PGN - ACCION DE NULIDAD ELECTORAL - Jurisprudencia de la corte constitucional
Detalles
- Título
- PGN - ACCION DE NULIDAD ELECTORAL - Jurisprudencia de la corte constitucional
- Autor
- Procuraduría General de la Nación
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
PROCESO ELECTORAL-Requisito de procedibilidad para acudir al contencioso electoral El agotamiento del requisito de procedibilidad, en materia contencioso administrativo electoral, fue implementado por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de julio 14 de 2009, que adicionó al artículo 237 Constitucional. Sobre el agotamiento del requisito de procedibilidad para acudir al Contencioso Electoral, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha indicado que se agota cabalmente con éste presupuesto, si el demandante en el proceso electoral anexa a su demanda prueba documental de haber puesto en conocimiento de las respectivas autoridades electorales, la existencia de irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, independientemente del trámite que a tal solicitud haya dado el CNE, pues por los términos en que se concibió ese requisito, lo actuado u omitido por la administración no determina la satisfacción de ese presupuesto, sino solamente el hecho de someter dichas irregularidades al examen de la autoridad administrativa correspondiente. PROCESO ELECTORAL-Consecuencias por las denuncias sobre irregularidades en el acto de elección Ahora bien, en cuanto al agotamiento del requisito de procedibilidad, consistente en poner en conocimiento de la autoridad administrativa electoral correspondiente, las irregularidades que puedan conllevar a viciar de nulidad el acto de elección, se pueden generar dos consecuencias, a saber:
1. Que hechas las denuncias sobre las irregularidades, la autoridad administrativa competente, solo se pronuncia sobre algunas y deja de estudiar las demás, caso en el cual para demostrar el agotamiento del requisito de procedibilidad como presupuesto para acudir al Contencioso Electoral, basta con anexar a la demanda la copia correspondiente
de la petición radicada con tal fin.
2. Que hechas las denuncias sobre las irregularidades, la autoridad administrativa electoral las haya resuelto en su totalidad de manera satisfactoria o no, caso en el cual, se encuentra plenamente agotado el requisito de procedibilidad, pero impone la obligación al accionante, además, de demandar el acto que declara la elección, demandar la legalidad de las decisiones administrativas mediante las cuales le resuelven sus reclamaciones.
ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL-Es obligación especial demandar los actos administrativos que resuelven las reclamaciones iniciales/ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL-Jurisprudencia del Consejo de Estado El constituyente derivado, en los casos de demandas de nulidad contra actos de elección de carácter popular, cuando se fundamenten en irregularidades en el proceso de votación y escrutinio, impuso la obligación de que, previo a ejercer el derecho de acción y, antes de la declaratoria de elección, se deben someter a examen de la respectiva autoridad administrativa. Siempre que la autoridad administrativa pertinente, haya resuelto en su totalidad las reclamaciones por irregularidades en procesos de votación y escrutinio hechas por cualquier ciudadano en sede administrativa en un proceso electoral y con anterioridad a la declaratoria de la elección, es requisito sine quanom de la demanda, además de demandar el acto que declara la elección, demandar los actos administrativos que resuelven las respectivas reclamaciones en cuanto ellos no son actos administrativos
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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co previos o de trámite, sino que se constituyen en verdaderas decisiones definitivas respecto de las irregularidades alegadas. Tal aseveración fue hecha por el Consejo de Estado, Sección Quinta, con ponencia de la doctora María Nohemí Hernández Pinzón, en providencia del 13 de diciembre de 2010, dentro del expediente radicado bajo el No. 11001-03-28-000-2010-00076-00. Es decir, conforme a lo anterior, la demanda incoada se torna en inepta, pues no demandó como era su obligación, el acto administrativo por medio del cual la autoridad administrativa electoral, le resolvió las reclamaciones presentadas. Actos administrativos que en rigor, constituyen verdaderas decisiones definitivas, las cuales deben y debieron ser demandadas, para efectos de que el operador judicial pudiere abordar el examen de fondo respecto de las irregularidades deprecadas.
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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C. julio 31 de 2012 Concepto No. 189 Doctora Susana Buitrago Valencia
H. Consejera Ponente
Sección Quinta Consejo de Estado
E. S. D.
Referencia: 8
Proceso número: 850012331000201100189 01
Radicado interno número: 2011-0189
Actor: Pedro Felipe Becerra Vargas Demandado: Pedro Albeiro Perilla Rodríguez Contenido: Apelación de la sentencia del 10 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare, mediante la cual se declaró inhibido para conocer de la nulidad del acto de elección del señor Pedro Albeiro Perilla Rodríguez, como Diputado del Departamento del Casanare, para el periodo 2012-2015.
Respetada doctora: Como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia, de la manera más atenta procedo a descorrer el traslado para alegar de conclusión dispuesto mediante proveído del 21 de junio de la cursante anualidad y, por ello, presento a consideración de la H. Sala los siguientes argumentos.
IAntecedentes La demanda y sus pretensiones
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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co El ciudadano Pedro Felipe Becerra, en nombre propio y en ejercicio de la acción de nulidad de contenido electoral, demandó la nulidad del acto de elección del señor Pedro Albeiro Perilla Rodríguez como Diputado del Departamento del Casanare, para el periodo 2012-2015. Las pretensiones formuladas por el actor son las siguientes: «A. Declare la nulidad de los actos electorales contenidos en los pliegos E-24 AS y E-26 AS emitidos por la Comisión Escrutadora Municipal de la circunscripción
del Minicipio de Villanueva en la cual se consignaron datos apócrifos y fraudulentos en relación con el Departamento del Casanare y a favor del candidato Pedro Albeiro Perilla Rodríguez candidato por el partido verde número 61.
B. Declare la nulidad del proceso de escrutinio para la Asamblea del Departamento del Casanare por los fraudes y datos apócrifos cometidos por los escrutadores municipales de Villanueva que indujeron en error a la Comisión Escrutadora Departamental y, en consecuencia proceda conforme al literal D de esta demanda, previo a la exclusión de los votos falsamente consignados en el acta de escrutinios E-24 AS y E-26 AS.
C. Declare que son nulos los actos emitidos por la Comisión Escrutadora Departamental Contenida en los formatos electorales E-26 en relación con la elección de Asamblea del Departamento del Casanare a favor del señor Pedro Albeiro Perilla Rodríguez, por cuanto esta declaración se funda en actos fraudulentos o apócrifos.
D. Ordene la realización de nuevos escrutinios municipales en la circunscripción de Villanueva y en el Departamento del Casanare para el caso de la Corporación Asamblea Departamental, para proceder conforme lo solicitado en el literal E de ésta demanda.
E. Declare la nulidad de las credenciales electorales pliego E-28 AS, expedidas por la Comisión Escrutadora Departamental emitidas con base en los datos apócrifos aportados a ésta comisión por la Comisión Escrutadora Municipal de
Villanueva-Casanare.
F. Declare en consecuencia que los datos electorales válidos son los que se corresponden con los formatos E-14 AS, para la circunscripción electoral del
Departamento del Casanare, conservando con ello la verdad electoral.
G. En consecuencia de la declaración obtenida en el literal E de éste petitum, la corrección de los pliegos electorales E-24 y E-26 emitidos por la Comisión Escrutadora Municipal de Villanueva y de los formatos electorales E-26 AS emitidos por la Comisión Escrutadora Departamental.
H. Declare de acuerdo a los resultados obtenidos el cómputo de votos ajustado a la verdad electoral y en consecuencia expida el nuevo pliego electoral E-26 AS de Asamblea Departamental declarando como Diputado electo a Pedro Felipe Becerra Vargas, quien está plenamente identificado en esta acción.
I. Una vez hechas todas las declaraciones pertinentes expida la correspondiente credencial con la autoridad que le ha sido investida.
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J. Compulse copias de los fallos y del material probatorio para las autoridades judiciales pertinentes, en especial la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Delitos contra el Sistema Democrático y otras garantías constitucionales.» Hechos de la demanda Señala el actor que el pasado domingo 30 de octubre de 2011, se llevaron a cabo en todo el territorio nacional las elecciones populares para Alcaldes y miembros de corporaciones públicas, elecciones en las cuales, en el Departamento del Casanare, se eligió Diputados Departamentales.
Que en el municipio de Villanueva, Casanare, se dio inicio al proceso de
escrutinios en la Sede impuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y siendo las 9:30 AM del día 31 de octubre de 2011, se reportó un aumento exagerado e inconsistente de los votos obtenidos por el candidato Pedro Albeiro Perilla Rodríguez, en distintas mesas que se indican en la demanda; aumento que se relaciona estrechamente con el cambio inesperado del Registrador Delegado en la Comisión Escrutadora Municipal de Villanueva, por un funcionario que indudablemente demostró tener interés directo en los resultados favorables de su amigo. Aduce que el señor Pedro Albeiro Perilla Rodríguez, único beneficiario con la comisión de los hechos acontecidos en el municipio de Villanueva, tiene allí su asiento y residencia permanente, donde, además, fungía como Concejal por el Partido Conservador, por lo que tenía facultades de ordenación del gasto, resultado claro, que el fraude al ser cometido en ese municipio solo se podía lograr por éste señor. Señala que la Comisión Escrutadora Municipal de Villanueva al consignar los registros en el sistema contratado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, introdujo datos apócrifos y cometió fraudes contra el sistema electoral, pues los datos que consignó en las actas parciales de escrutinio son distintos de los obtenidos en las urnas y consignados en los E-14; con ello se alteró la verdad, se
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www.procuraduria.gov.co indujo en errores a la Comisión Escrutadora Departamental, lo que generó que se declarara una elección contraria a la intención del voto en las urnas. Aseveró, que elevó reclamaciones ante la Comisión Escrutadora Municipal de Villanueva, pero en los informes o actas de comisión, se dejó constancia que nunca se presentaron reclamaciones o impugnaciones; así mismo indica que presentó reclamaciones ante la comisión escrutadora Departamental, la cual negó algunas por improcedencia y otras por extemporáneas. Normas violadas y concepto de la violación Señaló como normas violadas las siguientes: Los artículos 29 y 40 de la Constitución Política. Los artículos 84 y 223 numeral segundo del Código Contencioso Administrativo. El artículo 1 del Código Electoral. Al explicar el concepto de violación, aduce el demandante: Que las pruebas en que se fundó la decisión de declarar la elección de Pedro Albeiro Perilla fueron obtenidas con violación al debido proceso y conducen a la creación de actos administrativos de carácter electoral con desviación de poder, desconociendo la Comisión Escrutadora Municipal de Villanueva la verdad procesal, es decir, la verdad de los votos depositados en las urnas. Que el derecho a elegir y ser elegido se funda en mínimos vitales que soportan la estabilidad democrática y de ellos el más importante y significativo lo constituye el hecho de encontrar el elector, la garantía de que las autoridades electorales conservarán y preservaran en todo momento el derecho que ejercitan de elegir a quien corresponde y con la intervención mal intencionada de la Comisión
Escrutadora Municipal de Villanueva, se vulneran tales libertades democráticas.
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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Señala que alterar los datos electorales, consignando en actas datos que no corresponden con la realidad, constituye una clara violación de las normas procesales en materia electoral, que, en últimas, deslegitima la eficacia del voto como acto o manifestación de la libertad democrática, para dejar expurgo el poder constituyente primario en el antojadizo y comprado querer de la conciencia de una Comisión que altera resultados para favorecer en el escrutinio a quien perdió en las urnas. Sentencia de primera instancia El Tribunal Contencioso Administrativo del Casanare en sentencia del 10 de mayo de 2012, dispuso: i) declarar infundada la excepción relativa a la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad; y ii) inhibirse de pronunciamiento de fondo por inepta demanda (falta de integración de acto acusado complejo), respecto de la acción electoral ejercida por Pedro Felipe Becerra contra la elección de Diputados del Casanare, periodo 2012-2015, en especial, en lo relativo a los escrutinios de algunas mesas de Villanueva, por las siguientes razones: Que la Jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, indica que el acto de contenido electoral es un acto complejo constituido por la declaración de la elección y los actos previos que se han producido para resolver las solicitudes de
saneamiento de nulidad en sede de autoridades electorales; conjunción indispensable para que el Juez propio pueda ocuparse del contencioso electoral. Que conforme lo anterior y con ocasión a que el actor no demandó los actos previos que produjo la autoridad electoral, queda irregularmente integrada la proposición relativa al asunto litigioso o al acto acusado, y por lo tanto, no queda otro remedio que inhibirse de un pronunciamiento de fondo. Apelación de la sentencia de primera instancia
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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Por parte del Agente del Ministerio Público ante el Tribunal de Instancia El doctor José Luis Barrios Arrieta, en su calidad de Procurador 53 Judicial II Administrativo, en escrito de folios 870 al 872 del expediente, interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia para que se revoque porque en su parecer si se acoge la tesis del Tribunal y admitimos como necesario para integrar el acto complejo demandado, que se solicite la nulidad del requisito de procedibilidad o auto No. 010, que es un acto de trámite emitido por los delegados del Consejo Nacional Electoral como consecuencia de una solicitud de saneamiento de nulidades, de conformidad con la Resolución 4121 de 2011 del citado CNE, que es lo que permite al actor acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, estaríamos, ahí si, ante una inepta demanda, pues al declararse la nulidad de dicho acto, se está negando así mismo el actor, la posibilidad de acudir
a la jurisdicción, porque ese auto agota el requisito de procedibilidad de la acción electoral. Que si la Comisión Escrutadora Departamental hubiese cumplido con su deber legal, y en vez de declarar improcedente la solicitud del actor, hubiese decidido de fondo sobre las irregularidades presentadas por el actor como saneamiento de las nulidades, entonces sí era necesario que se demandase, conjuntamente con los otros actos citados en la demanda, dicho acto administrativo, porque existiría una decisión que produce efectos jurídicos que eventualmente pueden afectar a otras personas. Por parte del coadyuvante de la demanda, señor Erik Fabián Cano Figueroa El señalado coadyuvante, en escrito visible de folios 873 al 884 del expediente, interpone recurso de apelación contra la sentencia de instancia, para efectos de que sea revocada en cuanto a que ella quebranta derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y a la administración de justicia, pues motu
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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co propio, introduce requisitos no contemplados en el ordenamiento jurídico para abstenerse de proferir un pronunciamiento de fondo en el asunto de la referencia. Que el artículo 229 del Código Contencioso Administrativo no exige la rigurosidad planteada por el Tribunal en la providencia de primera instancia, pues solo condiciona el ejercicio de la acción electoral al ataque del acto por medio del cual la elección se declara, ni siquiera así lo consagra cuando la nulidad se depreque
de los cómputos o escrutinios intermedios, aunque el vicio afecte a éstos. Indica que los actos administrativos expedidos por las autoridades electorales producto de las reclamaciones previas, tendientes al agotamiento del requisito de procedibilidad, gozan de presunción de legalidad, pero ellos no pueden ser considerados como actos complejos inescindibles al de la declaración de la elección, pues la norma indicada es clara en señalar que solamente debe demandarse el acto que declara la elección. Por parte del apoderado judicial del demandado Pedro Albeiro Perilla El demandado, por intermedio de apoderado judicial, en escrito de folios 886 y 887 del expediente, interpone recurso de apelación adhesiva contra el fallo de instancia, únicamente en cuanto no declaró probada la excepción de falta de cumplimiento del requisito de procedibilidad por cuanto la reclamación presentada por el demandante hace referencia a causales de nulidad y no a errores aritméticos, la cual le fue resuelta, declarándola improcedente, lo que por sustracción de materia debe tenerse como no interpuesta. Además de lo anterior, contra las decisiones proferidas respecto de esas reclamaciones, no se agotaron los recursos establecidos en el régimen electoral para que se tuviera por agotado el requisito de procedibilidad. Admisión del recurso
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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Por auto del 21 de junio de 2012 se admitieron los recursos de apelación
indicados anteriormente, interpuestos contra la sentencia del 10 de mayo del mismo año, proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare. Es de señalar que en esta providencia, también se rechazó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por el actor Pedro Felipe Becerra contra el fallo de instancia, razón por la cual esta Delegada, se abstuvo de considerarlo en el acápite correspondiente.
II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Verificados los presupuestos procesales y no habiendo observado ningún vicio que afecte de nulidad la actuación que se ha surtido, se procede enseguida a rendir el concepto de rigor por parte de esta Delegada.
En el caso en estudio, haremos alusión en primera medida a los argumentos esbozados en la apelación adhesiva hecha por el demandado, en relación a la prosperidad de la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, y de manera posterior, estudiaremos en un mismo capitulo, los recursos de apelación interpuestos por el Agente del Ministerio Público, así como por el coadyuvante de las pretensiones de la demanda, en atención a que ellas persiguen el mismo fin, con argumentos similares. De la apelación adhesiva interpuesta por el apoderado judicial del demandado Pedro Albeiro Perilla Señaló el demandado, en su escrito de apelación adhesiva que se debe declarar probada la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, por cuanto la reclamación presentada por el demandante, aunque en el fondo hizo
referencia a causales de nulidad, no hizo alusión a errores aritméticos propiamente dichos; además fue declarada improcedente, lo que por sustracción
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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co de materia debe tenerse como no interpuesta; y así mismo, por cuanto contra dichas decisiones no se agotaron los recursos establecidos en el régimen electoral. El agotamiento del requisito de procedibilidad, en materia contencioso administrativo electoral, fue implementado por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de julio 14 de 2009, que adicionó al artículo 237 Constitucional, señalando: «PARAGRAFO. Para ejercer el Contencioso Electoral ante la Jurisdicción Administrativa contra el acto de elección de carácter popular cuando la demanda se fundamente en causales de nulidad por irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, es requisito de procedibilidad someterlas, antes de la declaratoria de elección, a examen de la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral». Sobre el agotamiento del requisito de procedibilidad para acudir al Contencioso Electoral, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha indicado que se agota cabalmente con éste presupuesto, si el demandante en el proceso electoral anexa a su demanda prueba documental de haber puesto en conocimiento de las respectivas autoridades electorales, la existencia de irregularidades en el proceso
de votación y en el escrutinio, independientemente del trámite que a tal solicitud haya dado el CNE, pues por los términos en que se concibió ese requisito, lo actuado u omitido por la administración no determina la satisfacción de ese presupuesto, sino solamente el hecho de someter dichas irregularidades al examen de la autoridad administrativa correspondiente1. Así pues, en el expediente se encuentra totalmente establecido que el actor presentó reclamación, dirigida a la Comisión Escrutadora Departamental del Casanare con el objetivo de corregir errores aritméticos en los formularios E-24 que no corresponden a los E-14, en el municipio de Villanueva, en las mesas y puestos allí indicados, la cual le fue negada por improcedente mediante auto del 9 de noviembre de 2011. (Folios 120 al 128 del Cuaderno 1). 1 Consejo de Estado. Sección Quinta. Fallo del 25 de agosto de 2011. Radicado No. 11001-03-28-000-201000045-00; 11001-03-28-000-2010-00046-00.
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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co De lo anterior, tenemos que efectivamente se presentó una reclamación por parte del accionante, con relación al proceso de votación y escrutinio del municipio de Villanueva, Casanare, pero que ésta le fue resuelta de manera contraria a sus
pretensiones, razón por la cual, no cabe duda, que por ser las causales de esa reclamación, los motivos por los cuales se presenta la demanda en estudio, es claro, que se agotó el aludido requisito de procedibilidad. No le asiste razón al apelante en el sentido de indicar que al declararse improcedente la reclamación, por sustracción de materia debe tenerse como no interpuesta, pues tal como lo ha señalado la Jurisprudencia del Consejo de Estado en lo electoral, el trámite dado a la reclamación administrativa, de manera alguna debe tenerse en cuenta para efectos de cumplir el requisito de procedibilidad, pues lo único que se debe constatar es que efectivamente se hayan puesto en conocimiento de la autoridad competente, las irregularidades que posteriormente son el fundamento de la acción electoral. Tampoco tiene fundamento el argumento de este apelante cuando señala que como no se presentaron los recursos en vía gubernativa contra el acto administrativo que rechazó la reclamación presentada, no se agotó el requisito de procedibilidad, pues vuelve y se repite, lo único que se debe acreditar para efectos de demostrar el agotamiento de dicho requisito, es el haber presentado la reclamación en la que se ponen en conocimiento las irregularidades ocurridas, ya sea en el proceso de votación o en el de escrutinio. Colofón de lo señalado, este recurso de apelación adhesivo estudiado, debe despacharse negativamente y como consecuencia de ello, confirmar el numeral primero de la sentencia de instancia, en cuanto declaró infundada la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad.
De la apelación interpuesta por el Agente del ministerio público ante el Tribunal Administrativo del Casanare y el coadyuvante de las pretensiones de la demanda. Tanto el Procurador 53 Judicial II Administrativo, doctor José Luis Barrios Arrieta,
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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co como el Coadyuvante de la demandan, señor Erik Fabián Cano Figueroa, en sus escritos de apelación contra la sentencia del 10 de mayo de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare, coinciden en afirmar que este debe revocarse por cuanto ninguna norma, ni constitucional o legal, señalan que deban demandarse con el acto que declara la elección, los actos administrativos que resolvieron las reclamaciones presentadas con ocasión de agotar el requisito de procedibilidad. El agotamiento del requisito de procedibilidad, en materia contencioso administrativo electoral, fue implementado por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de julio 14 de 2009, que adicionó al artículo 237 Constitucional, señalando: «7. Conocer de la acción de nulidad electoral con sujeción a las reglas de competencia establecidas en la ley. PARAGRAFO. Para ejercer el Contencioso Electoral ante la Jurisdicción Administrativa contra el acto de elección de carácter popular cuando la demanda se fundamente en causales de nulidad por irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, es requisito de procedibilidad
someterlas, antes de la declaratoria de elección, a examen de la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral». Es decir, el constituyente derivado, en los casos de demandas de nulidad contra actos de elección de carácter popular, cuando se fundamenten en irregularidades en el proceso de votación y escrutinio, impuso la obligación de que, previo a ejercer el derecho de acción y, antes de la declaratoria de elección, se deben someter a examen de la respectiva autoridad administrativa. Ahora bien, en cuanto al agotamiento del requisito de procedibilidad, consistente en poner en conocimiento de la autoridad administrativa electoral correspondiente, las irregularidades que puedan conllevar a viciar de nulidad el acto de elección, se pueden generar dos consecuencias, a saber:
1. Que hechas las denuncias sobre las irregularidades, la autoridad administrativa competente, solo se pronuncia sobre algunas y deja de estudiar las demás, caso en el cual para demostrar el agotamiento del requisito de procedibilidad como
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2. Que hechas las denuncias sobre las irregularidades, la autoridad administrativa electoral las haya resuelto en su totalidad de manera satisfactoria o no, caso en el cual, se encuentra plenamente agotado el requisito de procedibilidad, pero impone la obligación al accionante, además, de demandar el
acto que declara la elección, demandar la legalidad de las decisiones administrativas mediante las cuales le resuelven sus reclamaciones. Esto es, siempre que la autoridad administrativa pertinente, haya resuelto en su totalidad las reclamaciones por irregularidades en procesos de votación y escrutinio hechas por cualquier ciudadano en sede administrativa en un proceso electoral y con anterioridad a la declaratoria de la elección, es requisito sine quanom de la demanda, además de demandar el acto que declara la elección, demandar los actos administrativos que resuelven las respectivas reclamaciones en cuanto ellos no son actos administrativos previos o de trámite, sino que se constituyen en verdaderas decisiones definitivas respecto de las irregularidades alegadas. Tal aseveración fue hecha por el Consejo de Estado, Sección Quinta, con ponencia de la doctora María Nohemí Hernández Pinzón, en providencia del 13 de diciembre de 2010, dentro del expediente radicado bajo el No. 11001-03-28-0002010-00076-00, siendo demandados los senadores de la república. Allí se indicó: «Por otra parte, en cuanto a si la implementación del requisito de procedibilidad impone al demandante la carga de demandar, junto con el acto de elección, los actos proferidos por las autoridades electorales para despachar las solicitudes presentadas en tal sentido, dirá la Sala que así es, puesto que así lo ha dispuesto el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia de esta Sección en casos análogos. En efecto, si bien el artículo 229 del C.C.A., señala que en el proceso electoral “deberá demandarse precisamente el acto por medio del cual la elección se
declara, y no los cómputos o escrutinios intermedios”, como sí sólo debiera demandarse ese acto, también debe tomarse en cuenta que según el artículo 227 ibídem, son demandables en el proceso electoral “los actos de las corporaciones electorales para que se anulen, o se rectifiquen, modifiquen, a
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