PGN - ACCION DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD - Diferencia con la acción pública de simple nulida

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D. C., mayo 04 de 2004 Alegato No. 071 Señores

CONSEJEROS DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

Consejero Ponente: doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Ref: Proceso No. 11001032400020020206 01 (1-8050) Se procede a presentar el respectivo alegato en el proceso de la referencia, dentro del traslado común a las partes establecido en el artículo 210, inciso 2º del Código Contencioso Administrativo, subrogado por artículo 59 de la Ley 446 de 1998, con fundamento en las facultades constitucionales y legales.

ANTECEDENTES El ciudadano y abogado JORGE ARANGO MEJIA, actuando en nombre propio y en ejercicio de la acción prevista en el artículo 84 del C. C. A., solicita se declare la nulidad de la totalidad del Decreto 1187 de junio 30 de 1999, proferido por el Presidente de la República, “Por el cual se organiza el Fondo de Estabilización para el fomento de la exportación de carne, leche y sus derivados”. Como fundamentos de derecho invoca: Constitución Política, artículos 150, numerales 10 y 12, y 338, inciso 1º. Ley 101 de 1993, artículos 36, numeral 1º, parágrafo 2º, y 40. 2 El concepto de violación lo expresa, en los siguientes términos: Se refiere a la facultad del Congreso para crear impuestos y contribuciones en

apoyo del artículo 150, numeral 12, de la C. P., así como a la prohibición contenida en el numeral 10 del mismo precepto, para el Presidente de la República para crear contribuciones parafiscales. Cita el inciso 1º del artículo 338 ib, e invoca la sentencia C-711 de 2001 de la H. Corte Constitucional, de donde concluye que el Congreso de la República no puede crear contribuciones parafiscales en general y en abstracto, dejando en manos del Ejecutivo el imponerlas a diferentes subsectores agropecuarios o pesqueros. Aduce que cada contribución parafiscal tiene que ser objeto de una ley especial que fije directamente los elementos de la misma, como lo prevé el mencionado artículo 338, inciso 1º. No puede delegar en el Gobierno Nacional tal atribución, ni siquiera por medio de facultades extraordinarias por expresa prohibición del numeral 10º citado. El establecimiento de contribuciones parafiscales es excepcional. Analiza el parágrafo del artículo 36 de la Ley 101 de 1993, que autoriza al Gobierno Nacional para organizar Fondos de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros, lo que implica, en su opinión: a) Pretensión de establecer contribuciones parafiscales en forma general y abstracta a través de una ley, b) Conceder al Gobierno la facultad de imponerlas en cada caso concreto, lo que supone el definir los sujetos activos, pasivos, los hechos, las bases gravables y las tarifas. Cuando una ley adopta las decisiones anteriores, o sea el establecimiento de contribuciones parafiscales en abstracto y autoriza al Gobierno para imponerlas

en los casos concretos, se quebranta la Constitución porque sólo el Congreso puede fijarlas por medio de una ley especial y excepcional, que defina sus elementos, sujetos activos y pasivos, hechos, bases gravables y tarifas; la segunda, que en tiempo de paz únicamente el Congreso de la República tiene competencia para determinarlas, sin que pueda conferir facultades extraordinarias al Gobierno. Sin embargo, en este caso de acuerdo con dicha ley, la única autoridad encargada en cada caso de establecerlas en concreto, es el Comité 3 Directivo del Fondo (art. 40), porque a él le corresponde determinar los hechos, bases gravables y tarifas. En esas condiciones, anota, existirían tantos Fondos de Estabilización como productos agropecuarios y pesqueros se puedan organizar en el país, si se tiene en cuenta la autorización indefinida contenida en la norma que se demanda. Al dictar cada uno de los decretos, el Gobierno no sólo establecerá la contribución parafiscal sino que definirá dos de los elementos contemplados en el inciso 1º del artículo 338 constitucional, o sea, los sujetos activos y pasivos de la contribución, no obstante que ello está reservado a la ley. Por tanto, el parágrafo único del artículo 36, así como el numeral 1º y el parágrafo 2º del artículo 38 de la ley 101, vulneran los numerales 10 y 12, artículo 150 e inciso 1º, artículo 338 constitucionales, por cuanto que es el Gobierno y los Comités Directivos, al establecer la contribución parafiscal, los que asumen la competencia que el numeral 1º, artículo 338 le defiere al Congreso de la República. .

Recuerda que el Presidente de la República no tiene facultad para establecer tributos, sólo la adquiere en los estados de excepción con restricciones, por lo que no podía establecer ninguno a través del decreto acusado, invocando una norma que es contraria a la Carta. Critica el artículo 40 de la Ley 101, porque al expedirla el Congreso se despojó de su atribución propia e indelegable y, además, no determinó los elementos que caracterizan la contribución parafiscal, dejando en manos de los Comités Directivos la fijación de los restantes elementos, pues a pesar de los límites a que aluden los incisos 2º y 3º del numeral 3º, son ellos quienes finalmente los precisan, por lo que reitera los planteamientos anteriores en cuanto a la violación que se presenta con el artículo 40, razón por la cual debe declararse inexequible la norma en lo referente a las cesiones de estabilización con lo cual desaparecería también lo relativo a las compensaciones que se deben pagar. Por otra parte, estima que el Decreto 1187 debe examinarse a la luz de la Constitución y no de la Ley 101 de 1993, pues es evidente que aquel la quebrantó, al establecer una contribución parafiscal (cesión de estabilización), determinó dos de sus elementos (sujetos activo y pasivo), y dejó en manos de los 4 Comités Directivos de los Fondos, la determinación de los demás elementos: bases y hechos gravables y tarifas, que sólo podía hacerlo el Congreso. Contestación de la Demanda 1.- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Carecen de fundamento las tachas y ninguna razón le asiste al demandante al

considerar que el parágrafo del artículo 3º de la Ley 101 de 1993, tiene los efectos de una “delegación” de funciones legislativas del Congreso en el Presidente de la República, por cuanto esta es propia en el campo de la administración pública y se encuentra regulada expresamente en el artículo 211 Superior. No es procedente hablar de delegación de funciones en tratándose de dos ramas del poder público que tienen igual rango constitucional y ejercen competencias de naturaleza distinta y excluyente, además esa supuesta delegación nunca fue solicitada. Se trata de una habilitación al Gobierno para legislar que se origina en una la ley ordinaria, por lo que no configura la violación del numeral 10. Estima que la actora incurre en confusión normativa al asimilar los regímenes constitucionales de los recursos fiscales y los parafiscales, cuando lo único en común es el carácter obligatorio y su origen en una ley, pero difieren en los demás aspectos por disposición de la misma Constitución. Entre otras diferencias, señala que los parafiscales tienen carácter excepcional, según el numeral 12, artículo 150 Constitucional, los del fisco se fundamentan en el numeral 9, artículo 95, que los define como una contribución al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado que obligan a todos; los parafiscales no pertenecen al fisco, no se incorporan al presupuesto y no tienen una destinación general sino específica. Así mismo, según el numeral 12, artículo 150, de la C. P., la competencia radica todo el tiempo en el Congreso de la República, mientras que las contribuciones parafiscales son excepcionales, cuando las establezca la ley, de acuerdo con la

primera parte del inciso; la segunda parte establece una diferencia: los sujetos activos y pasivos, los hechos, las bases gravables y las tarifas de los impuestos, deben ser fijados directamente en la ley, las ordenanzas y acuerdos, requisito que 5 extendió al caso de los recursos parafiscales, por tratarse de una tributación excepcional. El mismo criterio se mantiene cuando el numeral 10, art. 150, establece la prohibición de otorgar facultades extraordinarias para fijar impuestos. En consecuencia, el cargo no debe prosperar, porque no se puede asimilar el régimen constitucional de los recursos del fisco con aquellos que crea la ley para ser administrados fuera del fisco, con otras finalidades que apuntan a políticas de desarrollo económico y no meramente presupuestarias. Rechaza la violación del artículo 338 Superior con la expedición de la Ley 101, respecto de la segunda parte del primer inciso, porque en sus disposiciones se señalaron directamente los sujetos activo y pasivo del recurso parafiscal, destinado a las actividades agropecuarias y pesqueras, así como los hechos que generan la obligación de pagarla, las bases para su liquidación y sus tarifas, como se desprende de su capítulo VI, pues del artículo 40 en sus dos primeros numerales, los incisos que los complementa y los dos parágrafos, así como de los artículos 41 y 42, se concluye que estos contienen el sistema y el método para fijar dichas tarifas, correspondiéndole a los Comités Directivos la aplicación de los procedimientos y cálculos descritos en esas disposiciones, lo que deja sin piso la violación del artículo 338.

Por tanto, no acepta la delegación alegada, pues la contribución en mención no se origina en el decreto sino en la ley 101, tampoco la afirmación que hace en cuanto que las disposiciones del artículo 40, radican en los Comités Directivos de los Fondos, porque la ley ha preestablecido esos elementos. Afirma que dicha ley, no contradice ninguna norma constitucional; ella crea un recurso parafiscal, señala sus fines, los mecanismos para hacerlo efectivo, los entes que deben ejecutarlo, regulaciones dadas por vía general y abstracta que es típico de la ley. Con fundamento en lo expuesto, pide que de desestimen las peticiones de la actora. 2.- Ministerio de Comercio Exterior Al referirse a la Ley 101, expresa que carece de fundamento las tachas de constitucionalidad formuladas en su contra, por cuanto el decreto acusado fue 6 expedido con base en el poder reglamentario del Presidente de la República, previsto en el artículo 188, numeral 11 y en las facultades especiales del parágrafo del artículo 36 de esa ley. No se ha quebrantado la Constitución, razón por la cual resulta equivocada la interpretación que se hace del artículo 36, ya que no existe delegación de funciones sino habilitación del gobierno para legislar, no advirtiéndose la violación alegada del numeral. Se refiere al término “parafiscalidad”, los distintos preceptos constitucionales que lo contemplan, sus definiciones y las diferencias sustanciales observadas en relación con los recursos fiscales y las contribuciones parafiscales, pues se trata de dos figuras totalmente distintas. Señala que la prohibición contenida en el

numeral 12 del artículo 150, no incluye la de los recursos parafiscales. Por lo demás y para defender la legalidad del acto acusado, así como la de la Ley 101, expresa planteamientos similares a los manifestados en la contestación anterior y concluye pidiendo que “se desestimen las peticiones del actor y se declare la constitucionalidad del Decreto 1187”. 3.- Ministerio de Hacienda y Crédito Público Hace una defensa de la constitucionalidad del decreto acusado, apoyándose en la sentencia C-1179 de 2001, de la H. Corte Constitucional, que define los impuestos y las tasas, señala las diferencias y características con las contribuciones parafiscales, entendidas estas como “gravámenes obligatorios que no tienen el carácter de remuneración de un servicio prestado por el Estado, pues no afectan a todos los ciudadanos sino a un grupo económico determinado”. Trae en cita la definición legal de la contribución parafiscal contenida en el artículo 2º Ley 225 de 1995, modificada por el artículo 3º, Ley 179 de 1994. Determina los elementos de la obligación tributaria y las características especiales de las contribuciones parafiscales en las normas demandadas, agregando que también han sido fijadas a nivel jurisprudencial, la que confronta con la contenida en el parágrafo 2º del artículo 38 demandando y el artículo 40 de la Ley 101. Analiza los artículos 29 y 31, ib. y concluye este aparte, expresando que la 7 contribución parafiscal contenida en esta última, cumple con las condiciones establecidas tanto para la obligación tributaria como para la existencia de la

contribución parafiscal, de acuerdo con las definiciones de la H. Corte Constitucional sobre el particular. Agrega, que las cesiones de estabilización que productores, vendedores o exportadores, que se realizan acorde con el artículo 40, son contribuciones parafiscales, según el parágrafo del artículo 38 demandado, y hacen parte de los recursos que conforman los Fondos de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros. Esta cesión, entendida como contribución parafiscal, cumple los requisitos legales, salvo la destinación que será la misma de los recursos de los Fondos de Estabilización de Precios de aquellos productos, respetando lo ordenado por la ley. Rechaza lo general y abstracta de la contribución del parágrafo 2º, artículo 38, pues simplemente se dio cumplimiento a lo determinado por la ley, esto es, reglamentar cada subsector agropecuario o pesquero, aspecto que fue determinado por el legislador, pero debido a la gran cantidad de subsectores, para su cumplimiento lo mejor era que su regulación se realizara en el momento necesario, como lo hizo el Gobierno al expedir el decreto impugnado. Anota, que en el presente caso el legislador actuó de conformidad con los lineamientos establecidos por la H. Corte Constitucional, en sentencias C-253 de junio 7 de 1995, M. P., doctor Eduardo Cifuentes y C-152 de marzo 19 de 1997, M. P., doctor Jorge Arango Mejía.. 4.- Federación Colombiana de Ganaderos Estima que los argumentos de la demanda y la forma cómo ha sido estructurada, son incompatibles con la acción de nulidad por inconstitucionalidad. Los cargos

formulados contra el decreto 1187, son más propios del contencioso de constitucionalidad, pues de ser ciertas las afirmaciones de la actora sobre las funciones ejercidas por el Presidente de la República, la acción ha debido interponerse ante la H. Corte Constitucional, aún a pesar de que las normas que se citan como violadas no fueran las constitucionales invocadas. 8 Sobre el marco jurídico general de la acción, anota que ésta se inició con base en la acción de nulidad por inconstitucionalidad prevista en el artículo 237-2, y se pide la actuación del H. Consejo de Estado no como Supremo Tribunal de lo Contencioso Administrativo sino como integrante de la jurisdicción constitucional, modalidad que está regulada por la ley 446 de 1998, art. 33. Por consiguiente, para que pueda interponerse y prosperar una acción de esta naturaleza, se requiere que se trate de un decreto expedido por el Gobierno Nacional con un contenido de carácter general, que el control constitucional no haya sido asignado a la H. Corte Constitucional, y que no sea fruto del ejercicio de funciones administrativas. Por tanto, cuando se trate de decretos a través de los cuales se ejercen potestades y se cumplan cometidos de naturaleza administrativa, es improcedente el ejercicio de la acción de nulidad por inconstitucionalidad, también lo es su ejercicio cuando este se orienta a hacer desaparecer del orden jurídico un decreto cuyo alcance normativo es fundamentalmente individual y concreto, como ocurre en este caso. El decreto acusado no fue expedido con base en facultades conferidas al

Gobierno Nacional con fundamento en el numeral 10º, art. 150 Constitucional, al efectuar su confrontación con la Carta Política y con el sustento jurídico, se colige que el Ejecutivo simplemente proyectó en la práctica a un sector de la actividad agropecuaria en concreto, las previsiones que por vía general había hecho al legislador al proferir la ley para este sector. La norma acusada apenas organiza un fondo parafiscal para un caso concreto, de alcance individual, lo que significa que por este aspecto, no se cumple uno de los requisitos que la ley exige para el control de constitucionalidad que reclama la actora, porque se trata del ejercicio de facultades administrativas, lo que impide su confrontación directa con la Constitución Política. De otra parte y aunque se demanda la totalidad del decreto 1187, advierte que toda la argumentación esta dirigida a refutar la constitucionalidad del parágrafo del artículo 36, ley 101 de 1993, lo mismo que la de sus artículos 38 y 40, por razón del supuesto desplazamiento de las potestades de imposición propias del Congreso al Ejecutivo. De la contradicción que argumenta el actor, entre estas 9 normas y la Constitución, deduce que el Presidente de la República hizo uso del poder impositivo del Estado y creó una contribución parafiscal. Reitera los planteamientos expuestos al comienzo, en cuanto que la pretendida inconstitucionalidad de la Ley 101 de 1993 no existe y si así fuera sólo podría ser declarada por vía de la H. Corte Constitucional, aunque el demandante ya hizo uso de esa acción, mientras tanto dicha ley se presume ajustada a la Constitución

a menos que se pretenda su inaplicación por vía de excepción, que es inaceptable porque el decreto fue expedido ajustado a la ley, de precisas competencias asignadas en las leyes 101 de 1993 y 395 de 1997 y, finalmente, porque el patrimonio del Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación tiene multiplicidad de fuentes de financiación, como cuenta especial que es del Fondo Nacional del Ganado. Lo único que hizo el Ejecutivo fue acatar un imperativo legal que además, marcó la pauta para la organización del Fondo de Estabilización para el Fomento de carne, leche y sus derivados. Finalmente y en relación con la petición de nulidad por inconstitucionalidad, afirma que las contribuciones de estabilización fueron creadas por la ley 101, para todos los subsectores del sector agropecuario y pesquero de la economía, como se desprende de su artículo 1º en armonía con el 36 y ss. estas cesiones, dice, fueron previstas por el Congreso de la República y únicamente dejó en manos del Gobierno Nacional, la decisión de concretarlas cuando las condiciones económicas y sociales así lo requieran, sin que se pueda entender como una delegación de funciones no permitida, CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El debate jurídico planteado en este caso, gira en torno a establecer si el Gobierno Nacional al expedir la norma acusada en su totalidad, que según la actora, crea una contribución parafiscal, hizo uso de delegación de facultades extraordinarias del Congreso de República, con lo cual habría un supuesto desplazamiento de facultades propias e indelegables del Congreso de la

República. Por tanto, pide que el decreto demandado se analice frente a las 10 normas constitucionales invocadas, en razón a la inconstitucionalidad de la ley en que se fundamentó su expedición.

El acto demandado: Se trata del Decreto No. 1187 de junio 30 de 1999, expedido por el Presidente de la República, “Por el cual se organiza el Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de Carne, Leche y sus Derivados”, del siguiente contenido: “Articulo 1º.- De la Organización. Organízase el Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de Carne, Leche y sus Derivados, el cual operará de conformidad con lo establecido en el Capítulo VI de la Ley 101 de 1993. “Artículo 2º.- De la Naturaleza Jurídica. El Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de Carne, Leche y sus Derivados, funcionará como una cuenta especial administrado por la entidad que para el efecto contrate el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en los términos del artículo 37 de la Ley 101 de 1993.

Artículo 3º.- Mecanismos para la Estabilización de precios. Los mecanismos para la estabilización de precios que utilizará el Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de Carne, Leche y sus Derivados, serán los siguientes:

1. Compensaciones a favor de los productores, vendedores o exportadores.

Ocurre cuando el precio internacional de la carne, la leche o de sus derivados, para el día en que se registre la operación en el Fondo, sea inferior al precio de referencia o al límite inferior de una franja de precios de

referencia. En este evento, el Fondo de Estabilización pagará los productores, vendedores o exportadores de tales productos, una compensación de estabilización equivalente a un porcentaje de la diferencia entre ambos precios, fijado en cada caso por el Comité Directivo del Fondo, con el voto favorable del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado.

2. Cesiones a cargo de los productores, vendedores o exportadores. Ocurre cuando el precio del mercado internacional de la carne, la leche y sus derivados, para el día en que se registre la operación en el Fondo, sea superior al precio de referencia o al límite superior de una franja de precios de referencia.

En este evento, el productor, vendedor o exportador de tales productos, pagará (…) Operaciones de cobertura. Para protegerse frente a las variaciones de los precios externos, se podrán celebrar operaciones de cobertura de acuerdo con las disposiciones vigentes o las que para el efecto expida la Junta Directiva del Banco de la República. Parágrafo. De conformidad con el parágrafo segundo del artículo 38 de la Ley 101 de 1993, las cesiones a que se refiere el numeral 1 del presente artículo, son contribuciones parafiscales. Artículo 4º.- Retención y pago de las cesiones de estabilización. Cuando la cesión de estabilización deba ser pagada por el productor, vendedor o exportador de carne, leche o sus derivados, estos mismos sujetos de la contribución parafiscal actuarán como agentes retenedores. 11 Las retenciones aquí previstas se harán al momento de efectuarse la venta interna, de exportarse el producto o cuando se trate de productores de carne,

leche y sus derivados, que incorporen estos productos en otros procesos productivos, la retención se efectuará al momento de realizarse dicha incorporación. (...) Artículo 5º. Responsabilidad de las personas obligadas a retener. Artículo 6º.- Del comité directivo Artículo 8º.- De los Recursos. Artículo 9º. De la reserva para la estabilización. (...)”. Antes de entrar en las consideraciones de fondo, es necesario hacer las siguientes precisiones: Aunque la actora no lo señala ni tampoco hace petición expresa, del estudio de los argumentos de la demanda y habida cuenta de la forma cómo ella fue orientada, se infiere que lo que se pretende ejercer a través de esta acción, es la nulidad por inconstitucionalidad del Decreto 1187 de 1999, prevista en el artículo 33 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 97 de C. C. A., por cuanto si bien los cargos se formulan contra el Decreto 1187 de 1999, la fundamentación se dirige esencialmente a atacar por inconstitucionalidad, la Ley 101 de 1993, en particular el parágrafo de su artículo 36, lo mismo que la de los artículos 38 y 40, por razones del supuesto desplazamiento de las potestades de imposición propias del Congreso de la República al Ejecutivo Nacional, en abierta contradicción con la normatividad superior citada. Argumenta la actora que de su confrontación entre esa norma y la Constitución, infiere que el Gobierno hizo uso del poder impositivo que radica en el Congreso y creó una contribución parafiscal. Por tal motivo, conviene aclarar antes de abordar el fondo del problema, que en el

caso sub-examine, la vía correcta para el control jurisdiccional del acto acusado es la acción pública de simple nulidad, en tanto, que a la determinación de la violación de los textos de orden superior, sólo puede accederse a través de las disposiciones contenidas en la ley (101 de 1993), que autoriza al Presidente de la República para que, cuando lo considere necesario, organice los Fondos de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros, dentro de las normas establecidas en dicha ley. 12 Esta ha sido la orientación del H. Consejo de Estado, al señalar que las acciones de nulidad por inconstitucionalidad otorgadas a la Sala Plena de la Corporación por el artículo 237-2 de la Carta Política, son aquellos cuya conformidad con el ordenamiento jurídico se establece mediante su confrontación directa con el texto Superior, mientras que si el parangón implica el cotejo de normas de rango legal, así puede predicarse una inconstitucionalidad, que en todo caso será mediata, la vía procesal idónea para su control no puede ser otra que la acción de simple nulidad, que por antonomasia es propia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo (Sentencia de julio 23, 1996, Exp. 5612 y junio 15 de 2000, Exp. Al53, C. P. doctor Juan Alberto Polo Figueroa). Además, para que proceda la de nulidad por inconstitucionalidad, se exige de conformidad con el numeral 7º, artículo 97 del C. C. A., que se promueva “contra los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, que no correspondan a la Corte Constitucional, cuya inconformidad con el ordenamiento

jurídico se establezca mediante confrontación directa con la Constitución Política y que no obedezca a función propiamente administrativa”. En el presente caso, es evidente que el decreto cuestionado no cumple con los presupuestos establecidos por la ley, por lo que no procede su confrontación directa con los textos constitucionales invocados como violados, pues de su lectura se evidencia su fundamento la Ley 101 de 1993, por lo que resulta jurídicamente imposible dejar de lado el estudio de la ley que lo originó, contrario a la petición expresa de la actora, en el sentido de que no sea tenida en cuenta esta normativa para el análisis respectivo. Por tanto, es un imperativo legal, acudir en forma inmediata a la ley y luego el estudio mediato de las normas constitucionales. De otro lado, el citado decreto tiene un carácter o alcance individual y concreto, que no es otro que la organización del Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de carne, leche y sus derivados, de donde se infiere que se trata del ejercicio de funciones administrativas por parte del Presidente de la República, circunstancias estas que automáticamente impiden su confrontación directa con las normas constitucionales. 13 En consecuencia, en criterio del Despacho el estudio del Decreto 1187 de 1999, sólo procede por vía de la nulidad ordinaria, efectuando el análisis frente a la ley de la cual deriva su competencia. La pretendida inconstitucionalidad de la ley sólo podría ser declarada por la H. Corte Constitucional, por vía de la acción correspondiente, de la cual ciertamente la actora ya hizo uso con argumentos

idénticos a los consignados en esta demanda, como se aprecia en el escrito con el cual la Federación Colombiana de Ganaderos impugna la demanda (fl. 90), para obtener simultáneamente una nulidad por inconstitucionalidad del decreto 1187 y por otro lado, la inconstitucionalidad de la ley que lo originó, actuación que esta Agencia del Ministerio Público considera incompatible. Así las cosas, es evidente que la pretensión del demandante este punto no está llamada a prosperar. Efectuada, pues, la precisión anterior, se procede a abordar el estudio de fondo de la situación, para señalar que analizada la demanda en su integridad y la argumentación en la que se sustenta, frente a la regulación de orden constitucional y legal en materia de contribuciones parafiscales y a la normatividad superior presuntamente vulnerada, se advierte que no existe la contradicción ni desconocimiento de ninguno de esos mandatos. En efecto, para la expedición del decreto cuestionado, se invocó el parágrafo del artículo 36 de la Ley 101 de 1993 o “Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero”, a este respecto es preciso anotar, que como se indicó en precedencia, esta ley es objeto de acción de inconstitucionalidad por la misma actora, no obstante, como hasta ahora no se ha emitido pronunciamiento alguno por parte de la H. Corte Constitucional sobre el particular, dicha ley se presume ajustada a la Constitución Política, por consiguiente, se impone su observancia por tener plena validez. El precepto en cuestión, establece: “Artículo 36.- Sin perjuicio de los Fondos Parafiscales Agropecuarios y

Pesqueros regulados en la presente Ley, créanse los Fondos de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros, como cuentas especiales, los cuales tienen por objeto procurar un ingreso remunerativo para los productores, regular la producción nacional e 14 incrementar las exportaciones mediante el financiamiento de la estabilización de los precios al productor de dichos bienes agropecuarios y pesqueros. Parágrafo. Cuando el Gobierno Nacional lo considere necesario organizará Fondos de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros, dentro de las normas establecidas en la presente ley”. En uso de las atribuciones otorgadas por el legislador a través del parágrafo señalado, el Presidente de la República profirió el decreto acusado, mediante el cual organizó el Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de carne, leche y sus derivados, dando así aplicación práctica y concreta a la anterior. Ahora bien, el cargo de la actora se fundamenta en el hecho que el decreto fue expedido por el Ejecutivo Nacional, en uso de facultades extraordinarias por cuanto la ley no podía conferir o transferir la creación ilegítima de una contribución parafiscal, y aduce que es el decreto el que CREA esta última, en abierta contradicción con las reglas constitucionales, afirmación que está muy lejos de la realidad, puesto que es la misma ley la que crea dicha contribución acorde con el ordenamiento constitucional. En efecto, el numeral 12, artículo