PGN - ACCIÓN DE NULIDAD - expropiación por vía administrativa de las mejoras realizadas

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 0111/ 2010

Bogotá, D.C., 19 de mayo de 2010 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente Doctor: MAURICIO FAJARDO GOMEZ (E)

E. S. D.

Ref: Proceso 05001233 1000 2007 00335 01 (37969)

Acción: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Actor: Obia López Vda. de Gaviria Demandado: Municipio de Medellín El Ministerio Público, presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1. Obia López Vda. de Gaviria instauró demanda contra el municipio de Medellín, para que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 1243 y 1391 del 28 de agosto y 19 de septiembre de 2006, mediante las cuales se dispuso la expropiación por vía administrativa de las mejoras realizadas por la demandante, y se ordene pagar el reajuste al valor real del metro cuadrado de las mejoras expropiadas, como las primas y compensaciones de la oferta de compra para la enajenación voluntaria. 1.2. El Municipio se opuso a las pretensiones, alegó que para la época del avalúo no se realizaron transacciones por un valor mayor al estimado por la

2 Expediente No. 37969 (00335) “Corporación Avalúos”, que no se presentaron errores en el avalúo, que sí se

avaluaron los acabados y estructura, que los valores fijados por Camacol y Construdata aludidos en la demanda se refieren a construcciones formales sin que se equiparen a construcción de mejoras en terrenos públicos e imprescriptibles que no tienen vocación económica definida. Indicó que la zona donde está el inmueble expropiado es de alto riesgo tanto físico como ecológico, que la expropiación se ajustó a las disposiciones que rigen la materia (Decreto 1420 de 1988 y Ley 388 de 1997), proceso que se llevó a cabo a través de la EDU Empresa de Desarrollo Urbano, la que contrató la realización de los avalúos a través de la “Corporación Avalúos”. Propuso como excepciones las de falta de causa para pedir y falta de legitimación en la causa por pasiva (Cfr. fls. 162 a 178 C.1). La pasiva llamó en garantía a la EDU Empresa de desarrollo Urbano (Cfr. fls. 180 a 184 C.1), el que fue admitido (Cfr. fls. 209 a 211 C.1), sin que se haya materializado por falta de notificación (Cfr. fls. 215 y 216 C.1) 1.3. El a-quo denegó las pretensiones y la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva en cuanto los actos demandados fueron expedidos por el Municipio de Medellín. Precisó que el asunto se centra en el precio reconocido por las mejoras realizadas por la demandante. Indicó que el avalúo realizado para la determinación del precio tuvo en consideración los ítems correspondientes sin poder realizar el estudio de mercado pues las mejoras fueron construidas sin el

lleno de los requisitos legales. Señaló que no se desvirtuó la fundamentación técnica y jurídica del dictamen. Concluyó que los avalúos realizados por la Corporación Avalúos contienen una buena argumentación técnica y jurídica y por ello los aceptó denegando las pretensiones - preservando la legalidad de los actos demandados pues no había sustento para el reconocimiento de un mayor valor (Cfr. fls. 436 a 445 C.3). 1.4. Apeló la parte actora. Adujo que el costo directo del metro cuadrado para la vivienda unifamiliar según el índice de costos registrados por Camacol y Construdata es de $367.699 y el costo total de $441.618, valores que no están supeditados al cumplimiento de los requisitos urbanísticos. Que en la misma tabla el costo para vivienda de interés social es de de $428.775 el metro cuadrado, para un total de $515.999, y que conforme a la revista Construdata para la época en que se practicó el avalúo el costo del metro cuadrado para “Unidades Familiares Mínimo 1” es de $389.593 y el costo total de $467.645, valores de los 3 Expediente No. 37969 (00335) cuales se apartó el perito inaplicando los métodos empleados para la realización de los avalúos, a más de que no indicó cuáles fueron los datos de mercado que empleó, ni presentó la investigación de mercado que le sirvió de soporte omitiendo indicar los linderos sin allegar el plano de ubicación ni la respectiva ficha catastral para tales efectos. Que el perito tomó el costo directo de la revista

Construdata pero dejó por fuera el valor de los acabados relacionados y que desconoce la existencia de norma legal que condicione el valor de las construcciones a que cumplan con las normas urbanísticas, solicitando se revoque la sentencia y se acceda a las pretensiones (Cfr. fls. 450 a 454 C.1).

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO El debate se centra en la discusión sobre el avalúo que sirvió de base para el pago de las mejoras que le fueron expropiadas, pues se alega que el avalúo realizado por la Corporación Avalúos desconoce los parámetros establecidos en la Ley al valorar las mejoras por debajo del valor real.

Dentro de este trámite judicial se llevó a cabo dictamen pericial para determinar el valor del metro cuadrado para reposición o mejoras que tasó un precio inferior al determinado en los actos demandados. Se expresó que se trataba de mejoras en zona de alto riesgo y que para establecer el valor base del precio indemnizatorio se utilizaron los métodos de mercadeo y de costo de reposición y como fuentes la información de “Construdata” y la tabla “Fitto & Corvini” (Cfr. fl. 353 C.1) Estimó el valor del metro cuadrado en $213.229,50 para lo cual tomó una media entre los costos por razones de equidad (Cfr. fls. 349 a 355 C.1) trabajo sobre el cual se solicitó aclaración (cfr. fls. 382 a 384 C.1) sin que la conclusión haya variado, presentando la actora objeción por error grave y pidiendo la práctica de pruebas

(Cfr. fls. 386 y 387 C.1) ante lo cual el Tribunal Administrativo de Antioquia abrió a pruebas el respectivo incidente decretando la práctica de un nuevo dictamen pericial (fl. 390 C.1) sin que luego de posesionado el perito se hayan suministrado las expensas para los gastos provisionales del peritaje (Cfr. fls. 393 y 394 C.1) por lo que el a-quo dispuso tener por desistida la prueba (Cfr. fl. 395 C.1). La pericia judicial indica, sin ninguna duda, que los cuestionamientos al avalúo que sirvió de base para la expropiación carecen de fundamento. 4 Expediente No. 37969 (00335) Pero es que, en concepto del Ministerio Público, incluso es discutible que existía justo título legal para esa indemnización. La Ley 388 de 1997 reguló lo relativo al precio en el trámite de expropiación administrativa. El artículo 67 en su aparte pertinente señala: “En el mismo acto que determine el carácter administrativo de la expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para los efectos previstos en el artículo 61 de la presente ley (…)”1 El régimen de avalúos se establece en el artículo 61 así: “…El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de conformidad con las normas

y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica.” Se resalta En desarrollo de dicha autorización legal, el gobierno reglamentó procedimiento y metodología para los avalúos en el Decreto 1420 de 1998, cuyo artículo 30 dispone que: “Cuando el inmueble objeto del avalúo cuente con obras de urbanización o construcción adelantadas sin el lleno de los requisitos legales, éstas no se tendrán en consideración para la determinación del valor comercial y deberá dejarse expresa constancia de tal situación en el avalúo. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los casos a que hace referencia el artículo 27 del presente decreto.” Se resalta Esta disposición se encontraba vigente para el momento en que se produjeron los actos de expropiación. 1 5 Expediente No. 37969 (00335) Bajo tal parámetro tratándose de construcción adelantada sin el lleno de los requisitos legales, como acontece en el presente caso, las mejoras que fueron objeto de avalúo no podían ser tenidas en cuenta para efectos de la determinación del valor comercial del bien expropiado. Así las cosas, la pretensión de la actora carece de justificación legal. Otra cosa es que en aplicación de políticas sociales y con fundamento en el principio de equidad el Municipio haya establecido un régimen de compensaciones, que según se infiere de los antecedentes del caso estaba

definido en el Decreto 2320 de 2005, norma local que no fue acreditada en el proceso, por lo cual no puede abordarse su estudio. CONCLUSION De conformidad con lo antes expuesto, el Ministerio Público solicita a la Sala de Decisión confirmar la decisión de primera instancia. Del Honorable Consejo de Estado, respetuosamente, FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÓMEZ Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado fbo