PGN - ACCION DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD - Procedencia

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Artículos que regulan temas concernientes al plebiscito para la refrendación del acuerdo final del conflicto y la construcción de una paz duradera CORTE CONSTITUCIONAL-Carece de competencia para ejercer el control de la Resolución 1733 de 2016 La Corte Constitucional carece de competencia para conocer del presente asunto El actor invoca que la competencia de la Corte Constitucional para conocer de la demanda en referencia se deriva de lo dispuesto en el artículo 241-3 C.P., y afirma que la jurisprudencia de dicha Corporación como la del Consejo de Estado ha sido clara al señalar que a la Corte corresponde controlar “todos los actos jurídicos que se hayan expedido en el marco de la convocatoria y realización del plebiscito realizado el pasado 2 de octubre”. Ahora bien, para el Ministerio Público, la Corte Constitucional no tiene competencia para decidir sobre el acto cuestionado, de conformidad con lo señalado en los artículos 237 y 241 de la Constitución Política, así como en el artículo 135 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), tal como pasa a explicarse. Por si hubiera duda, la sola aplicación del criterio formal que implica la revisión de los fundamentos invocados en el acto, que para el caso particular son “el artículo 265 de la Constitución Política, las leyes 134 de 1994, 1757 de 2015 y 1806 del 2016…”, dejan en claro que se trata de facultades administrativas. Así las cosas y en aplicación de este criterio, el Ministerio Público concluye que la Corte

Constitucional carece de competencia para ejercer el control de la Resolución 1733 de 2016, en cuanto dicha atribución corresponde al Consejo de Estado. VIOLACIÓN DE LIBERTAD DE PRENSA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN-Cargos planteados en el presente caso CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-De los actos expedidos por el Consejo Nacional electoral corresponde al Consejo de Estado De otro lado, es importante tener en consideración que de acuerdo con lo señalado en el artículo 237-1 de la Carta Política, el control de constitucionalidad de los actos expedidos por el Consejo Nacional Electoral corresponde, por principio, al Consejo de Estado, en su condición de “tribunal supremo de lo contencioso administrativo”, y esto supone no solo que es la máxima instancia en materia contenciosa para efectos de unificar la jurisprudencia de los tribunales administrativos, sino también que dentro de su objeto se encuentra el control de legalidad y de constitucionalidad de los actos administrativos de carácter general y que dictan, por ejemplo, las autoridades del orden nacional. En el mismo sentido, la posibilidad de suspender provisionalmente los actos administrativos por parte de la jurisdicción contenciosa (art. 238 C.P.), en general, y del Consejo de Estado, en particular, supone la competencia para juzgar los actos administrativos. ACCIÓN DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD-Regulada por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo/ACCIÓN DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD-Procedencia Concepto No. …, es necesario tener en cuenta que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo reguló la acción de nulidad por inconstitucionalidad en su artículo

135. Esta norma establece que dicha acción procede contra los decretos dictados por el Gobierno Nacional y también contra “los actos de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional”, expresión que fue declarada exequible, “bajo el entendido de que a la Corte Constitucional le corresponde el control constitucional de los actos de carácter general, expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional, con contenido material de ley”.

Lo anterior, interpretando las consideraciones que se consignan en la citada sentencia, quiere decir que los actos que tengan el mismo rango, estatus o magnitud de la ley, esto es, que tengan la posibilidad de modificar normas de esa jerarquía, son de competencia de la Corte Constitucional. Así las cosas, la indebida invasión de los terrenos legales por cualquier tipo de acto no puede generar per se la competencia de esta Corporación, porque ello supondría en la práctica vaciar de contenido la tarea encomendada al Consejo de Estado. El contenido material de ley debe interpretarse entonces como sinónimo de tener el acto el mismo rango de la ley. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Análisis sobre la inconstitucionalidad de la sanción de multa a los medios de comunicación por errores graves en las encuestas publicadas/DERECHO FUNDAMENTAL-La rectificación derivada de la responsabilidad que implica la libertad de prensa Si a pesar de los argumentos antes expuestos, la Corte Constitucional llegara a concluir que es competente para conocer de esta demanda, el Ministerio Público considera que en este

caso opera la carencia actual respecto de algunas de las disposiciones acusadas. La Resolución 1733 de 2016 se ocupó de asuntos relacionados con el plebiscito especial realizado el 2 de octubre de 2016, tales como: (i) la regulación de las campañas por el sí y por el no y su igualdad; (ii) los comités de campaña; (iii) el monto máximo de los recursos de dichos comités; (iv) la divulgación de las campañas y medios de comunicación; (v) las encuestas sobre el plebiscito especial para la paz; (vi) los tribunales de garantías y la vigilancia electoral. Pues bien, la referida Resolución 1733 trató temas concretos del plebiscito especial para la paz como instrumento de participación específico y excepcional para refrendar el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, de lo cual se desprende que esta reglamentación no tiene vocación de permanencia. Dicho acto reguló ciertos aspectos del plebiscito que se realizó el 2 de octubre de 2016, y por cierto, el acuerdo sobre el que recayó el pronunciamiento popular no corresponde al que ahora se encuentra en fase de implementación por parte del Congreso de la República, en atención a que existió un proceso de renegociación entre las partes que condujo a suscribir un nuevo acuerdo el día 24 de noviembre de 2016. El demandante sostiene que las disposiciones impugnadas prevén sanciones que se pueden imponer dentro del término de caducidad de esta facultad, razón por la cual el acto acusado puede sustentar las respectivas investigaciones, y en esa medida, las normas podrían seguir

produciendo efectos. El Ministerio Público no comparte plenamente esta apreciación. Las normas acusadas, en particular el artículo 12 y el literal c) del artículo 17, prevén que las campañas tendrán derecho a la rectificación y que en efecto el CNE puede ordenarla. La rectificación es un derecho fundamental derivado de la responsabilidad que implica la libertad de prensa, derecho “…que tiene el afectado por la información errónea o falsa para que ésta sea corregida o aclarada, por una parte; y por otra, de una obligación del medio de comunicación para aclarar, actualizar o corregir la información emitida”. 2 Concepto No. …, el Ministerio Público estima que los artículos 12, 17 literal c), y 21 literales a) y c) de la Resolución 1733, ya no están surtiendo efectos jurídicos, motivo por el cual la Corte Constitucional debe proferir, en relación con dichas disposiciones, fallo inhibitorio1. Ahora bien, lo anterior no obsta para que la Procuraduría llame la atención –y también en este sentido podría hacerlo la Corte a manera de doctrina, con el fin de enviar un mensaje preventivo para futuros diseños de medidas tendientes a la realización de un plebiscito, referéndum u otro mecanismo de participación-, sobre lo reprochable que es, desde el punto de vista de los valores constitucionales, que la orden de rectificación quede a cargo de una autoridad administrativa, y no de un juez, y sin que se exija haber acudido previamente al medio de comunicación. Esta medida, para el Ministerio Público, es altamente lesiva de la

libertad de información, el debido proceso, y el sistema de comunicación social. Así lo dejó en claro la Corte en Sentencia C-162 de 2000 a la que alude el actor: MINISTERIO PÚBLICO-Solicita a la Sala Plena de la Corte Constitucional que se declare inhibida para conocer de la presente demanda por falta de competencia/MINISTERIO PÚBLICO-Se declare inexequibles las expresiones contenidas en el literal d) del art. 21 de la Resolución 1733 de 2016 Por lo expuesto, el Ministerio Público solicita a la Sala Plena de la Corte Constitucional que se declare INHIBIDA para conocer de la presente demanda por falta de competencia. En caso de que la Corte estime que es competente, se solicita que se declare INHIBIDA por carencia de objeto para hacer un pronunciamiento sobre los artículos 12, 17 literal c) y 21 literales a) y c); y que declare INEXEQUIBLES las siguientes expresiones contenidas en el literal d) del artículo 21 de la Resolución 1733 de 2016: “El medio de comunicación que publicó la encuesta será corresponsable y, por consiguiente, se le aplicará la sanción pecuniaria en la misma cuantía y proporción”. 1 Sentencia C-1114 de 2003. 3 Concepto No. Bogotá, D.C., 16 DE MAYO DE 2018 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

REF: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 12, el literal c) del artículo 17 y los literales a), c) y d) del artículo 21 de la Resolución No 1733 de 2016, “Por la cual se

regulan y reglamentan algunos temas concernientes al plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

Demandante: Héctor Riveros Serrato

Magistrada Ponente: DIANA FAJARDO RIVERA

Expediente: D-12017

Concepto No. 6991 De conformidad con lo previsto en los artículos 242, numeral 2, y 278, numeral 5, de la Constitución Política, rindo concepto en relación con la demanda instaurada por el ciudadano Héctor Riveros Serrato, quien en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6, y 242, numeral 1, de la Carta, solicita que se declare la inexequibilidad del artículo 12, el literal c) del artículo 17, y los literales a), c) y d) del artículo 21 de la Resolución 1733 de 2016, cuyo texto se transcribe a continuación, subrayando lo demandado: RESOLUCIÓN 1733 DE 2016 (31 de agosto) Por la cual se regulan y reglamentan algunos temas concernientes al “plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” en los términos de la Ley 1806 del 24 de agosto de 2016 y la sentencia C-379 de 2016. EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 265 de la Constitución Política, las leyes 134 de 1994, 1757 de 2015 y 1806 del 2016 y demás normas

aplicables.

CONSIDERANDO:

(…) 4 Concepto No. ARTÍCULO 12. Pluralismo, equilibrio informativo e imparcialidad. Los concesionarios y operadores de televisión, radio, prensa u otros medios de comunicación social, durante la campaña del plebiscito, deberán garantizar el pluralismo, el equilibrio informativo y la imparcialidad, así como la veracidad en el manejo de la información sobre las campañas por la opción del SÍ o por la opción del NO. Para estos efectos, remitirán un informe semanal al Consejo Nacional Electoral, con los tiempos o espacios que en dichas emisiones o publicaciones se otorgaron al cubrimiento de las distintas campañas. El Consejo Nacional Electoral publicará dicha información y verificará el cumplimiento de lo aquí previsto. Las campañas tendrán derecho a la rectificación en condiciones de equidad, cuando se presenten informaciones falsas, parcializadas o imprecisas. (…) ARTÍCULO 17. Medidas cautelares. El Consejo Nacional Electoral podrá tomar las siguientes medidas, de oficio o a petición de parte: a. Ordenar al medio de comunicación social correspondiente o a la empresa comercializadora de vallas, la suspensión o retiro inmediato de la propaganda de una campaña por la opción del SÍ o por la opción del NO, que sea utilizada para propósitos partidistas o de apoyo a candidaturas a cargos o corporaciones públicas de elección popular o con fines antidemocráticos, violencia o cualquier otra que busque desinformar al elector; b. Ordenar al medio de comunicación social correspondiente, la suspensión inmediata de la difusión o publicación de la pieza de

divulgación del acuerdo final a cargo del Gobierno nacional, cuyo contenido invite a votar por alguna de las opciones; c. Ordenar la rectificación cuando sea procedente. (…) ARTÍCULO 21. De las encuestas. De conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política, las encuestas que se realicen con ocasión del plebiscito, deberán cumplir con los requisitos previstos en las Resoluciones 023 de 1996 y 050 de 1997 proferidas por esta Corporación. Adicionalmente, se deberán observar las siguientes reglas: a. La encuesta deberá ser remitida por el medio de comunicación a través del cual se divulga, al Consejo Nacional Electoral el día siguiente de la fecha de su publicación, acompañada de la información que permita establecer su trazabilidad. La ficha técnica debe especificar si la encuesta fue realizada por solicitud de alguno de los Comités por la opción del SÍ o por la opción del NO, o por un medio de comunicación. En la ficha técnica presentada por la firma encuestadora, se incluirá el nombre de un profesional en estadística que acredite la idoneidad de la misma; b. El tamaño de la muestra deberá ser no menor a 1.000 encuestas; 5 Concepto No. c. Solo se podrán publicar y difundir encuestas hasta el martes anterior a la fecha de la votación del plebiscito especial; d. Las inconsistencias graves en los resultados de las encuestas darán lugar a una multa que oscilará entre veinticinco (25) y cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes, según la gravedad de la falta, o la suspensión o prohibición del ejercicio de estas actividades.

El medio de comunicación que publicó la encuesta será corresponsable y, por consiguiente, se le aplicará la sanción pecuniaria en la misma cuantía y proporción; e. Las firmas encuestadoras deberán reportar al Consejo Nacional Electoral certificación del valor del contrato y el pago del IVA del mismo, en virtud del cual se efectuó la encuesta. Parágrafo. La Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas y Sondeos de que trata el artículo décimo de la Resolución 023 de 1996 expedida por el Consejo Nacional Electoral, constituirá dentro de los tres (3) días siguientes a la expedición de esta resolución, un comité técnico de seguimiento a las encuestas, conformada por tres (3) profesionales expertos en estadística y encuestas, que presentará un informe semanal al Consejo Nacional Electoral.

1. Planteamientos de la demanda En primer lugar, el demandante considera que el artículo 12 de la Resolución 1733 de 2016 es inconstitucional porque vulnera la libertad de prensa e información (art. 20 C.P.).

Asevera que el artículo 12 del acto acusado regula aspectos esenciales de la libertad de prensa e información, porque establece requisitos que condicionan su práctica con el pretexto de reglamentar elementos del plebiscito, razón por la cual el CNE desbordó el ámbito de su compendia constitucional (art. 265), pues esta “(…) se encuentra única y exclusivamente a asuntos propios de la actividad electoral”. Sobre este aspecto afirma que “(…) es claro que el CNE no cuenta con ninguna competencia constitucional ni legal para reglamentar temas

de esta índole [regulaciones sobre la libertad de prensa e información], así estos, en gracia de discusión, no fueran elementos esenciales para el goce efectivo del derecho” porque el CNE “(…) no puede inmiscuirse (…) o regular la cantidad, cubrimiento espacio y/o el contenido informativo de los medios de comunicación…”. Específicamente el demandante afirma que el artículo 12 vulnera la autonomía editorial como garantía del derecho a la libertad de prensa, dado que faculta al CNE para revisar los tiempos, espacios y el cubrimiento que los 6 Concepto No. medios den a las campañas por el plebiscito. Esto –estima el actorcorresponde única y exclusivamente a los medios de comunicación. De otra parte, aduce que la regla que obliga a los medios a enviar un informe posterior para verificar el contenido de la información supone un caso de censura posterior, toda vez que “la verificación es un riesgo a la libertad de expresión en tanto podría terminar siendo el CNE quien establezca los lineamentos de cómo presentar información, a quienes se debe incluir o abrir espacios e incluso a direccionar el relato de los hechos relacionados con las campañas en el plebiscito”. Finalmente explica que en este caso no se trata de una prohibición con responsabilidad ulterior, porque las medidas no se establecieron en una ley previa de forma clara, y tampoco se argumentó por qué las medidas son necesarias para lograr el fin, pues, en todo caso, existen medios alternativos menos lesivos de la libertad de prensa que pueden ser utilizados. En relación con la medida de rectificación, establecida en el literal c) del artículo 17, el demandante aduce que esta elimina la garantía previa que

consiste en acudir al medio de comunicación para solicitar la corrección. En el mismo sentido, el accionante afirma que la rectificación prevista en el acto acusado viola el debido proceso, ya que no se establece un procedimiento que observe las garantías que aquel comporta, en todo caso, un órgano de naturaleza administrativa no es el competente para resolver una cuestión constitucional como esta, pues esto es competencia del juez constitucional en sede de tutela. Sostiene que lo anterior constituye una limitación a la libertad de prensa, puesto que no son claros los términos en que debe operar la rectificación, ni se trata de la consecución de objetivos superiores, de conformidad con lo establecido en el artículo 13-2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que integra el bloque de constitucionalidad. Además, el demandante señala que la función del CNE, respecto de las encuestas, se limita a ejercer especial vigilancia sobre las entidades o personas que las realicen, pero no a los medios. Sin embargo, el literal d) del artículo 21 establece la responsabilidad de estos por la publicación de encuestas por errores graves, y según el actor, “(…) la competencia del CNE no puede extenderse para regular asuntos propios de los medios de comunicación para limitar su difusión y publicación, y mucho menos, para establecer responsabilidades de estos por hechos de terceros”. 7 Concepto No. Finalmente, el accionante explica por qué las normas demandadas están produciendo efectos jurídicos. Para sustentar este argumento parte de la base de que las normas regulan sanciones y, en consecuencia, “sus efectos se extienden en el tiempo durante el término de caducidad de la capacidad

sancionatoria del órgano estatal a la que se le da dicha competencia, en este caso el propio Consejo Nacional Electoral”.

2. Problemas jurídicos Los problemas jurídicos que se derivan de la demanda pueden sintetizarse de la siguiente forma: - ¿Es competente la Corte Constitucional para conocer de la demanda contra el artículo 12, literal c) del artículo 17 y los literales a), c) y d) y del artículo 21 de la Resolución 1733 de 2016? - El segundo problema que se debe resolver en caso de que la Corte Constitucional considere que es competente para conocer de la presente demanda, puede sintetizarse de la siguiente forma: - ¿La Resolución 1733 de 2016, que se ocupó de reglamentar aspectos del plebiscito especial para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se encuentra en vigor y sigue produciendo efectos?

Y, de haberse contestado afirmativamente las anteriores cuestiones, se deberá entonces responder al siguiente interrogante: - ¿Las disposiciones acusadas de la referida Resolución, violan o no los artículos 20, 73 y 265 de la Carta Política, así como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al haber otorgado al Consejo Nacional Electoral la posibilidad de ordenar rectificaciones a los medios de comunicación, así como la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento de las normas sobre encuestas de opinión pública y la afectación al derecho a la libertad de prensa; limitaciones que, según afirma el demandante, solo pueden establecerse por la Constitución o la ley?

3. Análisis jurídico

8 Concepto No. 3.1 La Corte Constitucional carece de competencia para conocer del presente asunto El actor invoca que la competencia de la Corte Constitucional para conocer de la demanda en referencia se deriva de lo dispuesto en el artículo 241-3 C.P., y afirma que la jurisprudencia de dicha Corporación como la del Consejo de Estado ha sido clara al señalar que a la Corte corresponde controlar “todos los actos jurídicos que se hayan expedido en el marco de la convocatoria y realización del plebiscito realizado el pasado 2 de octubre”. Ahora bien, para el Ministerio Público, la Corte Constitucional no tiene competencia para decidir sobre el acto cuestionado, de conformidad con lo señalado en los artículos 237 y 241 de la Constitución Política, así como en el artículo 135 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), tal como pasa a explicarse. El numeral 3 del artículo 241 C.P. asigna a la Corte Constitucional la competencia para decidir sobre la constitucionalidad de los “plebiscitos del orden nacional”, “por vicios de procedimiento en su convocatoria y realización”. Como ha explicado ese tribunal, la referida norma contempla un control posterior2, que está restringido a los vicios que surgen del desconocimiento de aspectos rituales en la creación normativa, es decir, que “remite a los requisitos externos de expresión de los actos jurídicos”3. En esta clase de control no se trata pues, como se pretende en la demanda en referencia, de analizar los vicios materiales o de fondo, “que se predican de la esencia del

acto jurídico y que sí afectan su contenido”4. En el presente caso los cargos planteados aluden a la violación de la libertad de prensa y la libertad de expresión, y si bien es cierto que también se invoca formalmente la falta de competencia del Consejo Nacional Electoral para fijar límites o restricciones a dichas libertades5, las explicaciones de la demanda 2 Sentencia C-180 de 1994. M.P.: Hernando Herrera Vergara. 3 Sentencia C-501 de 2001. M.P.: Jaime Córdoba Triviño. 4 Ibídem. 5 Ahora bien, no desconoce la Procuraduría que la Corte Constitucional ha señalado en forma reiterada que la falta de competencia corresponde a un vicio formal, cuando hace referencia a las reformas constitucionales, y sobre esa base ha construido la tesis de la sustitución constitucional, pero como lo ha sostenido en otros conceptos, el Ministerio Público estima necesario que dicha Corporación supere “la posible contradicción jurisprudencial en cuanto atañe al vicio de falta de competencia. Lo anterior, por cuanto en relación con el procedimiento de expedición de las leyes, se viene sosteniendo que aquel es de naturaleza sustancial; y en cambio, cuando se trata de reformas constitucionales, se califica como un vicio procedimental”. Concepto del Ministerio Público en el expediente D-11768. Para evidenciar la posible contradicción cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-174 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa. Ver también Sentencia C-126 de 1998 (MP Alejandro Martínez Caballero. Unánime), en la que se señaló: “La Corte coincide con los actores en que los vicios ligados a la falta de competencia del Gobierno en el ejercicio

de facultades extraordinarias no son de forma sino de competencia, por lo cual no opera la cláusula de caducidad prevista por el artículo 242 ordinal 3º de la Carta”. Cfr también las sentencias C-909 de 2007 (MP Clara Inés Vargas Hernández), C-261 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez). 9 Concepto No. se concentran en el choque entre esas restricciones y las referidas libertades –lo cual, por las razones expuestas en la demanda, sería predicable de las medidas atacadas, independientemente del órgano que las hubiere impuesto-. De otro lado, es importante tener en consideración que de acuerdo con lo señalado en el artículo 237-1 de la Carta Política, el control de constitucionalidad de los actos expedidos por el Consejo Nacional Electoral corresponde, por principio, al Consejo de Estado, en su condición de “tribunal supremo de lo contencioso administrativo”, y esto supone no solo que es la máxima instancia en materia contenciosa para efectos de unificar la jurisprudencia de los tribunales administrativos, sino también que dentro de su objeto se encuentra el control de legalidad y de constitucionalidad de los actos administrativos de carácter general y que dictan, por ejemplo, las autoridades del orden nacional. En el mismo sentido, la posibilidad de suspender provisionalmente los actos administrativos por parte de la jurisdicción contenciosa (art. 238 C.P.), en general, y del Consejo de Estado, en particular, supone la competencia para juzgar los actos administrativos. Ahora bien, de lo antes indicado no se descarta de plano la posibilidad de que la Corte Constitucional ejerza el control respecto de actos expedidos por el

Consejo Nacional Electoral que estén relacionados con la convocatoria y realización de un plebiscito, solo que para que se dé esa posibilidad, como antes se ha indicado, es necesario que la respectiva demanda se plantee por vicios de procedimiento, según se desprende del artículo 241-3 superior; condición que no se evidencia en el presente asunto. Al respecto debe tenerse en cuenta que la tarea asignada a la Corte Constitucional de la guarda de la integridad y supremacía de la Carta se debe asumir en los “estrictos y precisos términos” del artículo 241, sin que sea posible extender sus atribuciones respecto de asuntos que no le han sido expresamente confiados por el Constituyente. Ahora bien, es necesario tener en cuenta que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo reguló la acción de nulidad por inconstitucionalidad en su artículo 1356. Esta norma establece que dicha 6 La Corte Constitucional con ocasión del control de constitucionalidad de la Ley 270 de 1996, distinguió las nociones de jurisdicción constitucional y control de constitucionalidad para concluir: “Para la Corte, los términos “jurisdicción constitucional” y “control de constitucionalidad” a que hace alusión el precepto que se estudia, deben interpretarse, para efectos de su ubicación dentro de la estructura de la rama judicial, de conformidad con las previsiones, principios y postulados contenidos en la Constitución. Así, únicamente para estos propósitos, puede señalarse que el control de constitucionalidad es el que se ejerce por un órgano competente, a través de un pronunciamiento definitivo respecto de la concordancia de ciertas normas jurídicas con la integridad y la primacía de la

Carta Política. En ese orden de ideas, debe señalarse que dentro del esquema de la rama judicial sólo dos órganos ejercen el control de constitucionalidad de manera concluyente: la Corte Constitucional, en forma directa y principal 10 Concepto No. acción procede contra los decretos dictados por el Gobierno Nacional y también contra “los actos de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional”, expresión que fue declarada exequible, “bajo el entendido de que a la Corte Constitucional le corresponde el control constitucional de los actos de carácter general, expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional, con contenido material de ley”7. Lo anterior, interpretando las consideraciones que se consignan en la citada sentencia, quiere decir que los actos que tengan el mismo rango, estatus o magnitud de la ley, esto es, que tengan la posibilidad de modificar normas de esa jerarquía, son de competencia de la Corte Constitucional. Así las cosas, la indebida invasión de los terrenos legales por cualquier tipo de acto no puede generar per se la competencia de esta Corporación, porque ello supondría en la práctica vaciar de contenido la tarea encomendada al Consejo de Estado. El contenido material de ley debe interpretarse entonces como sinónimo de tener el acto el mismo rango de la ley. En cuanto atañe a los actos del Consejo Nacional Electoral, en la citada Sentencia C-400 de 2013 se reconoce expresamente que los expedidos con base en lo dispuesto en el artículo 265 de la Carta, “no tienen fuerza de ley propiamente tal, a pesar de sus especiales características e importancia dentro

del ordenamiento jurídico". Incluso ya la Corte había sostenido antes de dicho pronunciamiento, que “el artículo 265 como fuente de potestades de regulación en cabeza del Consejo Nacional Electoral (…) se limita a la expedición de normas de naturaleza operativa y administrativa, destinadas a regular los temas propios de su competencia"8. Por si hubiera duda, la sola aplicación del criterio formal que implica la revisión de los fundamentos invocados en el acto, que para el caso particular son “el artículo 2659 de la Constitución Política, las leyes 134 de 199410, 1757 (Art. 241), y el Consejo de Estado, el cual goza de una competencia residual, según lo prevé el numeral 2o del artículo 237 superior…”. Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 7 Corte Constitucional, Sentencia C-400 de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 8 Corte Constitucional, Sentencia C-1081 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 9 El artículo 265 superior, señala –en lo pertinenteque al Consejo Nacional Electoral le corresponde regular, inspeccionar