PGN - ACCION DE NULIDAD - Por falso o apócrifo registro electoral

ACCIÓN DE NULIDAD-Por vicios en los escrutinios municipales y generales en la elección de miembros de la Cámara de Representantes ACCIÓN DE NULIDAD-Cualquier ciudadano puede incoarla si cumple el requisito de procedibilidad de someterlo a examen de autoridad administrativa/JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-No solo puede demandar en ella el que reclama en sede gubernativa/ACCIÓN DE NULIDAD-Es de carácter público/ACCIÓN DE NULIDAD-Por falso o apócrifo registro electoral La acción de nulidad, por razón de la reforma electoral y, en especial, por lo dispuesto en el parágrafo del artículo 237, no ha dejado de ser pública. Ello quiere decir que cualquier ciudadano podrá incoarla, pero debe demostrar el requisito de procedibilidad, es decir, que los motivos de la demanda fueron sometidos, antes de la declaratoria de elección, a examen de la autoridad administrativa. La norma superior no dispone que solo quien reclama en sede gubernativa esté habilitado para demandar ante la jurisdicción de lo contencioso; simplemente exige que se demuestre que las irregularidades que se sucedieron en el proceso de votación y en el escrutinio, fueron sometidas, antes de la declaratoria de la elección, a examen de la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral. Demostrado este requisito cualquier ciudadano puede iniciar la acción. El carácter público de la acción, habilita a cualquier ciudadano para ejercerla; el motivo que impulsa al actor no es otro que el restablecimiento del ordenamiento jurídico en abstracto que cree ha sido conculcado con el acto acusado y, por ello, en eventos como el

sometido a consideración el encargado de la aplicación de la norma ha de hacer prevalente el derecho que tiene toda persona de acceder a la justicia y de obtener de sus órganos una decisión que dirima con carácter definitivo el asunto litigioso que se le proponga. Por manera que la prosperidad de la pretensión de nulidad con fundamento en esta causal, le impone al actor demostrar no solo la existencia de la diferencia, sino que ella carece de razón que la justifique (onus probandi incumbit actor); sólo así, se configurarán los supuestos fácticos de la causal de nulidad, es decir, será falso o apócrifo el registro electoral, o será una invención fabulosa que le introduce al resultado electoral un elemento cuantitativo que lo altera. A contrario sensu, si la diferencia se halla justificada, por ejemplo, cuando se ordena de manera oficiosa, o a solicitud de parte interesada, un recuento de la votación de la mesa, ese solo hecho bastará para justificar la diferencia y para enervar la pretensión de anulación del registro. JURADO DE VOTACIÓN-Condiciones La jurisprudencia de la H. Sección tiene establecido que los jurados de votación pueden revestir una de las siguientes condiciones: jurados de iure, de hecho o usurpadores; así mismo, tiene señalado que la intervención de jurados que asumen la función sin el lleno de los requisitos puede dar lugar a la anulación de los registros de los votos en las mesas en los que se establezca que han actuado usurpando la función.

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Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co PROCESO ELECTORAL-Etapas El proceso electoral y los escrutinios que se realizan en él, se desarrollan por etapas que se interrelacionan entre sí de forma armónica; cada una de ellas es fuente de la siguiente; así, el escrutinio realizado por los jurados de votación en la mesa es el fundamento de los escrutinios que realizan las Comisiones Escrutadoras Municipales y estos a su vez, de los escrutinios que realizan los Delegados Departamentales. Bogotá D.C. julio 01 de 2011 Concepto No. 035 Señor Doctor Mauricio Torres Cuervo

H. Consejero Ponente

Sección Quinta Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 1100103280002010 00035 00

Radicado interno número: 2010-00035

Actor: Sebastián Fausto Méndez Toloza Asunto: Nulidad del Acuerdo No. 005 del 29 de junio de 2010, expedido por el Consejo Nacional Electoral por el cual se declaró la elección de los Representantes a la Cámara por la circunscripción electoral del Huila para el período 2010 - 2014 .

Respetado señor Consejero: De la manera más atenta procedo a descorrer el traslado para alegar de conclusión, ordenado mediante providencia del 2 de junio de 2011.

IAntecedentes  La demanda y su pretensión

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Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co El ciudadano Sebastián Fausto Méndez Tolosa, en ejercicio de la acción de nulidad de contenido electoral, demandó la nulidad parcial del acto por el cual el Consejo Nacional Electoral declaró la elección de los Representantes a la Cámara por la circunscripción del Departamento del Huila, concretamente la de la ciudadana Consuelo González de Perdomo. Las pretensiones del actor se concretan de la siguiente manera: «1.- Que es nulo parcialmente el acto administrativo declaratorio de la elección contenido en el Acuerdo Número 005 de junio 29 de 2010, proferido por el Consejo Nacional Electoral, por medio del cual se hizo la elección de los Representantes a la Cámara por la circunscripción territorial de Huila, para el período constitucional de 2010 a 2014, acto de elección notificado en Audiencia pública realizada el día 29 del mismo mes y año del acto. 2.- Que son nulas las actas parciales de los escrutinios de los Delegados del Consejo Nacional Electoral (E-26), donde aparecen consolidados los resultados electorales de todos los municipios del departamento de Huila, y así mismo los formularios E-24, que consolidaron los resultados por municipios, registro electoral que contiene guarismos electorales falsos y apócrifos y sirvió para la formación y extensión de las actas parciales E-26. 3.- Mesas demandadas.

4. Que son nulas las actas de escrutinios de los jurados de votación (E14) correspondientes a las mesas de votación que se detallan y relacionan en esta demanda, según se especifica en cada uno de estos,

por ser falsos o apócrifos los elementos que sirvieron para su conformación, y los formularios o registros electorales E-24, elaborados por las comisiones escrutadoras municipales, registros precedentes de las actas de escrutinio E-26 de la Comisión Escrutadora Departamental, por contener elementos y guarismos electorales falsos o apócrifos. ….» Hechos de la demanda Como supuesto fáctico de la pretensión refiere lo siguiente: El ciudadano Héctor Javier Osorio Botello, solicitó a la Comisión Escrutadora Departamental que dispusiera el traslado de los escrutinios al Consejo Nacional Electoral, con el fin de que esta corporación enmiende la totalidad de las

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co irregularidades que se sucedieron en el trámite de los escrutinios del debate electoral en el que se elegirían los miembros del Congreso de la República, dentro de ellos los Representantes a la Cámara por la circunscripción electoral del Departamento del Huila; esta petición fue rechazada por los integrantes de la Comisión Departamental y contra esta decisión el ciudadano Osorio Botello interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación, este último se concedió por los miembros de la Comisión Departamental. En el escrito de sustentación del recurso de apelación el reclamante propuso como causales de reclamación las señaladas en el artículo 164 del Código

Electoral, por las tachaduras o enmendaduras en los nombres de los candidatos o en los resultados de la votación, la existencia de duda sobre los resultados de la votación, la existencia de duda sobre la exactitud del cómputo de votos y la existencia de una diferencia del 10% o más entre los votos por las listas de los candidatos a corporaciones públicas que pertenezcan al mismo partido o movimiento. En el proceso de recuento de votos que se llevó a cabo en el Municipio de Pitalito (Huila) la candidata identificada con el número 102 del movimiento Unidad Liberal, resultó beneficiada por cuanto aquél arrojó un incremento considerable en la votación obtenida; sería injusto no proceder al recuento de votos en relación con los demás candidatos. La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, designó como Magistrada Ponente a la doctora Adelina Covo. Por medio de la Resolución 1328 del 23 de junio de 2010, se culminó el proceso de revisión de los escrutinios, y conforme a él se ordenó la exclusión de una mesa de votación, la realización de unas correcciones y la elaboración de las actas necesarias para efectos de declarar la elección. El acto que declaró la elección viola el sistema electoral porque tanto en los escrutinios municipales como los generales se computaron pliegos electorales

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viciados de nulidad «que no se podían computar pues contienen inconsistencias en los totales de votos por candidatos en los formularios E-24 que no coinciden con los votos escrutados por los jurados de votación actas E-14, los cuales sirvieron de fundamento para la extensión de los resultados en las actas parciales E-26 afectando en consecuencia el acto administrativo final de elección proferido por el Consejo Nacional Electoral, Acuerdo 005 de junio 29 de 2010». Normas violadas y explicación del concepto de violación Señaló como normas conculcadas las siguientes: Los artículos 1º, 2º, 3º, 13 y 40 numeral 1º de la Constitución Política; 1º, 2º, 134, 135, 136, 142, 164, 169, 184 y 192 del Código Electoral; la Resolución 552 de marzo 10 de 2010 y la Resolución 0754 de abril 09 de 2010. Señala que la acción tiene como fundamento la causal 2ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo. Luego de considerar y citar algunas decisiones del máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo sobre el tema precisa que «la circunstancia de que los votos escrutados en las actas de escrutinio E-14 difieran de los guarismos electorales consignados por candidatos en el formulario E-24, es decir, más votos que los que efectivamente fueron depositados por los sufragantes, produce una alteración de la verdad electoral que podría originar la anulación del acto definitivo de elección». Indica que el Consejo Nacional Electoral desconoció su propio reglamento,

contenido en la Resolución 0754 de 2010, por cuanto seleccionó de manera arbitraria las mesas sobre la cuales ejercería la revisión; igualmente señala que se desconoció la orden que impartiera el Consejo en la Resolución 552 de 2010, que de haber sido acatada habría evitado que el proceso de revisión fuere aleatorio, método que resulta violatorio del artículo 13 de la Carta Política.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Refiere que algunos jurados de votación ejercieron la función en mesas de votación para las cuales no habían sido designados, lo cual implica la usurpación de funciones públicas y, además, el ejercicio del derecho al voto con violación de la ley, si se tiene en cuenta que el jurado de votación puede sufragar en la mesa para la cual se le designa y que, en los casos de la usurpación, quien asume la función ejerce el derecho, pero no en la mesa para la cual fue designado. Admisión de la demanda Por auto del 6 de agosto de 2010 se admitió la demanda y se ordenaron las notificaciones de rigor.  Contestación de la demanda Por el ciudadano Silvio Vásquez Villanueva El ciudadano de la referencia, quien fue elegido Representante a la Cámara, contestó la demanda para oponerse a las pretensiones de la misma. Propone la excepción denominada «Inepta demanda e inoponibilidad de la misma al caso Silvio Vásquez Villanueva».

Por el ciudadano Carlos Augusto Rojas Ortiz En los mismos términos del anterior ciudadano contesta la demanda, se opone a las pretensiones del actor y propone la misma excepción. Por la ciudadana Consuelo González de Perdomo Por conducto de apoderado judicial se contestó la demanda y éste manifiesta que se opone a sus pretensiones «en especial a la solicitud de nulidad parcial del acto

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co administrativo declaratorio de la elección de Representantes a la Cámara Circunscripción Huila, periodo 2010-2014, contenido en el Acuerdo No. 005 de junio 29 de 2010». Las razones por la cuales se opone a la prosperidad de la pretensión de la parte actora son las siguientes: «La ausencia de presupuestos fácticos y probatorios que den lugar a las declaraciones pretendidas por el actor»; «La carencia de fundamentos jurídicos válidos que den lugar a la prosperidad de las pretensiones incoadas»; «Ausencia de causales de nulidad normativas y fácticas que den lugar a la nulidad de las actas parciales de los escrutinios de los Delegados del Consejo Nacional Electoral (E-26) que consolidan los resultados electorales de todos los Municipios del Departamento del Huila»; «Ausencia de causales de nulidad: normativas y fácticas que den lugar a la nulidad de las actas parciales de los escrutinios que consolidaron los resultados por municipios (E-24)»; «Ausencia de

causales de nulidad: normativas y fácticas que den lugar a la nulidad de las actas de escrutinio de los jurados de votación (E-14) con relación a las mesas que así se solicitan y se relacionan en la demanda»; «Omisión en el cumplimiento del requisito de procedibilidad consagrado en el parágrafo del artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2009, que modificó el artículo 203 de la Constitución Política, y «Falta de legitimidad en la causa adjetiva de la parte demandante, enunciada como tal en el libelo respectivo». Propone las siguientes excepciones: «omisión en el cumplimiento del requisito de procedibilidad consagrado en el parágrafo del artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2009, que modificó el artículo 203 de la Constitución Política»; «falta de legitimidad en la causa adjetiva de la parte demandante, enunciada como tal en el libelo respectivo»; «ausencia de presupuestos fácticos y probatorios que den lugar a las declaraciones pretendidas por el actor». En esta etapa del proceso el apoderado de la parte opositora solicita se aplique la excepción de inconstitucionalidad en relación con las Resoluciones SIC 552 y 754 de 2010, considerando para el efecto una evidente usurpación de funciones

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co legislativas por parte del Consejo Nacional Electoral, según lo indica «solo el

legislador por mandato de la misma Constitución –Artículo 150está llamado a hacer las leyes y ejercer las funciones que se le atribuyen, aún más tratándose en este caso de la regulación de funciones electorales cuya RESERVA está constitucionalmente otorgada y de manera exclusiva a la ley, específicamente a una ley estatutaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 152 numeral c)». Intervención de tercero que coadyuva la demanda La ciudadana Juanita del Rocío León Peñarenas, manifiesta que interviene en el proceso para coadyuvar las pretensiones de la demanda y en tal condición solicita que se declare la nulidad del acto proferido por el Consejo Nacional Electoral, por medio del cual declaró la elección de los Representantes a la Cámara por la circunscripción electoral del Huila. Así mismo solicitó se declarara la nulidad de las actas parciales de los escrutinios realizados por los delegados del Consejo Nacional Electoral y las actas de escrutinio de los jurados de votación (E-14) Señala como supuestos de hecho de su coadyuvancia, aspectos relacionados con el trámite que se le dio a la solicitud de revisión de algunas mesas de votación formulada ante el Consejo Nacional Electoral, solicitud que hiciera con el propósito de agotar el requisito de procedibilidad señalado en el parágrafo del artículo 237 de la Constitución Política, la cual fue objeto de rechazo por parte del Consejo Nacional Electoral. Considera que al tenor de lo prescrito en la causal 2ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, la elección ha de ser declarada nula porque los

registros son falsos o apócrifos, por razón de la existencia de tachaduras y enmendaduras en los formularios, e igualmente por la existencia de errores en la transcripción de datos de los formularios a las actas.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Por auto del 17 de septiembre de 2010, fue aceptada la coadyuvancia presentada por la ciudadana Juanita del Rocío León Peñarenas, precisando el proveído que ella «se entiende limitada a las alegaciones de la demanda que apoya, lo que significa que no es posible adicionar o restringir la materia objeto de la litis». La decisión anterior fue objeto de recurso de súplica, el cual, se decidió por auto del 21 de octubre de 2010, en el que se determinó confirmar el auto objeto de impugnación, considerando para tal fin que el artículo 235 del Código Contencioso Administrativo «impone límites materiales a la intervención de terceros restringiéndolas a “prohijar u oponerse a las pretensiones de la demanda”; de allí que no sea posible la formulación de nuevos cargos o casos respecto de los presentados por el demandante» y que del escrito «se concluye que la interviniente además de coadyuvar las pretensiones del demandante, propuso nuevos cargos y casos, diferentes a los presentados por el actor en su demanda, situación que comporta una transgresión del artículo 235 del C.C.A. y vulnera el

derecho de defensa de los demandados; en consecuencia, la Sala considera bien limitada su actuación como lo determinó el ponente en el auto recurrido …».  Alegatos de conclusión Del apoderado judicial de la elegida Representante a la Cámara doctora Consuelo González de Perdomo Comienza haciendo alusión al carácter preclusivo que es propio del proceso electoral y partiendo de éste, señala que no es posible ni resulta correcto que ahora en sede judicial se pretenda un estudio de las inconsistencias que se presentan en los guarismos incorporados en los formularios E-14 y E-24, pues ello ha debido realizarse en el curso del trámite administrativo. Sostiene que en el caso concreto «el actor presentó una reclamación de “reconteo general” de todas las zonas, puestos y mesas, para la Cámara Territorial del Huila en las elecciones de marzo de 2010 sin cumplir con los requisitos exigidos por los artículos 187 y 192 del Código Electoral, no obstante y por tratar de establecer la verdad material el

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Consejo Nacional Electoral ordenó de oficio la revisión de algunas mesas de votación para la Cámara territorial en el Departamento del Huila». Advierte que lo pretendido por el actor es que nuevamente en sede judicial «se recuenten mesas sobre las cuales el Consejo Nacional Electoral ya se pronunció, amén de las correcciones que en esa instancia se realizaron, cuando hubo lugar a ello».

Solicita en su alegato se aplique la excepción de inconstitucionales frente a la Resolución 0754 emanada del Consejo Nacional Electoral, por medio de la cual se adoptó el protocolo de revisión de escrutinios, considerando que el acto no se «acompasa con las funciones constitucionales del Consejo Nacional Electoral y con la interpretación que sobre el alcance de éstas ha establecido la Corte Constitucional». Estima que la función no es de competencia del Consejo Nacional Electoral, sino única y exclusivamente del legislador. Del demandante señor Sebastián Fausto Méndez Tolosa En esta oportunidad procesal el actor reitera los argumentos que señaló en el escrito de demanda. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO De manera previa al estudio de fondo del asunto, se abordaran las excepciones propuestas por parte de los terceros intervinientes y del apoderado judicial de la parte opositora.  Excepción de los terceros intervinientes señores Representantes Silvio Vásquez Villanueva y Carlos Augusto Rojas Ortiz

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Los señalados, elegidos Representantes a la Cámara, intervienen en el debate para oponerse a las pretensiones de la demanda y proponen la excepción que denominaron «Inepta demanda e inoponobilidad de la misma al caso Silvio

Vásquez Villanueva» e «Inepta demanda e inoponobilidad de la misma frente a la elección de Carlos Augusto Rojas Ortiz como Representante a la Cámara». Sostienen que el debate que suscita la acción incoada, no puede comprenderlos a ellos, pues el actor se «dedica a atacar el acto a través de argumentos en contra de una colectividad totalmente diferente». El elegido Representante Carlos Augusto Rojas Ortiz, por intermedio de apoderado judicial dijo en la sustentación de la excepción que la acción incoada «se refiere básicamente a la elección de los Representantes de otra colectividad, como ya se anotó, de diferente Partido y la cual en anda (sic) tiene que ver con la elección de mis representado, como insistentemente lo he sostenido y se puede observar en el libelo introductorio». La excepción a que aluden los elegidos Representantes, refiere a una nota característica de la justicia contenciosa que es su condición de rogada; por lo tanto, el estudio y consideración de la pretensión de nulidad no puede desbordar el marco fáctico y jurídico propuesto por el actor, conforme al cual pretende la nulidad parcial del acto de elección de la ciudadana Consuelo González de Perdomo como Representante a la Cámara por el Departamento del Huila.  Excepciones propuestas por el apoderado judicial de la elegida Representante doctora Consuelo González de Perdomo.

1. Omisión en el cumplimiento del requisito de procedibilidad consagrado en el parágrafo del artículo 8 del Acto Legislativo 1 de 2009, que modificó el artículo 203 de la Constitución Política

Sostiene la parte demandada que el actor en el asunto sub examine jamás agotó el requisito de procedibilidad establecido en el parágrafo del artículo 8 del Acto Legislativo número 01 de 2009, y que quien actúo en sede administrativa fue el ciudadano Osorio Botello.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co El artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2009, adicionó el artículo 237 de la Constitución Política, de la siguiente manera: «Artículo 237.- Son atribuciones del Consejo de Estado: …

7. Adicionado. A.L. 1 de 2009, artículo 8°. Conocer de la acción de nulidad electoral con sujeción a las reglas de competencia establecidas en la ley.

Parágrafo. Para ejercer el Contencioso Electoral ante la Jurisdicción Administrativa contra el acto de elección de carácter popular cuando la demanda se fundamente en causales de nulidad por irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, es requisito de procedibilidad someterlas, antes de la declaratoria de elección, a examen de la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral.» En consideración de este Despacho, la excepción que se propone no está llamada a prosperar. La acción de nulidad, por razón de la reforma electoral y, en especial, por lo dispuesto en el parágrafo del artículo 237, no ha dejado de ser pública. Ello quiere

decir que cualquier ciudadano podrá incoarla, pero debe demostrar el requisito de procedibilidad, es decir, que los motivos de la demanda fueron sometidos, antes de la declaratoria de elección, a examen de la autoridad administrativa. La norma superior no dispone que solo quien reclama en sede gubernativa esté habilitado para demandar ante la jurisdicción de lo contencioso; simplemente exige que se demuestre que las irregularidades que se sucedieron en el proceso de votación y en el escrutinio, fueron sometidas, antes de la declaratoria de la elección, a examen de la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral. Demostrado este requisito cualquier ciudadano puede iniciar la acción.

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2. Falta de legitimidad en la causa adjetiva de la parte demandante, enunciada como tal en el libelo respectivo.

Manifiesta el representante judicial de la parte opositora que de «aceptarse que la parte demandante es el señor Osorio Botello, quien agotó el requisito de procedibilidad, la demanda resultaría inepta y habría una falta de legitimación adjetiva de la parte demandante, en la medida en que no obra ningún escrito personal o poder suscrito por dicho ciudadano que señale el querer, deseo o voluntad, de incoar las pretensiones contenidas» en la demanda. Como quedó señalado, el accionante indica en su demanda que obra en su propio

nombre y, en el acápite denominado designación de las partes y sus representantes, señala que el demandante es el ciudadano Osorio Botello, sin que medie poder para actuar en su nombre y representación. No obstante lo anterior, este Despacho considera que la excepción no se configura, por cuanto el carácter público de la acción, habilita a cualquier ciudadano para ejercerla; el motivo que impulsa al actor no es otro que el restablecimiento del ordenamiento jurídico en abstracto que cree ha sido conculcado con el acto acusado y, por ello, en eventos como el sometido a consideración el encargado de la aplicación de la norma ha de hacer prevalente el derecho que tiene toda persona de acceder a la justicia y de obtener de sus órganos una decisión que dirima con carácter definitivo el asunto litigioso que se le proponga. Por lo demás, el defecto que se alega debe considerarse sólo como un error en la elaboración de la demanda que no tiene la suficiente entidad para enervar el ejercicio de la acción, pues, se repite la legitimación en la causa por activa en el proceso electoral la tiene cualquier ciudadano, carácter que no se le puede desconocer al actor.

3. Ausencia de presupuestos fáctico y probatorios que den lugar a las declaraciones pretendidas por el actor

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co El argumento que se expresa no está llamado a prosperar como excepción. Para esta Delegada lo indicado por el representante judicial de la demandada

constituye precisamente el asunto de fondo que debe ser definido en la sentencia; será allí donde se determine si los supuestos fácticos y jurídicos en que se fundamenta el acto acusado son reales y ciertos o, por el contrario, si carecen de respaldo probatorio. Solicitud de aplicación de la excepción de inconstitucionalidad El apoderado de la parte opositora solicita aplicar la excepción de inconstitucionalidad de la Resolución 754 de 2010, proferida por el Consejo Nacional Electoral, por medio de la cual estableció el protocolo para efecto de la revisión de los escrutinios, considerando que en su expedición dicha corporación desbordó el marco de sus facultades, pues, mediante acto administrativo reguló asuntos de reserva legal. Este Despacho en esta oportunidad reitera lo que sobre el particular señaló en el concepto que rindió en el caso de la demanda de nulidad de la Resolución 1795 del 19 de julio de 2010, expedida por el Consejo Nacional Electoral, por medio de la cual se declaró la elección de Representantes a la Cámara por la Circunscripción Especial de Minorías Étnicas, para el periodo 2010 – 2014. Allí se dijo que si bien es cierto esta Delegada en concepto número 023 de junio de 2011 consideró que la Resolución 754 de 2011 desbordó la potestad reglamentaria, al regular temas propios de leyes estatutarias, no puede desconocerse que goza de presunción de legalidad y, por ende, debe aplicarse hasta tanto no haya sido anulada o suspendida provisionalmente por la jurisdicción contenciosa administrativa. Será en el referido proceso donde habrá de definirse si las

pretensiones de inconstitucionalidad planteadas por el demandante tienen vocación de prosperidad. En tanto ello no ocurra la Resolución 754 se presume válida y válidos los efectos que de ella emanan, así como los actos que se expidieron con base en su contenido.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co De conformidad con las precisiones que anteceden, esta agencia considera que no se debe acceder a la petición expresa formulada por el demandante. El asunto de fondo Consideración preliminar. El actor no demando los actos administrativos que decidieron las reclamaciones presentadas ante las autoridades electorales. En el asunto bajo examen, conforme se desprende de los antecedentes que refiere el actor en el libelo inicial y los documentos allegados, la reclamación en sede administrativa se remonta a los escrutinios que efectuaran las autoridades electorales departamentales, ante las cuales el ciudadano Héctor Javier Osorio Botello solicitó el traslado de todos los documentos electorales al Consejo Nacional Electoral, para que esta autoridad electoral «examine, verif