PGN - ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Obligatoriedad de agotamiento de vía gubern

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto sancionatorio disciplinario ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOObligatoriedad de agotamiento de vía gubernativa/ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Caducidad PROCESO DISCIPLINARIO-Deber de observancia del procedimiento fijado en la ley REVOCATORIA DIRECTA-En materia disciplinaria REVOCATORIA DIRECTA-No revive los términos para acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa Así las cosas se concluye que el acto verbal debía ser el acusado dentro de los términos previstos en el numeral 2 del artículo 136 del C. C. A., pues no hace parte del debate del proceso ordinario entiéndase y asimilase a la vía gubernativa guardadas las circunstancias – el recurso extraordinario de revocatoria directa, ni su interposición y resolución reviven términos para acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, tal y como lo ha precisado la jurisprudencia. REVOCATORIA DIRECTA-Respecto a actos administrativos de que hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter particular REVOCATORIA DIRECTA-En materia de fallos disciplinarios CARGA DE LA PRUEBA-Deber de probar causal de exculpación para que procediera fallo extra petita 2 Procuraduría 3ª Delegada ante Consejo de Estado Concepto Ministerio Público No. 016 de 2014 -3 febreroNulidad y restablecimiento de José del Carmen Gutiérrez Alandete Vs. Procuraduría General de la Nación

Exp. No. 110010325000201100696 00

R. I: 2668-11. SIAF: # 2014 - 14925

PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 016 – 2014 3 – II – 2014

SIAF: 2014 - 14925

S e ñ o r e s

CONSEJEROS DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”

CONSEJERO CONDUCTOR: VERGARA QUINTERO

E. S. D.

REFERENCIA : EXP. No. 110010325000201100696 00 (R. I: 2668/11) ACTOR : J. del CARMEN GUTIÉRREZ A C. C. 92.070.316 de Chalán

DEMANDADA : PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

ACCIÓN : NULIDAD y RESTABLECIMIENTO DERECHO ASUNTO : VISTA FISCAL ÚNICA INSTANCIA Tema : Sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad por 10 años

I. INTRODUCCIÓN En oportunidad legal, esta Agencia del Ministerio Público conceptúa, en los siguientes términos, dentro del referido plenario que conoce en única instancia la Secc. 2ª, Subsecc. “A”, del CE, por ser dictados los actos acusados por autoridad nacional y versar sobre retiro temporal del servicio1.

II. ANTECEDENTES 2. 1. Solicitud de anulación El ciudadano JOSÉ DEL CARMEN GUTIÉRREZ ALANDETE, a través de

apoderado judicial especial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (arts. 85 C.C.A. y 15 D. L. 2304 de 1989)2, demandó del Juez Administrativo del Círculo de Sincelejo (Sucre ), las siguientes declaraciones: “PRIMERA: Que se declare nulo el acto administrativo de fecha 22 de Febrero de 2.008 proferido por la PROCURADURÍA PROVINCIAL DE SINCELEJO en el marco del expediente disciplinario número 119-02613 de 1 Competencia obtenida no por ley sino conforme a jurisprudencia conocida de dicha Sección. 2 Normativa adjetiva aplicable por la fecha de presentación de la demanda, que lo fue el 8 de agosto de 2008 (fl. 10) y según lo dispuesto por el art. 308 Copaca –Ley 1347/11 -18 de enero - . 3 Procuraduría 3ª Delegada ante Consejo de Estado Concepto Ministerio Público No. 016 de 2014 -3 febreroNulidad y restablecimiento de José del Carmen Gutiérrez Alandete Vs. Procuraduría General de la Nación Exp. No. 110010325000201100696 00

R. I: 2668-11. SIAF: # 2014 - 14925 2.008 seguido contra el servidor público JOSÉ DEL CARMÉN GUTIÉRREZ ALANDETE conforme al cual se declaró probado el cargo único proferido en su contra, consistente en haber incurrido en conflicto de interés al actuar en su condición de Concejal Municipal de Chalán período 2.008-2.011 en el proceso de elección del Personero de ese municipio para el mismo lapso, y en donde se había

inscrito como aspirante su sobrina., la Abogada IVONE FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, por no declararse impedido para participar en ello por estar con relación a ésta en tercer grado de consanguinidad; sancionándolo con destitución del cargo de Concejal e inhabilidad general de diez años para ejercer cargo público. SEGUNDA: Así mismo que se declare la nulidad del acto administrativo de fecha 1ro de Julio de 2.008 proferido por el despacho del Señor Procurador General de la Nación conforme al cual dispuso no revocar el fallo de primera instancia de la Procuraduría Provincial de esta ciudad de Sincelejo, individualizado en el numeral primero de estas solicitudes”. 2. 2. Petición restauradora A título de restablecimiento del derecho solicitó el actor la eliminación del registro disciplinario, el reintegro al cargo de Concejal y al reconocimiento y pago, en los términos de ley (art. 178 C. C. A.), e indexadamente, salvo que, además, se causen los intereses moratorios (Art. 177 íb), de “las dietas causadas durante la vigencia de su destitución”, sin perjuicio del pago de costas procesales. 2. 3. Normativa violada y las razones de ello La preceptiva jurídica que el apoderado de la parte demandante planteó como infringida se contrae a los artículos 5° - 2 de la Ley 57 de 1887, armónico con lo preceptuado en el artículo 1°, parágrafo 3°, de la Ley 1148 de 2.007, que modificó el artículo 49 de la Ley 617 de 2.000, por cuanto y en tanto, esta última disposición, tratándose de los municipios de 4ª, 5ª y 6ª

categoría (como es el caso de Chalán que es de 6a) modificó el régimen de conflicto de interés al reducir hasta el 2° grado de consanguinidad la prohibición, por lo que es de lógica que esta norma especial se le desatendió. 2. 4. Hechos La génesis de los actos administrativos cuestionados, consignados en el expediente No. 119-02613 del Registro de la Procuraduría Provincial de Sincelejo, Sucre, que declararon la responsabilidad disciplinaria del demandante GUTIÉRREZ ALANDETE, no fue otra que no haberse declarado impedido en el trámite administrativo de elección de personero municipal de Chalán, del que el actor era Concejal, al estar en lista su sobrina IVONE FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, por lo que incurrió en transgresión del régimen de conflicto de intereses (fls. 1 a 10). NO alegó de conclusión.

III. CONTESTACIÓN DEMANDA

4 Procuraduría 3ª Delegada ante Consejo de Estado Concepto Ministerio Público No. 016 de 2014 -3 febreroNulidad y restablecimiento de José del Carmen Gutiérrez Alandete Vs. Procuraduría General de la Nación Exp. No. 110010325000201100696 00

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La entidad de control disciplinario vinculada a la controversia, Procuraduría General de la Nación (PGN), concurrió3 al proceso y haciendo suya la primera contestación de la demanda (a tiempo que el proceso se surtía en el

Juzgado 8° Administrativo de Sincelejo, fls. 76 a 84), en primer lugar, adujo que al renunciarse expresamente, al momento de notificarse de la decisión disciplinaria de primera instancia proferida por la Procuraduría Provincial de Sincelejo, del recurso de apelación y haber optado por la revocatoria directa por ante el despacho del Procurador General, el demandante no agotó debidamente la vía gubernativa, y, en este orden de ideas cabe dicha excepción así como la de caducidad de la acción, pues el acto administrativo que debía ser enjuiciado se redujo a ese fallo de primera instancia de la Procuraduría Provincial y al haberlo hecho después de los 4 meses a que se refiere el numeral 2 del artículo 136 del C. C. A., procede dicho fenómeno procesal; y, en segundo término, expuso, apuntalado en precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado4 sobre la autonomía funcional de la Procuraduría, que, con contadísimas y limitadas excepciones, se han de cuestionar, reprochar y juzgar, por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, las labores interpretativas, valorativas y decisivas que le corresponden al operador administrativo-disciplinario. Al respecto precisó: “… se denota que lo pretendido por el accionante, casi en su totalidad, es que el Juzgador Contencioso, se encargue de analizar nuevamente su debate disciplinario, pues como se denota (sic) en su punto 3. 9., busca reiterar las razones por las cuales no existe lugar a la comprobación efectiva de la falta, pretendiendo en el

trámite jurisdiccional desvirtuar testimonios o censurar los mismos, lo cual no aconteció en el proceso disciplinario, por lo que no puede convertirse este trámite en una tercera instancia adicional. Ahora bien es de anotar que la forma de valoración de la prueba, debe ser totalmente contraria a la realidad para que genere la nulidad de cualquier acto administrativo, lo que no acontece en el caso que nos ocupa, ya que en el mismo, las pruebas dan lugar sin punto de duda a que la conducta censurada por el operador disciplinario si se realizó, que genera falta, y que fue cometida en el grado de culpabilidad enrostrado. Así las cosas se tiene que los actos administrativos que son dictados al seno de un proceso disciplinario están claramente circunscritos dentro del marco del control jurisdiccional respecto de su legalidad por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, y claramente dentro del límite de las acciones de su competencia. En el presente caso se encuentra que la demanda presentada al seno del presente proceso, refiere a una acción de nulidad y restablecimiento del derecho regido por el artículo 85 del contencioso administrativo, la cual dirige en sus causales de anulación a las propias del artículo 84 del mismo código. Lo anterior cobra importancia en cuanto a que dictamina las razones mediante las cuales puede ser un acto administrativo objeto de censura, por lo cual se debe entrar a anotar, que se encuentran básicamente al respecto las siguientes circunstancias: 1. cuando el acto sea emitido por funcionario incompetente. 2. cuando el acto vulnere las normas en que debía fundarse. 3. cuando se haya vulnerado el derecho de defensa. 4. cuando exista falsa

motivación. 5. cuando se da la denominada desviación de poder. De la lectura del libelo demandatorio, se encuentra que en el mismo no se acusa de manera alguna ninguna de las anteriores causales como nugatorias de los actos administrativos sancionatorios, sino que pretende en su texto el actor revivir el debate procesal y probatorio referente a la valoración de las pruebas y a la 3 Se toma en cuenta la fecha posterior a la que el Consejo de Estado avocó conocimiento. 4 Sentencias del 12 y 19 de mayo de 2011 C. P. ALVARADO ARDILA, dictadas, respectivamente, en los procesos números 2500023250002002094801, actor. DAVID TURBAY TURBAY, y, 25000232500020030076401, actor, EDGAR J. COBOS

CASTELLANOS.

5 Procuraduría 3ª Delegada ante Consejo de Estado Concepto Ministerio Público No. 016 de 2014 -3 febreroNulidad y restablecimiento de José del Carmen Gutiérrez Alandete Vs. Procuraduría General de la Nación Exp. No. 110010325000201100696 00

R. I: 2668-11. SIAF: # 2014 - 14925 adecuación de sus conductas, no generando censura, que se encuadre de forma alguna dentro de las causales propias de la nulidad, sino pretendiendo volver la presente acción otra instancia dentro del debate propio del proceso disciplinario...”.

(fls. 126 a 131). Tampoco registró alegación de cierre.

IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 4. 1. Exposición genérica En criterio de esta Agencia Fiscal las pretensiones del encartado actor,

JOSÉ DEL CARMEN GUTIÉRREZ ALANDETE, NO pueden ser juzgadas en su substancialidad, por las siguientes razones. 4. 2. Problema jurídico En principio, se circunscribiría a dilucidar si con la expedición de los actos administrativos cuestionados se incurrió en la causal de invalidez de ilegalidad directa (por inaplicación de la norma especial contenida en el parágrafo 3° del artículo 1° de la Ley 1148 de 2.0075), sino se verificara que, en efecto, como lo alega la entidad demandada, existe caducidad de la acción contenciosa subjetiva impetrada por el Sr. JOSÉ DEL CARMEN GUTIÉRREZ ALANDETE, que impide proferir resolución de fondo. 4. 3. Proceso El proceso se distingue como la secuencia de trámites, previamente establecido por el poder legislativo, para que en cada en particular el operador judicial o administrativo se pronuncie con fuerza de mérito frente a las pretensiones del demandante o ante los medios exceptivos del accionado, según el caso. De suyo, tanto el respeto por la sucesión de cada uno de los pasos como la fuerza vinculante del fallo o decisión, surge de la naturaleza de orden público de las disposiciones adjetivas. La doctrina ha dicho sobre el particular: “... “Cuando los intereses individuales o colectivos tutelados por el derecho objetivo no se satisfacen espontáneamente por aquellos obligados por la norma, el Estado provee a su realización por medio de la actividad jurisdiccional. El objeto de ésta es “la declaración de certeza o la

realización colectiva y concreta de los intereses tutelados en abstracto por las normas de derecho objetivo, cuando por falta de certeza o por 5 “LEY 1148 DE 2007 (D. O. No. 46685/07 julio 10) por medio de la cual se modifican las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000 y se dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia DECRETA: Artículo 1°. El artículo 49 de la Ley 617 de 2000 quedará así:...Parágrafo 3°. Prohibiciones relativas a los cónyuges, compañeros permanentes y parientes de concejales de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. Tratándose de concejales de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, las prohibiciones establecidas en el presente artículo se aplicarán únicamente para los cónyuges o compañeros permanentes y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil...”. 6 Procuraduría 3ª Delegada ante Consejo de Estado Concepto Ministerio Público No. 016 de 2014 -3 febreroNulidad y restablecimiento de José del Carmen Gutiérrez Alandete Vs. Procuraduría General de la Nación Exp. No. 110010325000201100696 00

R. I: 2668-11. SIAF: # 2014 - 14925 inobservancia de las dichas normas, no quedan ellos directamente satisfechos por aquellos a quienes se dirigen las normas jurídicas. “En cada caso concreto, la actividad jurisdiccional se ejerce en el marco del proceso, sobre cuyo fin específico ha escrito Carnelutti: “La

conclusión de la investigación hasta ahora efectuada, puede resumirse en esta fórmula: el proceso se desenvuelve para la composición justa del litigio. “... “En síntesis: la finalidad del derecho procesal en general, y de los procesos en particular, es la realización de los derechos que en abstracto reconoce el derecho objetivo, realización que supone la solución de conflictos. “... “Las leyes sobre procedimiento son de orden público y por tanto son de aplicación inmediata sin que sea procedente argüir que existen condiciones jurídicas particulares creadas para desconocerlas. En consecuencia, la ley procesal que debe aplicarse es la vigente en el momento en que el respectivo derecho se ejercita. Si una ley procesal suprime algunos modos de actuación de la ley y algunos medios de actuarla, se extingue al mismo tiempo el derecho de pedir su aplicación “...”6 4. 4. El proceso disciplinario de autos Teniendo en cuenta la fecha de expedición del primero de los actos administrativos censurados, que se adoptó en la audiencia pública del fallo de primera instancia del 22 de febrero de 2008 (fls. 11 a 15), y que, obviamente, la calificación de la conducta irregular allí juzgada se hizo con fundamento en la Ley 734 de 2002, es de verificar la secuencia de trámite contenida en este dispositivo legal, y, al respecto, se tiene de manera particular: “Artículo 178. Adopción de la decisión. Concluidas las intervenciones, se procederá verbal y motivadamente a emitir el fallo. La diligencia se podrá suspender, para proferir la decisión dentro de los dos días siguientes. Los

términos señalados en el procedimiento ordinario para la segunda instancia, en el verbal, se reducirán a la mitad. “Artículo 179. Ejecutoria de la decisión. La decisión final se entenderá notificada en estrados y quedará ejecutoriada a la terminación de la misma, si no fuere recurrida. “Artículo 180. Recursos. Contra el fallo proferido en audiencia sólo procede el recurso de apelación, que se interpondrá en la misma diligencia y se sustentará verbalmente o por escrito dentro de los dos día siguientes y será decidido dos días después por el respectivo superior...”. 6 Henao Carrasquilla, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil Anotado. Editorial Leyer, Bogotá, D. C., trigésima segunda edición. Año 2009, págs. 5 a 7. 7 Procuraduría 3ª Delegada ante Consejo de Estado Concepto Ministerio Público No. 016 de 2014 -3 febreroNulidad y restablecimiento de José del Carmen Gutiérrez Alandete Vs. Procuraduría General de la Nación Exp. No. 110010325000201100696 00

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Ahora bien, al destacarse que el apoderado del encartado-actor, por preferir la revocatoria directa, renunció expresamente a la alzada, tal y como se lee en la parte final del folio 15, se infiere: (i) la ejecutoria y firmeza de la decisión, y, (ii) la escogencia del recurso extraordinario que, por esta característica –lo excepcional, lo extraordinario -, desborda el trámite del

proceso verbal, el cual, a términos del artículo 181 ibídem se asimila al ordinario, siempre y cuando no altere su peculiar índole. “Artículo 181. Remisión al procedimiento ordinario. Los aspectos no regulados en este procedimiento se regirán por lo dispuesto en el siguiente y por lo señalado en el procedimiento ordinario, siempre y cuando no afecte su naturaleza especial”. Así las cosas se concluye que el acto verbal debía ser el acusado dentro de los términos previstos en el numeral 2 del artículo 136 del C. C. A., pues no hace parte del debate del proceso ordinario7 –entiéndase y asimilase a la vía gubernativa guardadas las circunstancias – el recurso extraordinario de revocatoria directa, ni su interposición y resolución reviven términos para acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, tal y como lo ha precisado la jurisprudencia8 Precedente jurisprudencial “... “REVOCATORIA DIRECTA EN MATERIA DISCIPLINARIA – Características. Normativamente se encuentra descrita en los artículos 122 a 127 de la Ley 734 de 2002 y como características fundamentales se desprenden las siguientes: - Procede contra fallos sancionatorios. - Opera de oficio o a petición del sancionado. - La competencia para revocar un fallo es del funcionario que lo profirió, o de su superior jerárquico, o del Procurador General de la Nación. - Como causales de revocación se consagran la infracción manifiesta de las normas constitucionales, legales o reglamentarias y la vulneración o amenaza manifiesta de los derechos fundamentales. - Es requisito esencial, si la

revocatoria es solicitada por el sancionado, que contra el fallo cuya revocatoria se solicita, no se hubieren interpuesto recursos ordinarios. - La petición de revocatoria y su decisión no reviven términos para el ejercicio de acciones contencioso administrativas. 7 “Revocatoria directa – Naturaleza -. La figura de la revocatoria directa de un acto administrativo no forma parte de la vía gubernativa, ni constituye un recurso ordinario, se trata de una decisión soberana y unilateral de la administración en cumplimiento de un deber de revisión del Estado de sus propios actos, que se sustenta en el principio de legalidad, y en los valores fundantes constitucionales a la libertad de los administrados y a la justicia, que le permite rectificar su actuación o decisión sin la necesidad de recurrir al conocimiento de los tribunales contencioso-administrativos....” (S-C-095/98 -13 de marzo – M. P. HERNANDO

HERRERA VERGARA -)

8Sentencia del veintitrés (23) de febrero de dos mil once (2011) Rad. No. : 11001-03-25-000-200500114-00(4983-05) C. P. ARENAS MONSALVE 8 Procuraduría 3ª Delegada ante Consejo de Estado Concepto Ministerio Público No. 016 de 2014 -3 febreroNulidad y restablecimiento de José del Carmen Gutiérrez Alandete Vs. Procuraduría General de la Nación Exp. No. 110010325000201100696 00

R. I: 2668-11. SIAF: # 2014 - 14925 “FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – Artículos 122 a 127

“... “Marco normativo y jurisprudencial. De la revocatoria directa. En nuestro ordenamiento contencioso la revocatoria directa está concebida como una prerrogativa de control de la misma administración sobre sus actos que le permite volver a decidir sobre asuntos ya decididos en procura de corregir en forma directa o a petición de parte, las actuaciones lesivas de la constitucionalidad, de la legalidad, o de derechos fundamentales. “Dispone el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo como causales de revocación de los actos, las siguientes: “Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la Ley. Cuando no estén conformes con el interés público o social o atenten contra él. Cuando con ellos se cause un agravio injustificado a una persona”. “Esta facultad está radicada en la misma autoridad administrativa que lo profirió o en su superior jerárquico y opera de oficio o a solicitud de parte. “En cuanto a la procedencia y oportunidad de la revocatoria directa, los artículos 70 y 71 del Código Contencioso Administrativo previeron las siguientes pautas: “En primer término, señalan que no podrá pedirse la revocación directa de los actos administrativos respecto de los cuales el peticionario haya ejercitado recursos de la vía gubernativa. Lo anterior significa que existe incompatibilidad entre la procedencia de la revocatoria con el agotamiento de la vía gubernativa, por cuanto la administración ya tuvo oportunidad de enmendar los posibles yerros de su actuación mediante los recursos. “Y, en segundo lugar, dichas normas prevén que la revocatoria podrá cumplirse en cualquier tiempo, inclusive en relación con actos en firme o

aún cuando se haya acudido a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, siempre que en este caso no se haya dictado auto admisorio de la demanda. En todo caso, las solicitudes de revocación directa de los actos administrativos, bien sean de contenido general o particular y concreto deberán resolverse dentro del término de 3 meses siguientes a la fecha de su presentación. “De otro lado, está claro que para efectos de revocar los actos de contenido general, basta que la Administración decida revocarlos, dada su esencia impersonal y abstracta que no consolida una situación jurídica particular. Por el contrario, cuando se trata de actos de contenido particular y concreto, la normatividad Contenciosa Administrativa ha establecido un procedimiento reglado, en razón de la creación de situaciones subjetivas, individuales y concretas de los administrados sobre un derecho, protegidos por la Constitución Política en su artículo 58 cuando dice que” […] se garantizan […] los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles […]”. 9 Procuraduría 3ª Delegada ante Consejo de Estado Concepto Ministerio Público No. 016 de 2014 -3 febreroNulidad y restablecimiento de José del Carmen Gutiérrez Alandete Vs. Procuraduría General de la Nación Exp. No. 110010325000201100696 00

R. I: 2668-11. SIAF: # 2014 - 14925 “Es por lo anterior, que el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo estableció las reglas para efectos de revocar directamente los actos administrativos de contenido particular y concreto en los

siguientes términos: “Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medio ilegales. Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto se necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incida en el sentido de la decisión”. “De la lectura de la norma transcrita se desprende como regla general la imposibilidad de revocar directamente los actos administrativos particulares y concretos, si la Administración no cuenta previamente con el consentimiento expreso del titular del derecho reconocido. No obstante, la norma también estableció excepciones a la regla, esto es, a la posibilidad de revocatoria sin el consentimiento del administrado cuando el acto particular surge de la aplicación del silencio administrativo o cuando el acto ocurrió por medios ilegales. “Revocatoria directa en materia disciplinaria. En materia disciplinaria, la revocatoria directa constituye una excepción a la estabilidad de la decisión ejecutoriada que pone fin al proceso disciplinario, y su existencia se justifica por la importancia de los valores que busca proteger relacionados con la legalidad, la libertad de los administrados y la justicia. “Normativamente se encuentra descrita en los artículos 122 a 127 de la Ley 734 de 20029 y como características fundamentales se desprenden

9 El texto de estas disposiciones de acuerdo con la Ley 734 de 2002 es el siguiente: “CAPITULO CUARTO. REVOCATORIA DIRECTA. “ARTÍCULO 122. PROCEDENCIA. Los fallos sancionatorios podrán ser revocados de oficio o a petición del sancionado, por el Procurador General de la Nación o por quien los profirió. “ARTÍCULO 123. COMPETENCIA. Los fallos sancionatorios podrán ser revocados por el funcionario que los hubiere proferido o por su superior funcional. PARÁGRAFO. El Procurador General de la Nación podrá revocar de oficio los fallos sancionatorios expedidos por cualquier funcionario de la Procuraduría, o asumir directamente el conocimiento de la petición de revocatoria, cuando lo considere necesario, caso en el cual proferirá el fallo sustitutivo correspondiente. “ARTÍCULO 125. REVOCATORIA A SOLICITUD DEL SANCIONADO. El sancionado podrá solicitar la revocación total o parcial del fallo sancionatorio, siempre y cuando no hubiere interpuesto contra el mismo los recursos ordinarios previstos en este código. La solicitud de revocatoria del acto sancionatorio es procedente aun cuando el sancionado haya acudido a la jurisdicción contencioso administrativa, siempre y cuando no se hubiere proferido sentencia definitiva. Si se hubiere proferido, podrá solicitarse la revocatoria de la decisión por causa distinta a la que dio origen a la decisión jurisdiccional. La solicitud de revocación deberá decidirla el funcionario competente dentro de los tres meses siguientes 10 Procuraduría 3ª Delegada ante Consejo de Estado

Concepto Ministerio Público No. 016 de 2014 -3 febreroNulidad y restablecimiento de José del Carmen Gutiérrez Alandete Vs. Procuraduría General de la Nación Exp. No. 110010325000201100696 00

R. I: 2668-11. SIAF: # 2014 - 14925 las siguientes: - Procede contra fallos sancionatorios. - Opera de oficio o a petición del sancionado. - La competencia para revocar un fallo es del funcionario que lo profirió, o de su superior jerárquico, o del Procurador General de la Nación. - Como causales de revocación se consagran la infracción manifiesta de las normas constitucionales, legales o reglamentarias y la vulneración o amenaza manifiesta de los derechos fundamentales. - Es requisito esencial, si la revocatoria es solicitada por el sancionado, que contra el fallo cuya revocatoria se solicita, no se hubieren interpuesto recursos ordinarios. - La petición de revocatoria y su decisión no reviven términos para el ejercicio de acciones contencioso administrativas. “Como causal para revocar un fallo sancionatorio, la ley ha señalado el que la decisión sea manifiestamente contraria a las normas constitucionales, legales o reglamentarias en las que debería fundarse.

Así lo establece el artículo 124 de la Ley 734 de 2002: “(…) CAUSAL DE REVOCACIÓN DE LOS FALLOS SANCIONATORIOS. Los fallos sancionatorios son revocables sólo cuando infrinjan manifiestamente las normas constitucionales, legales o reglamentarias

en que deben fundarse. Igualmente cuando con ellos se vulneren o amenacen manifiestamente los derechos fundamentales. “Esta consagración normativa busca garantizar el debido proceso del disciplinado y previene el abuso de la potestad sancionatoria del Estado, sobre la base de que los derechos al non bis in ídem y la cosa juzgada no son absolutos y pueden ser limitados cuando las circunstancias especiales del caso lo requieran. “La Corte Constitucional tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el contenido de las anteriores normas, al resolver la demanda de a la fecha de su recibo. De no hacerlo, podrá ser recusado, caso en el cual la actuación se remitirá inmediatamente al superior funcional o al funcionario competente para investigarlo por la Procuraduría General de la Nación, si no tuviere superior funcional, quien la resolverá en el término improrrogable de un mes designando a quien deba reemplazarlo. Cuando el recusado sea el Procurador General de la Nación, resolverá el Viceprocurador. “ARTÍCULO 126. REQUISITOS PARA SOLICITAR LA REVOCATORIA DE LOS FALLOS. La solicitud de revocatoria se formulará dentro de los cinco años siguientes a la fecha de ejecutoria del fallo, mediante escrito que debe contener: 1. El nombre completo del investigado o de su defensor, con la indicación del documento de identidad y la dirección, que para efectos de la actuación se tendrá como única, salvo que oportunamente señalen una diferente. 2. La identificación del fallo cuya revocatoria se solicita. 3. La sustentación expresa de los motivos de inconformidad relacionados con la causal de revocatoria en que se

fundamenta la solicitud. La solicitud que no reúna los anteriores requisitos será inadmitida mediante decisión que se notificará personalmente al solicitante o a su defensor, quienes tendrán un término de cinco días para corregirla o complementarla. Transcurrido éste sin que el peticionario efectuare la corrección, será rechazada. “ARTÍCULO 127. EFE