PGN - ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Contra resolución por la cual se revocó ofi

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente 51.901 (2012-10029) ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra Resolución por la cual se revocó oficiosamente adjudicación de predio baldío PROCESOS AGRARIOS ADMINISTRATIVOS-Adjudicación de tierras baldías según marco normativo REVOCATORIA DIRECTA-De resolución de adjudicación de tierras baldías según Jurisprudencia de la Corte Constitucional REVOCATORIA DIRECTA-De resolución de adjudicación de predios baldíos según regulación legal PRUEBAS-Permiten inferir que el INCODER respetó y garantizó debido proceso y derecho de defensa en revocatoria de adjudicación de bienes baldíos/ INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL INCODER-Puede corregir irregularidad en adjudicación con revocatoria directa/REVOCATORIA DIRECTA-En materia agraria no requiere aceptación expresa y escrita de adjudicatario En concepto del Ministerio Público las pruebas relacionadas en precedencia constituyen un conjunto coherente de datos concretos que permiten inferir que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER si respetó y garantizó el derecho al debido proceso y de defensa del señor…., pues aplicó las normas y el procedimiento previsto la revocatoria de adjudicación de bienes baldíos, trámite que se inició por petición de parte, pero finalmente se resolvió de manera oficiosa, al evidenciar serias inconsistencias en el proceso de adjudicación del bien baldío a favor del señor…., en particular lo referente a la

publicación de la solicitud de adjudicación y su aceptación por parte de INCODER contenida en la providencia No 0623845 de fecha 21 de abril de 2006, la que se llevó a cabo el 20 de abril del mismo año, como obra en la constancia de publicación dada por el Gerente de la Emisora La Voz del Cinaruco,,lo cual constituye una evidente irregularidad en tanto para esa fecha aún no se había expedido la providencia de aceptación de la solicitud. No hay duda que la entidad demandada se encontraba facultada para corregir en cualquier momento la irregularidad en que incurrió al adjudicar el bien baldío a favor del señor…,corrección que conforme a la ley podía realizar a través de la figura jurídica de la revocatoria directa en materia agraria, la cual cuenta con procedimiento especial en tanto no requiere de la aceptación expresa y por escrito del adjudicatario. En concepto del Ministerio Público, no existe razón alguna para afirmar que al señor….le fue conculcado el derecho de defensa, pues según lo probado la entidad demandada hizo uso de los mecanismos que le otorgaba la ley para notificarlo no solo de la iniciación del 1

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente 51.901 (2012-10029) procedimiento de revocatoria directa, sino también del acto administrativo atacado contenido en la Resolución No 0378 de 17 de noviembre de 2010. Veamos: En primer lugar, ordenó la publicación de un aviso en la emisora – Voz del Cinaruco por una vez al

día, por tres días calendario, entre las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche para informar al señor…. que debía presentarse en las Oficinas del Incoder para efectos de surtir notificación personal de una providencia administrativa. Luego procedió a citarlo y emplazarlo para que acudiera al Incoder a fin de notificarlo de manera personal del inicio del trámite de revocatoria directa, advirtiendo que en caso de no acudir dentro del término señalado se le designaría curador ad litem. ACTO ADMINISTRATIVO-No se encuentra viciado de nulidad por violación del debido proceso y de defensa/ACTO ADMINISTRATIVO-Presunción de legalidad Según constancia del Incoder el señor…. no se presentó, razón por la cual se le designó curador ad litem a quien se le notificó el auto de inicio del trámite de revocatoria. El curador Ad Litem, en nombre del señor…,solicitó la práctica de pruebas, que fueron decretadas por el INCODER junto con las solicitadas por el peticionario de la revocatoria. Todo lo anterior constituye razón suficiente para afirmar que la entidad demandada cumplió con el deber de citarlo para notificarlo de manera personal del inicio del trámite de revocatoria y para que hiciera uso de su derecho de contradicción y de defensa. El hecho que no hubiese acudido al llamado del Incoder, de manera alguna impidió que sus derechos le fueran respetados, pues se le asignó curador ad litem para que en su nombre actuara en defensa de sus intereses. Situación similar aconteció una vez proferida la Resolución No 0378 de 17 de noviembre de 2010 “por la cual se revocó de

oficio la resolución de adjudicación No 0876 de 1 de noviembre de 2006”, pues ante la imposibilidad de la notificación personal, el INCODER procedió a expedir un aviso emplazatorio para que dentro de los cinco días siguientes a su publicación en la emisora radial y fijación en la cartelera de la Alcaldía Municipal, se hiciera presente a efectos de notificarlo de la resolución en comento, advirtiendo que en caso de no comparecer se le notificaría por edicto. De lo anterior existe constancia de la publicación en la emisora Voz del Cinaruco, así como de la fijación del aviso emplazatorio en la Alcaldía Municipal de Cravo Norte. Finalmente se procedió a notificarlo por edicto conforme a lo establecido en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, cuya constancia de fijación se realizó el 26 de julio de 2011 a las 8:00 y se desfijó el 09-08-2011.La Resolución No 0378 de 17 de noviembre de 2010 cobró ejecutoria el 18 de agosto de 2011. El análisis que antecede es suficiente para afirmar que el acto administrativo atacado no se encuentra viciado de nulidad por violación del debido proceso y de defensa, lo cual permite afirmar que la presunción de legalidad que lo cobija debe permanecer incólume y consecuente con lo anterior desestimar las suplicas de la demanda. De conformidad con las consideraciones precedentes, el Ministerio Público Solicita a la H. Sala confirmar la sentencia denegatoria proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, atendiendo los argumentos expuestos en el presente concepto.

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PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No 311 /2014

Bogotá, D.C., 3 de diciembre de 2014 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente dr. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

E. S. D.

Ref: Proceso No 51.901 (81001233100020121002901) Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Actor: REINALDO BERNAL PEREZ Demandado: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURALINCODER El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1 Demanda.- REINALDO BERNAL PEREZ, instauró demanda1 contra la NaciónMinisterio de Agricultura y Desarrollo Rural – Instituto Colombiano de Desarrollo RuralINCODER, con el fin obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución No 0378 del 17 de noviembre de 2010, por medio de la cual oficiosamente revocó la Resolución No 0867 de 1 de noviembre de 2006, contentiva de la adjudicación de un predio baldío.

Como consecuencia de tal declaración solicita la parte actora se le restablezcan

los derechos adquiridos mediante el proceso administrativo de titulación y quede en firme la Resolución No 0867 de 1 de noviembre de 2006. Como soporte fáctico se adujo que el señor Reinaldo Bernal Pérez, el 20 de abril de 2006, solicitó la titulación del predio denominado EL Diamante sobre el cual 1 Incoada el 9 de febrero de 2012 (fl 18 c. ppl ) esto es dentro del término legal de los cuatro meses establecido para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto). En el caso concreto el acto administrativo demandado cobró ejecutoria el 18 de agosto de 2011 (fl 96 c. ppal), por ende el plazo máximo para acudir a la jurisdicción contenciosa vencía el 19 de diciembre de

2011. La parte actora presentó solicitud de conciliación prejudicial el 9 de diciembre de 2011, es decir que interrumpió el término de caducidad. La diligencia se llevó a cabo el 8 de febrero de 2012 y se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio, fecha a partir de la cual se reanudó el término que le restaba a la parte actora para completar el plazo de los cuatro meses, lo que permite concluir que la demanda se instauró dentro del término legal.

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ejerció posesión y usufructo por aproximadamente 10 años. Una vez cumplidos los requisitos de la petición se emite auto de aceptación, se fijó fecha para la inspección ocular, con la notificación a los interesados y autoridades agrarias. Posteriormente y a pesar del error en la fecha, se elaboró el aviso para los interesados en el proceso de adjudicación. Todas las publicaciones se hicieron sin que se presentara oposición. Cumplidos los requisitos de ley se emitió la resolución No 0867 de 1 de noviembre de 2006 en la que se adjudicó el predio rural denominado El Diamante al señor Reinaldo Bernal Pérez, ubicado en la vereda La Virgen del municipio de Cravo NorteDepartamento de Arauca. Que por comentarios de los vecinos se enteró que el INCODER había iniciado un proceso de revocatoria del título de adjudicación del predio mencionado y se enteró que por Resolución 0378 del 17 de noviembre de 2010 se revocó la adjudicación del predio. Que el proceso de revocatoria y la Resolución en comento son violatorias de los derechos al debido proceso, de defensa y de la seguridad jurídica, pues no se le notificó el procedimiento, no se valoraron las pruebas solicitadas por el curador ad litem y tampoco se realizó la inspección ocular al predio. Invoca como normas violadas los artículos 1, 2, 6, 13, 29, 90 y 91 de la Carta Política, el artículo 69 del C.C.A , el Decreto 2664 de 1994 reglamentario de la ley de reforma agraria y el Decreto 982 de 1996,

1.2 Contestación de la demanda.  El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER2 propuso la excepción de inexistencia de violación del debido proceso, pues por disposición legal el INCODER está facultado para revocar directamente, en cualquier tiempo y sin el consentimiento expreso del titular, las resoluciones de adjudicación de terrenos baldíos que se expidan en contra de lo establecido en las normas legales y reglamentarias sobre la materia. Que el INCODER al iniciar y llevar a cabo el procedimiento de revocación directa de la adjudicación de un terreno baldío obró de conformidad con la ley y se limitó a un corregir un acto administrativo irregular, pues del análisis del expediente se encontraron vicios procedimentales.  El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural3 alega caducidad de la acción, pues advierte que el actor se tenía 4 meses para incoar la demanda, contados a partir de la notificación o comunicación del acto administrativo, término que fue superado. Aduce falta de legitimación en la causa por pasiva, pues el acto administrativo demandado no fue expedido por el Ministerio de Agricultura y por ende no se encuentra llamado a responder de las pretensiones alegadas. 2 (fls 147 a 153 c. ppal) 3 (fls 163 a 169 c. ppal) 4

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente 51.901 (2012-10029) No resulta posible alegar violación al debido proceso, pues durante el

transcurso del procedimiento administrativo de la revocatoria de la adjudicación del bien baldío se cumplieron todas las ritualidades requeridas además de garantizar el derecho de defensa. 1.3 Sentencia de primera instancia.- El Tribunal Administrativo de Arauca4, negó las pretensiones de la demanda. Para el a-quo, las pruebas aportadas reafirman lo expresado en la motivación del acto demandado, pues el INCODER al detectar que las publicaciones irregulares afectaban a terceros y personas interesadas en dicha decisión, decidió revocar la resolución que puso fin al procedimiento contenido en el acto administrativo referenciado con el No 0867 de 1 de noviembre de 2006. Que la ley agraria autoriza a la administración para revocar directamente los actos administrativos de adjudicación de bienes baldíos cuando se desconocen las disposiciones legales que soportan los procedimientos, sin considerar un término prescriptivo y sin requerir del consentimiento expreso del afectado con dicha decisión. 1.4 Apelación.- El apoderado de la parte actora insiste en afirmar que a su poderdante se le violaron los derechos al debido proceso y de defensa, pues adquirió en debida forma y respetando el procedimiento de adjudicación determinado en la ley. Que el procedimiento de revocatoria directa se inició por petición de parte y no de oficio, diligencias que no cumplieron con los requisitos exigidos en la ley 1152 de 2007 y su decreto reglamentario 230 de 2008. Que la notificación personal únicamente se cumplió respecto del peticionario de revocatoria directa y del Ministerio Público, pero no al directo afectado, lo cual no es posible suplir con un

aviso dirigido a terceras personas, lo cual permite concluir la transgresión de los artículos 20, 21, 22 y 23 del decreto en comento. Que pese a la ilegalidad del procedimiento de notificación, se continuó con la designación de oficio de un profesional del derecho que no cumplió con su mandato legal y ético, pues solo se limitó a realizar la práctica de pruebas y no volvió a intervenir, lo cual demuestra aun mas su imposibilidad de ejercer su derecho de defensa. Que resulta ilegal la resolución 0378 de 2010 en tanto no existe constancia de su notificación personal, es decir que no cumplió con los requisitos establecidos en el decreto 230 de 2008 y los artículos 44 y 45 del C.C.A, lo cual constituye nulidad absoluta por violación a los derechos del debido proceso y de defensa.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1 Problema jurídico 4 En sentencia de 5 de marzo de 2014 (fls 267 a 279 c.2)

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente 51.901 (2012-10029) Por tratarse de apelante único, la controversia en esta instancia debe limitarse de manera exclusiva a los argumentos expuestos por el recurrente, como lo dispone el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil5. Para resolver las alegaciones del recurrente corresponde absolver, en su orden, los siguientes problemas jurídicos (i) Norma legal aplicable en materia de

adjudicación de bienes baldíos y su revocatoria para la época de expedición del acto administrativo demandado, (ii) Para luego establecer si el acto que se acusa de ilegal se encuentra viciado de nulidad por violación del derecho al debido proceso y de defensa; solo en caso afirmativo (iii) Determinar si procede o no atender las pretensiones que a titulo de restablecimiento del derecho se reclaman por el actor. La parte actora invoca en la demanda como normas violadas los artículos 1, 2, 6, 13, 29, 90 y 91 de la Carta Política, 69 del C.C.A., el Decreto 2664 de 1994 reglamentario de la ley de reforma agraria y el Decreto 982 de 1996, luego en su recurso de alzada aduce otras normas, como la ley 1152 de 2007 y los artículos 20, 21, 22 y 23 del decreto reglamentario 230 de 2008, lo cual resulta improcedente pues el recurso de apelación no se puede convertir en una oportunidad adicional para que la parte demandante alegue disposiciones distintas a las inicialmente invocadas. Al margen de lo anterior conviene precisar que la ley 1152 de 2007 fue objeto de estudio por la Corte Constitucional, la cual fue declarada inexequible mediante sentencia C-175 de 18 de marzo de 2009. Se destaca su parte conclusiva: “Conclusión

38. La Ley 1152 de 2007 configura una regulación integral y sistemática sobre el desarrollo rural y el uso y aprovechamiento de la propiedad agraria, régimen jurídico que debió someterse al trámite de consulta previa a las comunidades

indígenas y afrodescendientes, en razón de la especial connotación que el territorio tiene para estos pueblos, al igual que por la existencia de disposiciones particulares y concretas en el EDR que los afectan directamente.

39. Sin embargo, de conformidad con los argumentos de índole fáctica recopilados en esta sentencia, la Corte pudo comprobar que las actividades desarrolladas por el Gobierno Nacional no cumplieron con las condiciones constitucionales de la consulta. En especial, los procesos de acercamiento fueron realizados de forma inoportuna, cuando el trámite legislativo ya se encontraba en curso, circunstancia incompatible con la vigencia del principio de buena fe en los procesos de consulta previa. Adicionalmente, no se comprobó que fuera adelantado un procedimiento preconsultivo con las comunidades tradicionales, tendiente a definir las reglas de deliberación del proceso de consulta previa. De este modo, resulta desacertado sostener que dichos acercamientos extemporáneos suplen el requisito de consulta previa, puesto que fueron ejecutados luego de haberse iniciado el trámite legislativo y en escenarios propios de éste. En ese sentido, responden a formas de participación democrática de carácter general, los cuales difieren de las modalidades concretas de incidencia 5 “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. (…)

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40. Debido a la pretermisión del requisito de consulta previa, la norma acusada deviene inexequible en su integridad. Ello debido a que, en razón de constituir, por expreso mandato del Legislador, un régimen general y sistemático en materia de uso y aprovechamiento de los territorios rurales, (i) no resulta viable diferenciar entre las normas que afectan directamente a las comunidades y aquellas que no tienen ese efecto, amén de la posibilidad que en casos concretos cualquier disposición del EDR contraiga esa afectación; y (ii) la exclusión, en virtud de su inexequibilidad, de las normas que hagan referencia nominal a los pueblos indígenas y tribales, generaría un régimen discriminatorio en contra de los mismos, puesto que contribuiría a un déficit de protección jurídica, contrario a los derechos que la Constitución reconoce a dichas minorías étnicas.

Por último, la Sala considera pertinente señalar que esta decisión tiene los efectos ordinarios previstos en el artículo 45 de la Ley 270/96 – Estatutaria

de Administración de Justicia –, es decir, hacia futuro. (Resalto y subrayo) Lo decidido por la Corte resulta suficiente para concluir que desde el 18 de marzo de 2009, fecha en la cual declaró inexequible la ley 1152 de 2007 y por ende sus decretos reglamentarios, dichas disposiciones dejaron de producir efectos jurídicos, para recobrar vigencia las normas previstas en la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios que regulan los temas concernientes en materia agraria. La Resolución No 0378 que se acusa de ilegal fue expedida el 17 de noviembre de 2010, el auto que inició el procedimiento de revocatoria directa contra la Resolución No 0867 de 1 de noviembre de 2006 fue notificado el 3 de abril de 2009, y las citaciones, emplazamientos y demás diligencias se surtieron con posterioridad al 29 de marzo de 2009, por ende las disposiciones legales aplicables para resolver el caso concreto son la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios. Consecuente con lo anterior, se analizara lo dispuesto en la norma en cita y su decreto reglamentario en lo que refiere al procedimiento que se debe adelantar en materia de adjudicación de bienes baldíos y su revocatoria. La Ley 160 de 1994 en su artículo 72, establece. “ARTÍCULO 72. No se podrán efectuar titulaciones de terrenos baldíos en favor de personas naturales o jurídicas que sean propietarias o poseedoras, a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio nacional. Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, en el momento

de presentar la solicitud de titulación el peticionario deberá manifestar, bajo la 7

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente 51.901 (2012-10029) gravedad del juramento, si es o no propietario o poseedor de otros inmuebles rurales en el territorio nacional. Serán absolutamente nulas las adjudicaciones que se efectúen con violación de la prohibición establecida en este artículo. La acción de nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos podrá intentarse por el INCORA, por los Procuradores Agrarios o cualquier persona ante el correspondiente Tribunal Administrativo, dentro de los dos (2) años siguientes a su ejecutoria o desde su publicación en el "Diario Oficial", según el caso. La procedencia de esta acción se hará constar en todas las resoluciones de titulación de baldíos que expida el INCORA. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el INCORA podrá revocar directamente, en cualquier tiempo, las resoluciones de adjudicación de tierras baldías proferidas con violación a lo establecido en las normas legales o reglamentarias vigentes sobre baldíos. En este caso no se exigirá el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. En lo demás, el procedimiento de revocación se surtirá con arreglo a las prescripciones del Código de lo Contencioso Administrativo. Para la aplicación de las prohibiciones previstas en el presente artículo, se tendrán en cuenta, además, las adjudicaciones de terrenos baldíos efectuadas a

sociedades de las que los interesados formen parte, lo mismo que las que figuren en cabeza de su cónyuge, compañero permanente e hijos menores que no hayan obtenido habilitación de edad. Ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos para la titulación señalados por la Junta Directiva para las Unidades Agrícolas Familiares en el respectivo municipio o región. También serán nulos los actos o contratos en virtud de los cuales una persona aporte a sociedades o comunidades de cualquier índole, la propiedad de tierras que le hubieren sido adjudicadas como baldíos, si con ellas dichas sociedades o comunidades consolidan la propiedad sobre tales terrenos en superficies que excedan a la fijada por el Instituto para la Unidad Agrícola Familiar. Quien siendo adjudicatario de tierras baldías las hubiere enajenado, no podrá obtener una nueva adjudicación antes de transcurridos quince (15) años desde la fecha de la titulación anterior. Los terrenos baldíos adjudicados no podrán fraccionarse en extensión inferior a la señalada por el INCORA como Unidad Agrícola Familiar para la respectiva zona o municipio, salvo las excepciones previstas en esta Ley. Los Registradores de Instrumentos Públicos se abstendrán de registrar actos o contratos de tradición de inmuebles, cuyo dominio inicial provenga de adjudicaciones de baldíos nacionales, en los que no se protocolice la autorización del INCORA cuando con tales actos o contratos se fraccionen dichos inmuebles. La declaratoria de caducidad de los contratos relacionados con baldíos y la

reversión al dominio de la Nación se harán sin perjuicio de los derechos de terceros. 8

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente 51.901 (2012-10029) Las prohibiciones y limitaciones señaladas en los incisos anteriores, deberán consignarse en los títulos de adjudicación que se expidan” (Resalto y subrayo) La Corte Constitucional en sentencia C 255/12, declaró exequible el artículo 72 de la Ley 160 de 1994. “En el asunto que ahora ocupa la atención de la Sala se cuestiona la facultad otorgada al INCORA –hoy INCODERpara revocar en cualquier tiempo, sin el consentimiento escrito y expreso del respectivo titular, las resoluciones de adjudicación de tierras baldías proferidas con violación de normas legales o reglamentarias vigentes. A juicio del demandante, la no exigencia del aval para la revocatoria de tales actos desconoce el debido proceso (art. 29 CP), el principio de buena fe (art. 83 CP) y el derecho de acceso a la administración de justicia. Sin embargo, la Corte no comparte esta postura por las razones que a continuación se exponen. 6.3.- Como primera medida la Corte recuerda que la facultad de revocatoria directa de actos administrativos no se encuentra per se constitucionalmente prohibida. Es cierto que por regla general la administración no puede revocar unilateralmente sus propios actos, sino que debe acudir ante la jurisdicción de lo

contencioso administrativo a través de la llamada acción de lesividad, entre otras por razones de seguridad jurídica y confianza legítima. Pero también es cierto que excepcionalmente el Legislador puede autorizar la revocatoria unilateral sin que medie la anuencia del administrado, cuando ello obedezca a razones constitucionales importantes, existan elementos de juicio acreditados de manera suficiente y se ofrezcan al ciudadano todas las garantías para ejercer sus derechos de contradicción y defensa en el marco del debido proceso. 6.4.- En el caso del artículo 72 de la Ley 160 de 1994, la Corte observa que la facultad de revocatoria unilateral de los actos de adjudicación de baldíos, sin el consentimiento expreso y escrito del titular, responde a fines constitucionalmente valiosos: (i) está encaminada al cumplimiento de la función social de la propiedad; (ii) pretende asegurar el acceso progresivo a la tierra de los trabajadores agrarios; y (iii) se proyecta como una manifestación del deber del Estado de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, en su obligación de adoptar medidas de protección a favor de quienes, por su difícil condición económica, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta en el sector agropecuario. Por ello, cuando la adjudicación de bienes baldíos ha ocurrido con violación de lo previsto en las normas legales y reglamentarias, subyacen motivos que justifican una actuación directa de la Administración para adoptar los correctivos necesarios y restituir las cosas a su estado originario. No obstante, para ser coherente con sus precedentes jurisprudenciales y evitar interpretaciones contrarias a la Constitución, la Sala es categórica en advertir que

no cualquier incumplimiento de las normas autoriza la intervención unilateral de la administración. Una actuación de tal entidad sólo puede tener cabida ante actos manifiestamente ilegales o que deriven en la violación de requisitos sustantivos o materiales de la adjudicación de baldíos. Es decir, que afecten de manera sensible y directa los fines que subyacen en estos programas o que impliquen una grave distorsión de los mismos, cuando la titulación no recaiga en sus destinatarios legítimos –los sujetos de debilidad manifiesta del sector agropecuario, merecedores de la especial protección del Estado-, sino que termine en manos de quienes por sus privilegios económicos, sociales, políticos, o 9

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principio de la inmutabilidad o intangibilidad de los derechos subjetivos reconocidos por la administración a través de un acto administrativo”[30]. Así mismo, acorde con sus propios precedentes, la Corte aclara que “cuando el litigio versa sobre problemas de interpretación del derecho, como por ejemplo, el régimen jurídico aplicable, la aplicación de un régimen de transición, o la aplicación de un régimen especial frente a uno general, estos litigios deben ser definidos por los jueces competentes”[31], de conformidad con las reglas previstas en el Código Contencioso Administrativo, siendo improcedente la revocatoria directa sin el consentimiento previo de su titular. 6.5.- De otra parte, la Sala considera que la norma acusada no vulnera el artículo 29 de la Constitución, en la medida en que la revocatoria de actos de adjudicación de baldíos