepto Ministerio Público

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO NO 115 / 2021

Bogotá D.C., 24 de noviembre de 2021 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN B

Consejero Ponente Dr. ALBERTO MONTAÑA PLATA

E. S. D.

Ref.: Radicación No 27001-23-31-000-2018-00003-01 (66027)

ACCIÓN DE GRUPO

Accionantes: YEXICA MOSQUERA WALDO y otros Accionado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y otros El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

A. La Demanda

1. José Casiano Jave Hurtado y otros1 presentaron acción de grupo en contra de la NaciónMinisterio de Defensa – Policía Nacional –Armada NacionalEjército Nacional, para que sean declarados administrativa y patrimonialmente responsables por los daños antijurídicos producidos con ocasión de sus acciones y omisiones, derivadas de su inactividad, falta de despliegue de todas las medidas razonables, proporcionales y exigibles normativamente, que culminaron con el desplazamiento forzado a que se vieron avocados los habitantes de los corregimientos y veredas de Batatal, la Playa, Peñasul, Apartadó, las Delicias, Boca de León, Cocalito y comunidad indígena del rio 1 1177 personas que dicen ser habitantes del Municipio del Alto Baudó -Chocó.

2 Primera Delegada Ante el Consejo de Estado Carrera 5ª No. 15-80 piso 20, Bogotá D.C l PBX: 5878750 Ext. 12056 l www.procuraduria.gov.co

Radicación No 27001-23-31-000-2018-00003-01 Acción de grupo Concepto Ministerio Público Apartadó del municipio de Alto Baudó (Chocó), por la presencia de grupos armados al margen de la ley que puso en riesgo y grave peligro su vida, integridad física, honra y bienes, autoridades estas que por disposición constitucional y legal, y por la posición de garante estaban en la obligación de garantizar; hechos que tuvieron lugar el 2 de febrero de 2016 y 4 de marzo de 2017.

B. La Contestación

2. La Policía Nacional2 manifestó en su escrito que no le constan los hechos y los mismos debían probarse. Expuso que la afectación a los derechos fueron producto de un hecho de un tercero, esto es, el ataque de grupos al margen de la ley, además, que el presunto desplazamiento forzado se funda en amenazas que nunca fueron establecidas, por lo que, la responsabilidad del Estado por la acción u omisión en la prestación del servicio de protección y vigilancia no se encuentra probada al no existir falla en el servicio.

3. De igual manera, adujo que conforme a las pruebas documentales aportadas no hubo alertas tempranas con recomendaciones dirigidas hacia la Policía, por cuanto la zona en la que sucedió el presunto desplazamiento era jurisdicción rural del Ejército, y el campo de acción de la Policía es netamente urbano.

4. Solicitó al Tribunal declarar las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que los hechos y daños alegados por los accionantes le son ajenos, así como el hecho de un tercero, pues el presunto

daño alegado fue producto de un grupo insurgente.

5. El Ministerio de Defensa -Ejército y Armada Nacional-3 se opuso a las pretensiones de la demanda proponiendo como excepciones hecho de un tercero, diligencia y cuidado por parte de las Fuerzas Militares e inexistencia de la obligación.

6. Explicó que no existió omisión en el cumplimiento de sus funciones ya que una vez creada la alerta temprana por parte de la Defensoría del Pueblo, la Brigada 15 del Ejército Nacional movilizó todo su arsenal militar para adelantar 2 (fls. 1382 a 1395). 3 (fls. 1551 a 1618).

3 Primera Delegada Ante el Consejo de Estado Carrera 5ª No. 15-80 piso 20, Bogotá D.C l PBX: 5878750 Ext. 12056 l www.procuraduria.gov.co Radicación No 27001-23-31-000-2018-00003-01 Acción de grupo Concepto Ministerio Público las operaciones en la zona, con el propósito de localizar, neutralizar y desarticular las estructuras criminales de la región. Por lo que, con la finalidad de garantizar la tranquilidad y respeto por los DDHH y el DIH, se realizaron constantes operaciones militares en los territorios amparados por las medidas; operaciones que contribuyeron a que algunas comunidades retornaran a sus territorios.

7. Manifestó que no existe prueba que demuestre la responsabilidad de las Fuerzas Militares, pues los accionantes no logran acreditar que las causas que generaron el desplazamiento forzado fuese atribuible al ente militar. En ese entendido, no existe un nexo causal que permita inferir que el daño alegado

fuera producto de la acción u omisión de las Fuerzas Militares, por lo que, se debe absolver de toda responsabilidad.

C. Sentencia de primera instancia

8. Mediante fallo4 del 13 de diciembre de 2019 el Tribunal Administrativo del Chocó declaró no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, hecho de un tercero y falta de imputación, pero declaró parcialmente probada la excepción de falta de la legitimación en la causa por activa de un número de personas que conformaron el grupo accionante. De igual manera, declaró administrativamente y patrimonialmente responsables a las entidades demandadas de los daños sufridos por los accionantes, por la falla en el servicio de seguridad dadas sus conductas omisivas y la falta de protección.

9. En consecuencia, condenó a las demandadas a pagar a título de indemnización la suma global de 77.050 SMLMV, equivalente en pesos a $63.806.337.800 para las personas integrantes del grupo, que se hayan constituido como parte en el proceso y los que lo hagan con posterioridad a la sentencia. Además, ordenó a las accionadas realizar como medidas de justicia restaurativa: i) adelantar un estudio pormenorizado de seguridad para tomar acciones o medidas de carácter estructural y permanente para que cese definitivamente la crisis humanitaria y el estado de incertidumbre de los habitantes de la región del Baudó durante los 6 meses siguientes a la ejecutoria de la providencia; ii) ; y iii) Publicar en un diario de amplia circulación 4 (fls. 3945 a 4014).

4 Primera Delegada Ante el Consejo de Estado

Carrera 5ª No. 15-80 piso 20, Bogotá D.C l PBX: 5878750 Ext. 12056 l www.procuraduria.gov.co Radicación No 27001-23-31-000-2018-00003-01 Acción de grupo Concepto Ministerio Público la parte resolutiva de la sentencia; iii) Disponer lo necesario para prestar a las víctimas el tratamiento psicosocial que requieran; y iv) adelantar y coordinar con los entes competentes el retorno de las víctimas a sus lugares, como medidas de rehabilitación y reparación no pecuniaria.

10. El a quo para arribar a tal decisión consideró que el hecho y la causa que dio origen al daño reclamado, esto es, el desplazamiento forzado de las personas habitantes del municipio del Alto Baudó fue generado por la omisión de las entidades demandadas al no brindar seguridad y protección a esas personas y, atendiendo a que no actuaron positiva y activamente frente a los avisos de posibles desplazamientos de esas comunidades. Esto lo fundamentó conforme al informe alerta temprana expedido por la Defensoría del Pueblo; la certificación expedida por el presidente del Consejo comunitario de Pie de Pato, en el cual constan el número y calidad de las víctimas del desplazamiento masivo; la certificación del personero municipal del Alto Baudó donde hace constar el nuevo desplazamiento; la certificación del Consejo comunitario general del río Baudó y sus afluentes “ACABA”, en la cual consta que las personas allí relacionadas son habitantes de los corregimientos y veredas en las que se produjo el desplazamiento masivo en febrero de 2016 y

marzo de 2017; informes y recortes de prensa; la certificación de la Defensoría del Pueblo relacionada con las alertas tempranas emitidas y acciones efectuadas antes, concomitante y posteriores a las fechas del desplazamiento; y certificaciones emitidas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas sobre las víctimas de esos territorios incluidas en el Registro único de víctimas RUV.

11. Finalmente, frente a la imputación el Tribunal de primera instancia señaló: El deber jurídico de proteger se enmarca dentro de la posición de garante institucional, previniendo los riesgos en los que se ven comprometidos los derechos humanos de los ciudadanos que se encuentran bajo su cuidado; protección, prevención y cuidado que como se ha dicho a lo largo de esta providencia, no fue el debido, ni adecuado, ni oportuno, en tanto, se omitió fue el acatamiento fiel al deber de salvaguardar a las comunidades víctimas de los hechos que generaron el desplazamiento, y que conforme el recuento probatorio visto, le son imputables, a título de falla del servicio por omisión en el cumplimiento del deber, sin que tenga cabida la eximente de responsabilidad alegada, consistente en hecho de un tercero. Pues sabido es que, cuando el Estado tiene la posición de garante, es éste y no otro, quien debe acometer los

5 Primera Delegada Ante el Consejo de Estado Carrera 5ª No. 15-80 piso 20, Bogotá D.C l PBX: 5878750 Ext. 12056 l www.procuraduria.gov.co Radicación No 27001-23-31-000-2018-00003-01

Acción de grupo Concepto Ministerio Público actos y diligencias necesarias tales como proveer, precaver y prevenir la amenaza y vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos con ocasión de la acción de terceros.

D. Apelaciones

12. Inconformes con la decisión del a quo, las entidades accionadas, la parte accionante, el Ministerio Público y en adhesiva la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, interpusieron recurso de apelación, en desarrollo de los cuales cuestionaron la decisión del juez de primera instancia. 12.1. La Policía Nacional5 adujo que en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad teniendo en cuenta la fecha de los hechos y el pronunciamiento de la Corte Constitucional en Sentencia SU-254 de 2013. De igual manera, expuso que los recortes de prensa y artículos periodísticos valorados como pruebas, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, no pueden dar como certeros los hechos pues requieren de la conexidad con otros medios de prueba que así lo demuestren. 12.2. Por otro lado, consideró que no se logró probar la calidad de víctimas por desplazamiento forzado de cada uno de los actores como se alegó en la demanda, por lo que se desconoce tanto la existencia como las motivaciones de ese desplazamiento, esto es, si las mismas fueron producto de las amenazas de grupos al margen de la ley, pues no existe prueba de ello. 12.3. De igual manera, expuso que en el presente caso no se cumplen los requisitos para la presentación de una acción de grupo, por cuanto existe una falta de legitimación por activa, pues los actores no lograron demostrar su

titularidad o propiedad en los supuestos de hecho. 12.4. Frente a la responsabilidad aseguró que no existió omisión en la vigilancia y protección, dado que el Ejército hizo presencia en el lugar de los hechos de manera constante, por lo que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, las obligaciones de la Policía y las Fuerzas Militares es de medio y no de resultado en esas zonas afectadas, así los medios se presentaron pues el Ejército estuvo presente antes, durante y después de los 5 (fls. 4022 a 4034). 6 Primera Delegada Ante el Consejo de Estado Carrera 5ª No. 15-80 piso 20, Bogotá D.C l PBX: 5878750 Ext. 12056 l www.procuraduria.gov.co Radicación No 27001-23-31-000-2018-00003-01 Acción de grupo Concepto Ministerio Público hechos, mediante patrullajes y control de las actividades de los grupos subversivos. Finalmente, expuso que existe una contradicción entre las cifras reportadas por las distintas organizaciones sobre el desplazamiento en el Municipio del Alto Baudó, por lo cual debe estudiarse minuciosamente a efectos de evitar una afectación al patrimonio público con esa condena. En ese orden, solicita revocar el fallo recurrido, declarar las excepciones propuestas y denegar las pretensiones. 12.5. El Procurador 41 Judicial II Administrativo del Chocó 6, manifestó que no se logró demostrar si el desplazamiento se originó por acciones reales en contra de la población o por miedo natural de los enfrentamientos armados, circunstancia indispensable para cuantificar los daños reclamados. Igualmente,

expuso que las pruebas aportadas de manera somera permiten acreditar la existencia del desplazamiento, fundamentado solo en certificaciones de la UARIV y otras personas u organizaciones no oficiales, donde se incluyen un número determinado de personas y no a todas, sin ninguna demostración. Aun así, no está acreditado el daño individual y concreto para todos los miembros del grupo, elemento esencial para la declaratoria de responsabilidad por este medio. 12.6. En ese sentido, a su juicio existen falencias probatorias en cuanto los actores aducen afecciones como resultado de un desplazamiento abstracto, sin entrar a probar y determinar quienes padecieron ese daño y perjuicio, solo se relacionan un grupo de personas, pero no se determina si las mismas para ese tiempo residían en esa zona afectada, en qué intensidad se presentó ese daño, bajo qué circunstancias, porqué se dio el mismo, o si está demostrada la propiedad o tenencia de los bienes presuntamente afectados y ni siquiera individualizados. 12.7. Por último, expuso que tampoco se encuentra acreditada la omisión por parte de las demandadas, relacionada con la falta de seguridad brindada, dado que en las contestaciones y sus pruebas se determina que el Ejército desplegó gran cantidad de acciones por aire, tierra en el municipio de Baudó, incluso creó la Brigada Móvil No 38 especializada para esa zona; circunstancia diferente es que la selva sea un territorio tan extenso que los grupos al margen 6 (fls. 4022 a 4034). 7 Primera Delegada Ante el Consejo de Estado Carrera 5ª No. 15-80 piso 20, Bogotá D.C l PBX: 5878750 Ext. 12056 l www.procuraduria.gov.co

Radicación No 27001-23-31-000-2018-00003-01 Acción de grupo Concepto Ministerio Público de la ley aprovechan para su ilegalidad. Así, solicita denegar las pretensiones de la demanda. 12.8. El Ministerio de Defensa -Ejército y Armada Nacional-7 señaló que no existió omisión de su parte, pues el material probatorio arrimado demuestra el centenar de acciones militares adelantadas por aire, tierra y ríos en todo el municipio de Baudó, por lo que, desde el año 2009 venía realizando seguimiento a esas zonas debido a las constantes alertas tempranas. Igualmente, no comparte con el a quo que las operaciones se hayan realizado sobre la cabecera municipal de Alto Baudó y no sobre sus veredas y corregimientos, pues en las ordenes de operaciones aparecen detalladamente cada uno de esos territorios. 12.9. Aseguró que se encuentra probado en el expediente que la Séptima División, la Fuerza de tarea conjunta TITAN, la 15 Brigada, el Batallón de Ingenieros No. 15, el BACOT 101, la móvil 38 han estado realizando seguimiento y cubrimiento a las alertas tempranas, brindando de esta manera seguridad a la población civil y desvirtuado la omisión declarada por el Tribunal de primera instancia 12.10. Puso de presente, además, que las pruebas obrantes en el expediente no logran demostrar que la causa que dio origen al desplazamiento forzado de las personas demandantes, fueran consecuencia directa de la omisión de las demandadas, por lo cual no puede predicarse la imputación del daño.

12.11. La parte actora8 adujo compartir la sentencia con excepción de punto 6.5.3 relacionado con el número de personas que no acreditaron en debida forma la legitimación en la causa por activa, por haber otorgado poder y demostrado la calidad de desplazados, pues al respecto el H. Consejo de Estado ha señalado que la condición de desplazado es fáctica y no jurídica, por lo cual puede ser demostrada con otros medios de prueba distintos al registro que lleva la UARIV. Así las cosas, solicitó se modifique la sentencia en el sentido de incluir como accionantes a los menores relacionados quienes acreditaron la calidad de desplazados y otorgaron poder a través de sus padres. 7 (fls. 4040 a 4086). 8 (fls. 4087 a 4108). 8 Primera Delegada Ante el Consejo de Estado Carrera 5ª No. 15-80 piso 20, Bogotá D.C l PBX: 5878750 Ext. 12056 l www.procuraduria.gov.co Radicación No 27001-23-31-000-2018-00003-01 Acción de grupo Concepto Ministerio Público 12.12. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado9 argumentó que la sentencia adolece de falta de motivación en la determinación de la causa común que originó el daño, pues el fallador debió haber analizado los hechos del 2 de febrero de 2016 y 4 de marzo de 2017 e identificar en cada uno: los victimarios, circunstancias de tiempo, modo y lugar, actuaciones de la PolicíaEjército Nacional esos días, conocimiento previo y posterior de los hechos; a su

juicio, solo cuando los accionantes logren demostrar la uniformidad en estos hechos, se podrá considerar que hay causa común. Por tal motivo, el a quo al concluir que el conflicto armado y sus efectos sobre la zona se constituyen en un solo hecho generador del daño, es difícil analizar particularmente cada uno de los elementos de la responsabilidad de las demandadas sin haber individualizado las condiciones de tiempo, modo y lugar dentro de los tiempos referidos en la demanda, desnaturalizando así la finalidad de la acción de grupo. 12.13. Así mismo, argumentó que existió una falta de motivación en el análisis de imputación, por cuanto partió de la tesis errónea e injustificada de que la obligación incumplida de las demandadas era de resultado y no de medio, por lo que, omitió analizar adecuadamente las circunstancias que llevaron a la ocurrencia del daño y las medidas tomadas por esas entidades (su injerencia). 12.14. Finalmente, concluyó que se dio una falta de motivación en la tasación del daño, en la medida que, no consideró reparaciones hechas por el Estado con relación a los daños sufridos por los desplazados del Alto Baudó por medio de sus diversas instituciones, y sus consecuencias frente al principio de prohibición de doble reparación, y al omitir el hecho probado del retorno de parte del grupo a su lugar de domicilio. Teniendo en cuenta la falsa motivación y defecto fáctico alegado, solicitó revocar la sentencia recurrida.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

E. Problema Jurídico

13. Encuentra el Ministerio Público los siguientes problemas jurídicos a resolver: i) Determinar si operó el fenómeno de la caducidad en la presente

9 (fls. 4112 a 4123). 9 Primera Delegada Ante el Consejo de Estado Carrera 5ª No. 15-80 piso 20, Bogotá D.C l PBX: 5878750 Ext. 12056 l www.procuraduria.gov.co Radicación No 27001-23-31-000-2018-00003-01 Acción de grupo Concepto Ministerio Público acción constitucional y, solo en caso negativo, y ii) Definir si están dadas las circunstancias fácticas y jurídicas para declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial de las entidades accionadas por los presuntos daños y perjuicios ocasionados al grupo actor.

14. Previo a resolver los problemas jurídicos, es pertinente mencionar que tal como lo señaló el legislador en la Ley 472 de 1998, lo ha precisado la Corte Constitucional al revisar la constitucionalidad de algunas de las normas allí contenidas que han sido objeto de demanda, y el Consejo de Estado en las múltiples decisiones en las que se ha ocupado de esta temática, la acción de grupo tiene carácter reparador respecto del perjuicio que se ha ocasionado a un grupo plural de personas, lo que se traduce en que se trata de una verdadera acción de reparación directa colectiva, tal como lo ha señalado esa Alta Corporación al indicar que: Se trata de una acción eminentemente reparatoria, que propende por la economía procesal y la agilidad en la administración de justicia, en los eventos en que los afectados reúnen condiciones especiales que los identifican como un grupo, antes de la ocurrencia del daño. Así, con ella se busca que un grupo de personas que ha padecido perjuicios individuales demande conjuntamente

la indemnización correspondiente, siempre que reúnan condiciones uniformes respecto de la causa común que originó dichos perjuicios (...)10.

F. Análisis jurídico – caso en concreto i) De la caducidad

15. La Ley 472 de 1998 en su artículo 47 reguló el término para el ejercicio de la acción de grupo en el término de dos años contados a partir de “la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerable causante del mismo”. Por su parte, el CPACA en su artículo 164, literal h dispone que en este medio de control “la demanda deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño”.

16. Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que en eventos de desplazamiento forzado al tratarse de hechos con efectos 10 Ver Consejo de Estado Auto 01089 (AG) del 04/01/02. Ponente: ALIER EDUARDO

HERNÁNDEZ ENRIQUEZ. Actor: HERNANDO VERA SÁNCHEZ Y OTROS. Demandado:

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

10 Primera Delegada Ante el Consejo de Estado Carrera 5ª No. 15-80 piso 20, Bogotá D.C l PBX: 5878750 Ext. 12056 l www.procuraduria.gov.co Radicación No 27001-23-31-000-2018-00003-01 Acción de grupo Concepto Ministerio Público continuados o de tracto sucesivo, y aún así proferida la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, el término de caducidad debe contarse a

partir de la cesación del daño, esto es, “cuando la persona aparezca, sea liberada o cuando estén dadas las condiciones de seguridad para retornar al lugar de origen”11.

17. En el presente caso, las fechas en las que se aduce el desplazamiento forzado como daño son el 2 de febrero de 2016 y 4 de marzo de 2017, sin tenerse prueba que acredite que el daño haya cesado, tal como lo consideró el Tribunal de primera instancia. No obstante, teniendo en cuenta la fecha de presentación de demanda, que fue el día 28 de diciembre de 2017, considera el Ministerio Público que la misma fue presentada en término, por lo cual, no operó el fenómeno de la caducidad, tal como lo argumentó la Policía Nacional. ii) El daño causado a los accionantes por el desplazamiento forzado

18. En el caso concreto, tal y como lo consideró el Tribunal de primera instancia, se acreditó en el expediente el hecho y la causa que originaron el daño consistente en el desplazamiento forzado de los habitantes de los corregimientos y veredas de Batatal, la Playa, Peña azul, Apartadó, las Delicias, Boca de León, Cocalito y comunidad indígena del rio Apartadó del municipio de Alto Baudó -Chocó-, así: 18.1. La certificación del Presidente del Consejo Comunitario Mayor de Pie de Pató del 30 de junio del 2017 relacionó 1178 víctimas, haciendo constar que: (...) las personas relacionadas en el cuadro adjunto, son habitantes de los Corregimientos y Veredas de Batatal, la Playa, Peña Azul, Apartadó, las

Delicias, Boca de León y Cocalito, del municipio de Alto Baudó en el departamento del Chocó; Víctimas del conflicto armado, que se vieron forzados a desplazarse desde sus comunidades hasta la cabecera municipal Pie de Pato, en los meses de febrero de 2016 y marzo de 2017; los cuales ostentan la condición de personas miembros de dichas comunidades en situación de desplazamiento12. 11 Ver providencias de 16 de octubre de 2020, radicado No. 05001-23-33-000-2017-0198401(63641), M.P. Alberto Montaña Plata; 12 de agosto de 2014, número 18001-23-33-000-201300298-01(AG); y 10 de febrero de 2016, proferida dentro de la acción de grupo con radicado número, 05001-23-33-000-2015-00934-01(AG). 12 (fls. 62-96). 11 Primera Delegada Ante el Consejo de Estado Carrera 5ª No. 15-80 piso 20, Bogotá D.C l PBX: 5878750 Ext. 12056 l www.procuraduria.gov.co Radicación No 27001-23-31-000-2018-00003-01 Acción de grupo Concepto Ministerio Público (Negrilla en el texto original) 18.2. La Personería Municipal del Alto Baudó-Chocó el 10 de octubre del 2017 certificó que: (...) el día 4 de marzo de 2017, en inmediaciones de la vereda denominada Peña Azul ubicada a orillas del Rio Baudó en la parte Sur del Municipio del Alto

Baudó, se presentó un enfrentamiento entre integrantes del Ejército de Liberación Nacional-ELN y las Autodefensas Gaitanitas de Colombia-AGC. Que, dicho enfrentamiento produjo el desplazamiento de doscientas treinta y un familias (231) ubicadas en la parte Sur. Las comunidades desplazadas son las que a continuación se detalla (...).13 18.3. La misma Personería Municipal del Alto Baudó, reportó a la Defensoría del Pueblo en febrero de 201614, lo siguiente:

"COMUNIDADES QUE HAN SUFRIDO ALGÚN TIPO DE AFECTACIÓN EN EL

CUAL SON RECEPTORAS Y CONFINADAS”

COMUNIDADES HABITANTES FAMILIAS Amparrado 117 45

Peña Azul 41 14 Apartadó 152 56 Boca de León 125 37 Dominico 175 37 Las de Licias 173 57 Vacal apartado 242 49 Geando 234 47 Cocalito 100 27 Batatal 109 36 dondoño 139 31

TOTAL : 11 1552 412 18.4. El Consejo Comunitario General del Río Baudó y sus Afluentes "ACABA", el 3 de noviembre de 2017, certificó, adjuntando un listado de 811 personas, que: 13 (fl. 97). 14 (fl. 3765).

12 Primera Delegada Ante el Consejo de Estado Carrera 5ª No. 15-80 piso 20, Bogotá D.C l PBX: 5878750 Ext. 12056 l www.procuraduria.gov.co Radicación No 27001-23-31-000-2018-00003-01 Acción de grupo

Concepto Ministerio Público 1. (...) las personas relacionadas a continuación habitantes de los corregimientos y/o veredas de Batatal, Las Delicias, Amparrado, la Playa, Peña Azul, Puerto Córdoba-Urudo, Apartadó, Boca de León y Cocalito del municipio de Alto Baudó, fueron víctimas de los desplazamientos forzados ocurridos en los meses de febrero de 2016 y marzo de 2017 en el citado municipio, ocurrido por los enfrentamientos entre dos grupos al margen de la ley en este sector.

2. Que las familias que integran el grupo de personas relacionadas en este documento, son Agricultores y comerciantes, quienes a la hora del desplazamiento, tenían sus casas y fincas con plantaciones de pan coger y animales de corral que tuvieron que abandonar por el citado hecho y que se perdieron a raíz del mismo (...)15. 18.5. Informe “grave crisis humanitaria en Baudó” la Defensora Comunitaria del municipio de Baudó del 10 de marzo de 2017, el cual precisa el hecho del desplazamiento acaecido el día 4 de marzo de 2017, y refiere el censo poblacional que determinó el número de personal y familias desplazadas en 521 y 2114 confinadas y en riesgo de desplazamiento16: ANTECEDENTES: La defensoría del pueblo Regional Chocó, viene evidenciado en la subregión del Baudó (Municipios de Alto Baudó, Medio Baudó y Bajo Baudó), recurrentes violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho lntemacional Humanitario, lo que además de ser atendidas se vienen visibilizando a través de diferentes

requerimientos, con el fin de promover la adopción e implementación de acciones orientadas a atender, prevenir y proteger a la población afectada, por parte de las entidades gubernamentales y de la misma manera la situación de riesgo y vulneraciones de derechos, ha expuesto en diferentes escenarios interinstitucionales y a través del Sistema de Alertas Tempranas, advirtiendo la problemática, según Informe de Riesgo No. 011 de 2009 y en las Notas de Seguimiento No. 015 de 2010, No. 026 de 2011, No. 011 de 2012, No. 008 de 2014 y No. 013 de 2015.

SITUACIÓN ACTUAL: Actualmente se registra el desplazamiento masivo, Confinamiento y riesgo de desplazamiento de diferentes comunidades afrocolombianas e indígenas en el municipio del Alto Baudó, a raíz de la incursión de un grupo de aproximadamente doscientos hombres armados, pertenecientes a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en la comunidad negra de "Peña Azul", ubicada en la margen derecha subiendo, a orillas del rio Baudó municipio de Alto Baudó, el día sábado 4 de Marzo de 2017. 15 (fls. 97138). 16 (fl. 3765).

13 Primera Delegada Ante el Consejo de Estado Carrera 5ª No. 15-80 piso 20, Bogotá D.C l PBX: 5878750 Ext. 12056 l www.procuraduria.gov.co Radicación No 27001-23-31-000-2018-00003-01 Acción de grupo

Concepto Ministerio Público Cabe anotar que este grupo ejerce control territorial en el municipio del medio Baudó, al subir por dicho río encontraron en esta comunidad, hombres armados del Ejército de Liberación Nacional (ELN}, los cuales históricamente hacen presencia en este municipio principalmente en la zona norte, inmediatamente se presentó un fuerte combate entre estos dos Actores armados Ilegales - AAI , lo anterior ocasionó el desplazamiento forzado de 176 familias, 521 personas hacia Pie de Pató - cabecera municipal (urbano) del Alto Baudó. (...) (Negrilla fuera del texto) 18.6. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, certificó m