PGN - ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Nulidad de actos que declaran el incumplimi

Expediente 43.846 (2007-00617) ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Nulidad de actos que declaran el incumplimiento de oferta de una licitación COPIAS SIMPLES-Tienen valor probatorio Si bien esta Agencia del Ministerio Público venía conceptuando aplicando con rigor la previsión contenida en el artículo 254 del C.P.C. sobre la autenticidad de las copias, considerando principios constitucionales y la evolución de la jurisprudencia modificó su tesis para considerar viable que las copias sean valoradas, acogiendo reciente posición jurisprudencial del Consejo de Estado. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Para los actos precontractuales es de treinta días/CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Jurisprudencia del Consejo de Estado Empero, cuando dicha acción se ejerce respecto de actos precontractuales, el término máximo para acudir a la jurisdicción contenciosa es de 30 días contados a partir del día siguiente a su comunicación, notificación o publicación, tal y como lo prevé el artículo 87, inciso 2, del C.C.A., modificado por el artículo 32 de la ley 446 de 1998. Los actos administrativos demandados corresponden a la categoría de actos precontractuales, esto es proferidos antes de la celebración del contrato, pues refieren de manera concreta a la declaratoria de siniestro de incumplimiento de seriedad de la oferta y su confirmatoria, precisamente por no haberse suscrito el contrato de compraventa dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones.

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No 205 /2012

Bogotá, D.C., 6 de agosto de 2012

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PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente 43.846 (2007-00617) Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente Dr. ENRIQUE GIL BOTERO

E. S. D.

Ref: Proceso No 43.846 (25000232600020070061701) Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Actor: MILTON REYES REYES Demandado: NaciónMinisterio de la Protección Social Social El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1 Demanda.- MILTON REYES REYES, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, instauró demanda1 en contra de la NaciónMinisterio de la Protección Social, con el fin obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones No 00226 de 1 de febrero de 2007, por medio de la cual declaró el siniestro de incumplimiento de seriedad de la oferta de Gerardo Antonio Alvarado Parra en la licitación MPS-0120-2006, como la confirmatoria de la anterior, contenida en la No 1163 de 20 de abril del mismo año, y aquella que negó la solicitud de revocatoria directa de tales decisiones, contenida en la No

1145 de 15 de mayo de 2007, pues en sentir del actor se encuentran viciadas de falsa motivación. Como consecuencia de tal declaración, y a título de restablecimiento del derecho, solicita se ordene que el señor Gerardo Antonio Alvarado Parra y el demandante Milton Reyes Reyes, como cesionario de los derechos y acciones de aquél, no están obligados a pago alguno a favor del Ministerio de la Protección Social o de la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. Que en el evento que hubiesen tenido que pagar alguna suma de dinero como consecuencia de la declaratoria de siniestro por incumplimiento de la oferta, se ordene a la entidad demandada a devolver tales sumas debidamente indexadas, junto con los intereses moratorios. 116 de agosto de 2007 (fl 16 vlto c. ppl )

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004949 de 15 de diciembre de 2006, le adjudicó la licitación referida. Que dentro de los términos de referencia de la licitación se indicó que el adjudicatario debía suscribir con una compañía de seguros póliza de seriedad de la oferta, obligación que cumplió el señor Alvarado al adquirir la póliza No 994000005548 con la Aseguradora Solidaria de Colombia, por valor de $209.300.000. Que el señor Alvarado no pudo cumplir con la suscripción del contrato de compraventa dentro del término establecido, pues se presentó un hecho grave como fue el secuestro de su hijo en el departamento del Meta. Que tal hecho de fuerza mayor se dio a conocer al Ministerio de la Protección Social por medio de su socio señor Milton Reyes Reyes, quien además solicitó ampliación del plazo para la firma de la compraventa. Que no obstante lo anterior, la entidad demandada mediante los actos administrativos atacados, declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento de oferta y ordenó adelantar los trámites para el reconocimiento de las indemnizaciones, con lo cual desconoció los derechos del adjudicatario y las medidas de protección a las víctimas del secuestro y sus familias de que trata la ley 986 de 2005. Que, por las difíciles circunstancias por las que atraviesa el señor Alvarado Parra, cedió mediante documento privado los derechos y acciones que le llegasen a corresponder por razón de las pretensiones de nulidad y restablecimiento del

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente 43.846 (2007-00617) derecho que se ventilan en el presente proceso, cesión que le fue comunicada al Ministerio presentado copia del contrato de cesión. 1.2 Admisión de la demanda.- Admitida la demanda, se ordenó notificar al Ministerio de la Protección Social y se citó como litis consorte necesario a la Sociedad Aseguradora Solidaria de Colombia (fls 93 a 94 c. ppa). Esta última interpuso recurso de reposición, solicitando la desvinculación del proceso; el Tribunal atendió la solicitud (fls155 a 156 c. ppa) 1.3 Contestación de la demanda.- La entidad demandada (fls 129 a 142 c. ppal) se opuso a las pretensiones, por considerar que los actos administrativos se ajustan a derecho, pues los efectos de suspensión de los efectos patrimoniales y exigibilidad de las obligaciones por razón de secuestro, opera solamente para los secuestrados y de manera extendida para los garantes o codeudores, eventos que no corresponden al supuesto expuesto por el demandante, pues la obligación que surgió de la licitación pública no estaba en cabeza del hijo del señor Alvarado Garzón y éste último tampoco actuó como codeudor o garante de aquel. Precisó que la Aseguradora Solidaria de Colombia ya pagó al Ministerio de la Protección Social la suma de $209.300.00. Propuso la excepción de cobro de lo no debido. Alega. que el demandante no

tiene poder para en nombre de otro (Aseguradora) exigir la devolución de suma alguna, pues la relación asegurado (demandante) asegurador (Compañía de Seguros) es entre ellos dos, por ende no puede afectar a un tercero (Ministerio). En consecuencia el pago que ya hizo la aseguradora no tiene porque ser asumido por el Ministerio. 1.4 Sentencia de primera instancia.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca2 declaró la falta de legitimación en la causa por activa. Para el a-quo, si bien la demanda fue incoada por Milton Reyes Reyes, en su condición de cesionario de los derechos litigiosos, acciones y demás que le 2 En sentencia de 11 de noviembre de 2011 (fls 202 a 205 c.3)

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cesión de derechos litigiosos y acciones debe estimarse como prueba.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Para desatar la litis corresponde resolver, en su orden, los siguientes problemas jurídicos: (i) Valor probatorio de las copias simples (ii) Caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando se trata de actos precontractuales; y sólo en el evento en que dicho fenómeno no haya operado, (iii) Establecer si los actos administrativos que se atacan de ilegales se encuentran o no viciados de falsa motivación y determinar si procede o no atender las pretensiones que a titulo de restablecimiento del derecho se reclaman por el actor.

(i) Valor probatorio de las copias simples. Si bien esta Agencia del Ministerio Público venía conceptuando aplicando con rigor la previsión contenida en el artículo 254 del C.P.C. sobre la autenticidad de las copias, considerando principios constitucionales y la evolución de la jurisprudencia modificó su tesis para considerar viable que las copias sean valoradas, acogiendo reciente posición jurisprudencial del Consejo de Estado3: “2.1. La entidad demandada allegó en copia simple varios de los documentos que integraron el expediente administrativo de protección a favor del menor 3SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C. 9 de mayo de 2011. Radicación número: 05001-23-31-000-2001-0154602(36912)

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Expediente 43.846 (2007-00617) Sebastián Rojo Jiménez, medios de convicción que serán valorados en esta instancia por las siguientes razones: i) porque son documentos cuyos originales se encuentran en poder del ICBF –concretamente en sus archivos–, ii) fueron aportados por el propio instituto, razón adicional para reconocerles valor probatorio, y iii) en los términos de esta Subsección, es procedente apreciar las copias simples siempre y cuando hayan obrado a lo largo del plenario, conforme al principio constitucional de buena fe, puesto que han estado sometidas al principio de contradicción, por las partes. Sobre el particular, en reciente providencia se discurrió así: “Lo primero que advierte la Sala es que el proceso penal fue aportado en copia simple por la parte actora desde la presentación de la demanda, circunstancia que, prima facie, haría invalorable los medios de convicción que allí reposan. No obstante, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor probatorio a la prueba documental que si bien se encuentra en fotocopia, ha obrado en el proceso desde el mismo instante de presentación del libelo demandatorio y que, por consiguiente, ha surtido el principio de contradicción. “En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de las sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial. “ En el caso sub examine , por ejemplo, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue acompañada con la

demanda y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se entregó como anexo de la misma, circunstancia que no acaeció, tanto así que los motivos de inconformidad y que motivaron la apelación de la providencia de primera instancia por parte de las demandadas no se relacionan con el grado de validez de las pruebas que integran el plenario sino con aspectos sustanciales de fondo que tienen que ver con la imputación del daño y con la forma de establecer la eventual participación en la producción del mismo. “Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor probatorio a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas. “El anterior paradigma fue recogido de manera reciente en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –que entra a regir el 2 de julio de 2012– en el artículo 215 determina que se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tienen el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas; entonces, si bien la mencionada disposición no

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PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente 43.846 (2007-00617) se aplica al caso concreto, lo cierto es que con la anterior o la nueva

regulación, no es posible que el juez desconozca el principio de buena fe y la regla de lealtad que se desprende del mismo, máxime si, se insiste, las partes no han cuestionado la veracidad y autenticidad de los documentos que fueron allegados al proceso.”4 (resalto y subrayo) Tanto el contrato de cesión de derechos litigiosos y acciones celebrado entre Gerardo Antonio Alvarado Parra (cedente) y Milton Reyes Reyes (cesionario), con respecto a las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derechos que se alegan en el presente proceso (fls 18 c. ppal), como la comunicación que de ello le fue remitida al Ministerio de la Protección Social (fl 17 c. ppal) fueron aportados en copia simple por la parte actora, soportes documentales que serán estimados como prueba, pues fueron allegados junto con la demanda, obraron como prueba a lo largo del proceso, y no fueron tachados por la entidad demandada, quien no cuestionó su veracidad ni autenticidad. La condición de cesionario de los derechos litigiosos y acciones que invoca el señor MILTON REYES REYES se acreditó con el referido contrato de cesión (fls 18 c. ppal), en donde consta que Gerardo Antonio Alvarado Parra. “Cede y transfiere los “derechos litigiosos, acciones y demás que le correspondan o se le atribuyan por parte del Ministerio de la Protección Social relacionados con las pretensiones de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, ocasionados por los siguientes Actos Administrativos: Resolución No 0226 de 1° de febrero de 2007, que declaró el siniestro de incumplimiento de oferta. Resolución No 1163 de 20 de

abril de 2007, que confirmó por vía de reposición la anterior. Resolución No 1445 del 15 de mayo de 2007, donde no se revoca la Resolución No 0226 del 1° de febrero de 2007, mediante la cual se declaró el siniestro de incumplimiento. Resoluciones proferidas por la Secretaría General del Ministerio de la Protección Social (…) CUARTA ASPECTO JURIDICO.- El presente contrato constituye el título de cesión que según las voces del artículo 1959 del Código Civil, deberá presentar el CESIONARIO ante la entidad respectiva, en este caso el Ministerio de la Protección Social o quien haga sus veces para derivar los efectos de notificación de que trata el artículo 1961 ibídem (…)” 4 (pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de marzo de 2011, exp. 20171, M.P. Enrique Gil Botero.

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PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente 43.846 (2007-00617) Dicha cesión le fue informada al Ministerio de la Protección Social mediante comunicación de 19 de junio de 2007, con fecha de radicado del mismo día y año, de donde se infiere la aceptación tácita de la entidad demandada como lo dispone el artículo 1962 del Código Civil5. Por tanto el hoy demandante se encuentra legitimado en la causa por activa para reclamar la declaratoria de nulidad y restablecimiento del derecho de los actos

administrativos que cuestiona de ilegales. (ii) Caducidad de la acción La regla general para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de acuerdo con el artículo 136 del C.C.A (modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998), es que ésta caducará al cabo de “cuatro meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso…” Empero, cuando dicha acción se ejerce respecto de actos precontractuales, el término máximo para acudir a la jurisdicción contenciosa es de 30 días contados a partir del día siguiente a su comunicación, notificación o publicación, tal y como lo prevé el artículo 87, inciso 2, del C.C.A., modificado por el artículo 32 de la ley 446 de 1998: “Art. 87.- De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se ordene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas. Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la 5 “ACEPTACION TACITA DE L CESION (…) La aceptación consistirá en un hecho que la suponga, como la litis

contestación con el cesionario (…)”

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PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente 43.846 (2007-00617) celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato. (...)” (resalto y subrayo) El Consejo de Estado6, precisó como debía operar el ejercicio de las acciones contra los actos precontractuales: “considera la Sala que un correcto entendimiento del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo reformado por la Ley 446, permite concluir que los actos administrativos producidos por la Administración dentro de los procesos de selección de contratistas y con anterioridad a la celebración del respectivo contrato, permite que los mismos sean demandados a través de las acciones y dentro de los términos que, a manera de ilustración, se precisan a continuación: 1º. En ejercicio de la acción de simple nulidad dentro de los 30 días siguientes a su comunicación, notificación o publicación, siempre que no se hubiere celebrado el correspondiente contrato; 2º. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de los 30 días siguientes a su comunicación, notificación o publicación, siempre que no se hubiere celebrado el correspondiente contrato; 3º. En ejercicio de la acción contractual, la cual supone la celebración previa del correspondiente contrato adjudicado y sólo como causal de nulidad del mismo, dentro de los dos años siguientes a tal celebración.

4º. En este último caso, si la demanda se presenta por quien pretende obtener la reparación de un daño derivado del acto administrativo previo y lo hace dentro de los 30 días siguientes a la notificación, comunicación o publicación del mismo, debe tenerse presente que la ley exige o impone una acumulación de pretensiones, esto es las que corresponden a las acciones contractual y las propias de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto en este caso el demandante, al ejercer la acción contractual, deberá solicitar tanto la declaratoria de nulidad del contrato estatal como la declaratoria de nulidad del acto administrativo precontractual, que a su vez le servirá de fundamento a aquella y como consecuencia de tal declaratoria, podrá pedir la indemnización de los perjuicios que tal decisión le haya infligido. 6 Sección Tercera, sentencia de 4 de febrero de 2010, Exp 16540

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PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente 43.846 (2007-00617) Contrario sensu, es decir, si han transcurrido más de 30 días desde la comunicación, notificación o publicación del acto administrativo precontractual, si bien en principio el ordenamiento en estudio parece autorizar la presentación de la demanda en ejercicio de la acción contractual con el fin de obtener la declaratoria de nulidad del respectivo contrato con base en o partir de la nulidad del acto precontractual, que también deberá pretenderse, lo cierto es que en este caso no

podrá ya elevarse pretensión patrimonial alguna, puesto que habrá caducado la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que se habría podido acumular en la misma demanda; en consecuencia, en esta hipótesis fáctica, sólo habrá lugar a analizar y decidir sobre la validez del contrato demandado, a la luz de la validez o invalidez del acto administrativo que se cuestiona, sin que haya lugar a reconocimiento patrimonial alguno a favor del demandante.” (resalto y subrayo) La normativa y referente jurisprudencial en cita, vistos a la luz de los soportes documentales aportados al proceso, permiten al Ministerio Público concluir que para la fecha en que el actor instauró la demanda (16 de agosto de 2007) ya había operado la caducidad de la acción. Veamos: Los actos administrativos demandados corresponden a la categoría de actos precontractuales, esto es proferidos antes de la celebración del contrato, pues refieren de manera concreta a la declaratoria de siniestro de incumplimiento de seriedad de la oferta y su confirmatoria, precisamente por no haberse suscrito el contrato de compraventa dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones. La Resolución No 0226 de 1 de febrero de 2007 (fls 21 a 24 c. ppal) por la cual se declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento de la propuesta presentada por Gerardo Antonio Alvarado Parra y ordenó adelantar los trámites para obtener el reconocimiento del riesgo amparado por la póliza de seriedad de la oferta No 994000005548, se notificó tanto al oferente – Gerardo Antonio

Alvarado Parra, como a la Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia7. El señor Gerardo Antonio Alvarado Parra, interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución No 1163 de 20 de abril de 2007, confirmando en todas sus partes la Resolución No 226 de 1 de febrero de 2007, acto que le fue 7 Así consta en el acto administrativo visto a folios 75 a 84 c. ppal y en la constancia de notificación personal (fl 58 c. ppal)

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PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente 43.846 (2007-00617) notificado al señor Gerardo Antonio Alvarado Parra8 y a la Compañía de Seguros, advirtiendo que contra éste no procedía recurso alguno y por ende quedada agotada la vía gubernativa (fls 75 a 84 c. ppal). Por tanto los 30 días hábiles para instaurar la demanda se vencieron el 5 de junio de 2007, como ésta se presentó el 16 de agosto del mismo año (fls 16 vlto c. ppal), resulta forzoso concluir que para esa fecha ya había operado la caducidad de la acción. El hoy demandante pretende reclamar ante la jurisdicción contenciosa la nulidad de unos actos administrativos precontractuales respecto de los cuales ya no es posible obtener pronunciamiento alguno y amparado en la fecha de notificación del acto de revocatoria directa 1 de junio de 2007 (fl 19 c. ppal) busca revivir el

término con que contaba para acudir a la jurisdicción. El 29 de junio de 2007 presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Novena Judicial (fls 73 c. ppal), con el fin de suspender el término de caducidad, diligencia que fracasó el 30 de julio de 2007 por falta de ánimo conciliatorio, en cuyo caso el plazo de caducidad se reanudaría a partir del día siguiente y en esa medida tendría hasta el 16 de agosto de 2007 como fecha máxima para demandar. Para el Ministerio Público no es posible aceptar, como de manera equivocada lo pretende hacer creer la parte demandante, que el término de caducidad de los 30 días hábiles fue suspendió y mucho menos que éstos se reanudaron a partir del día siguiente de la fallida conciliación, pues para ese momento ya había operado la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Cabe aclarar que el acto administrativo contenido en la Resolución No 1445 de 15 de mayo de 2007 por “la cual se decide una solicitud de revocatoria directa” interpuesta por la Cooperativa Aseguradora Solidaria de Colombia y confirmó en todas sus partes la Resolución No 226 de 1 de febrero de 2007 (fls 59 a 68 c. ppal), no puede considerarse para efectos de contabilizar el término de los 30 días hábiles para interponer la acción, pues ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ésta llegase a recaer revivirán los términos legales 8 Así lo indicó la entidad demandada al contestar la demanda: Constancia de notificación personal al señor Milton Reyes

Reyes de la notificación de la Resolución 1163 de 20 de abril de 2007 (fl 141 c. ppal)

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Estima la Corte que sin expresa definición legal, ni la petición de revocación ni la decisión que sobre ella recaiga, pueden revivir los términos para iniciar las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo contrario configuraría un posible desconocimiento a la ley que señala los términos de caducidad de las acciones contencioso administrativas y su riguroso deber de cumplimiento; además, la revocatoria directa asegura un instrumento gubernativo para obtener en cualquier tiempo el restablecimiento del derecho conculcado y que la Administración mantenga la vigencia y el vigor el ordenamiento jurídico; en consecuencia, no es una opción de agotamiento de la vía gubernativa en el sentido procesal del término y su utilización no comporta la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, puesto que mediante esta vía el particular no pueden retrotraer los efectos de los actos administrativos ni de la vía gubernativa (…)” (resalto y subrayo) Dentro de este contexto ha de precisarse que las acciones que proceden ante la jurisdicción contencioso administrativa deben ejercerse dentro del término legal establecido, pues de no hacerlo dentro de ese plazo las partes pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Así lo explica la jurisprudencia del Consejo de Estado9 9 Sentencia de 5 de diciembre de 2006, expediente 13750, Consejera Ponente Dra. Ruth Stella Correa Palacio.

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Expediente 43.846 (2007-00617) “para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador colombiano instituyó la figura de la caducidad, en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico, esquema que ha utilizado dentro del régimen del derecho público particularmente para las acciones que se tramitan ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (artículo 136 del C.C.A.). Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley, y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. El fenómeno de la caducidad busca atacar la acción por haber sido impetrada tardíamente, impidiendo el surgimiento del proceso. Por esta razón, la efectividad del derecho que se pe