PGN - ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Control de legalidad de un acto administrat

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Excluir del Registro de Elegibles para la provisión del cargo de magistrado COSA JUZGADA-Definición o concepto COSA JUZGADA-Jurisprudencia sobre los requisitos para su configuración Para que se configure la cosa juzgada es necesario que concurran tres requisitos: i) que los procesos versen sobre el mismo objeto, ii) se funden en la misma causa, y iii) que entre los dos procesos haya identidad jurídica de partes. COSA JUZGADA-El Consejo de Estado argumenta que contiene elementos formales y materiales COSA JUZGADA-En este caso entre el proceso de reparación directa y el de nulidad y restablecimiento del derecho se presentan los tres (3) elementos que la configuran Observa esta Delegada que entre el presente proceso de reparación directa y el de nulidad y restablecimiento del derecho al que se ha hecho referencia, se presentan los tres elementos concurrentes que deben darse para la configuración de la cosa juzgada: i) Los procesos versan sobre el mismo objeto. La acción de nulidad y restablecimiento del derecho tuvo por objeto obtener el control de legalidad de los actos demandados, y consecuencialmente, a título de restablecimiento del derecho, buscar el reintegro del demandante al puesto que ocupaba en el Registro Nacional de Elegibles para proveer el cargo de Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Seccionales de la Judicatura, el respectivo nombramiento y el pago de salarios y prestaciones sociales derivados del mismo, la actualización de los valores dinerarios que surgieran de la condena y el pago de intereses respectivos. En la acción que nos ocupa, de reparación directa, el

demandante persigue la indemnización por los perjuicios causados por la exclusión del demandante del mencionado Registro de Elegibles, y como concreción de esos perjuicios, el pago de salarios y prestaciones del cargo que habría ocupado si no hubiera sido excluido, con su correspondiente indexación e intereses, sólo que en ésta incluye a su esposa e hijos y la indemnización por perjuicios morales. ii) Los dos procesos tienen la misma causa, teniendo en cuenta que las razones fácticas por las cuales se demanda son las mismas. Al respecto, de la lectura del expediente, se concluye que los hechos analizados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho son los mismos que fundamentan la demanda de reparación directa objeto de análisis. iii) Identidad jurídica de partes. Se observa que tanto la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho como la de reparación directa se dirigieron contra la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Ahora, si bien en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no fue vinculada inicialmente la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN como demandada, el Consejo de Estado, al hacer el análisis sobre la legalidad de las Resoluciones mediante las Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 250002326000200800614 01 (41663) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2011-418986 cuales se excluyó del Registro de Elegibles antes mencionado al demandante,

concluyó que había sido equivocada y sin fundamento jurídico la actuación de dicha entidad, al momento de hacer la anotación de la amonestación en el registro de antecedentes disciplinarios y de expedir el respectivo certificado; y por tal razón, le dio la orden de borrar el registro ilegal, lo que, como ya se dijo, fue cumplido por esa entidad. No sobra advertir que en este caso la Procuraduría obró como ejecutora de una decisión judicial. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMEINTO DEL DERECHO-Control de legalidad de un acto administrativo de carácter particular y concreto/ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-En este caso sí se busca la sola indemnización de perjuicios, sin proponer un control de legalidad Lo primero que hay que decir, como lo ha venido sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, es que si lo que se pretende es cuestionar la legalidad de un acto administrativo de carácter particular y concreto, dicho control debe ejercerse a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, a voces del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo; y si lo que se busca es la sola indemnización de perjuicios, sin proponer un control de legalidad, la acción pertinente es la de reparación directa del artículo 86 del mismo Código. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Diferencia con la acción de reparación directa en que caso bajo estudio La acción escogida por el demandante fue la de nulidad y restablecimiento del derecho, que era la procedente, pues lo que buscaba era el control de legalidad de unos actos administrativos de carácter particular y concreto, y a partir de dicho

control, el restablecimiento del derecho consistente en la inclusión en la Lista de Elegibles para su eventual nombramiento, y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, que en estricto sentido es la reparación del daño, pretensión ésta que es coincidente con lo pedido a través de la demanda que nos ocupa. La diferencia es que en ésta se pidieron perjuicios morales, que bien pudo haberlos solicitado en la primera demanda, al tenor de la siguiente frase contemplada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo: “también podrá solicitar que se le repare el daño”; que al no elevarla en aquella demanda, ha de entenderse que la desechó, razón por la cual no podía pretender nuevamente la reparación a través de la acción actual de manera extemporánea. Con fundamento en lo anterior ha de determinarse que el fin perseguido con las dos acciones es el mismo. Bogotá D.C., 15 de noviembre de 2011 Doctora STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO Consejera Ponente – Sección Tercera – Subsección B Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 2 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 250002326000200800614 01 (41663) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2011-418986

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 11-243

Acción de Reparación Directa Radicado: 250002326000200800614 01 (41663)

Actor: Manuel Antonio Saray Gutiérrez y otros Demandado: Nación – Consejo Superior de la Judicatura –

Procuraduría General de la Nación Honorable Señora Consejera: En la oportunidad procesal correspondiente, esta Procuraduría Delegada emite concepto sobre el proceso de la referencia que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en los argumentos que se expondrán.

ANTECEDENTES

1-. Demanda Los señores MANUEL ANTONIO SARAY GUTIERREZ, LILIA ELVIRA RUIZ DIAZ, MANUEL ALEJANDRO SARAY RUIZ y LIDA JOHANA SARAY RUIZ, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, por intermedio de apoderado judicial, solicitaron al Juez Administrativo del Circuito de Bogotá declarar a la NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA administrativamente responsable de la injusta exclusión del doctor MANUEL ANTONIO SARAY GUTIERREZ del Registro Nacional de Elegibles para la provisión del cargo de Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Seccionales de la Judicatura, hecho ocurrido mediante las Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 3 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 250002326000200800614 01 (41663)

5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2011-418986 Resoluciones No. 1903 de julio 21 de 1999 y 3955 de noviembre 25 de 1999 proferidas por el Presidente de la SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA; y como consecuencia, condenar a la NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA a pagar a los demandantes la indemnización de perjuicios materiales y morales causados con dicha exclusión. Igualmente, solicitaron declarar que la NACION – PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION es administrativamente responsable de la ilegal, injusta y equivocada anotación en el Registro de Antecedentes como si el doctor MANUEL ANTONIO SARAY GUTIERREZ tuviera antecedentes disciplinarios en su contra, cuando en realidad sólo había sido amonestado y ello no constituía sanción disciplinaria de ninguna naturaleza; y como consecuencia, condenar a dicha entidad a pagar a la parte actora los perjuicios morales ocasionados con tal registro. Mediante auto del 28 de octubre de 2008, el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá resolvió remitir por competencia las diligencias al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual admitió la demanda el 18 de diciembre del mismo año. 2-. Contestación de la demanda 2.1. La NACION – RAMA JUDICIAL contestó la demanda oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones y proponiendo las excepciones de caducidad de la acción de reparación directa, cosa juzgada, defecto de forma por omitir señalar como demandada a la RAMA JUDICIAL, falta de causa

para demandar y falta de legitimación por pasiva, con base, entre otros, en los argumentos que se transcriben a continuación: “El demandante invocando el artículo 86 del C.C.A., instaura demanda de reparación directa, basado, conforme se desprende del petitum, los hechos y demás acápites, en el supuesto daño causado por unos actos administrativos, respecto de los cuales ya ejerció la acción de nulidad y restablecimiento del derecho obteniendo sentencia conforme registra e invoca constantemente en su escrito de demanda. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 4 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 250002326000200800614 01 (41663) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2011-418986 Acorde con lo anterior, no solo equivoca la acción a impetrar sino que puede decirse que sobre los hechos materia de debate se genera cosa juzgada. Adicional a lo anterior y de realce en este acápite, de admitirse en gracia de discusión la procedencia de la presente acción, la misma está caducada. En efecto, el día 4 de Junio de 2008, cuando se presentó la demanda, ya había expirado el plazo para proponerla porque según lo establece el artículo 136 del C.C.A. numeral 8, la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación. Así pues, según el demandante, el hecho de la administración que le ocasiona el daño antijurídico y que genera la

reparación está representado en las Resoluciones 1903 de 21 de Julio de 1999 y 3955 de Noviembre 25 de 1999; actos administrativos mediante los cuales fue excluido del Registro de Elegibles para el Cargo de Magistrado de Sala Disciplinario al aquí demandante; es decir, han pasado más de dos años desde la notificación y ejecutoria de los Actos Administrativos y el ejercicio de esta acción, por ello ha caducado. (…) Es improcedente la acción porque las Resoluciones ya enunciadas no son hechos administrativos, no son operaciones administrativas, no se demostró el daño antijurídico originado, y al cuestionar la validez o legalidad de las Resoluciones (Actos Administrativos) mediante las cuales se le excluyó del Registro, la acción que procede es la de Nulidad y Restablecimiento acción de la cual ya hizo uso el aquí demandante existiendo ya sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado el 14 de junio de 2007… (…) Adicional a lo anterior, en acatamiento a la orden dada por el H. Consejo de Estado en la sentencia ya varias veces referida, a título de restablecimiento del derecho se le incluyó en el registro de elegibles, siendo nombrado por la autoridad correspondiente, declinando por su expresa voluntad a su aspiración por estar inhabilitado para su ejercicio. (…) …está demostrado con la conducta del Consejo Superior de la Judicatura que ya se le restableció en el derecho al demandante y no tiene fundamento legal para solicitar nuevamente el pago de salarios o indemnización de perjuicios ahora por otra vía.” 2.2. La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION se opuso igualmente

a todas y cada una de las declaraciones y condenas solicitadas por los demandantes, propuso la excepción de cosa juzgada y expuso en su defensa las siguientes razones: “En este caso concreto, se observa con meridiana claridad que, de acuerdo al recuento y análisis que hace la ponente en la sentencia de 14 de junio de 2007 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 5 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 250002326000200800614 01 (41663) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2011-418986 la que se resolvió el proceso 2500023250002000 04280-01 promovido por Manuel Antonio Saray Gutiérrez contra el Consejo Superior de la Judicatura, las pretensiones propuestas eran las de anular los actos administrativos incoados y a manera de restablecimiento o reparación pidió el reintegro a la lista de elegibles, el nombramiento en una magistratura y el pago de salarios y prestaciones correspondientes a ese cargo a partir del 9 de febrero de 2000. Como se ve, la pretensión resarcitoria invocada en el proceso de nulidad y restablecimiento mencionado intentó obtener una reparación al supuesto daño causado por los actos declarados ilegales, petición desechada por el Consejo de Estado en el entendido de que el demandante tenía meras expectativas dentro de la lista de elegibles y ni siquiera llegó a alcanzar los primeros puestos de tal enumeración. Igualmente en el presente proceso de reparación directa, de naturaleza

también resarcitoria, el demandante Saray Gutiérrez pretende obtener el pago de los hipotéticos perjuicios materiales y morales causados por el Consejo Superior de la Judicatura con la expedición de los actos administrativos declarados ilegales por el Consejo de Estado en sentencia de junio 14 de 2007. El objeto de ambas acciones, se repite en su esfera resarcitoria, es pues idéntico, como es obtener el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir, teniendo presente que tal petición fue negada en el proceso 25000232500020000428001.” 3-. Sentencia El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción de cosa juzgada propuesta por las demandadas y negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las consideraciones que se citan enseguida: “Como prueba dentro de este proceso, se allegó el expediente 22632005, que contiene el proceso adelantado ante la Sección Segunda de este Tribunal, donde el H. Consejo de Estado, al resolver el recurso de apelación contra la sentencia de 10 de junio de 2004, declaró la nulidad de los actos administrativos anteriormente mencionados, y ordenó “como medida de restablecimiento del derecho que el Consejo Superior de la Judicatura, proceda a incluir en la lista de elegibles, vigente a la fecha de esta sentencia Judicatura, al señor SARAY GUTIÉRREZ MANUEL ANTONIO, en las condiciones anotadas en el cuerpo de esta providencia.” Y negó las demás pretensiones de la demanda (Negrillas y subrayado fuera del texto) (fl. 412-413 c.3) Las demás pretensiones de la demanda, precisamente son las que el

demandante presentaba como los salarios y prestaciones que había dejado de devengar supuestamente, frente al cargo de magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria (fl. 44-45 c.3), sin detenerse en el hecho de que aquello era una mera expectativa, pues este derecho no se daba porque simplemente fuera incluido en la lista de elegibles y menos aún al no ocupar uno de los primeros lugares del listado. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 6 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 250002326000200800614 01 (41663) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2011-418986 La Sala advierte, que en el sub lite se encuentran los elementos configurativos de la res iudicata, puesto que existe identidad de hechos, de pretensiones y de partes con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000232500020000428001 (226305) que fue fallada por la Sección Segunda de esta Corporación y que por vía del recurso de apelación conoció la Sección SegundaSubsección “A” del H. Consejo de Estado, con la decisión que se señaló en el párrafo precedente.” 4-. Recurso La parte demandante presentó recurso de apelación, en el que solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y se declare la responsabilidad patrimonial de las demandadas, con base en los siguientes argumentos: “…la acción que se instauró fue precisamente la de nulidad y restablecimiento del derecho, como era apenas lo procedente y apenas lógico, además porque era precisamente mediante dicha acción que se

declararía si efectivamente los actos acusados estaban o no conforme a derecho y como quiera que se demostró y así se declaró, que los mismos fueron proferidos con violación de los artículos 169 y 176 del decreto 1660 de 1978, declarando la nulidad de dichos actos. Ahora bien, una vez obtenida la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones Nos. 1903 de Julio 21 de 1999 y 3955 de Noviembre 25 de 1999 proferidas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura …, mediante acción de Reparación Directa contra la NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, se trata de obtener el resarcimiento de los perjuicios causados al actor y su familia por el daño antijurídico causado por el equivocado accionar tanto del mencionado Consejo Superior de la Judicatura, como de la Procuraduría General de la Nación. (…) Si estudiamos con detenimiento el caso que nos ocupa, podríamos concluir que no se han dado los requisitos para que exista cosa juzgada, como erróneamente lo considera el Tribunal, porque si bien es cierto que existe identidad jurídica de partes, en ninguna parte podemos afirmar que los procesos versaron sobre el mismo objeto ni que tuvieron la misma causa, porque como antes se expresó y está claramente determinado, una cosa es instaurar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y obtener como resultado la nulidad de los actos administrativos acusados y otra situación totalmente diferente es instaurar una acción de reparación directa, que

busca obtener el resarcimiento de unos perjuicios causados por la expedición irregular de dichos actos administrativos. En otras palabras, la acción de reparación directa nació del resultado de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, es decir, si no hubiere prosperado la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, no se habría instaurado la acción de reparación directa, toda Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 7 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 250002326000200800614 01 (41663) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2011-418986 vez que no estaba demostrada la falla, el error en que incurrió la administración; contrario sensu, como quiera que con la sentencia proferida por el H. Consejo de Estado, se determinó la responsabilidad de la entidad demandada y como consecuencia de ello la nulidad de los actos demandados, surgió la responsabilidad del Estado con su erróneo accionar, lo que generó la posibilidad de reclamar los perjuicios que se causaron con tal proceder, como efectivamente se hizo.” CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO PROBLEMA JURÍDICO ¿Hay cosa juzgada en el caso concreto, en el que los demandantes, a través de la acción de reparación directa persiguen la indemnización por los perjuicios causados por las Resoluciones 1903 y 3955 de 1999 proferidas por el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Resoluciones cuya nulidad fue declarada por el Consejo de

Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el mismo demandante contra la NACION – CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA?

ANÁLISIS JURÍDICO La cosa juzgada es una consecuencia jurídica de las sentencias o decisiones judiciales, que brinda seguridad jurídica al otorgarles intangibilidad e inimpugnabilidad1. El artículo 175 del Código Contencioso Administrativo establece: “Art. 175. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgad erga omnes pero sólo en relación con la causa petendi juzgada. 1 Ver la Sentencia proferida por el Consejo de Estado el 28 de enero de 2009. Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ. Radicación número: 11001-03-26-000-2007-00046-01(34239).

Actor: INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES-INCO. Demandado: CONCESIONARIA VIAL DE

LOS ANDES S.A.-COVIANDES.

Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 8 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 250002326000200800614 01 (41663) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2011-418986 La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa siempre que entre ambos

procesos haya identidad jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración a su favor. Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios.” De igual forma, el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil dispone: “La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. Se entiende que hay identidad jurídica de partes, cuando las del segundo proceso son sucesores mortis causa de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda, si se trata de derechos sujetos a registro y al secuestro en los demás casos. La sentencia dictada en procesos seguidos por acción popular produce cosa juzgada erga omnes. Los efectos de la cosa juzgada en procesos en que se ventilen cuestiones relativas al estado civil de las personas, se regularán por lo dispuesto en el Código Civil y leyes complementarias. En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento. La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.”

Con fundamento en los preceptos en cita, el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo ha señalado en su jurisprudencia los requisitos para la configuración de la cosa juzgada, en los siguientes términos: “A partir de estas normas, - art 175 del CCA, y art. 332 del CPC. y para efectos del presente proceso, hay que destacar que los requisitos establecidos en ambos códigos, para que se configure la cosa juzgada, son tres (3), cuya presencia debe ser concurrente: que los procesos versen sobre el mismo objeto, que tengan la misma causa y que exista identidad jurídica de partes. Con lo que ha denominado la doctrina, la trilogía de identidades. Sobre la identidad jurídica de partes, es claro que si se trata exactamente de las mismas partes que actuaron en el proceso anterior y que actúan en el nuevo, entonces sin duda se cumple este requisito, pese a que la norma lo que exige es la “identidad jurídica de partes”, lo que denota que físicamente no tienen que ser necesariamente las mismas personas. No se trata, pues, de una Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 9 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 250002326000200800614 01 (41663) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2011-418986 identidad física, sino jurídica. Para la Sala el objeto del proceso radica no sólo en las pretensiones sino también en la sentencia como un todo, pues la pretensión es sólo el petitum de la demanda, mientras que el proceso judicial también se ocupa de revisar los hechos en que el

mismo se apoya, para definir si, en caso de ser ciertos tal como se plantean y se prueban, se pueda seguir una determinada decisión judicial. En este orden de ideas, resulta claro que lo sometido al proceso no es sólo la pretensión sino también los hechos que la fundamentan, resumidos en la sentencia que declara alguna de las posibilidades jurídicas planteadas en el proceso. La identidad de causa se refiere a que las razones fácticas por las cuales se demanda sean las mismas. De manera que cuando la causa de la demanda es la misma, se configura este tercer supuesto de la cosa juzgada. De no ser exactamente así, el proceso es diferente y no se configura esta institución procesal.”2 Como se observa, para que se configure la cosa juzgada es necesario que concurran tres requisitos: i) que los procesos versen sobre el mismo objeto, ii) se funden en la misma causa, y iii) que entre los dos procesos haya identidad jurídica de partes. Además, respecto de los artículos 175 del Código Contencioso Administrativo y 332 del Código de Procedimiento Civil, ha explicado el Consejo de Estado que contienen elementos formales y materiales, así: “A la cosa juzgada o “res judicata” se le ha asimilado al principio del “non bis in idem”, y tiene por objeto que los hechos y conductas que han sido resueltas a través de cualquiera de los medios aceptados por la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto obliga a las partes por cuanto lo decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por lo tanto, plena eficacia jurídica, es por ello

que la cosa juzgada comprende todo lo que se ha disputado. Desde un punto de vista genérico, la cosa juzgada está regulada en los artículos 332 del C.P.C. y 175 del C.C.A., en los cuales se contienen los elementos formales y materiales para su configuración. El formal implica que no es posible volver sobre una decisión tomada en providencia ejecutoriada, dentro del mismo proceso, o en otro en el que se debata la misma causa petendi y fundamentos jurídicos, lo anterior, para garantizar la estabilidad y la seguridad propia de la esencia del orden jurídico. Por su parte, el material, hace alusión a la intangibilidad de la sentencia en firme, pues se tiene por cierto que la actividad jurisdiccional se ocupó plenamente de la relación objeto de la contienda y que esta fue decidida con la plenitud de las formas propias del juicio.”3 2 Sentencia proferida por el Consejo de Estado el 10 de noviembre de 2005. Consejero ponente: ALIER EDUARDO HERNANDEZ ENRIQUEZ. Radicación número: 25000-23-26000-1993-08296-01(14109). Actor: SOCIEDAD INGESUELOS. Demandado: DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE LA AERONAUTICA CIVIL.

Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 10 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 250002326000200800614 01 (41663) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2011-418986 CASO CONCRETO En ejercicio de la acción de reparación directa, la parte demandante pretende

que se declare administrativamente responsable a la NACION - RAMA JUDICIAL, por haber excluido al señor MANUEL ANTONIO SARAY GUTIERREZ del Registro de Elegibles para la provisión del cargo de Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Seccionales de la Judicatura; y a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por la anotación de una amonestación en el Registro de Antecedentes del doctor SARAY GUTIERREZ como si se tratara de una sanción disciplinaria, anotación que fundamentó la mencionada exclusión. Y en consecuencia, pretende se condene a las demandadas al pago de la indemnización por concepto de perjuicios morales y materiales. En relación con los perjuicios materiales, es necesario anotar que según lo indicado por la parte actora, están constituidos por las diferencias salariales existentes entre el cargo de Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Seccionales de la Judicatura y el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito, cargo que continuó desempañando el doctor MANUEL ANTONIO SARAY GUTIERREZ, desde el 21 de julio de 1999, fecha de la Resolución No. 1903 por la cual la PRESIDENCIA DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA lo excluyó del ya mencionado Registro de Elegibles, hasta el 10 de junio de 2004, fecha en que se produjo su retiro del servicio. Narra la parte demandante que de conformidad con los Acuerdos Nos. 150 de 1995 y 179, 191 y 262 de 1996, el señor MANUEL ANTONIO SARAY

GUTIERREZ se inscribió y fue admitido en el concurso de méritos para la conformación del Registro Nacional de Elegibles para el cargo de Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Seccionales de la 3 Sentencia del 19 de octubre de 2007. Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO. Bogotá D.C. Radicación número: 05001-23-31-000-1998-02290-01(29273)A. Actor: ROBERTO ZULETA ARANGO Y OTROS.

Demandado: NACION - MINISTERIO DE DEFENSAEJERCITO NACIONAL.

Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 11 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 250002326000200800614 01 (41663) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2011-418986 Judicatura, y que después de haber sido incluido en dicho Registro, fue excluido del mismo mediante la Resolución No. 1903 del 21 de Julio de 1999, por el incumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria, por haber sido “sancionado con amonestación mediante providencia ejecutoriada el 25 de julio de 1985”, según el certificado de antecedentes disciplinarios No. 1999-132812 de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, sin considerar que tal amonestación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 176 del Decreto 1660 de 1978 no constituía una sanción disciplinaria. Menciona que luego de que dicha exclusión fuera confirmada mediante la

Resolución No. 3955 del 25 de noviembre de 1999 del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,