PGN - ACCION DE GRUPO - Naturaleza y ámbito de protección según la jurisprudencia de la corte consti

ACCIÓN DE GRUPO-Contra la Nación–Ministerio de Defensa NacionalEjercito Nacional por los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes como consecuencia del desplazamiento forzado del que fueron víctimas ACCIÓN DE GRUPO-Marco legal ACCIÓN DE GRUPO-Caducidad según la jurisprudencia de la Corte Constitucional ACCIÓN DE GRUPO-Caducidad ACCIÓN DE GRUPO-Marco constitucional ACCIÓN DE GRUPO-Presupuestos legales para su procedencia Así las cosas, para que prospere la declaratoria de responsabilidad del Estado mediante una acción de grupo, es necesario que concurran tres elementos fundamentales, siendo el primero de ellos: (i) que la administración despliegue una actividad legítima, (ii) que la ruptura de la igualdad frente a las cargas públicas recaiga en cabeza de un particular; y (iii) que entre la actuación de la administración y el rompimiento de las cargas exista un nexo de causalidad. ACCIÓN DE GRUPO-Titulares de la acción ACCIÓN DE GRUPO-Noción y características Así las cosas, la acción de grupo, se caracteriza por ser una acción principal, indemnizatoria y representativa puesto que, su procedencia no depende del agotamiento de otra acción, como lo establece el artículo 3º de la Ley 472 de 1998, por lo tanto esta acción puede ser interpuesta, sin perjuicio de las acciones ordinarias o individuales de cada miembro del grupo a que haya lugar dado el caso en discusión, pues la finalidad de la acción de grupo es principalmente la obtención de la indemnización de los perjuicios ocasionados de manera uniforme a un grupo de personas, situación que la hace además

representativa, pues quien invoca la demanda no solo lo hace en su propio nombre, sino en representación de quien se encuentre en la condición homogénea de grupo, ello en aplicación del principio de solidaridad desarrollado en la Constitución Política de 1991. ACCIÓN DE GRUPO-Naturaleza y ámbito de protección según la jurisprudencia de la corte constitucional CADUCIDAD-En los delitos de lesa humanidad DELITOS DE LESA HUMANIDAD-Imprescriptibilidad Página 1 de 32

PGP CONCEPTO No. 057 / 2023

Bogotá, 1 de junio de 2023

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente: José Roberto Sáchica Méndez

E. S. D.

EXPEDIENTE: 05001233300020160190601 (69793)

ACCIÓN: Reparación de Perjuicios Causados a un Grupo

ACTOR: Davian Esteban Gómez Hernández y otros

DEMANDADO: Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.

Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, se configuró el fenómeno de la caducidad de la acción, de conformidad con los criterios establecidos en sentencias de unificación del Consejo de Estado y la Corte

Constitucional. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos.

1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda El señor DAVIAN ESTEBAN GOMEZ HERNADEZ y otros, representados por apoderado judicial en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo establecido en el art. 145 del CPACA y en la Ley 472 de 1998 presentaron demanda contra la NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALEJERCITO NACIONAL Dentro de las pretensiones se encuentran:

1. Declarar responsables a las accionadas por los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes como consecuencia del desplazamiento forzado del que fueron víctimas, el cual se produjo como efecto obligado de los hechos de violencia ocurridos en la región del nordeste antioqueño en los municipios de Segovia y Remedios en el departamento de Antioquia, en particular en el casco urbano del municipio de Segovia y el corregimiento de La Cruzada en el municipio de Remedios, hechos ocurridos el 11 de noviembre de 1988, Página 2 de 32

PGP Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 # 15-80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 en los que fueron ejecutadas extrajudicialmente al menos 43 personas, resultando heridas 50 personas más.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicita que se condene a las entidades

demandadas a pagar, a título de indemnización, los siguientes perjuicios: - Perjuicios inmateriales: La suma de 200 smlmv, para cada uno de los demandantes. - Perjuicios patrimoniales: La suma de $79.325.978,3 o aquellas sumas que resulten probadas durante el proceso, para cada uno de los demandantes. - Reparación integral: Solicita que se ordene a las demandadas desarrollar un programa de retorno en condiciones de voluntariedad para facilitar a las personas que no han retornado a las condiciones de seguridad y socioeconómicas que hagan posible el retorno a sus lugares de habitación, residencia y trabajo; en este orden de ideas, que se realicen las diligencias necesarias para la restitución de sus parcelas, así como para que sus viviendas sean habitables y cuenten con los servicios públicos que garanticen salubridad. Piden que se ordene a las demandadas, en cabeza del Presidente de la República o el Ministro de Defensa, excusarse ante las víctimas y ante todos los colombianos, por los hechos a los que se contrae la demanda; así mismo, realizar un acto de disculpas públicas como medida restaurativa en favor de los miembros del grupo.

3. Que se ordene el pago de los gastos del presente proceso, así como las sumas que ha debido erogar la parte demandante para hacer efectiva la protección de los derechos.

4. Que se proceda a la actualización de los valores a los cuales fueren condenadas las demandadas y se reconozcan los intereses legales liquidados con la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de los hechos hasta que se pague efectivamente y cumpla la sentencia que ponga fin al proceso.

• Hechos en los que se fundamenta Que el día viernes 11 de noviembre de 1988, a partir de las 6:40 de la tarde, un grupo de aproximadamente 30 hombres quienes se movilizaban en tres camperos, armados con armas de fuego de largo alcance y alto calibre, y con granadas de fragmentación, Página 3 de 32

PGP Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 # 15-80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 ingresaron a la cabecera municipal del municipio de Segovia, sometieron a la población y durante cerca de una hora dispararon contra sus habitantes, posteriormente se trasladaron hasta al área urbana del corregimiento La Cruzada del municipio de Remedios ubicado en cercanías del municipio de Segovia, donde asesinaron a otras personas. Que dichos ataques cobraron la vida de por lo menos 43 personas, resultando heridas 50 más. La acción criminal también dejó cuantiosos daños materiales por la afectación de inmuebles y vehículos públicos y particulares. Que momentos previos a la masacre, los camperos en que se movilizaron los victimarios llegaron desde Puerto Berrio y se detuvieron frente a la base militar del Batallón Bomboná ubicada en las afueras de Segovia. Uno de los vehículos permaneció en la base y tres se

desplazaron al área urbana de Segovia. Cuando llegaron a Segovia se ubicaron en sitios estratégicos y luego procedieron a recorrer las vías de la cabecera municipal, ejecutando la masacre. Luego se dirigieron al corregimiento La Cruzada del municipio de Remedios, donde realizaron un nuevo ataque indiscriminado. Que una vez cometida la masacre, los agresores, pasaron sin obstáculo alguno por el Comando de la Policía y la base militar acantonada en el municipio, pues las autoridades policivas y militares no desplegaron ningún operativo para evitar la masacre y menos se adelantó persecución y posterior retención. Finalmente, los tres vehículos tomaron la vía que de Segovia lleva a Puerto Berrio. En su salida, los verdugos pasaron frente al Batallón Bomboná, los uniformados no impidieron la movilización de los tres camperos. Que dicha masacre fue cometida por el grupo paramilitar de Fidel Castaño y Henry Pérez, al mando de alias “Vladimir” denominado “Muerte a Revolucionarios del Nordeste” y en ella participaron las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá. Que es claro que los hechos ocurrieron con el apoyo de la fuerza pública, pues no repelieron el ataque, levantaron los retenes, no persiguieron a los paramilitares y participaron directamente en los hechos. Que Jaime Córdoba Triviño, quien se desempeñaba como Defensor del Pueblo, manifestó que, luego de la masacre, se vivió en el pueblo un estado de temor generalizado, la violencia aumentaba, la Alcaldesa se vio obligada a abandonar el municipio. Que después de la masacre mucha gente empezó a dejar el pueblo y se marcharon hacia

Medellín o al municipio de Zaragoza, como en el caso de los campesinos, que Página 4 de 32 PGP Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 # 15-80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 representaron un gran éxodo hacia este lugar y sus alrededores para empezar de nuevo, lo que implicó una pérdida material total, pues se quedaron sin casa, sin tierras, sin animales e incluso sin ropa. Que las familias se dedicaban a la minería del oro con arraigo histórico en la región y sin otros conocimientos en materia campesina, agrícola o ganadera, lo que los hizo más vulnerables durante el desplazamiento. Que el exterminio fue de tal magnitud que sus efectos se sienten aún hoy, pues quienes sobrevivieron no se atreven a regresar. 1.2. Contestación de la Demanda 1.2.1. Ejército Nacional Se opuso a los perjuicios pretendidos, señalando que su pretensión carece de fundamento si se tiene en cuenta que los hechos fueron ocasionados por terceros y, por ende, la entidad carece de legitimación en la causa por pasiva. Frente a los hechos manifestó que los mismos debían ser probados por la parte actora, y como argumentos de defensa principales, refiere las siguientes excepciones: - Cosa juzgada internacional: Toda vez que la presente demanda versa sobre los mismos

hechos, conjunto de personas y pretensiones, señalados dentro de la solución amistosa impetrada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las víctimas de la incursión paramilitar del 11 de noviembre de 1988 en el municipio de Segovia, Antioquia, decisión que se encuentra en verificación de daños y de expedición de resoluciones de pago, ya que se pactó que una vez firmada la referida solución amistosa (24 de julio de 2015), se desarrollaría un plan de resarcimiento para las víctimas, plan que debe contar con la supervisión del Estado colombiano. - Caducidad: El daño que se invoca son las acciones violentas desplegadas por los agentes paramilitares, y que de ello devino el desplazamiento que generó a las familias de los demandantes, por lo que el término de caducidad debe contarse desde que se produjo la ocurrencia de los hechos. - Falta de legitimación en la causa por pasiva: Las actuaciones violentas aducidas en la demanda provienen de un tercero, no existe prueba de la participación del Ejército Página 5 de 32 PGP Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 # 15-80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 Nacional en los hechos que invocan fueron perpetrados por grupos paramilitares y el supuesto desplazamiento forzado de los demandantes, ni por acción ni por omisión.

1.2.2. Policía Nacional Se opone a todas y cada una de las pretensiones, teniendo en cuenta que la entidad no es la llamada a responder por los hechos alegados en la demanda, al considerar que se configuran las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa, ineptitud de la demanda, falta de legitimación en la causa por pasiva y la causal de exoneración de responsabilidad denominada hecho de un tercero. Como argumentos defensivos, señala que no se aportó prueba alguna que acredite acción u omisión por parte de la POLICÍA NACIONAL, pues no se demostró que los demandantes hubieran solicitado protección a dicha entidad, como para predicar que la obligación general de brindar seguridad a todos los habitantes se objetivizó en ellos; por lo que no le es imputable el daño alegado. Agrega que tampoco se allegó al plenario prueba del desplazamiento de los demandantes y que no es posible afirmar que sea una causa común el hecho del contexto de violencia que supuestamente se vivía en los municipios mencionados. Considera que la acción terrorista era imprevisible e irresistible, pues las autoridades policiales y demás organismos de inteligencia no tuvieron la oportunidad de haber previsto los hechos, ni mucho menos de prepararse oportuna y adecuadamente para repelerlo, en el entendido de que los hechos de desplazamiento forzado tratan de situaciones que escapan del control de las autoridades públicas. 1.3. Concepto Ministerio Público El doctor Luis Fernando Henao Jaramillo, Procurador 113 Judicial II Administrativo, solicitó que se despachen desfavorablemente las pretensiones de la demanda, para lo cual se basó en los siguientes argumentos:

• Del origen del daño. No hay unidad de causa Para los demandantes, la masacre ocurrida el 11 de noviembre de 1988 en los Municipios de Segovia y el Corregimiento la Cruzada del Municipio de Remedios se constituye en la causa común de los múltiples desplazamientos y por los cuales se demanda la reparación Página 6 de 32

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hechos ocurridos aquel 11 de noviembre de 1988, pero nada se pudo demostrar dentro del proceso de la participación de la fuerza pública (EJÉRCITO y POLICÍA) en el desplazamiento de los demandantes porque, pues no se tiene noticia de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio este desplazamiento. Ni siquiera se demostró durante el proceso que los demandantes hubiesen solicitado medidas de protección, ni solicitudes de acompañamiento para el retorno a las zonas de donde fueron desplazados, pues como ya se dijo una es la responsabilidad del Estado por la muerte de los 43 habitantes de Segovia en aquella fatídica noche del 11 de noviembre de 1988, así como por los lesionados, lo cual no puede predicarse respecto del desplazamiento. - Caducidad de la acción de grupo La Corte Constitucional, en relación con la caducidad para la reclamación de los derechos de las personas en situación de desplazamiento, a través de la sentencia de unificación SU-254 de 2013, sostuvo: "Los términos de caducidad para población desplazada, en cuanto hace referencia a futuros procesos judiciales que se adelanten ante la jurisdicción contencioso administrativa sólo pueden computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se pueden tener en cuenta transcursos de tiempo anteriores, en atención a su condición de sujetos de especial protección constitucional." Página 7 de 32 PGP Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 # 15-80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961,

Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7

Que la sentencia SU-254 de 2013 quedó ejecutoriada el 19 de mayo de 2013 y para efectos de caducidad dispuesta en el artículo 47 de la Ley 472 de 1998, contaban los accionantes con 2 años para presentar la demanda, pues la sentencia salvo el lapso a efectos de la inacción de la parte demandante lo que significa que el plazo vencía el 20 de mayo de 2015, sin embargo, la demanda fue presentada en el 22 de agosto de 2016. Por otro lado, si el desplazamiento al que fueron sometidos los accionantes, ocurrió desde el momento mismo de la masacre, es claro que al momento de la presentación de la demanda habían transcurrido casi 28 años, y desde la ejecutoria de la sentencia SU-254 de 2013 (mayo de 2013) más de 3 años, por lo que debe señalarse que operó el fenómeno jurídico de la caducidad. 1.4. Sentencia de Primera instancia El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 1º de febrero del 2023, dispuso que debe darse aplicación a la regla de excepción contenida en la sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU 254 de 2013, la cual quedó ejecutoriada el 22 de mayo de 2013, por lo tanto, la parte demandante contaba con dos años, contados a partir del día siguiente, para presentar la demanda, esto es, hasta el 23 de mayo de 2015, y como el medio de control se presentó el 22 de agosto de 2016 se presentó por fuera

del término. Adicionalmente, la Sala no advierte circunstancias que le impidieran a los demandantes ejercer el derecho de acción en tiempo. Por lo anterior, debe declararse la caducidad del presente medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, sin lugar a estudiar los elementos de la responsabilidad. Señaló que el artículo 47 de la Ley 472 de 1998 (Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones) dispuso sobre la acción por el desplazamiento forzado, que sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la indemnización de perjuicios, la acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo. Por su parte, el literal h) del numeral 2° del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, señala que, cuando se pretenda la declaratoria de responsabilidad y el reconocimiento y pago de Página 8 de 32 PGP Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 # 15-80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 indemnización de los perjuicios causados a un grupo, la demanda deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño.

En el caso concreto, la parte demandante aduce como hechos generadores del desplazamiento forzado, los ocurridos el 11 de noviembre de 1988 en los municipios de Remedios y Segovia en el departamento de Antioquia. Ahora bien, en relación con el conteo de los términos de caducidad cuando se pretende la responsabilidad del Estado por el desplazamiento forzado, debe tomarse en consideración la sentencia de la Corte Constitucional SU-254 del 24 de abril de 2013, en la que resolvió, entre otras cosas, determinar que, para efectos de la caducidad respecto de la población desplazada, solo podría computarse a partir de la ejecutoria de ese fallo (22 de mayo de 2013), así: “(…) Ahora bien, teniendo en cuenta que por primera vez la Corte Constitucional, a través de una sentencia de unificación de su jurisprudencia, fija el sentido y alcance del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Plena precisa que los términos de caducidad para población desplazada, en cuanto hace referencia a futuros procesos judiciales ante la jurisdicción contencioso administrativa, sólo pueden computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en cuenta trascursos de tiempo anteriores, por tratarse, como antes se explicó, de sujetos de especial protección constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta. (…)”. (Resaltado de la Sala) Al respecto de la aplicación de esta decisión, el Consejo de Estado, en sentencia del 8 de junio de 20221, refirió lo siguiente:

“(…) …cabe precisar que por tratarse de sujetos de especial protección constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta, la Corte Constitucional, en sentencia SU-254 del 24 de abril de 2013, decidió que, para efectos de la caducidad de futuros procesos judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los términos de caducidad de las acciones que involucraran a la población desplazada, sólo podrían computarse a partir de la ejecutoria de ese fallo, sin que se tuviera en cuenta el transcurso de tiempos anteriores a dicha sentencia. Así, la Corte Constitucional, otorgó un término complementario para que las personas que con anterioridad a esa sentencia fueran víctimas de desplazamiento forzado, demandaran en 1 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, Consejera Ponente: María Adriana Marín.

Radicación Número: 52001-23-31-000-2012-00111-01 (60374).

Página 9 de 32 PGP Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 # 15-80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 ejercicio de la acción de reparación directa, el cual debió computarse desde la ejecutoria del mencionado fallo. La Corte Constitucional otorgó efectos inter comunis a dicha providencia, con el fin de cobijar

situaciones jurídicas similares tramitadas ante los jueces de tutela, así como para garantizar una respuesta uniforme que garantice el derecho a la igualdad de personas que se encuentran en la misma situación fáctica. Sobre la aplicación favorable de la sentencia SU-254 de 2013 para el cómputo del término de caducidad, la Sección Tercera del Consejo de Estado, se ha pronunciado, así: “Sin perjuicio de lo anterior, no puede olvidarse que con ocasión de la expedición de la sentencia SU-254 de 2013 la Corte Constitucional estableció una regla excepcional en materia de caducidad por hechos relacionados con el desplazamiento forzado, según la cual los 2 años establecidos por la ley para presentar las respectivas demandas de reparación directa podían ser contabilizados a partir de la ejecutoria de la referida decisión judicial -22 de mayo de 2013-, como garantía de acceso a la administración de justicia a un sector especial y vulnerable de la población; (…) En ese contexto, es evidente que en el sub lite el término de caducidad para formular las pretensiones de reparación directa debe contabilizarse a más tardar a partir del 23 de mayo de 2013 -día siguiente a la ejecutoria de la sentencia SU-254 de 2013por ser esta fecha más favorable a los demandantes.”2 En estas condiciones, la accionante también hace parte de los sujetos a quienes, en virtud de los efectos inter comunis de la sentencia SU-254 de 2013, se les debía contar la caducidad de forma diferenciada, esto es, a partir de la fecha de ejecutoria de la referida providencia, porque el desplazamiento forzado de que fue víctima data del año 1999, como

lo refiere la prueba documental y testimonial antes referida. (…)” 1.5. Argumentos de la apelación - Parte Accionante Pretende el recurso que el H. Consejo de Estado revoque la decisión apelada y en su lugar declare la procedencia de la acción, para lo cual se basó en los siguientes argumentos:

1. No operó la caducidad de la acción 2 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B, auto de 18 de noviembre de 2021, Exp. No.

67068. M.P. Fredy Ibarra Martínez.

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Consejo de Estado, consistió en establecer que en los casos de delitos cometidos por la fuerza pública contra civiles, específicamente los casos de homicidios en persona protegida o ejecuciones extrajudiciales, al tratarse de conductas que se enmarcan dentro de la definición de crímenes de lesa humanidad, en el estudio de la caducidad no puede otorgarse el mismo tratamiento de otras conductas que se configuran por fuera del conflicto armado. “En ese sentido, el Consejo de Estado consideró que debe garantizarse de forma efectiva la reparación que hace parte del derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, así como también el de acceso a la administración de justicia de personas protegidas por el derecho internacional que de ninguna manera puede verse vulnerado ni limitado en casos en que se estudien ejecuciones extrajudiciales. “En consecuencia, consideró esta Corporación que no realizar el estudio de la posible responsabilidad del Estado, respecto de las ejecuciones extrajudiciales, con fundamento en la operabilidad del fenómeno jurídico de la caducidad, supone una violación flagrante de Derechos Humanos que desconoce la gravedad de los hechos objeto sobre los cuales se debe efectuar el pronunciamiento, por lo tanto, las reglas procesales deben garantizar el acceso a la justicia, como garantía convencional y constitucional. (…)”. Señala que la sentencia dictada el 30 de julio de 2020 concedió amparo del derecho de acceso a la administración de justicia a los accionantes y resaltó que existió un desconocimiento del precedente jurisprudencial vigente para la época, precedentes horizontales y verticales habilitantes de la oportunidad de la acción, así como la

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es de resaltar que la acción de la referencia tiene similitudes fácticas, en tanto se discute la caducidad en casos de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, toda vez que la masacre de Remedios y Segovia es un delito de lesa humanidad. Página 11 de 32 PGP Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 # 15-80 PISO 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 Que esta jurisprudencia, hace una reflexión constitucional del ordenamiento jurídico a partir de los principios de igualdad y confianza legítima que comprende, además, la protección a las expectativas legítimas de las personas de que la interpretación y aplicación de la ley por parte de los jueces va a ser razonable; así como la necesidad de ajustar tanto el derecho como su interpretación a las realidades sociales que se van imponiendo en garantía de un ordenamiento justo. Que en los últimos tiempos la figura de la caducidad ha venido cediendo en su rigurosidad procesal, no sólo en el ámbito de lo contencioso administrativo, sino en el penal y en el civil, para hacer efectiva la prevalencia de los derechos fundamentales y especialmente el derecho a la vida. En conclusión, que el pronunciamiento señalado del Consejo de Estado es una reflexión

constitucional que modifica pronunciamientos anteriores y determina que la caducidad no debe reglarse por aspectos meramente formales y normativos; por el contrario, debe enmarcarse en el contexto en que acaecieron los hechos y, en todo caso garantizar el acceso a la administración de justicia.

2. El desplazamiento forzado de Segovia y Remedios es un delito de lesa humanidad.

La Corte Suprema de Justicia, calificó los crímenes cometidos en Remedios y Segovia como crímenes de lesa humanidad en decisión de única instancia 33118 del 15 de mayo de 2013 que hace parte del expediente de su conocimiento, “la consideración que ha hecho la Sala de los acontecimientos ocurridos en el municipio de Segovia como delitos de lesa humanidad, en atención a que este suceso fue consecuencia de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, supone necesariamente un acuerdo de voluntades que permanece en el tiempo y que afecta la seguridad pública, bien jurídico cuyo riesgo se incrementó por la persistencia de las acciones de este grupo ilegal”. Calificación que se extiende al desplazamiento forzado, dado que en el caso que nos atañe, como lo prevé el Estatuto de Roma, se trató de una persecución de un grupo o colectividad con ide