PGN - ACCION DE NULIDAD - Por inconstitucionalidad de concurso de ascenso en universidad nacional

ACCIÓN DE NULIDAD-Por inconstitucionalidad de concurso de ascenso en Universidad Nacional AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Consagración Constitucional CONCURSO-Para ingreso y ascenso a empleos de carrera serán abiertos para quienes acrediten requisitos para su desempeño según art.29 ley 909/2.004 AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DE LAS UNIVERSIDADES-Les permite darse sus propios reglamentos La Universidad Nacional justifica la prevalencia del concurso cerrado en su autonomía administrativa que le permite darse sus propios reglamentos, entre éstos el de carrera, pero tal afirmación no es absoluta, pues la institución mencionada hace parte del Estado Colombiano y concretamente de la Rama Ejecutiva del poder público, y por tanto se encuentra sujeta al ordenamiento jurídico superior y legal CORTE CONSTITUCIONAL-Posición frente a los concursos de ascenso DERECHO A LA IGUALDAD-Se vulnera en los concursos de ascenso en la Universidad Nacional Así es que la Universidad Nacional desconoce los ordenamientos superiores en los que debe fundar sus decisiones, como en materia de carrera, que la ley 909 en su artículo 29 prevé: “Artículo 29. Concursos. Los concursos para el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa serán abiertos para todas las personas que acrediten los requisitos exigidos para su desempeño.”; disposición que si bien regula la regla general para la administración pública, tiene aplicación supletoria en los regímenes especiales, específicos y en los entes autónomos, en cuanto la ley 30 de 1992 desarrolló los conceptos propios de la autonomía administrativa de las instituciones universitarias, en el sentido

puramente general y administrativo, sin incluir allí materias específicas, como el caso del tema de la carrera, que si está tratado por la ley 909 citada, en la que con toda claridad se prevé que los concursos de ingreso y ascenso son públicos y abiertos; principio éste aplicable en la Universidad demandada; sin perjuicio de aceptar la violación directa de los apartes de la Resolución acusada frente a la C.P., pues como ente autónomo se dio su propio reglamento interno de carrera. Conforme a lo expuesto, estima esta dependencia del Ministerio Público que le acude la razón al demandante en lo relativo a la desigualdad que representan los concursos de ascenso en la U.N., en cuanto los factores de valoración o evaluación sólo pueden serles aplicables a los concursantes internos y se excluye la posibilidad del libre acceso al desempeño de cargos públicos de los demás interesados en ingresar al servicio de dicha institución en condiciones igualitarias. Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 132/2017 Ministerio Público Acción de Nulidad por Inconstitucionalidad N° 3216 – 2013 SIAF 2017-564573 Robertson González Vargas Vs Universidad Nacional

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PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 132 - 2017

SIAF 2017 - 564573

Bogotá, abril 19 de 2017

Señores Magistrados:

H. Consejo de Estado

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

Consejero Ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

E. S. D.

Referencia : 110010325000201301248 00 (3216-2013)

Actor : Robertson González Vargas Demandada : Universidad Nacional Acción : Nulidad por inconstitucionalidad del concurso de ascenso Artículos 3 literal a) y, artículo 5º de la Resolución 391 de 2010

Procede esta Agencia del Ministerio Público, dentro de la oportunidad legal, a emitir el concepto de rigor en el proceso de la referencia, del cual conoce el Honorable Consejo de Estado, Sección Segunda, en virtud del traslado para alegar en el proceso de la referencia, en defensa del orden jurídico y de los derechos y garantías fundamentales.

I. Debate planteado La presente controversia se centra en establecer si los concursos cerrados o de ascenso al interior de la Universidad Nacional, conforme a sus reglas particulares, están adecuados al ordenamiento constitucional o, al contrario, es violatorio a la igualdad de los aspirantes a ingresar como servidores de dicha institución en convocatorias públicas y abiertas.

1. Pretensiones Se declare la nulidad por inconstitucionalidad de: Resolución 391 de 2010

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ARTICULO 3. Concurso de Méritos. El proceso de selección a través del concurso de méritos tiene como objetivo garantizar el ingreso y ascenso de empleados idóneos en la planta de personal de Carrera Administrativa de la Universidad con base en el mérito, mediante un sistema que permita la

participación democrática, en igualdad de oportunidades, de todos los ciudadanos que demuestren poseer los requisitos para desempeñar los empleos. Modalidades de los concursos. Los concursos de méritos de la Universidad Nacional son de dos (2) clases o modalidades: a. De ascenso, en el cual podrá participar el personal escalafonado en la Carrera Administrativa de la Universidad. b. Abiertos, en el cual podrán participar todas las personas que demuestren poseer los requisitos para el desempeño del empleo. ARTICULO 5. Concurso de Ascenso. Cuando para proveer los empleos de carrera sea necesario realizar concurso, éste será de ascenso si en la Universidad existe, por lo menos, dos (2) empleados que pueda participar en él. Para participar en el concurso se deberán acreditar los siguientes requisitos: a. Los requisitos de formación académica y experiencia exigidos para el ejercicio del empleo b. Que la última valoración del mérito, en firme al momento de la inscripción, sea satisfactoria c. Que no le haya sido impuesta sanción disciplinaria en el último año d. Haber desempeñado por un tiempo no inferior a un (1) año, como empleado de Carrera Administrativa, el cargo del cual sea titular.

1. Concepto de violación 1.1. Derecho a la igualdad. 1.1.1. Concursos de ascenso. Es contrario a la C.P. establecer criterios de selección, en los cuales la evaluación no sea

susceptible de aplicarse a todos los aspirantes, de carrera o nó. Los elementos para incentivar a los servidores de carrera no pueden incorporarse como elementos destinados a la selección de personal por concurso, pues privilegia injustificadamente a

éstos en detrimentos de los no inscritos. Independientemente de tratarse de un sistema general o específico de carrera, esa es la línea jurisprudencial trazada y que Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 132/2017 Ministerio Público Acción de Nulidad por Inconstitucionalidad N° 3216 – 2013 SIAF 2017-564573 Robertson González Vargas Vs Universidad Nacional Página: 4 deben acatar los jueces al estudiar la constitucionalidad de las regulaciones legales de los concursos. Si no se establecen ese tipo de presupuestos normativos el concurso estará conforme a la C.P., esto es, si no se establece una regulación para el ascenso en la carrera y el ingreso a la carrera, de manera que no se den condiciones de desigualdad limitantes del mérito. 1.1.2. “Es claro entonces para la Corte que el concurso de ascenso para proveer cargos de carrera, es inconstitucional si vulnera alguno de los elementos del test, ya que en la práctica son concursos cerrados, por lo que se vulnera la cláusula de igualdad, el acceso a la función pública y los principios que guían la regulación de los empleos de carrera”. Artículos 13; 40.7 y 125 de la C.P. El Alto Tribunal al analizar el artículo 4º del Decreto 790 de 2005 (Sistema específico de carrera de la Aeronáutica Civil), lo encontró contrario a la Constitución, en cuanto al prever para los concursos de ascenso que se tuvieran en cuenta la experiencia específica y la evaluación de desempeño se introducían

elementos contrarios al mérito de quien pretende ascender y por ese conducto la igualdad; pues el artículo 125 superior establece como regla general los concursos abiertos. 1.1.3. La regla de carrera administrativa es el principio de mérito, la Corte ha insistido que pueden materializarse mediante los concursos abiertos y públicos, dotados de criterios objetivos para determinar las calidades académicas, de experiencia, capacidades, competencias e idoneidad de los aspirantes, lo que evita discriminaciones o arbitrariedades por parte del nominador. 1.1.4. Debido a las características de un concurso cerrado de méritos, la libertad de configuración normativa puede verse limitada o restringida, en cuanto pueden salir lesionados principios caros para el sistema de carrera, como la igualdad y el libre acceso a las funciones públicas, según una lectura sistemática de los artículos 125, 13, 41, y 209 superiores. 1.1.5. En respuesta a consulta a la CNSC, ésta dijo sobre los concursos cerrados de ascenso, que los concursos para el ingreso a la función pública serán abiertos para todos los que acrediten los requisitos exigidos. 1.1.6. En ese mismo concepto, señaló que en la actualidad no es posible convocar a concursos cerrados o de ascenso y los aspirantes deben participar en los concursos abiertos. No aparecen los numerales intermedios entre 1.1.6 y el 1.1.16. Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 132/2017 Ministerio Público Acción de Nulidad por Inconstitucionalidad N° 3216 – 2013 SIAF 2017-564573

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I.1.16. La Corte concluyó que las regulaciones sobre provisión de cargos públicos no pueden contener distinciones sobre aspirantes externos o internos, por lo que no deben consagrar unas condiciones para quienes pretenden ingresar a la carrera y otras para quienes pretender ascender en ésta; por lo que la normativa debe ser igualitaria I.1.17. La corte dio como segunda justificación de su decisión de excluir los concursos cerrados, en que dichos concursos tienen como requisito sustancial el mérito, lo que debe estar garantizado con normas que contengan evaluaciones objetivas, aspecto que limita la libertad normativa del legislador, para asegurar el ingreso de personal que cumpla idóneamente las funciones públicas sin que a estos se les desconozcan sus derechos fundamentales mediante una participación igualitaria, esto es, que la ley al regular el mecanismo de ingreso a la función pública establezca requisitos o condiciones incompatibles extraños al mérito a la capacidad de los aspirantes. 1.1.18. El mérito como elemento fundamental e inspirador de los concursos de carrera, lleva a que el juez constitucional verifique las condiciones de igualdad en la evaluación de aspirantes 1.1.1.19…El tercer fundamento de la Corte alude a la innecesaridad de acudir a métodos lesivos de los derechos de terceros que podrían ingresar al servicio público idóneamente; así es que exigir experiencia y desempeño en el cargo resultan elementos sobrantes que no aseguran la igualdad de los participantes; por lo que normas cuyos contenidos tengan alguna discriminación no “protegen la igualdad para el acceso a la función pública (arts. 13,

125 y 40.7 C. N)” y no justifican el sacrificio de los derechos fundamentales de la generalidad para beneficiar a unos cuantos. Citó como normas vulneradas los artículos: 13; 40-7 y; 125 de la Constitución Política; por lo que se invocó como causal de nulidad la violación a normas superiores en las cuales debía fundarse el acto demandado.

3. Contestación de la demanda La universidad dio contestación a la demanda en escrito obrante a folios 76 y ss.; en dicho escrito se fundamenta básicamente la defensa de las disposiciones de la Resolución 391 de 2010 de la Rectoría acusadas, con el Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 132/2017 Ministerio Público Acción de Nulidad por Inconstitucionalidad N° 3216 – 2013 SIAF 2017-564573

Robertson González Vargas Vs Universidad Nacional Página: 6 argumento de la autonomía universitaria y de la exclusión de la aplicación de la ley 909 de 2004 por tratarse de un ente de educación superior autónomo que tiene la facultad de darse sus propios reglamentos, entre éstos, el de organizar la carrera administrativa y dentro de estos temas establecer los concursos de méritos, que en nada difieren de las propuestas realizadas por la Corte Constitucional en las sentencias citadas en la demanda y, por ende tampoco afectan los derechos de terceros. Aludió al artículo 69 superior (autonomía universitaria), al Decreto 1210 de 1993 (régimen orgánico de la U.N.) en cuyo artículo 1º (transcrito)

efectivamente se materializan la autonomía proclamada, su régimen especial y sus fines docentes e investigativos; particularizando en el artículo 8o. sobre la autonomía financiera y presupuestal y el 25 sobre el personal administrativo, en el que se clasifican los servidores vinculados de la

Universidad en: libre nombramiento y remoción, de carrera administrativa y, trabajadores oficiales.

Mencionó el Acuerdo 067 de 1996 como el estatuto del personal administrativo; la Resolución 454 de 1998 que reglamentó dicho Acuerdo 067, en cuyo artículo 6º se dieron las funciones a la Comisión Nacional de Carrera Administrativa de la U.N., las cuales detalló (folio 79) y destacó la de ejercer la vigilancia y control de las normas de carrera y el adelantamiento de algunos procesos específicos (resolver recursos).La Resolución 391 de 2010 hizo modificaciones a la Resolución 454 y mantuvo la competencia para la realización de los concursos abiertos y de ascenso, con base en normas especiales fundadas en la autonomía universitaria. En el acápite relativo a la “Autonomía universitaria y la carrera administrativa especial” reiteró que la U.N. es un ente universitario autónomo superior cuya naturaleza está reglamentada por la ley 30 de 1992 y por las normas internas previstas en el Decreto 1210 de 1993, que en materia de carrera administrativa especial la Corte Constitucional se manifestó mediante la sentencia C-560 del 17 de mayo de 2000, M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra, providencia que citó generosamente para indicar como efecto de tal transcripción, que la carrera administrativa, como

sistema de garantía de la eficiencia, eficacia y transparencia, es la regla general del empleo público del Estado Colombiano, porque supone la tecnificación y la estabilidad de las plantas de personal, integradas éstas con quienes superaron procesos de selección fundados en el mérito y el cumplimiento de requisitos. La U.N. cuenta con reglamentación expresa establecida dentro de los límites legales y constitucionales dados por su autonomía constitucional, que bien guardan la observancia de normas superiores y no suponen ausencias normativas que deban suplirse mediante remisión con disposiciones superiores. En ejercicio de la facultades de origen constitucional y legales pertinentes, la U.N. cuenta con la atribución reglamentaria de sus estatutos internos, como el de personal y de el de carrera, citados anteriormente, por lo que al Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 132/2017 Ministerio Público Acción de Nulidad por Inconstitucionalidad N° 3216 – 2013 SIAF 2017-564573 Robertson González Vargas Vs Universidad Nacional Página: 7 existir ese régimen especial no le son aplicables las normas de la ley general de carrera administrativa, 909 de 2004, ni las reglamentaciones de ésta, Decreto 1227 de 2005 o, las supletorias, ley 1033 de 2006 y, porque adicionalmente la ley 909 en su artículo 3º, literal a) excluyó expresamente de su aplicación a los entes universitarios autónomos, al mantener dentro de su ámbito al “personal administrativo de las instituciones de educación superior que no estén organizadas como entes universitarios autónomos”.

El artículo 14 y ss. del Estatuto de Personal de la U.N. previó que se accede a los cargos de la institución mediante el sistema de méritos convocados por el Rector, por los cuales puede también ascenderse en la carrera y; el artículo 17 establece dos modalidades de concursos: los de ascenso y, los abiertos, convocados cuando no sea posible el de ascenso y se dirige a todos los aspirantes que cumplan requisitos. En el acápite sobre la “Reglamentación Interna”, se refirió al artículo 3º de la Resolución 391 de 2010 (Concurso de méritos; demandado parcialmente) y al 5º (Concurso de ascenso) y otras disposiciones de dicho estatuto, de las que destacó: la procedencia del concurso cerrado para proveer cargos de carrera, cuando hubieren al menos dos aspirantes con opción de participar en tal concurso; el nombramiento de la lista de elegibles al darse una vacante definitiva. En el acápite de “Análisis Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo”, explicó que la posibilidad al interior de la U.N. de proveer los cargos por medio de concursos de ascenso, “es una potestad normativa interna que se ha fijado con base en los presupuestos de autonomía constitucional con que cuenta la Universidad, y que no pueden ser examinados a la luz de los presupuestos jurisprudenciales realizados frente a otros regímenes particulares, como los de la Dirección Nacional de Impuestos, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República o la Rama Judicial ”, por cuanto todos esos casos son particulares y están estrechamente ligados con las normas del empleo público en Colombia y los entes universitario autónomos cuentan con

regímenes diferenciados de las demás entidades públicas, que gozan con presunción de validez y legalidad. La C.P. no prohíbe los concursos de ascenso en las entidades públicas para proveer los empleos, “en la medida en que admite la existencia de regímenes especiales de carrera,…”, pues no obliga a que dichas instituciones cuenten con idénticos regímenes de carrera sino que pueden haber distintos tratamientos, según la naturaleza jurídica institucional, motivo por el cual la U.N. tiene permitido proveer sus cargos mediante concurso de ascenso, conforme a su autonomía universitaria, que a su turno le posibilita darse un sistema especial y autónomo e independiente de reglamentación interna de carrera administrativa. El régimen especial de carrera de rango constitucional que tiene la U.N. permite convocar a concursos cerrados para proveer las vacantes de cargos de carrera, con la posibilidad también de la subsistencia de los Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 132/2017 Ministerio Público Acción de Nulidad por Inconstitucionalidad N° 3216 – 2013 SIAF 2017-564573 Robertson González Vargas Vs Universidad Nacional Página: 8 concursos mixtos, para asegurar la igualdad de oportunidades para acceder a la función pública; por tanto, el juicio de igualdad realizado vía jurisprudencial no puede equiparar las condiciones de otras entidades con la U.N., como por ejemplo la P-G-N-, debido a las diferencias de sus regímenes. La demanda presentada contra los apartes de la Resolución acusada no hacen cargo alguno que afecten la constitucionalidad de dichos apartes, por

cuanto la demanda se limitó a citar fracciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional que estudiaron sectores similares a los de los fragmentos acusados, pero es la propia C.P. la que no contempla prohibiciones en forma clara y precisa en cuanto a la forma como los viene realizando la Universidad; así es que los concursos convocados con fundamento en la Resolución 391 de 2010 en nada vulneran los derechos de los aspirantes, porque el mérito se mantiene igual a las disposiciones legales a las normas reguladoras de la administración del ente educativo. El único fundamento de la demanda es el contenido en las sentencias de constitucionalidad en las que se diferenciaron los concursos abierto y públicos de cerrados o de ascenso; pero lo cierto es que la entidades de derecho público nada tienen que ver con la misión característica de la U.N. y el atributo de la autonomía administrativa con la cual cuenta y ha sido respaldada jurisprudencialmente, de ahí que parte de dicha autonomía administrativa, como lo es la carrera administrativa también se encuentre amparada por tal institución jurídica.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURIA TERCERA DELEGADA Las diferencias doctrinarias y jurisprudenciales manifestadas en el presente proceso, se refieren a que el actor pretende la nulidad de la Resolución 391 de 2010 en lo regulado sobre los concursos cerrados al interior de la U.N., en cuanto esa posibilidad fue excluida por la Corte Constitucional reiteradamente; por su parte la entidad de educación superior autónoma explica que en ejercicio de ésta tiene la atribución para darse sus propias reglamentaciones y los concursos de ascenso en nada afectan el texto

constitucional que no contiene prohibiciones sobre ese particular. 3.1. Normas aplicables Constitución Política “Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 132/2017 Ministerio Público Acción de Nulidad por Inconstitucionalidad N° 3216 – 2013 SIAF 2017-564573 Robertson González Vargas Vs Universidad Nacional Página: 9 desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior. “ “Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción. ...” (Cursivas fuera de texto) Ley 909 de 2004 “Artículo 3º. Campo de aplicación de la presente ley.

1. Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en su integridad a los siguientes servidores públicos:

…

2. Las disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán, igualmente, con carácter supletorio, en caso de presentarse vacíos en la normatividad que los rige, a los servidores públicos de las

carreras especiales tales como: - Rama Judicial del Poder Público. - Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo. - Contraloría General de la República y Contralorías Territoriales. - Fiscalía General de la Nación. - Entes Universitarios autónomos. Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 132/2017 Ministerio Público Acción de Nulidad por Inconstitucionalidad N° 3216 – 2013 SIAF 2017-564573 Robertson González Vargas Vs Universidad Nacional

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• Personal regido por la carrera diplomática y consular. - El que regula el personal docente.
• El que regula el personal de carrera del Congreso de la República …” (Negrillas y Cursivas fuera de texto) “Artículo 29. Concursos. Los concursos para el ingreso y el

ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa serán abiertos para todas las personas que acrediten los requisitos exigidos para su desempeño” Ley 30 de 1992

“Artículo 28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de función institucional. Artículo 29. La autonomía de las instituciones universitarias, o, escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de acuerdo con la presente ley, en los siguientes aspectos: a. Darse y modificar sus estatutos; b. Designar sus autoridades académicas y administrativas; c. Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los correspondientes títulos; d. Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión; e. Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que sus alumnos; f. Adoptar el régimen de alumnos y docentes, y Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 132/2017 Ministerio Público Acción de Nulidad por Inconstitucionalidad N° 3216 – 2013 SIAF 2017-564573 Robertson González Vargas Vs Universidad Nacional

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g. Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. Parágrafo. Para el desarrollo de lo contemplado en los literales a) y c) se requiere notificación al Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes.” 3.2. Caso Concreto. Se trata de una acción de nulidad por inconstitucionalidad, lo que significa que la administración expidió un acto administrativo cuyo control de constitucionalidad no hace parte de la competencia de la Corte encargada de la guarda de la Carta Magna sino de la competencia general asignada al Consejo de Estado en la Sección correspondiente por materializar el acto acusado una decisión propiamente administrativa. El tema debatido hace referencia a los concursos de ascenso o cerrados, en cuanto, propone el accionante que los reglamentos internos de la U.N. son violatorios, directamente de la C.P. en sus artículos 125, 40-7 y 13, esto es, infringen la igualdad de los aspirantes a ingresar o ascender en el servicio, conducto por el cual se les limita el derecho en la conformación, ejercicio y control del poder político, en lo relativo al acceso al desempeño de funciones y cargos públicos; pero, por su parte la Institución afectada defiende la constitucionalidad de la Resolución 391 de 2010, artículo 3, literal a) y artículo 5º, porque afirma son el producto de la autonomía administrativa con que la C.P. dotó a las universidades públicas, en general. La Corte Constitucional ha señalado la línea de acción en estos casos, al

interpretar que el inciso 3º del artículo 125 superior que establece: “El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes”; nos señala que los concursos públicos están animados por la obtención de los servicios de personal que reúna los méritos para acceder a la función pública y en su momento, sujetándose a las mismas reglas en los dos casos, pues uno no es supuesto del otro, es decir, el ingreso y permanencia en el servicio no implica el ascenso en el mismo en condiciones de ventaja frente a los demás ciudadanos con idénticas aspiraciones mediante concursos cerrados para los empleados de una determinada institución, por lo que para ascender es necesario concursar en las condiciones igualitarias señaladas por la Corte Constitucional y, esto se logra, en los concursos abiertos con evaluaciones sobre aspectos semejantes para todos. Si se diera el caso de los concursos cerrados como regla general, conforme lo establecen los apartes acusados de la Resolución 391 de 2010, quedaría la posibilidad de ingresar por el cargo con grado más bajo, porque en la mayoría de los eventos, la institución cuenta con colaboradores que reúnen los requisitos para ejercer empleos de categoría superior; panorama éste Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 132/2017 Ministerio Público Acción de Nulidad por Inconstitucionalidad N° 3216 – 2013 SIAF 2017-564573 Robertson González Vargas Vs Universidad Nacional Página: 12 contrario al derecho de todos de desempeñar empleos públicos en sus

diferentes niveles de ejecución y complejidad. En la evolución jurisprudencial la Corte Constitucional señaló en la sentencia C-1262 de 2005 (…) “ 14.- No obstante a partir de la Sentencia C-266 de 2002, la Corte Constitucional, cambió de manera expresa su jurisprudencia al respecto. Afirmó que “[l]a jurisprudencia que admitía la constitucionalidad de los concursos cerrados para el ascenso en la carrera contradice la Constitución, específicamente los artículo 125, 13, 41 y 209.”1 Lo cual se ha venido fundamentando en que (i) no hay lugar a distinguir entre modalidades de concursos para el acceso o ingreso a la carrera y modalidades de concursos para ascenso, pues el artículo 125 constitucional no establece dicha distinción; (ii) el fundamento sustancial para la provisión de cargos de carrera (ingreso o ascenso) es el mérito, que prohíbe incluir dentro de los parámetros de selección de personal criterios diferentes a aquellos que pretendan medir objetivamente el mencionado mérito de los aspirantes; y (iii) el reconocimiento de factores que sólo sean aplicables a unos concursantes y a otros no, como criterio de selección en los concursos, resulta desproporcionado incluso frente al derecho al reconocimiento e incentivo laboral a que tienen todos los trabajadores.” (…) Establecido que no hay cabida en el ordenamiento colombiano de una fórmula que haga operativos los concursos de ascenso en la administración pública, tales pr