PGN - ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Contra acto administrativo que reconoce pen

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto administrativo que reconoce pensión de vejez DERECHOS ADQUIRIDOS-Término para el reconocimiento pensional en el nivel territorial antes de la Ley 100 de 1993 La Jurisprudencia ha debatido la adquisición de los derechos adquiridos en el tiempo, tomando de base el termino establecido para la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993en el presente caso aplica el contenido para el régimen territorial, es decir el 30 de junio de 1995sin embargo, la misma normatividad otorgaba un termino de gracia para consolidar el derecho, el cual fue declarado inexequible mediante sentencia C-590 de 1997, empero, los efectos de la precitada sentencia de constitucionalidad, no fueron modulados; entonces, teniendo en cuenta que la declaratoria de inexequibilidad fue posterior al vencimiento del termino de dos años contenidos en la ley 100 de 1993, las situaciones que se consolidaron en dicho lapso, deberán ser tenidos como derechos adquiridos, tal y como lo menciona el Tribunal de instancia. PENSIÓN DE VEJEZ-Requisitos fijados para empleados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas DERECHOS ADQUIRIDOS-Se reconocen con fundamento en disposiciones extralegales con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 El beneficiario adquiere su status pensional con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, y por disposición de esa misma normatividad, se protegen los derechos adquiridos con anterioridad, basados en disposiciones extralegales; la primera instancia,

incluye en el computo de tiempo de servicios prestados, tiempos extemporáneos a la adquisición de derechos contenidos en el articulo 146 de la ley 100 de 1993 y Jurisprudencia que ha establecido el criterio para ello, no obstante, el beneficiario de la pensión con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, cumplió con los requisitos tal y como lo establece concepto jurídico de la Universidad. 3ª Delegada ante el C. de E. Concepto N.108 Nulidad –Restablecimiento: Universidad Distrital Francisco José de Caldas vs. Euclides Alfredo Sarmiento Expediente: 250002325000200506973 02

PROCURADURIA TERCERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO N.108

SIAF: 2012-164317

Bogotá, D. C. Octubre 10 de 2012

Señores:

CONSEJEROS DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDASUBSECCION “A”

CONSEJERO PONENTE: Dr. ALFONSO VARGAS RINCON

E. S. D.

REFERENCIA: EXP No. : 250002325000200506973 02

NÚMERO INTERNO : 1080-11

ACTOR : UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE

CALDAS

DEMANDADO : EUCLIDES ALFREDO SARMIENTO

ACCION : ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

ASUNTO : PENSION JUBILACION

I. INTRODUCCION Procede esta Agencia del Ministerio Publico, dentro de la oportunidad legal correspondiente, a emitir el concepto de rigor en el proceso de la referencia, del

cual conoce el Consejo de Estado, Sección Segunda, subsección “A” en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia calendada al 2 de diciembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de CundinamarcaSección Segunda-Subsección “D”, mediante la cual se niegan las suplicas de la demanda.

II. ANTECEDENTES 2.1 La demanda En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, a través de apoderado judicial solicita: “1). Se declare la nulidad del Acto Administrativo, Resolución No. 139 del 21 de Marzo de 2000, proferida por el Rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por la cual se reconoció a partir del 31 de diciembre de 1999, la pensión de jubilación al Señor Euclides Alfredo Sarmiento Boada. 2). Se declare la nulidad del Acto Administrativo, Resolución No. 218 del 4 de Abril de 2000, proferida por el Director Administrativo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por la cual se ordeno pagar a partir del 31 de diciembre de 1999 al señor Euclides Alfredo Sarmiento Boada, la suma de un millón 2 3ª Delegada ante el C. de E.

Concepto N.108 Nulidad –Restablecimiento: Universidad Distrital Francisco José de Caldas vs. Euclides Alfredo Sarmiento Expediente: 250002325000200506973 02 seiscientos cinco mil trescientos sesenta y cinco pesos ($1.605.365), por concepto

de mesada pensional. Como consecuencia de la declaración de nulidad, solicita a titulo de restablecimiento: “se condene al Demandado Euclides Alfredo Sarmiento Boada, a reintegrar a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, las siguientes cantidades: a). Por concepto de mesada pensional $135.321.181 b). Por concepto de mesada adicional (Junio) $12.716.161 c). Por concepto de mesada adicional (Diciembre) $10.248.625 2.2. Sustento fáctico Como fundamento de las pretensiones manifestó que el demandado nació el 18 de agosto de 1936 e ingreso a la Universidad el día 17 de abril de 1983; le fue reconocida pensión de jubilación por los actos acusados, con el monto del 100%, según el articulo 6 parágrafo 1 literal c), del acuerdo 24 de 1989, expedido por el Consejo Universitario; que el régimen aplicable para el actor es el contenido en el régimen de transición de la ley 100 de 1993. 2.3 Normas infringidas y Concepto de la violación La parte actora estimo infringidos los artículos 55 Y 150, numeral 19, literal e) de la Constitución política; el articulo 1 de la ley 33 de 18985; los artículos 36 y 146 de la ley 100 de 1993 y el articulo 1 del decreto 1158 de 1994. Manifiesta que en el presente caso los actos acusados no respetan el ordenamiento superior, y que se incurrió en una interpretación errónea de la norma; arguye que las normatividad contempla el reconocimiento de pensión jubilación por el monto de 75%, y en el

presente caso fue reconocida por el 100% del monto; en suma, se tienen equivocadamente valores como factores salariales en el reconocimiento de la misma.

III. CONTESTACION DE LA DEMANDA El Tribunal de Primera Instancia, recurre al nombramiento de curador ad litem en representación del demandado, quien no se opone al escrito petitorio, como tampoco se allana.

IV. ALEGATOS La parte demandante presenta su escrito de alegatos basado en los siguientes argumentos: existe una violación clara al régimen general de pensiones, por el simple hecho de confrontar el monto de la pensión reconocida con el monto autorizado por ley; arguye que la Universidad desbordo sus atribuciones en reconocer beneficios pensiónales extralegales.

La parte demandada guardo silencio.

VI. DECISION DE PRIMERA INSTANCIA 3 3ª Delegada ante el C. de E.

Concepto N.108 Nulidad –Restablecimiento: Universidad Distrital Francisco José de Caldas vs. Euclides Alfredo Sarmiento Expediente: 250002325000200506973 02 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección SegundaSubsección “D”, mediante providencia fechada al 02 de diciembre de 2010, se niegan las suplicas de la demanda bajo los siguientes argumentos: Antes de entrar a resolver la controversia, el Tribunal plantea el siguiente problema jurídico: establecer si los actos acusados fueron expedidos de forma legal, al reconocer pensión mensual vitalicia en los términos de las normas expedidas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Luego se hacer un recuento normativo del régimen salarial y prestacional de los

empleados públicos, pasando por la constitución de 1886, la constitución de 1991 y la ley 4 de 1992, concluye el tribunal que ni vigencia de las disposiciones mencionadas, las universidades publicas podían expedir actos de reconocimiento pensional con fundamento en acuerdos internos, pues no tenían facultades para ello; no obstante, con la expedición de la ley 100 de 1993, el legislador teniendo en cuenta que en el nivel territorial existían regimenes pensiónales contrarios con la constitución y la ley, estableció en su articulo 146, la protección de los derechos adquiridos con anterioridad a esa normatividad, con base en disposiciones territoriales en materia de pensión de jubilación extralegal; dicho esto, se trae a mención la sentencia de la H. Corte Constitucional que revisa la constitucionalidad del articulo mencionado, encontrado ajustado a derecho, bajo el argumento de la protección e intangibilidad de los derechos adquiridos; entonces, la ley 100 de 1993 valido los derechos adquiridos del reconocimiento de pensiones sin justo titulo, siempre que aquellas se hubieran configurado antes de la entrada en vigencia del régimen general de seguridad social. En efecto, se solicita la declaratoria de nulidad de los actos que reconocen y ordenar el pago de la pensión de jubilación del demandado, a partir del 31 de diciembre de 1999, toda vez que el consejo superior de la Universidad, extendió los beneficios tenidos a los trabajadores oficiales, a los empleados del orden administrativos, los cuales a pesar de carecer de todo fundamento jurídico, fueron convalidados con la expedición de la ley 100 de 1993, en su articulo 146,

teniéndolos como derechos adquiridos, los cuales no pueden ser conculcados por leyes posteriores. Visto a folio 306 y 307, el tribunal observa que el demandado adquirió el status pensional el 26 de noviembre de 1993, siendo este fecha anterior al 30 de junio de 1997, en consecuencia, se considera como un derecho adquirido y su situación pensional se rige por las disposiciones anteriores a la ley 100 de 1993, por lo que debe mantener el derecho adquirido por el pensionado, bajo la normatividad contenida en los acuerdos 03 de 1973 y 24 de 1989; respecto del monto de la pensión, se observa que se le concedió a la parte demandada en un monto del 100%, tal y como establecido en el articulo 6 del acuerdo 24 de 1989, por la prestación deservicios por mas de 20 años, y visto que el demandado laboral por el termino de mas de veinte años, no se declara la nulidad de los actos aludidos. 6.2. El Recurso de Apelación El accionante a través de apoderado judicial, disiente del fallo de primera instancia y presenta recurso de apelación visto a folios 371-383, que contiene los mismos argumentos expuestos en escrito de demanda. 4 3ª Delegada ante el C. de E. Concepto N.108 Nulidad –Restablecimiento: Universidad Distrital Francisco José de Caldas vs. Euclides Alfredo Sarmiento Expediente: 250002325000200506973 02

VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 6.1 Criterio genérico Para esta Agencia Fiscal, la sentencia recurrida debe ser CONFIRMADA, de

acuerdo a las consideraciones que pasan a plantearse. 6.2 El sub examine El problema jurídico en el presente caso se circunscribe a establecer si el demandante tiene derecho a seguir percibiendo la pensión jubilación otorgada por le Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en los términos que le fue concedida por los actos administrativos en juicio. 6.3. De lo Probado Del acervo probatorio se tiene, entre otros: a folios 306-307, resolución 1173 por la que se reconoce status pensional el Dr. EUCLIDES ALFREDO SARMIENTO BOADA; a folios 336 certificación de tiempo laborado en la UDFJC, expedida por el Jefe de División de Recursos Humanos; a folio 337-338, oficio R.Of.OJ-116493, concepto jurídico de status pensional del beneficiario; a folio 346, certificación de información laboral de la UDFJC. 6.4 Examen Para la resolución de la presente controversia, sea primero citar la evolución normativa que ha establecido la jurisprudencia con respecto a las facultades de establecer regimenes de prestaciones dadas por la Constitución de 1991 al Gobierno y al Legislador: “La Constitución Política de 1886 establecía en el artículo 76-numeral 9º la competencia del Congreso para fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales y en el artículo 120-numeral 21 facultaba al Presidente de la República para fijar la asignación salarial de los empleos del orden nacional centralizado. Por su parte, la Constitución Política de 1991 consagró la figura de la ley marco, que señalaría los

objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos (art. 150numeral 19-lit. e). En desarrollo de esta norma fue expedida la Ley 4ª de 1992, de carácter general, y el Gobierno quedó habilitado para fijar, mediante decreto, el régimen prestacional, entre otros, de los empleados de las entidades territoriales, al tenor del artículo 12 de la citada Ley; en su parágrafo dispuso que el Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores, guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional. En cuanto a las entidades descentralizadas del orden territorial, no aplican las mismas competencias que en el nivel central porque su autonomía administrativa y presupuestal llevan implícita la aptitud de sus propios órganos para fijar las respectivas escalas de remuneración, pero no hay duda que las disposiciones legales antes 5 3ª Delegada ante el C. de E. Concepto N.108 Nulidad –Restablecimiento: Universidad Distrital Francisco José de Caldas vs. Euclides Alfredo Sarmiento Expediente: 250002325000200506973 02 citadas (Ley 4ª/92), que sí gobiernan para éstas, marcan una diferencia sustancial con la regulación anterior a la Constitución de 1991, porque entonces las entidades descentralizadas eran completamente independientes en la determinación de su régimen salarial, lo que llevó a desafortunadas prácticas en el manejo del tema. En la actualidad, las entidades descentralizadas continúan con la facultad de determinar el régimen salarial de sus empleados, pero sometidas a los topes salariales

que determine el Gobierno; situación diferente acontece con el régimen prestacional de los empleados públicos del orden territorial, bien sea del nivel central o descentralizado, pues antes de la constitución de 1991 estaba exclusivamente atribuido a la ley para todos los empleados públicos sin distinción del sector al cual pertenecieran, como se desprende del análisis sistemático de la Carta Política de 1886 y sus subsiguientes reformas. A partir de la expedición de la Carta Política que nos rige, el régimen prestacional de los empleados del nivel territorial lo determina el Gobierno de conformidad con la ley, como se desprende de la lectura del artículo 150-numeral 19-literal e) del Ordenamiento Superior y del artículo 12 de la Ley 4ª de 1992, dictada en desarrollo de aquel. La Ley 4ª de 1992 constituye, entonces, la ley marco necesaria para que el Gobierno cumpla con la misión que le fue confiada en los literales e) y f) del numeral 19 del artículo 150 de la Carta. En efecto, como bien se expresa en su encabezamiento, la referida ley fue dictada con el objeto de cumplir con el mandato de la Constitución acerca de que el Congreso debe dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno al momento de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y el régimen prestacional mínimo de los trabajadores oficiales. De lo anterior se concluye que ni en vigencia de la Constitución de 1886 ni a partir de la Carta de 1991, podían las Universidades Públicas expedir actos de reconocimiento pensional con fundamento en Acuerdos internos, pues no

tenían facultades para ello. No obstante, con posterioridad a la expedición de la Carta Política de 1991, el legislador, teniendo en cuenta que en el nivel territorial existían regímenes prestacionales contrarios a la Constitución y a la ley, con el fin de salvaguardar derechos laborales consolidados, fue avalando las situaciones atípicas que se presentaban en materia pensional. Así pues, como lo determina expresamente el inciso primero del artículo 146 de la ley 100, las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente ley, en materia de pensiones de jubilación extralegales, continuarán vigentes, con lo cual se desarrolla el mandato constitucional que ampara los derechos adquiridos, ya que las situaciones que se consolidaron bajo el amparo de la legislación preexistente no son susceptibles de ser alteradas o modificadas por la nueva ley. De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos de los pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de la ley 100 de 1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por disposiciones municipales y departamentales, deben continuar vigentes. De acuerdo con el anterior pronunciamiento no queda duda de que la Ley 100 de 1993 convalidó los derechos adquiridos sin justo título, con fundamento en normas territoriales anteriores a su expedición. “ 6 3ª Delegada ante el C. de E. Concepto N.108 Nulidad –Restablecimiento: Universidad Distrital Francisco José de Caldas vs. Euclides Alfredo Sarmiento Expediente: 250002325000200506973 02

(SECCION SEGUNDA - SUBSECCION "A", Consejero ponente: JAIME MORENO GARCIA, diecisiete (17) de abril de dos mil ocho (2008), Radicación número: 25000-23-25-000-2004-05344-01(2309-06)) Entonces, esta claro que las disposiciones extralegales que establecieron los regimenes de prestaciones creadas por las Universidades, fueron convalidados con la expedición de la ley 100 de 1993, mas aun cuando los reconoce como derechos adquiridos, lo que conlleva la intangibilidad de esos derechos, pues han entrado al patrimonio de la persona de quien se predica; no obstante, la Jurisprudencia ha debatido la adquisición de estos derechos en el tiempo, tomando de base el termino establecido para la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993en el presente caso aplica el contenido para el régimen territorial, es decir el 30 de junio de 1995sin embargo, la misma normatividad otorgaba un termino de gracia para consolidar el derecho, el cual fue declarado inexequible mediante sentencia C-590 de 1997, empero, los efectos de la precitada sentencia de constitucionalidad, no fueron modulados; entonces, teniendo en cuenta que la declaratoria de inexequibilidad fue posterior al vencimiento del termino de dos años contenidos en la ley 100 de 1993, las situaciones que se consolidaron en dicho lapso, deberán ser tenidos como derechos adquiridos, tal y como lo menciona el Tribunal de instancia. Entonces, dicho lo anterior, nótese que a folio 306-307 milita resolución 1173 de 26 de noviembre de 1993, por medio de la cual se le reconoce el status pensional

al demandado, teniendo derecho a una pensión de jubilación equivalente a un 75% del salario promedio devengado en los últimos doce meses, como lo establece el articulo 6º del acuerdo N. 024 contenido a folios 20-23 y transcrito a folio 366 del expediente, en la sentencia de primera instancia así: “ARTICULO 6. la Universidad Distrital “FRANCISCO JOSE DE CALDAS” reconocerá y pagara a los docentes que hayan cumplido cincuenta (50) años o mas de edad y veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos la pensión de jubilación equivalente al setenta y cinco (75%) del salario promedio devengado durante los últimos doce meses(12)” Bajo la normatividad precitada, es que se reconoce el status pensional al beneficiario de la pensión que otorgan los actos enjuiciados; no obstante, el mismo artículo contiene en su parágrafo 1, literal c), lo siguiente: “C. a partir del 1º de enero de 1994 la Universidad Distrital “FRANCISCO JOSE DE CALDAS” pagara como pensión de jubilación el ochenta y cinco por ciento (85%) para quienes tengan quince (15) años o mas de servicios continuos o discontinuos a la Universidad y el cien por ciento (100%) a los que tengan veinte (20) o mas de servicios continuos o discontinuos a la Universidad distrital” Al respecto se hace las siguientes precisiones: (i) el actor entro a laborar el 2 de abril de 1979 a favor de la universidad. (ii) mediante los actos administrativos enjuiciados se le reconoce una pensión de jubilación en cuantía de ciento por

ciento a lo devengado. (iii) su pensión fue reconocida el 21 de marzo de 2000; el Tribunal de primera instancia, bajo estos argumentos reconoció la pensión otorgada por la Universidad Distrital, toda vez que se considera como un derecho 7 3ª Delegada ante el C. de E. Concepto N.108 Nulidad –Restablecimiento: Universidad Distrital Francisco José de Caldas vs. Euclides Alfredo Sarmiento Expediente: 250002325000200506973 02 adquirido protegido las disposiciones territoriales anterioresque dicho sea de paso, fueron expedidas contra la Constitución y las leyesa la expedición de la ley 100 de 1993, la cual convalido dichos regimenes extralegales en su artículo 146, revisado constitucionalmente por la H. Corte Constitucional, y declarado exequible; Así: “Artículo 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente ley, con base en disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o sus organismos descentralizados, continuarán vigentes. (…) Lo dispuesto en la presente ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que se refiere este artículo. Las disposiciones de este artículo regirán desde la sanción de la presente ley” Por consiguiente, no se desconoce que el beneficiario de la pensión, halla trabajado por un tiempo de más de veinte años, tal y como lo expresa la primera

instancia; “en ese caso concreto se observa que el actor adquirió su status pensional el 26 de noviembre de 1993 (fls. 306 a 307), siendo anterior al 30 de junio de 1997, en consecuencia su particular situación se rige por las disposiciones territoriales anteriores a la ley 100 de 1993 lo que quiere decir que debe mantener el derecho en la forma en que le fue reconocido por el ente universitario por tratarse de un derecho adquirido, con base en la normatividad vigente que para el presente caso era el de los acuerdos 03 de 1973 y 24 de 1989 (articulo6) que establecía la manera de liquidación, así como también la edad de pensión en 50 años y 20 años de servicios, requisitos que reunió el actor según se desprende de las documentales visibles en los folios 18, 306 a 306 y 346 del expediente. Visto a folio 363. (…) En consonancia con lo dispuesto en la anterior, jurisprudencia, se advierte que el hecho de que el señor Euclides Alfredo Sarmiento Boada haya cumplido con los requisitos pensiónales consagrados en las normas expedidas por la Universidad antes de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 (se le reconoció el status de pensionado mediante Resolución No. 1173 del 26 de noviembre de 1993 fl.306 a 307), le permite, entonces, ser beneficiario del articulo 146 de dicha norma, en este orden de ideas la situación del demandado no cambia porque el reconocimiento se hubiera efectuado solo hasta marzo de 2000, habida cuenta que este simplemente declara un derecho que se había adquirido con el cumplimiento de los requisitos extralegales de edad y tiempo de

servicio para acceder a la pensión con anterioridad al 30 de junio de

1995. 8 3ª Delegada ante el C. de E.

Concepto N.108 Nulidad –Restablecimiento: Universidad Distrital Francisco José de Caldas vs. Euclides Alfredo Sarmiento Expediente: 250002325000200506973 02 Ahora, se hace pertinente, hacer las siguientes anotaciones: (i) el tribunal de instancia a folio 367, contenido de la sentencia, transcribe lo contenido a folio 346, certificación de información laboral expedida por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, dentro de la cual se certifica un tiempo de servicios a partir de la fecha de entrada del beneficiario, es decir, el 2 de abril de 1979; acto seguido manifiesta: “así las cosas, el actor laboro al servicio de la Universidad Distrital aproximadamente durante 19 años, 9 meses t 11 días y con ocasión del libro aportado se le reconoció 2 años como tiempo de servicio, por consiguiente, el actor presto sus servicios a la Universidad Distrital “ Francisco José de Caldas” por mas de veinte años discontinuos, razón por la cual se conformidad con las normas irregulares expedidas por la mencionada universidad, tiene derecho a una pensión de jubilación tal como le fue concedida, en consecuencia las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar.” No obstante, vista la certificación que milita a folio 337-338, la oficina jurídica de la Universidad, certifica a la división de personal de la misma entidad, que el actor a fecha 8 de septiembre de 1993, laboro en la universidad 11 años, 8 meses y 11

días; no obstante, la misma certificación trascribe tiempo de servicios en las entidades Telecom por el termino de 1 año y 6 meses, Acueducto por el termino de 5 años, 8 meses y 1 día y la Universidad Nacional por el termino de 1 año, 4 meses y 14 días, para un total de 20 años, tres meses y 26 días, contando con 57 años de edad. Por lo tanto, a pesar de que la sentencia deberá ser confirmada por el cumplimiento de requisitos para ser beneficiario de la pensión, no deberá ser bajo los términos expuestos por la Primera Instancia; visto a folio 367 nuevamente, la primera instancia manifiesta que el actor laboro al servicio de la entidad demandante, por un termino de 19 años, 9 meses y 11 días, y con ocasión del libro aportado, se le reconoció 2 años como tiempo de servicios bajo los términos de la ley 50 de 1886; entonces, se hace pertinente hacer las siguientes aclaraciones: (i) la primera instancia toma como fecha de entrada el 2 de abril de 1979. (ii) como fecha de retiro toma el 30 de diciembre de 1999. (iii) que sumado el tiempo de servicios que fue prestado de manera discontinua, suma 19 años, 9 meses y 11 días, pero con ocasión del libro aportado, le reconoce dos años, y por consiguiente cumple con el requisito de 20 años de servicios; como corolario de lo anterior, la primera instancia reconoce un derecho adquirido de percibir una pensión de jubilación en una cuantía del 100%, como lo establece el segundo aparte del artículo 6, parágrafo 1, literal c), toda vez que tomando la fecha de

ingreso del beneficiario, y valiéndonos de los servicios prestados de manera discontinua y la homologación de un libro, el demandado cumple con los requisitos para ser beneficiario de la pensión; no obstante, el Aquo computa los servicios prestados por el beneficiario, con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, y la prorroga contenida en el articulo 146declarada inexequible, pero dicha sentencia no modulo efectos retroactivos-, toda vez que tomando la fecha de retiro (1999-12-30) es que se computa el termino mencionado por la primera, fecha que por demás, sobrepasa el 30 de junio de 1997; por lo tanto, no es forzoso concluir, que el status de pensionado que obtiene el beneficiario, es bajo el cumplimiento de requisitos contenidos en la 9 3ª Delegada ante el C. de E. Concepto N.108 Nulidad –Restablecimiento: Universidad Distrital Francisco José de Caldas vs. Euclides Alfredo Sarmiento Expediente: 250002325000200506973 02 certificación de la oficina jurídica R.Of.OJ-1164-93, contenida a folios 337 y 338, certificación que forma parte de la motivación de la resolución 1173 de 26 de noviembre de 1993 (306-307), por la que se reconoce status pensional al Dr. EUCLIDES ALFREDO SARMIENTO BOADA; accesoriamente, se manifiesta que la primera instancia reconoce un derecho adquirido por fuera del termino establecido para ello, es decir la entrada en vigencia de la ley 100, y la prorroga contenida en su articulo 146-declarada inexequible-.

Teniendo en cuenta el acervo probatorio reseñado, el suscrito Procurador Delegado comparte parcialmente apreciaciones hechas por la primera instancia, y hace las siguientes precisiones: el beneficiario adquiere su status pensional con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, y por disposición de esa misma normatividad, se protegen los derechos adquiridos con anterioridad, basados en disposiciones extralegales; la primera instancia, incluye en el computo de tiempo de servicios prestados, tiempos extemporáneos a la adquisición de derechos contenidos en el articulo 146 de la ley 100 de 1993 y Jurisprudencia que ha establecido el criterio para ello, no obstante, el beneficiario de la pensión con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, cumplió con los requisitos tal y como lo establece concepto jurídico de la UDFJC.

VII. CONCEPTO Acorde con lo aquí expuesto, la Procuraduría Tercera Delegada ante el Concejo de Estado solicita comedidamente a la Sección Segunda-Subsección “A” de esa Honorable Corporación, que CONFIRME la sentencia, y ordene el pago de lo dejado de percibir por la suspensión provisional decretada en el presente litigio, tomando en cuenta los criterios y observaciones hechas en el presente concepto.

De los Señores Consejeros, cordialmente, LUIS ALFONSO BOTERO CHICA Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado (e)

LABC/ NMO

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