PGN - ACCION DE NULIDAD ELECTORAL - Es requisito de procedibilidad someterlas a examen de la autorid

ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL-Es requisito de procedibilidad someterlas a examen de la autoridad administrativa correspondiente El agotamiento del requisito de procedibilidad, en materia contencioso administrativo electoral, fue implementado por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de julio 14 de 2009, que adicionó al artículo 237 Constitucional Es decir, el constituyente derivado, en los casos de demandas de nulidad contra actos de elección de carácter popular, cuando se fundamenten en irregularidades en el proceso de votación y escrutinio, impuso la obligación de que, previo a ejercer el derecho de acción y, antes de la declaratoria de elección, se deben someter a examen de la autoridad administrativa correspondiente. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD-En los procesos electorales forma de cumplirlo/REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD-Jurisprudencia del Consejo de Estado Ahora bien, en cuanto al agotamiento del requisito de procedibilidad, consistente en poner en conocimiento de la autoridad administrativa electoral correspondiente, las irregularidades que puedan conllevar a viciar de nulidad el acto de elección, se pueden generar dos consecuencias, a saber:

1. Que hechas las denuncias sobre las irregularidades, la autoridad administrativa correspondiente, solo se pronuncia sobre algunas y deja de estudiar las demás, caso en el cual para demostrar el agotamiento del requisito de procedibilidad como presupuesto para acudir al Contencioso Electoral, basta con anexar a la demanda la copia correspondiente de la petición radicada con tal fin.

2. Que hechas las denuncias sobre las irregularidades, la autoridad

administrativa correspondiente las haya resuelto en su totalidad de manera satisfactoria o no, caso en el cual, se encuentra plenamente agotado el requisito de procedibilidad, pero impone la obligación al accionante además de demandar el acto que declara la elección, demandar la legalidad de las decisiones administrativas mediante las cuales le resuelven sus reclamaciones. Esto es, siempre que la autoridad administrativa correspondiente, haya resuelto en su totalidad las reclamaciones por irregularidades en procesos de votación y escrutinio hechas por cualquier ciudadano en sede administrativa en un proceso electoral y con anterioridad a la declaratoria de la elección, es requisito sine quanom de la demanda, además de demandar el acto que declara la elección, demandar los actos administrativos que resuelven las respectivas reclamaciones en cuanto ellos no son actos administrativos previos o de trámite, sino que se constituyen en verdaderas decisiones definitivas respecto de las irregularidades alegadas. INEPTA DEMANDA-Deben demandarse la totalidad de los actos definitivos Es decir, conforme a lo anterior, la demanda incoada, se torna en inepta, pues no demandó como era su obligación, los actos administrativos por medio de los cuales la autoridad administrativa electoral correspondiente, le resolvió las reclamaciones presentadas. Actos administrativos que en rigor, constituyen verdaderas decisiones definitivas, las cuales deben y debieron ser demandadas, para efectos de que el operador judicial pudiere abordar el examen de fondo respecto de las irregularidades deprecadas. Así pues, no obstante el deber de interpretación de la demanda, este contempla ciertas restricciones en el proceso electoral, el cual debe ajustarse a los

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co requerimientos de orden legal que le indican al accionante el deber de acreditar el agotamiento del requisito de procedibilidad, así como el de impugnar las decisiones administrativas proferidas por las autoridades electorales para atender esas solicitudes, cargas que no pueden trasladarse al operador judicial, pues ello sería como permitir que el fallador decidiere sobre cuál es el objeto de la demanda.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C. junio 28 de 2012 Concepto No. 025 Doctor Alberto Yepes Barreiro

H. Consejero Ponente

Sección Quinta Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: 8

Proceso número: 440012331000201100214 01

Radicado interno número: 2011-0214

Actor: Derelvis Brito Ibarra.

Demandado: Reinaldo Deluque Díaz y otros.

Contenido: Apelación de la sentencia del 19 de abril de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira, mediante la cual se declaró inhibido para conocer de la demanda de nulidad del acto de elección de los señores

Reinaldo Deluque y Olimpo Núñez como Concejales del Municipio de

Riohacha, para el periodo 2012-2015.

Respetado doctor: Como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia, de la manera más atenta procedo a descorrer el traslado para alegar de conclusión dispuesto mediante proveído del 29 de mayo de la cursante anualidad y, por ello, presento a consideración de la H. Sala los siguientes argumentos.

IAntecedentes  La demanda y sus pretensiones La ciudadana Derelvis Brito Ibarra, en nombre propio y en ejercicio de la acción de nulidad de contenido electoral, demandó la nulidad del acto de elección de los señores Reinaldo Antonio Deluque Díaz y Olimpo Gabriel Núñez de Armas, como

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Concejales del Municipio de Riohacha por el Partido Afrovides, para el periodo 2012-2015. Las pretensiones formuladas por la actora son las siguientes: «1. Que son nulos los actos de declaración de elección de los candidatos al concejo electos por el partido Afrovides del municipio de Riohacha, por medio de los cuales la Comisión Escrutadora General Delegada en el municipio de Riohacha, declaró la elección de Reinaldo Antonio Deluque Díaz y Olimpo Gabriel Núñez de Armas como Concejales electos por el municipio de Riohacha Departamento de la Guajira por el partido o movimiento político Afrovides para el

periodo 2012-2015, como consta en las catas de Escrutinio General y parcial cuyas copias auténticas adjunto.

2. Que también son nulos los registros electorales, o actas de escrutinios, de jurados de votación, que más adelante se acusan y que se hubieren computado durante el proceso de escrutinios con violación del sistema electoral determinado en la Constitución y Leyes de la República; que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene practicar y efectivamente se practique por el Honorable Tribunal Administrativo de un nuevo escrutinio por la circunscripción electoral del municipio de Riohacha para el periodo 2012 a 2015 únicamente para el partido Afrovides, escrutinio que deberá practicarse solamente con base en los Registros y pliegos que no se declaren afectados de nulidad en virtud de este proceso, correspondientes a las elecciones realizadas el día 30 de octubre de 2011 de la citada circunscripción electoral, y previa rectificación de los errores aritméticos que se comprueben judicialmente o la exclusión de los registros o actas que, conforme a la ley no debieron computarse.

3. Que, con base en los resultados de los nuevos escrutinios, se haga una nueva declaración de elección de Concejales, elegidos por la circunscripción electoral del municipio de Riohacha del Departamento de la Guajira y para el periodo 2012 a 2015, se ordene expedir y efectivamente se expidan las nu7evas credenciales de Concejales en reemplazo de las anteriores que deben ser canceladas y anuladas, y que las anteriores novedades se comuniquen a quienes deben conocerlas, mediante oficios que deberán dirigirse y enviarse al presidente del Concejo (sic)

Nacional Electoral, al Registrador Nacional del Estado Civil, a sus delegados para el Departamento de la Guajira, al Registrador del municipio de Riohacha y demás.» Hechos de la demanda Señala la actora que estuvo inscrita como candidata al Concejo Municipal de Riohacha por el partido Afrovides, identificándose en la lista con el número cinco; que el día 30 de octubre de 2011 se llevaron a cabo en el territorio nacional las elecciones populares para Alcaldes y miembros de Corporaciones Públicas.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Que los escrutinios municipales, correspondientes a la circunscripción electoral del municipio de Riohacha, Departamento de la Guajira, se realizaron como lo ordena la Ley 1475 de 2011, a partir del 31 de noviembre del mismo año, por lo Delegados del Consejo Nacional Electoral; que interpuestas las diferentes reclamaciones sobre errores aritméticos, tachones y enmendaduras sobre los E14, se abstuvieron de hacer declaración de elección de Concejales para la señalada municipalidad. Aduce que el primero de noviembre de 2011, en el auditorio del ICBF, se iniciaron los escrutinios por parte de la Comisión Departamental de los Delegados del Consejo Nacional Electoral, quienes en uso de sus facultades y mediante resoluciones No. 047 y 060 de noviembre 11 del mismo año, resolvieron negar las

peticiones interpuestas por la demandante y su apoderado. Indica que tanto el computo de votos, las actas de escrutinio, los registros electorales y pliegos, así como el acto acusado, cuya nulidad se depreca, se hallan viciados de grandes y ostensibles violaciones del sistema electoral determinado en la Constitución y las Leyes de la República, pues durante los escrutinios se computaron actas y pliegos afectados de nulidad por desconocimiento de disposiciones legales; errores aritméticos que deben ser corregidos; se omitió practicar el recuento de votos que era obligatorio; y se cometieron otras irregularidades que la Ley califica como causales de nulidad.  Normas violadas y concepto de la violación Señaló como normas violadas las siguientes:  Los numerales 2 y 3 del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo. Al explicar el concepto de violación, aduce el demandante: Que confrontados los resultados que aparecen en el acta de escrutinio general donde resultan electos Reinaldo Antonio Deluque Díaz y Olimpo Gabriel Núñez de

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Armas por el partido Afrovides, con los que muestran las actas de manera real se puede evidenciar la existencia de un error aritmético que hay que rectificar. Que los sustentos anteriores revelan la existencia de un error aritmético en actas,

y para corregirlo pues durante el escrutinio municipal y departamental no hubo reconteo de votos, debe irse a la fuente de la votación, examinando uno por uno los votos para totalizar lo consignado en los formularios E-14.  Sentencia de primera instancia El Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira, en sentencia del 19 de abril de 2012, dispuso declarar probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por falta de integración de requisitos formales y falta de integración del petitum, propuesta por el apoderado judicial de la parte demandada Reinaldo Antonio Deluque Díaz, y como consecuencia de ello, se declaró inhibido para proferir decisión de fondo. Como argumentos de la anterior declaración, señaló el Tribunal lo siguiente: Que la parte actora allegó al plenario copias auténticas de los actos administrativos mediante los cuales se resuelven las reclamaciones hechas, pero de ellos no se puede deducir cuáles son los que la accionante considera como decisiones administrativas objeto de examen de legalidad de ésta jurisdicción, pues no sólo no los demanda de manera expresa, sino que ni siquiera los señala específicamente para saberse cuales son los que somete a juicio. Se indica que, de igual manera, del texto de los referidos actos administrativos, no se puede precisar que contra las mesas demandadas en concreto se agotó el requisito de procedibilidad, pues precisamente una de las razones esbozadas en los actos administrativos allegados es la de que se abstiene de tramitar la revisión, porque en la reclamación no se indicó la motivación exacta del error aritmético que

configura la causal invocada, por lo que la reclamación carece de los requisitos de procedibilidad por cuanto es genérica, vaga e imprecisa.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Como corolario de lo señalado, se consideró que la demanda no era sustancialmente apta para resolverse de fondo, ya que los defectos anotados son insuperables por vía de interpretación judicial, y con los referidos documentos, no se acredita el agotamiento del requisito de procedibilidad aludido.  Apelación de la sentencia de primera instancia La apelante en su escrito de apelación manifiesta su inconformidad con la decisión proferida por el Tribunal , aduciendo que los errores e irregularidades a las que se hace mención en la demanda, fueron expuestos dentro de las reclamaciones, solicitando las revisiones necesarias y correcciones de los errores aritméticos y de procedimiento, cometidos en el proceso de elección del 30 de octubre de 2011 y en el proceso de escrutinio municipal de las mismas elecciones en la lista a concejo municipal, por lo que no se explica las consideraciones del fallo recurrido al inhibirse por considerar lo contrario. Aduce que las irregularidades y errores aritméticos en los que funda sus pretensiones, se pueden constatar con el hecho séptimo de la demanda, pues allí con claridad se precisa lo correspondiente. Asevera que tal como se puede observar, existe una errada apreciación por parte

del Honorable Tribunal, ya que no se puede tener como probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, por falta de requisitos formales y falta de integración del petitum en relación con los actos electorales, pues en la demanda existe una relación folio a folio de los actos administrativos que se consideran nulos, lo que hace que la elección se encuentre viciada de nulidad. Además, indica que, es obligación del Juez realizar una verdadera interpretación de lo que se pretende y de su verdadero procedimiento; como corolario de lo señalado, solicita se revoque la sentencia de instancia y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda incoada.  Admisión del recurso

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Por auto del 29 de mayo de 2012 se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 19 de abril de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Verificados los presupuestos procesales y no habiendo observado ningún vicio que afecte de nulidad la actuación que se ha surtido, se procede enseguida a rendir el concepto de rigor por parte de esta Delegada.

De la excepción declarada probada por el A-Quo Ineptitud sustantiva de la demanda por falta de la integración de requisitos

formales y falta de integración del petitum. Indica el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira en el fallo apelado que la parte actora allega al plenario copias auténticas de los actos administrativos mediante los cuales se resuelven las reclamaciones hechas. Pero, de ellos no se puede deducir cuales son los que la accionante considera que son las decisiones administrativas objeto del examen de legalidad de ésta jurisdicción, pues no sólo no los demanda de manera expresa en la demanda inicial, sino que ni siquiera los señala para saberse cuales son los que somete a juicio. Se señala que del texto de los actos administrativos referidos tampoco se puede precisar que contra las mesas demandadas se agotó el requisito de procedibilidad, pues precisamente una de las razones esbozadas en los actos allegados, es que se abstiene de tramitar la revisión porque la reclamación “no indicó la motivación exacta del error aritmético que configura la causal invocada…, la reclamación adolece de los requisitos de procedibilidad por cuanto es genérica, vaga e imprecisa…” Por lo anterior, consideró que la demanda no era sustancialmente apta para resolver de fondo la elección demandada, ya que, los defectos anotados son

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co insuperables por vía de interpretación judicial, y con los referidos documentos, no acredita el agotamiento del requisito de procedibilidad, por lo que procede a

declarar probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por falta de los requisitos formales y falta de integración del petitum en relación con los actos electorales que hayan decidido las irregularidades denunciadas. El agotamiento del requisito de procedibilidad, en materia contencioso administrativo electoral, fue implementado por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de julio 14 de 2009, que adicionó al artículo 237 Constitucional, señalando: «7. Conocer de la acción de nulidad electoral con sujeción a las reglas de competencia establecidas en la ley. PARAGRAFO. Para ejercer el Contencioso Electoral ante la Jurisdicción Administrativa contra el acto de elección de carácter popular cuando la demanda se fundamente en causales de nulidad por irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, es requisito de procedibilidad someterlas, antes de la declaratoria de elección, a examen de la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral». Es decir, el constituyente derivado, en los casos de demandas de nulidad contra actos de elección de carácter popular, cuando se fundamenten en irregularidades en el proceso de votación y escrutinio, impuso la obligación de que, previo a ejercer el derecho de acción y, antes de la declaratoria de elección, se deben someter a examen de la autoridad administrativa correspondiente. Ahora bien, en cuanto al agotamiento del requisito de procedibilidad, consistente en poner en conocimiento de la autoridad administrativa electoral correspondiente, las irregularidades que puedan conllevar a viciar de nulidad el acto de elección, se pueden generar dos consecuencias, a saber:

1. Que hechas las denuncias sobre las irregularidades, la autoridad administrativa correspondiente, solo se pronuncia sobre algunas y deja de estudiar las demás, caso en el cual para demostrar el agotamiento del requisito de procedibilidad como presupuesto para acudir al Contencioso Electoral, basta con anexar a la demanda la copia correspondiente de la petición radicada con tal fin.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co

3. Que hechas las denuncias sobre las irregularidades, la autoridad administrativa correspondiente las haya resuelto en su totalidad de manera satisfactoria o no, caso en el cual, se encuentra plenamente agotado el requisito de procedibilidad, pero impone la obligación al accionante además de demandar el acto que declara la elección, demandar la legalidad de las decisiones administrativas mediante las cuales le resuelven sus reclamaciones.

Esto es, siempre que la autoridad administrativa correspondiente, haya resuelto en su totalidad las reclamaciones por irregularidades en procesos de votación y escrutinio hechas por cualquier ciudadano en sede administrativa en un proceso electoral y con anterioridad a la declaratoria de la elección, es requisito sine quanom de la demanda, además de demandar el acto que declara la elección, demandar los actos administrativos que resuelven las respectivas reclamaciones en cuanto ellos no son actos administrativos previos o de trámite, sino que se constituyen en verdaderas decisiones definitivas respecto de las irregularidades alegadas.

Tal aseveración fue hecha por el Consejo de Estado, Sección Quinta, con ponencia de la doctora María Nohemí Hernández Pinzón, en providencia del 13 de diciembre de 2010, dentro del expediente radicado bajo el No. 11001-03-28-0002010-00076-00, siendo demandados los senadores de la república. Allí se indicó: «Por otra parte, en cuanto a si la implementación del requisito de procedibilidad impone al demandante la carga de demandar, junto con el acto de elección, los actos proferidos por las autoridades electorales para despachar las solicitudes presentadas en tal sentido, dirá la Sala que así es, puesto que así lo ha dispuesto el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia de esta Sección en casos análogos. En efecto, si bien el artículo 229 del C.C.A., señala que en el proceso electoral “deberá demandarse precisamente el acto por medio del cual la elección se declara, y no los cómputos o escrutinios intermedios”, como sí sólo debiera demandarse ese acto, también debe tomarse en cuenta que según el artículo 227 ibídem, son demandables en el proceso electoral “los actos de las corporaciones electorales para que se anulen, o se rectifiquen, modifiquen, adicionen o revoquen las resoluciones de esas corporaciones electorales por medio de las cuales se declare indebidamente alguna nulidad, o se computen votos a favor de los ciudadanos que constitucional o legalmente no sean elegibles, o se hubiere dejado de computar un registro, o se haya alterado o cambiado el nombre de uno o varios candidatos”. De armonizar

estos preceptos concluye la Sala que bajo los efectos del Acto Legislativo 01

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co de 2009, se hizo más evidente la necesidad de demandar tanto el acto de elección, como las decisiones administrativas proferidas por las autoridades electorales para agotar el requisito de procedibilidad, pues con ellas es posible que se asuman decisiones modificatorias de los registros electorales, lo cual es uno de los eventos que a título enunciativo trae el artículo 227 en cuestión. No puede calificarse a las decisiones administrativas proferidas por las autoridades electorales para agotar el requisito de procedibilidad, como meros actos de trámite o como cómputos o escrutinios intermedios, ya que no son ni lo uno ni lo otro, corresponden a verdaderos actos administrativos, en atención a que albergan decisiones con incidencia directa en los derechos políticos de los candidatos, bien porque para unos contribuyen a consolidar su derecho a acceder a un cargo o corporación pública de elección popular, o ya porque para otros se erige en la razón que impide el acceso a los mismos. Tampoco podría pensarse que su control de legalidad podría adelantarse a través del control que se hace sobre el acto que declara la elección, ya que según ha enseñado la experiencia y de acuerdo con los formularios implementados por la Organización Electoral, en el último no siempre, para no decir que nunca, se tratan temas relativos a solicitudes sobre irregularidades

en las votaciones y en los escrutinios, circunstancia que impediría juzgar una motivación y decisión con asiento en otro acto administrativo. Además, como las solicitudes encaminadas a agotar el requisito de procedibilidad generan, en principio, pronunciamientos precedidos de una motivación propia, su impugnación resulta necesaria para que mediante el concepto de violación los interesados precisen de qué forma el acto violó el ordenamiento jurídico, determinando en debida forma cada caso, tanto por las zonas, los puestos y las mesas, como por los hechos constitutivos de nulidad según el actor. Y, en cuanto al soporte jurisprudencial, precisa la Sala que analógicamente puede decirse para este caso que los actos administrativos proferidos por las autoridades electorales para agotar el requisito de procedibilidad, deben demandarse junto con el de elección, como ya lo venía exigiendo frente a las decisiones administrativas proferidas durante los escrutinios, también por las autoridades electorales, para resolver las solicitudes formuladas por las personas autorizadas para ello, con base en las causales de reclamación contempladas en el Código Electoral1. Pues bien, las anteriores disquisiciones llevan a la Sala a inferir que el requisito de procedibilidad sí es presupuesto de la demanda, y que por ello su acreditación debe darse desde su presentación; e igualmente que la parte demandante, cuando interponga el proceso electoral basado en irregularidades durante las votaciones y los escrutinios, debe impugnar, junto con el acto de elección, los actos administrativos proferidos por las autoridades electorales para resolver tales solicitudes. Si nada de lo anterior

se hace, necesariamente el operador jurídico debe inadmitir la demanda para que se subsane, pues si no, su rechazo será la medida que deba adoptar el juez de lo electoral. Por tanto, el planteamiento del recurrente no resulta de recibo.» 1 Sobre el particular pueden consultar los siguientes pronunciamientos de la Sección: Sentencia del 7 de noviembre de 2002 Exp. 20000912 (2947); sentencia del 7 de diciembre de 1995 (Exp. 1472); sentencia del 1º de julio de 1999 (Exp. 2234); sentencia del 29 de junio de 2001 (Exp. 2477); sentencia del 14 de diciembre de 2001 (Exp. 2756 y 2765).

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Esta posición, fue posteriormente reiterada por la H. Sala, con ponencia de la doctora Susana Buitrago Valencia, en sentencia del 25 de agosto de 2011, dentro del radicado No. 11001-03-28-000-2010-00045-00; 11001-03-28-000-2010-0004600, en el proceso de nulidad de la elección de los Representantes a la Cámara por el Departamento de Boyacá, periodo 2010-2014, al indicar: «Y, finalmente, para el agotamiento del mencionado requisito basta con que las irregularidades constitutivas de nulidad hayan sido puestas en conocimiento de las autoridades electorales, a cuya cabeza está el CNE,

lo cual tiene dos implicaciones frente a la excepción estudiada. De una parte, que si pese a la denuncia de las irregularidades la autoridad electoral omite estudiarlas en su totalidad pues solo se pronuncia sobre algunas y deja de estudiar las demás, la demanda de nulidad electoral bien puede interponerse demostrando el agotamiento del señalado requisito, para lo cual le bastará anexar a la demanda copia hábil de la petición radicada por cualquier persona ante la respectiva autoridad con tal fin; y, sin que esté obligado a demandar más decisiones que el acto declaratorio de elección. En cambio, si a esa solicitud le sigue la decisión de la autoridad electoral, acogiendo o no lo pedido por el interesado, no solo es claro que el requisito de procedibilidad se ha agotado cabalmente, sino también que en el proceso de nulidad electoral, además de impugnarse el acto que declara la elección, es imperativo demandar la legalidad de tal decisión administrativa, pues aunque preceda al acto de elección no puede calificarse como un acto previo o de trámite, como quiera que con el mismo se adoptan decisiones definitivas en torno a irregularidades sucedidas durante las votaciones y los escrutinios. Además de su carácter definitivo, las resoluciones que así profieran las autoridades electorales, gozan del atributo de la presunción de ser legales o conformes al ordenamiento jurídico, presunción iuris tantum que sólo puede removerse haciéndolas objeto del petitum de la acción electoral, y desarrollando en su contra el aspecto formal que debe contener toda demanda dirigida contra actos administrativos, regulado en el numeral 4º del artículo 137 del C.C.A., valga decir que “Cuando se

trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.”. Por ende, si al agotarse el requisito de procedibilidad la autoridad electoral profiere actos administrativos decidiendo las irregularidades denunciadas, en el proceso deberá impugnarse tanto el acto de elección, como los actos que despacharon las irregularidades puestas en conocimiento de la autoridad electoral, con la precisión que lo demandado en el proceso haga parte de lo que fue puesto en conocimiento y decidido por las autoridades electorales, ya que de existir casos no contemplados en las peticiones, sobre los mismos no podrá pronunciarse el juez de lo electoral por falta de agotamiento del citado requisito.»

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co En el caso en estudio encontramos que la accionante como pretensiones de la demanda señala: «1. Que son nulos los actos de declaración de elección de los candidatos al concejo electos por el partido Afrovides del municipio de Riohacha, por medio de los cuales la Comisión Escrutadora General Delegada en el municipio de Riohacha, declaró la elección de Reinaldo Antonio Deluque Díaz y Olimpo Gabriel Núñez de Armas como Concejales electos por el municipio de Riohacha Departamento de la Guajira por el partido o movimiento político Afrovides para el periodo 2012-2015, como consta en las catas de Escrutinio General y parcial

cuyas copias auténticas adjunto.

2. Que también son nulos los registros electorales, o actas de escrutinios, de jurados de votación, que más adelante se acusan y que se hubieren computado durante el proceso de escrutinios con violación del sistema electoral determinado en la Constitución y Leyes de la República; que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene practicar y efectivamente se practique por el Honorable Tribunal Administrativo de un nuevo escruti